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Title: La compra de grados — Noticias de Australia (1855)
Description: Crónica de Marx para la Neue Oder-Zeitung sobre la historia de la compra de los grados de oficial en el ejército británico, nacida con la revolución de 1688, y sobre el levantamiento de los buscadores de oro de Ballarat contra las licencias y el requisito de propiedad en la colonia de Victoria.
Author: Karl Marx
Date: 1855-03-03
URL: https://marxismo.school/archivo/marx-engels/1855%20La%20compra%20de%20grados%20-%20Noticias%20de%20Australia
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*Escrito por Karl Marx en Londres el 3 de marzo de 1855 y publicado en la* Neue Oder-Zeitung *(Breslau), núm. 111, del 7 de marzo de 1855. Traducido de Karl Marx/Friedrich Engels,* Werke*, tomo 11 (Berlín, 1961, pp. 104-107), sin su aparato editorial, por la Escuela de marxismo, 2026. El título es el de la MEW. Las notas son nuestras. [Texto original en alemán](https://marxismo.school/archivo/marx-engels/originales/1855%20Stellenkauf%20-%20Aus%20Australien).*

*Londres*, 3 de marzo. En la sesión de anteayer de la Cámara de los Comunes se rechazó, como es sabido, la moción de lord Goderich[^1] para permitir que los suboficiales ascendieran hasta el grado de capitán. Palmerston aplicó el viejo dilema: una reforma parcial es imposible, porque cada miembro del viejo sistema condiciona al otro. Imposible, pues, una reforma práctica aislada, porque no es teórica. Imposible la reforma total del sistema, porque no sería reforma, sino revolución. Imposible, pues, la reforma teórica, porque no es práctica. Esta Cámara de los Comunes —una Cámara que tiene muy presente el principio *principiis obsta*—[^2] se dejó convencer de buen grado, o más bien no necesitaba que la convencieran, porque había dictado sentencia antes del proceso.

Palmerston adujo en esta ocasión que el sistema de venta de los despachos de oficial era antiguo, y en eso tenía razón. Ya hemos indicado antes que empezó con la «gloriosa» revolución de 1688, con la introducción de la deuda pública, de los billetes de banco y de la monarquía holandesa. Ya en la ley de motín de 1694[^3] se menciona la necesidad

> de prevenir «el gran mal de la compra y venta de los puestos militares en el ejército real», y se dispone que «todo oficial con despacho» (solo los suboficiales *no* tienen despacho) «jure que no ha comprado su despacho».

Esta restricción, sin embargo, no se impuso; en 1702, al contrario, sir Nathan Wright, el lord guardián del Sello,[^4] resolvió en sentido inverso. El 1 de mayo de 1711 una ordenanza de la reina Ana reconoció expresamente el sistema al disponer

> «que no se vendiera ningún despacho sin confirmación real y que ningún oficial pudiera venderlo si no había servido veinte años o había quedado inútil para el servicio, etc.».

Solo había un paso de este reconocimiento oficial del comercio de despachos militares a la regulación oficial del precio de mercado de los despachos. En consecuencia, en 1719-1720 se fijaron por primera vez esos precios de mercado. Los precios de los despachos de oficial se fijaron de nuevo en 1766, 1772, 1773, 1783 y, por último, en 1821, cuando se establecieron los precios actuales. Ya en 1766 el ministro de la Guerra Barrington[^5] publicó una carta en la que se dice:

> «La consecuencia de este comercio de despachos de oficial es con frecuencia que hombres que entraron en el ejército con la más viva inclinación por el servicio y que se han distinguido en todas las ocasiones se ven mantenidos toda su vida en el grado más bajo porque son pobres. Estos oficiales meritorios sufren a menudo la cruel humillación de verse mandados por muchachos de familias ricas que entraron en el servicio mucho más tarde y cuya fortuna les permite divertirse fuera del regimiento, mientras que los otros, siempre en el cuartel, cumplen los deberes de esos caballeros y han aprendido los suyos propios».

Es verdad que el derecho común de Inglaterra declara ilegal dar un regalo o «comisión de corretaje» por cualquier cargo público, igual que los estatutos de la Iglesia del Estado castigan la simonía con su anatema. Pero la evolución histórica consiste precisamente en que ni la ley determina la práctica ni la práctica elimina la ley que la contradice.

