Publicado sin firma en Notes to the People, el semanario cartista de Ernest Jones, vol. I, n.º 7, 14 de junio de 1851, pp. 125-130, como «n.º 1» de la serie «Las Constituciones de Europa, compiladas de fuentes originales con la ayuda de destacados demócratas del continente»; atribuido a Karl Marx por la MEW (tomo 7). Traducción de la Escuela de marxismo, cotejada con el original inglés (ejemplar de la Biblioteca Pública de Nueva York digitalizado por Google, archive.org), 2026. Las notas son nuestras. Texto original en inglés
Un preámbulo retórico introduce la Constitución; en él merecen atención los pasajes siguientes:
- Francia se declara república. 2. La República Francesa es democrática, una e indivisible. 3. Sus principios son la libertad, la igualdad y la fraternidad, y sus bases son la familia, el trabajo, la propiedad y el orden público. 5. Respeta la independencia de las demás naciones y hará respetar también la suya. No emprenderá ninguna guerra agresiva ni empleará nunca su fuerza contra la libertad de ningún pueblo. [¡Roma!]1
Antes de la insurrección de junio,2 la Asamblea Nacional había elaborado una Constitución que, entre otros muchos reconocimientos de los derechos y deberes del hombre, contenía los artículos siguientes.
Art. 6. El derecho a la instrucción es el derecho que tienen todos los ciudadanos a los medios para el pleno desarrollo de sus facultades físicas, morales e intelectuales, por medio de una enseñanza gratuita a cargo del Estado.
Art. 7. El derecho al trabajo es el derecho de todo miembro de la sociedad a vivir de su trabajo. Por tanto, es deber de la sociedad proporcionar trabajo a todas las personas capaces que no puedan obtenerlo de otro modo.
Art. 9. El derecho a la asistencia es el derecho del huérfano, del inválido y del anciano a ser mantenidos por el Estado.
Después de que las victorias de junio de 1848 le dieran ánimos, la burguesía borró estos tres artículos de la
CONSTITUCIÓN,
que ahora dice así:
«Cap. I. La soberanía reside en la totalidad de los ciudadanos franceses. Es inalienable y eterna. Ningún individuo, ninguna fracción del pueblo tiene derecho a ejercerla.»
«Cap. II. Derechos garantizados por la Constitución: Nadie puede ser detenido ni encarcelado sino con arreglo a lo que prescriben las leyes.
«§ 3. El domicilio de toda persona en territorio francés es inviolable, y no está permitido entrar en él sino en las formas prescritas por la ley.»
Obsérvese aquí, y en todo el texto, que la Constitución francesa garantiza la libertad, pero siempre con la reserva de las excepciones hechas por la ley, ¡o que AÚN SE HAGAN!; y todas las excepciones hechas por el emperador Napoleón, por la Restauración y por Luis Felipe no solo se han mantenido, sino que después de la revolución de junio se han multiplicado sin medida. Así, por ejemplo, la ley del 9 de agosto de 1849 relativa al estado de sitio, que pueden decretar la Asamblea y, durante sus vacaciones, el presidente, y que da a las autoridades militares el derecho de llevar ante un consejo de guerra a todos los acusados de delitos políticos. Les da además el poder de entrar de día o de noche en cualquier casa y registrarla, de confiscar todas las armas y de expulsar a todas las personas que no tengan domicilio en la localidad declarada en estado de sitio.
En cuanto a los extranjeros, el único «derecho» de que disfrutan en suelo francés es el de ser detenidos y expulsados de él cuantas veces las autoridades de policía lo juzguen oportuno.
En cuanto a los franceses, ¡cualquier ciudadano francés puede ser detenido con que un solo funcionario dicte la orden!
«§ 4. Nadie puede ser juzgado sino por sus jueces naturales. No podrán crearse tribunales de excepción, sea cual fuere su denominación o pretexto.»
Ya hemos visto que, en el «estado de sitio», un tribunal militar deja sin efecto a todos los demás. Además, en 1848 la Asamblea instituyó un «tribunal de excepción», llamado «Alto Tribunal»,3 para una parte de los acusados de delitos políticos; y después de la insurrección de junio deportó a 15.000 insurrectos ¡sin juicio de ninguna clase!4
«§ 5. Queda abolida la pena de muerte por delitos políticos.»
Pero se les deporta a colonias infestadas de fiebres, donde se les ejecuta solo un poco más despacio y de un modo mucho más doloroso.
