--- Title: Las Cortes y la legalidad republicana Description: La convocatoria de las Cortes de 1936 en México y la «legalidad republicana» como instrumento contra la revolución. Date: 01/11/1944 Category: Contra la Corriente n.º 21-22 URL: https://marxismo.school/hemeroteca/contra-la-corriente/1944-11-cc-las-cortes-y-la-legalidad-republicana --- *Contra la Corriente*, n.º 21-22, noviembre-diciembre de 1944 (págs. 4-6). [PDF del número completo](https://marxismo.school/assets/archivo/1939-58%20Hemeroteca%20del%20GCI/Contra%20la%20Corriente/18-19-20-21.pdf) Ultimamente, los señores republicanos y socialistas —en rigor basta decir republicanos— han andado atareadísimos y más gárrulos que nunca, hablando de la legalidad republicana y de la convocatoria de las Cortes. El principal casuista del legalismo ha sido el señor Prieto, quien, después de haber acusado a Martínez Barrio de haber dimitido la presidencia de las Cortes, y con ella la vicepresidencia de la república, ha encontrado suficiente ergotismo bajo su capote, para erigir a Martínez Barrio en depositario de la legalidad republicana. Además, —también genial descubrimiento del señor Prieto,— la constitución de 1931 sigue en vigor, puesto que Franco no la ha derogado. Y así por este estilo se está armando el andamio legal de la Junta de Liberación. A fuerza de mendigar y de poner carne de gallina al mundo burgués, representándole las horribles escenas que seguirían a un derrumbamiento violento de Franco por las masas, parece que la farándula capitaneada por Prieto ha obtenido de los imperialistas victoriosos, si no el consentimiento, al menos promesa verbal de que será hecha vista gorda a sus reuniones, cabildeos y proyectos. Sin enfadar a Franco, los imperialistas necesitan tener presto un relevo gobernante que les guarde el orden capitalista en España cuando Franco sea incapaz de hacerlo. Arreglados, sin duda, los últimos detalles de la tramoya por Martínez Barrio en su reciente viaje a Washington, las Cortes podrán reunirse en México el próximo día 10 de Enero. Los diputados han sido ya convocados por su presidente, sin olvidar a Gil Robles, que con arreglo a la misma legalidad republicana, es culpable de alta traición y debiera estar fusilado. Y no es precisamente para ejecutarlo para que lo convoca el señor Martínez Barrio, con el consentimiento y muy probablemente por iniciativa de Indalecio Prieto... Echemos un vistazo a la mentada legalidad republicana. Las Cortes fueron elegidas en Febrero de 1936 como resultado del bloque denominado Frente Popular, que constituyó un verdadero atraco a la conciencia y a las necesidades revolucionarias de las masas. La mayoría aplastante del proletariado y los campesinos estaban en favor del socialismo y contra la república burguesa. Fue necesario el reaccionario programa de Frente Popular elaborado por los stalinistas, cogido al vuelo por los republicanos burgueses, expresamente aceptado por los socialistas de izquierda y por el POUM, y tácticamente apoyado por la C.N.T., para encajonar las masas dentro de la república burguesa, poniéndolas ante esta alternativa: o votar por la república burguesa, o dejar a las derechas en el poder y a decenas de miles de obreros en las cárceles. Las masas votaron por la república burguesa ante la carencia de una alternativa revolucionaria. Pero la sobrepasaron en la acción inmediatamente después de las elecciones de Febrero. La representación electoral no representaba, ni de lejos siquiera, la voluntad de la inmensa mayoría de la población. Era una legalidad de amaño. Una vez atracadas las masas, la legalidad republicana sirvió para perseguirlas nuevamente y dejar a la reacción, los militares, el clero y los fascistas, preparar el asesinato de las masas. Llegado Julio de 1936, el mes decisivo, la legalidad republicana sirvió para dejar mano libre a los capitanes generales ya sublevados e impedir el armamento de las masas. Gracias a la legalidad republicana, la sublevación reaccionaria se apoderó rápidamente de la mitad del territorio. Allí donde militares y fascistas fueron batidos, las masas actuaron al margen de la legalidad republicana; más exactamente, contra ella. Por la legalidad republicana, Martínez Barrio entró en tratos con los generales sublevados ofreciéndoles participación en un ministerio presidido por él. Fué nuevamente la acción ilegal de las masas lo que frustró el intento. Esta, a su vez, creó su propia legalidad revolucionaria incompatible con la [ilegible] de la propiedad capitalista y defendida por el Frente Popular. Eternamente, los leguleyos y los traidores del movimiento obrero empuñan la legalidad burguesa como un escudo contra las masas. Para los revolucionarios la legalidad está en las necesidades históricas de la sociedad, en la acción revolucionaria de las masas, en sus conquistas. La obra del 19 de julio, desarmando la burguesía y armando el proletariado, expropiando el capitalismo y socializando la economía, es uno de los actos más legítimos de la historia, donde se expresa directamente la voluntad de las masas y sus necesidades. Sin actos como ese el progreso es imposible. Pero la legitimidad republicana, que es la del mundo de la explotación capitalista, empuñó nuevamente su escudo y se puso a deshacer la obra de las masas, hasta lograr desarmarlas y expropiarlas. A su gestión más que a las armas, debió Franco el triunfo. Ante la conciencia de las masas y ante las necesidades históricas, la legitimidad de 1931 es tan ilegítima y falsa como la de Franco. Ahora, cuando ya los días de Franco están contados, sale a relucir de nuevo con los mismos propósitos que antes: impedir que se concretice en una organización social nueva la legitimidad de las necesidades revolucionarias del país. Cuando Martínez Barrio propuso a los generales una participación en el poder, éstos se negaron seguros de poder obtener pronto todo el poder. Pero ahora, las cosas cambian. El poder se les va de las manos. Se sentirán tanto más inclinados a aceptar una nueva proposición de la legitimidad republicana, cuanto que una nueva ofensiva de las masas difícilmente podría ser retenida en las fronteras del capitalismo. Y lo que trata de consumar la llamada legalidad republicana, lo que propone, es precisamente el enjuague intentado por Martínez Barrio en Julio de 1936. Tarde más, tarde menos, el enjuague se consumará. Sólo las masas, como en 1936, podrán impedirlo. Los obreros, socialistas, anarquistas, stalinistas, deben alzarse vigorosamente contra este intento, alentado con mayor o menor intensidad por sus respectivas organizaciones. En España es preciso montar una poderosa organización revolucionaria ilegal y ponerla en guardia contra los manejos de los conciliadores, sean de la Junta de Liberación o de la Junta Suprema de Unidad Nacional. La verdadera legalidad, aquella que parte de la entraña de las masas y que va dirigida a resolver sus problemas, es la que se forja en España en la lucha cotidiana contra la opresión existente. Y esa no se dejará domeñar nuevamente por los fariseos de la legalidad republicana. ¡Organización y acción de masas!; ¡Armamento del proletariado y del campesinado, desarme de la burguesía! ¡Preparación de la conquista del poder por el proletariado!; ¡Revolución socialista! He ahí la más breve y la más legítima de las constituciones, sobre la cual han de orientarse las tantas veces traicionadas masas españolas.