Las últimas noticias de Australia añaden un elemento nuevo al malestar, la inquietud y la inseguridad generales. Hay que distinguir entre el motín de Ballarat (cerca de Melbourne) y el movimiento revolucionario general en la provincia de Victoria. El primero estará sofocado en este momento; el segundo solo puede sofocarse con concesiones completas. El primero no es más que un síntoma, un estallido ocasional del segundo. En cuanto al motín de Ballarat, los hechos son sencillamente estos: un tal Bentley, propietario del hotel Eureka, junto a los campos auríferos de Ballarat, había tenido toda clase de conflictos con los buscadores de oro. Un asesinato ocurrido en su casa aumentó el odio contra él. En la investigación del juez de muertes,[^6] Bentley fue puesto en libertad como inocente. Sin embargo, diez de los doce jurados que actuaron en la investigación publicaron una protesta contra la parcialidad del *coroner* (juez de muertes), que había procurado suprimir los testimonios desfavorables al detenido. A petición de la masa del pueblo se celebró una segunda investigación. Pese a testimonios muy comprometedores, Bentley fue puesto en libertad de nuevo. Pero se supo que uno de los jueces tenía intereses económicos en el hotel. Muchas quejas anteriores y posteriores prueban el carácter equívoco de los funcionarios del gobierno en el distrito de Ballarat. El día de la segunda puesta en libertad de Bentley, los buscadores de oro hicieron una manifestación terrible, prendieron fuego a su hotel y luego se retiraron. Tres de los cabecillas fueron detenidos por orden de sir Charles Hotham, el gobernador general de la provincia de Victoria. El 27 de noviembre una delegación de los buscadores de oro exigió su liberación. Hotham rechazó la petición. Los buscadores celebraron un mitin monstruo. El gobernador envió policía y fuerzas militares desde Melbourne. Se llegó al choque, hubo varios muertos, y los buscadores de oro, según las últimas noticias, que llegan hasta el 1 de diciembre, habían enarbolado la bandera de la independencia.[^7]

Este relato, tomado en lo esencial de un órgano del gobierno, no habla ya en absoluto en favor de los jueces y funcionarios ingleses. Muestra la desconfianza reinante. Las grandes cuestiones en litigio propiamente dichas, en torno a las cuales gira el movimiento revolucionario de la provincia de Victoria, son dos. Los buscadores de oro exigen la abolición de las licencias para buscar oro, es decir, de un impuesto que grava directamente el trabajo; exigen, en segundo lugar, la abolición del requisito de propiedad para los miembros de la Cámara de Representantes, para obtener así ellos mismos el control sobre los impuestos y la legislación. Se ve que son, en lo esencial, motivos parecidos a los que llevaron a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, solo que en Australia la oposición parte de los obreros contra los monopolistas aliados con la burocracia colonial. En el *Argus* de *Melbourne* leemos sobre grandes mítines por la reforma y, por otro lado, sobre grandes preparativos militares del gobierno. Entre otras cosas, se dice allí:

> «En un mitin de 4.000 personas se acordó que la tasa de licencia era una imposición y un impuesto injusto sobre el trabajo libre y que, por tanto, el mitin se comprometía a abolirla de inmediato quemando todas las licencias. Si alguien fuera detenido por no tener licencia, el pueblo unido lo defendería y lo protegería».

En Ballarat, el 30 de noviembre, los comisarios Rede y Johnson se presentaron con caballería y policía y, con los sables desenvainados y las bayonetas caladas, exigieron a los buscadores de oro que mostraran sus licencias. Estos celebraron un mitin de masas, en su mayoría armados, y acordaron resistir hasta el extremo al cobro del odioso impuesto. Se negaron a mostrar sus licencias; declararon que las habían quemado; se leyó la ley de motines,[^8] y el motín quedó así completo.

Baste citar aquí —para describir los manejos comunes de los monopolistas instalados en las legislaturas locales y de la burocracia colonial aliada con ellos— que en 1854 el gasto del gobierno de Victoria ascendió a 3.564.258 libras esterlinas, incluido un déficit de 1.085.896, es decir, de más de un tercio del ingreso total. Y ante la crisis actual, ante la bancarrota general, sir Charles Hotham pide para el año 1855 una suma de 4.801.292 libras esterlinas. Victoria apenas cuenta 300.000 habitantes, y de la suma citada se destinan 1.860.830 libras esterlinas, es decir, 6 libras por cabeza, a obras públicas, a saber, caminos, dársenas, muelles, cuarteles, edificios del gobierno, aduanas, jardines botánicos, caballerizas del gobierno, etc. Con esta medida —6 libras por cabeza—, la población de Gran Bretaña tendría que pagar al año 168.000.000 de libras esterlinas solo por obras públicas, es decir, tres veces más que el total de sus impuestos. Se comprende que la población trabajadora se rebele contra este exceso de impuestos. Se comprende a la vez qué buenos negocios tienen que hacer, juntas, la burocracia y los monopolistas con obras del Estado tan extensas, costeadas a expensas ajenas.

[^1]: George Frederick Samuel Robinson, vizconde Goderich (1827-1909), diputado liberal, más tarde marqués de Ripon.
[^2]: «Resiste a los comienzos» (Ovidio, *Remedios del amor*, 91).
[^3]: La *Mutiny Act*, la ley que el Parlamento votaba anualmente desde 1689 para autorizar la existencia de un ejército permanente y su disciplina.
[^4]: Sir Nathan Wright (1654-1721), lord guardián del Gran Sello de 1700 a 1705.
[^5]: William Wildman Barrington, vizconde Barrington (1717-1793), secretario de la Guerra de 1755 a 1761 y de 1765 a 1778.
[^6]: El *coroner*, funcionario encargado de investigar, con un jurado, las muertes violentas o sospechosas.
[^7]: Los buscadores de oro de Ballarat izaron la bandera de la Cruz del Sur y se atrincheraron en la empalizada de Eureka, que las tropas asaltaron el 3 de diciembre de 1854 con una treintena de muertos entre los mineros.
[^8]: La *Riot Act* de 1714, cuya lectura pública obligaba a dispersarse a toda reunión de más de doce personas bajo pena de ser tratada como reo de delito grave.