«§ 8. Los ciudadanos tienen derecho a asociarse, a reunirse pacíficamente y sin armas, a presentar peticiones y a expresar sus opiniones por medio de la prensa o de cualquier otro modo. El ejercicio de estos derechos no tiene más límite que los derechos iguales de los demás y la seguridad pública.»
Que la restricción de la «seguridad pública» suprime por completo el ejercicio del derecho queda claramente demostrado por los hechos siguientes:
- La libertad de prensa. Por las leyes del 11 de agosto de 1848 y del 27 de julio de 1849 no solo se volvieron a exigir fianzas a los periódicos, sino que se renovaron y agravaron todas las restricciones decretadas por el emperador Napoleón y desde entonces. La ley del 23 de julio de 18505 ¡eleva la fianza!, y la extiende a todos los semanarios, revistas, publicaciones periódicas, etc. Exige además que todo artículo vaya firmado con el nombre de su autor y restablece el timbre para los periódicos. Y no contenta con esto, impone también el timbre al feuilleton roman, el simple folleto literario, ¡y lo impone todo bajo la amenaza de multas enormes! Tras la aprobación de esta última ley, la prensa revolucionaria desapareció por completo. Había luchado largo tiempo contra la persecución: semana tras semana, periódico tras periódico y folleto tras folleto eran procesados, multados, suprimidos. La burguesía ocupaba el banco del jurado y aplastaba la prensa obrera.
El colmo de este sistema se alcanzó con la ley del 30 de julio de 1850, que restableció la censura sobre el teatro. Así se expulsó a la libertad de opinión de su último refugio literario.
- El derecho de asociación y de reunión pública. Por los decretos del 28 de julio al 2 de agosto de 1848 se somete a los clubes a un cúmulo de reglamentos de policía que les niegan casi toda libertad. Así, por ejemplo, no pueden aprobar resoluciones en forma legislativa, etc. Por la misma ley, todos los círculos no políticos y las reuniones privadas quedan entregados por completo a la vigilancia y los caprichos de la policía.
Por la ley del 19-22 de junio de 1849, el Gobierno queda autorizado a suprimir durante un año todos los clubes y reuniones que no sean de su agrado. Por la ley del 6-12 de junio de 1850 se da al Gobierno este poder por otro año más, ¡y se extiende de hecho a las reuniones y asambleas relacionadas con la elección de los diputados que puedan desagradar al Gobierno! El resultado es que, virtualmente, desde julio de 1848 han cesado todos los clubes y reuniones públicas, con excepción de los cercles realistas y bonapartistas.
Por la ley del 29 de noviembre de 1849, a todos los obreros que se coaliguen para conseguir un aumento de salarios se les impone una pena de cárcel de hasta tres meses y una multa de hasta 3.000 francos. Y por la misma ley esos obreros, una vez cumplida su pena, quedan sometidos durante cinco años a la vigilancia de la policía (lo que significa mendicidad, ruina y persecución).
Hasta aquí el derecho de asociación y de reunión pública.
«§ 9. El derecho de enseñanza es libre. La libertad de enseñanza se ejerce según las condiciones fijadas por la ley y bajo la vigilancia del Estado.»
Aquí se repite el viejo chiste. «La enseñanza es libre», pero «según las condiciones fijadas por la ley», y estas son justamente las condiciones que suprimen por completo la libertad.
Por la ley del 15 de marzo de 18506 se pone todo el sistema de enseñanza bajo la vigilancia del clero.
Al frente de este ramo de la administración está un conseil supérieur de l’instruction publique, presidido por cuatro arzobispos franceses. Somete a todos los maestros de escuela de provincias, aunque los hayan elegido los consejos municipales o parroquiales, a la voluntad de los recteurs o rectores. Los maestros quedan en una situación semejante a la subordinación y la disciplina militares bajo los rectores, los alcaldes y los párrocos, y la libertad de enseñanza consiste, según la ley ya citada, en esto: en que nadie tiene derecho a enseñar sin el permiso de las autoridades civiles y eclesiásticas.
«§ 11. Los derechos de propiedad son inviolables.»
«§ 14. La deuda pública está garantizada.»
«§ 15. Los impuestos solo se recaudan para el servicio público. Todo ciudadano contribuye a ellos según su propiedad y su capacidad.»
Cap. III. De la autorización de los cargos7
Este capítulo afirma:
«1. Que toda autoridad pública emana del pueblo y no puede hacerse hereditaria.»
«2. Que la división de los poderes es la primera condición de un gobierno libre.»
Aquí tenemos el viejo disparate constitucional. La condición de un «gobierno libre» no es la división, sino la UNIDAD del poder. La maquinaria del gobierno nunca puede ser demasiado sencilla. Siempre ha sido el arte de los bribones hacerla complicada y misteriosa.
Cap. IV. Del poder legislativo
El poder legislativo se confía a una asamblea única de 750 representantes, incluidos los de Argelia y las colonias. Toda asamblea que se convoque para revisar la Constitución tiene que constar de 900 personas. El sistema electoral se basa en la población. Siguen ahora cuatro párrafos que hay que reproducir íntegros:
«§ 24. El sufragio es directo y universal; el voto es secreto.»
«§ 25. Son electores todos los franceses de veintiún años que estén en posesión de sus derechos políticos y civiles, sin condición alguna de censo electoral.»
«§ 26. Son elegibles como representantes, sin condición de domicilio, todos los electores de veinticinco años.»
«§ 27. La ley electoral determinará las causas por las que puede privarse a un ciudadano francés del derecho a elegir y a ser elegido.»
Los artículos anteriores están concebidos exactamente con el mismo espíritu que todo el resto de la Constitución. «Son electores todos los franceses que gocen de sus derechos políticos»; pero ¡«la ley electoral» ha de decidir qué franceses no gozarán de sus derechos políticos!
La ley electoral del 15 de marzo de 1849 incluía en esta categoría a todos los delincuentes, pero no a los acusados de delitos políticos. La ley electoral del 31 de mayo de 1850 no solo añadió a estos, a todos los condenados por «delitos contra las opiniones tradicionales» y contra las leyes de prensa, ¡sino que introdujo de hecho restricciones de domicilio por las que DOS TERCIOS del pueblo francés quedan incapacitados para votar!8
Eso es lo que en Francia se entiende por «sufragio directo y universal».
«§ 28. Ningún funcionario público retribuido puede ser a la vez representante del pueblo. Ningún representante puede ocupar, mientras dure la asamblea legislativa, un cargo retribuido que dependa de la Constitución.»9
Estas dos disposiciones han sido restringidas por decisiones posteriores y están, virtualmente, casi anuladas.
«§ 30. La elección se hace por departamentos, en la cabecera de cada distrito y por papeleta.»
«§ 31. La Asamblea Nacional se elige por tres años; transcurridos estos, ha de celebrarse una nueva elección.»
«§ 32. Sus sesiones son permanentes, pero puede suspenderlas, y en tal caso ha de nombrar para que la represente una comisión compuesta por veinticinco diputados y los miembros de la mesa de la Asamblea. Esta comisión está facultada para convocar a la Asamblea en caso de urgencia.»
§§ 33-38. Los representantes son reelegibles. No están sujetos a instrucciones fijas, son inviolables y no pueden ser perseguidos ni condenados por las opiniones que expresen en la Asamblea, y perciben una indemnización a la que no les está permitido renunciar.
En cuanto a la «inviolabilidad del representante» y a su «libertad para expresar sus opiniones», después del 13 de junio10 la mayoría aprobó un nuevo reglamento que faculta al presidente de la Asamblea Nacional para imponer a un representante la censura, multarlo, privarlo de su indemnización y expulsarlo temporalmente, con lo que la «libertad de opinión» queda completamente aniquilada. En 1850 la Asamblea aprobó una ley por la que los representantes pueden ser detenidos por deudas incluso durante las sesiones de la cámara y, si no pagan en un plazo determinado, pierden su mandato de representantes.
Así pues, en Francia no existen ni la libertad de debate ni la inviolabilidad del representante, sino únicamente la inviolabilidad del acreedor.
§§ 39-42. Las sesiones de la Asamblea son públicas. No obstante, la Asamblea puede constituirse en comité secreto a petición del número necesario de representantes. Para que una ley sea válida tiene que votarla la mitad más uno de los representantes. Salvo en casos de urgencia, no puede aprobarse ninguna ley que no haya tenido tres lecturas, con un intervalo de cinco días entre cada una.
Este procedimiento, tomado de la «Constitución» inglesa, no se observa en Francia en ninguna ocasión importante, y precisamente en aquellas en que cabría suponerlo más necesario.
Por ejemplo, la ley electoral del 31 de mayo se aprobó tras una sola lectura.
Cap. V. Del poder ejecutivo
§§ 43-44. El poder ejecutivo se confía a un presidente. El presidente tiene que ser francés de nacimiento, tener por lo menos treinta años y no haber perdido nunca la ciudadanía francesa.
El primer presidente de la República Francesa, L. N. Bonaparte,11 no solo había perdido la ciudadanía francesa y no solo había sido condestable especial inglés, sino que además era suizo naturalizado.
§§ 45-70. El presidente de la República se elige por cuatro años y no es reelegible hasta cuatro años después de expirar su mandato. La misma restricción rige para sus parientes hasta el sexto grado inclusive. La elección ha de celebrarse el segundo domingo de mayo. Si el presidente ha sido elegido en otra fecha, sus poderes expiran el segundo domingo de mayo del cuarto año siguiente a su elección. Se le elige por votación secreta y por mayoría absoluta. Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos emitidos y, a la vez, por lo menos dos millones, la Asamblea Nacional elige al presidente entre los cinco candidatos que hayan obtenido más votos.
El presidente tiene que jurar fidelidad a la Constitución; puede presentar proyectos a la Asamblea por medio de sus ministros; puede disponer del ejército sin mandarlo en persona; no puede ceder ninguna parte del territorio francés, ni disolver ni prorrogar la Asamblea, ni suspender la autoridad de la Constitución. Negocia y ratifica todos los tratados, que, sin embargo, solo son definitivamente vinculantes cuando los ha aprobado la Asamblea. No puede emprender ninguna guerra sin el consentimiento de la Asamblea; puede ejercer la prerrogativa de gracia, pero no conceder amnistías. Los condenados por la haute cour solo pueden ser indultados por la Asamblea Nacional. El presidente puede aplazar la promulgación de una ley y pedir que la Asamblea delibere de nuevo sobre ella; pero esa deliberación resulta entonces definitiva. Nombra a los embajadores y a los ministros, y puede suspender por tres meses a los alcaldes, consejos departamentales, guardias nacionales, etc., elegidos por los ciudadanos. Todos sus decretos tienen que ir refrendados por los ministros, salvo la destitución de los propios ministros. El presidente, los ministros y los funcionarios públicos son responsables, cada uno en su ramo, de todos los actos del gobierno. Todo acto por el que el presidente influya en el debido ejercicio de las funciones de la Asamblea, lo retrase o lo impida es un acto de alta traición. Por tal acto el presidente queda inmediatamente privado de su autoridad; todo ciudadano tiene el deber de negar obediencia a sus órdenes, y el poder de su cargo pasa en el acto a la Asamblea; los jueces de la Haute Cour de Justice han de reunirse sin pérdida de tiempo y convocar a los jurados en un lugar determinado para juzgar al presidente y a sus cómplices.
El presidente dispone de una residencia oficial y de un sueldo anual de 600.000 francos, o 24.000 libras esterlinas. [Ahora percibe 2.160.000 francos, o 86.400 libras.] Los ministros tienen asiento en la Asamblea Nacional ex officio y pueden hablar tantas veces como quieran. La Asamblea Nacional elige un vicepresidente de la República entre tres candidatos que el presidente puede proponer en el plazo de un mes desde su propia elección. El vicepresidente presta el mismo juramento que el presidente; no puede ser pariente del presidente; ocupa el lugar del presidente cuando este está impedido y preside el Consejo de Estado. Si la presidencia queda vacante por fallecimiento o por cualquier otra causa, ha de celebrarse una nueva elección en el plazo de un mes.
Cap. VI. El Consejo de Estado
§§ 71-75. El Consejo de Estado es un órgano meramente consultivo, encargado de examinar los proyectos que ha de presentar el gabinete y los que le remita la Asamblea.
Cap. VII. La administración interior
Este capítulo trata del clero,12 de los principales magistrados y de los consejos municipales y provinciales. El único artículo importante, y del que se hace el uso más amplio posible, es el siguiente:
§ 80. Los consejos generales, los consejos cantonales y los consejos municipales pueden ser disueltos por el presidente con el acuerdo del Consejo de Estado.
Cap. VIII. Del poder judicial
En general, este capítulo no hace sino reproducir las disposiciones del emperador Napoleón. Merecen atención, sin embargo, los añadidos siguientes:
«§ 81. La justicia se administra gratuitamente en nombre del pueblo francés.»
¡Tan poco cierto es esto que ni siquiera le cortan a uno la cabeza gratis!
Los §§ 91-100 tratan de la Haute Cour de Justice, la única facultada para juzgar al presidente, ante la cual pueden ser acusados los ministros y todos los acusados de delitos políticos que la Asamblea Nacional juzgue oportuno llevar ante ese tribunal.
Este «Alto Tribunal» se compone de cinco jueces, que el Tribunal de Casación (el tribunal supremo de Francia) elige de entre sus miembros, y de treinta y seis jurados, sacados de los consejos generales de los departamentos, un cuerpo enteramente aristocrático. Las únicas personas juzgadas hasta ahora por este tribunal son los acusados del 15 de mayo de 184813 (¡aquí se levantan en juicio los nombres de BARBÈS, BLANQUI y otros!) y los diputados comprometidos el 13 de junio de 1849.
¡Por la ley del 7 de agosto de 1848 se borra de las listas de jurados a todos los que no saben leer y escribir, con lo que se descalifica a dos tercios de la población adulta!
Cap. IX. De la fuerza armada
La vieja ley militar se mantiene íntegramente. Los delitos de los soldados no son competencia de los tribunales civiles. El párrafo siguiente ilustra el espíritu de esta Constitución.
«§ 102. Todo francés está obligado al servicio militar y al servicio en la guardia nacional, salvo en los casos que determine la ley.»
Todo el que tiene dinero puede librarse de la obligación del servicio.
¡Por la ley que se está discutiendo ahora, y cuya segunda lectura ya se ha aprobado, las clases trabajadoras quedan completamente excluidas de las filas de la guardia nacional! Además, el presidente tiene derecho a suspender por un año la guardia nacional de cualquier municipio, ¡y de hecho en media Francia se ha disuelto la guardia nacional!
Cap. X. Disposiciones especiales
«§ 110. La Asamblea Nacional confía la Constitución a la vigilancia y al patriotismo de todo el pueblo», ¡y confía a los «vigilantes» y a los «patriotas» a la tierna misericordia de la Haute Cour! ¡13 DE JUNIO!
Cap. XI. De la revisión de la Constitución
«§ 111. Si al término de su legislatura la Asamblea expresa el deseo de que se modifique total o parcialmente la Constitución, la revisión se llevará a cabo del modo siguiente: el deseo expresado por la Asamblea solo puede adquirir fuerza de ley tras tres debates sucesivos, que han de celebrarse con un mes de intervalo entre cada uno, y solo puede aprobarse por tres cuartos de los votos, siendo el número de votantes de por lo menos 500. La asamblea convocada para la revisión se elige solo por tres meses y, salvo en casos muy urgentes, no ha de ocuparse de ninguna otra cuestión.
Así es la «Constitución de la República Francesa», y así es como se ha hecho uso de ella. El lector advierte enseguida que es, de principio a fin, un montón de bellas palabras que ocultan una intención sumamente traicionera. Su propia letra hace imposible violarla, porque cada una de sus disposiciones contiene su propia antítesis: se anula por completo a sí misma. Por ejemplo: «el sufragio es directo y universal», «salvo en los casos que determine la ley».
Por eso no puede decirse que la ley del 31 de mayo de 1850 (que priva del sufragio a dos tercios del pueblo) viole en absoluto la Constitución.
La Constitución repite una y otra vez la fórmula de que la regulación y la limitación de los derechos y libertades del pueblo (por ejemplo, del derecho de asociación, del sufragio, de la libertad de prensa, de la enseñanza, etc.) las fijará una LEY ORGÁNICA posterior; y estas «leyes orgánicas» «determinan» la libertad prometida destruyéndola. Este truco de conceder la libertad plena, de sentar los más bellos principios y de dejar su aplicación, los detalles, a la decisión de leyes posteriores lo ha tomado la burguesía austriaca y prusiana de sus modelos franceses; lo mismo se había hecho en la Constitución francesa de 1830 y en las promulgadas antes.
¡Pueblo! Decídete en cuanto a los DETALLES, tanto como en cuanto a los principios, antes de llegar al poder. ¡Por eso precisamente se luchó en la Convención inglesa14 por este punto!
Las únicas cláusulas positivas y precisas de toda la Constitución son las relativas a la elección del presidente (§ 45) y a la revisión de la Constitución (§ 111). Son las únicas disposiciones que SE PUEDEN violar, porque son las únicas que no llevan consigo su propia contradicción.
La Asamblea Constituyente de 1848 las dirigió directamente contra Bonaparte, cuyas intrigas en torno a la presidencia alarmaban a los diputados.
Las eternas contradicciones de esta Constitución de pega muestran con suficiente claridad que la burguesía puede ser democrática de palabra, pero no lo será en los hechos: reconocerá la verdad de un principio, pero nunca la llevará a la práctica; y la verdadera «Constitución» de Francia no está en la Carta que hemos reproducido, sino en las LEYES ORGÁNICAS dictadas sobre su base, de las que hemos dado un esbozo al lector. Los principios estaban ahí; los detalles se dejaron para el futuro, ¡y en esos detalles se volvió a promulgar una tiranía desvergonzada!
El grado extremo de despotismo alcanzado en Francia se hará patente por las siguientes disposiciones relativas a los obreros.
Cada obrero recibe de la policía una libreta15 cuya primera página contiene su nombre, edad, lugar de nacimiento, oficio o profesión y una descripción de su persona. Está obligado a anotar en ella el nombre del patrono para quien trabaja y los motivos por los que lo deja. Pero eso no es todo: la libreta queda en manos del patrono, que la deposita en la oficina de policía con el informe del patrono sobre el obrero. Cuando un obrero deja su empleo, tiene que ir a la oficina de policía a recoger la libreta, y no se le permite aceptar otro empleo sin presentarla. Así, el pan del obrero depende por completo de la policía. Pero tampoco eso es todo: esta libreta hace las veces de pasaporte. Si el obrero resulta molesto, la policía escribe en ella «válido para volver a su casa»,16 ¡y el obrero está obligado a volver a su parroquia! ¡Esta terrible revelación no necesita comentario! Que el lector se figure por sí mismo cómo funciona en toda su extensión y siga el rastro de sus consecuencias reales. Ninguna servidumbre de la época feudal, ningún régimen de parias de la India tiene su parangón. ¿Es de extrañar que el pueblo francés ansíe la hora de la insurrección? ¿Es de extrañar que su indignación tome el aspecto de una tormenta? Fue clemente en 1830, fue clemente en 1848; pero desde entonces se ha traficado con su libertad, su sangre se ha derramado a raudales, todas las cárceles de Francia están llenas de condenados a perpetuidad, 15.000 fueron deportados de una sola vez, y ahora pesa sobre él el terrible despotismo que hemos descrito. ¿Es de extrañar que la burguesía tema al pueblo y tense hasta el último nervio para aplazar la hora del desquite? Pero está dividida en sí misma. Tiene demasiadas ambiciones contradictorias, y la primera de las cartas en juego es
El juego de Napoleón
La cuestión es ahora si se prorrogarán los poderes del presidente y si se revisará la Constitución. Napoleón no puede ser reelegido sin una ruptura abierta de la Constitución, pues, en primer lugar, no puede ser reelegido hasta que transcurra un período de cuatro años desde el fin de su mandato y, en segundo lugar, la Constitución no puede revisarse sino por una mayoría de dos tercios.17 No hay tal mayoría a favor de esa cuestión, y por eso no es posible una reelección constitucional.
Por eso a Bonaparte solo le queda una alternativa: desafiar la Constitución, empuñar las armas y dirimir el asunto por la fuerza, o entregar legítimamente sus funciones en el plazo prescrito. En este último caso, Cavaignac18 será presidente y la REPÚBLICA de la BURGUESÍA quedará consumada. En el primero, las cosas son más complicadas.
Por eso el juego de Napoleón consiste ahora en trabajar sobre el descontento del pueblo. La burguesía es enemiga de Napoleón; el pueblo lo sabe, y entre ellos existe un lazo de simpatía. Pero él comparte con la burguesía el odio que provoca la opresión; si consigue descargarlo por completo de sus hombros sobre los de ella, habrá eliminado un gran obstáculo.
Eso es lo que se esfuerza por hacer, como demuestra su reciente discurso de Dijon,19 en el que dice: «Toda ley mala ha sido promulgada por la Asamblea; toda ley buena que yo he propuesto ha sido rechazada o mutilada por esa corporación. Han frustrado todos mis intentos de mejorar vuestra situación y han puesto obstáculos a las mejoras donde no los había».
Así se esfuerza por desviar el rayo de su cabeza hacia la de la Asamblea. Entretanto, el ejército está más con él que con esa corporación, y la miseria del pueblo es tal que, en opinión de la mayoría, casi cualquier cambio sería una mejora, mientras que los clarividentes no son más que la minoría.
Por eso, suponiendo que la burguesía, al ver a Bonaparte decidido, se arriesgara a la lucha bajo Cavaignac, el pueblo combatiría sin duda contra ella, y Bonaparte combatiría al lado del pueblo. Unidos, resultarían demasiado fuertes para la Asamblea. Pero entonces llegaría el momento crítico: la Asamblea, al ver que el pueblo está a punto de vencer, preferiría el menor de los dos males. Preferiría un imperio o una dictadura de Napoleón a una república democrática y social, y por eso llegaría a un acuerdo con el presidente. Este, que teme tanto como ella al poder democrático, aceptaría su ayuda. El ejército, o al menos una parte de él, se habría apegado todavía más a Napoleón por la excitación, el peligro y la «gloria» de la lucha, y la contienda adquiriría entonces un aspecto nuevo: el del ejército y la burguesía contra el pueblo. El desenlace depende del valor, la inteligencia y la unidad del pueblo. El juego de Napoleón consiste en lanzar primero al pueblo contra la burguesía, luego a la burguesía contra el pueblo, y en servirse del ejército contra ambos.
El futuro está preñado de grandes acontecimientos, y la Francia actual es uno de los objetos de estudio más interesantes que ofrece la historia.
En abril de 1849 la República Francesa envió un cuerpo expedicionario al mando del general Oudinot contra la República romana, que tomó Roma en julio y restableció el poder temporal del papa. ↩
La insurrección de los obreros de París del 23 al 26 de junio de 1848, aplastada por el general Cavaignac. ↩
En el original, «High Court»: la Haute Cour de Justice, prevista en la Constitución para juzgar los atentados contra la seguridad del Estado. ↩
Por decreto de la Asamblea Nacional del 27 de junio de 1848, los insurrectos de junio presos fueron condenados a deportación sin proceso. ↩
Así en el original; la MEW da la fecha del 16 de julio de 1850. ↩
La ley Falloux, que puso la enseñanza bajo la vigilancia de la Iglesia católica. ↩
Así en el original («On the Authorisation of Office»); en la MEW, «De los poderes públicos». ↩
La ley del 31 de mayo de 1850 exigía tres años de domicilio en el mismo municipio para poder votar, comprobado por la inscripción en el impuesto personal, lo que excluía a los obreros que cambiaban de residencia en busca de trabajo. ↩
Así en el original; la MEW lee «que dependan del poder ejecutivo». ↩
El 13 de junio de 1849, la Montaña, el grupo parlamentario de los demócratas pequeñoburgueses, convocó en París una manifestación contra la expedición de Roma, que fue disuelta por la tropa; varios de sus diputados fueron procesados ante la Haute Cour. ↩
Luis Napoleón Bonaparte (1808-1873), sobrino de Napoleón I, presidente de la República desde diciembre de 1848 y, tras el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851, emperador con el nombre de Napoleón III. Había sido ciudadano del cantón suizo de Turgovia y, el 10 de abril de 1848, se alistó en Londres como condestable especial, voluntario de la policía contra la manifestación cartista. ↩
Así en el original («the clergy»); la MEW lee «los funcionarios», suponiendo una errata por clerks. ↩
El 15 de mayo de 1848 los clubes de París invadieron la Asamblea Nacional; sus jefes, entre ellos Armand Barbès (1809-1870) y Louis-Auguste Blanqui (1805-1881), fueron condenados por la Haute Cour en Bourges en 1849. ↩
La Convención cartista reunida en Londres en la primavera de 1851. ↩
La libreta obrera (livret d'ouvrier), obligatoria en Francia desde el Consulado. ↩
En francés en el original: «bon pour retourner chez lui». ↩
El § 111, citado más arriba, exige en realidad una mayoría de tres cuartos. ↩
Louis-Eugène Cavaignac (1802-1857), general republicano, jefe del poder ejecutivo tras la insurrección de junio de 1848 y candidato derrotado por Bonaparte en las elecciones presidenciales de diciembre de 1848. ↩
El discurso que Luis Bonaparte pronunció en Dijon el 1 de junio de 1851. ↩