Escrito por Karl Marx en inglés. Publicado en Notes to the People, el semanario cartista de Ernest Jones, núm. 7, del 14 de junio de 1851. Al no disponer de una fuente libre del texto inglés, lo traducimos de la versión alemana de Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, tomo 7 (Berlín, 1960, pp. 494-506), por la Escuela de marxismo, 2026; se corrigen algunas erratas evidentes de la edición digital. Las notas son nuestras. Texto original en alemán.
La Constitución va precedida de un preámbulo retórico en el que merecen atención los pasajes siguientes:
- Francia se declara república. 2. La República Francesa es democrática, una e indivisible. 3. Sus principios son la libertad, la igualdad y la fraternidad, y sus bases son la familia, el trabajo, la propiedad y el orden público. 5. Respeta la independencia de las demás naciones, como sabe hacer respetar la suya propia. No emprenderá ninguna guerra de conquista ni empleará nunca sus fuerzas contra la libertad de ningún pueblo. (¡Roma!)1
Antes de la insurrección de junio,2 la Asamblea Nacional había elaborado una Constitución que, entre otros muchos reconocimientos de los derechos y deberes del hombre, contenía los artículos siguientes:
Art. 6: El derecho a la instrucción es el derecho de todos los ciudadanos a la posibilidad de desarrollar plenamente sus facultades físicas, morales e intelectuales por medio de una enseñanza gratuita a cargo del Estado.
Art. 7: El derecho al trabajo es el derecho de todo miembro de la sociedad a poder vivir de su trabajo. La sociedad tiene, por tanto, la obligación de proporcionar trabajo a todas las personas capaces de trabajar que no puedan obtenerlo de otro modo.
Art. 9: El derecho a la asistencia es el derecho de los huérfanos, de los incapacitados para el trabajo y de los ancianos a recibir del Estado sus medios de subsistencia.
Después de que las victorias de junio de 1848 le dieran ánimos, la burguesía borró estos tres artículos de la
CONSTITUCIÓN
que ahora dice así:
CAP. I. [DE LA SOBERANÍA]
«[§ 1.] La soberanía reside en la universalidad de los ciudadanos franceses. Es inalienable e imprescriptible. Ningún individuo, ninguna fracción del pueblo puede atribuirse su ejercicio.»
CAP. II. DERECHOS GARANTIZADOS POR LA CONSTITUCIÓN
«[§ 2.] Nadie puede ser detenido ni encarcelado sino con arreglo a lo que prescriben las leyes.»
«§ 3. El domicilio de toda persona que habite en territorio francés es inviolable; no está permitido penetrar en él sino en las formas prescritas por la ley.
Obsérvese aquí, y en todo el texto, que la Constitución francesa garantiza la libertad, pero siempre con la reserva de las excepciones que hace la ley ¡o que hará todavía!; y todas las excepciones que hicieron el emperador Napoleón, la Restauración y Luis Felipe no solo se han mantenido, sino que después de la revolución de junio se han multiplicado sin medida. Así, por ejemplo, la ley del 9 de agosto de 1849 relativa al estado de sitio, que pueden declarar la Asamblea Nacional y, durante sus vacaciones, el presidente, y que da a las autoridades militares el derecho de llevar ante un consejo de guerra a todas las personas culpables de delitos políticos. Les da además el poder de entrar de día o de noche en cualquier casa y registrarla, de confiscar todas las armas y de expulsar a todas las personas que no tengan domicilio en la localidad declarada en estado de sitio.
En cuanto a los extranjeros, el único «derecho» de que disfrutan en suelo francés es el de ser encarcelados y expulsados cuantas veces las autoridades de policía lo juzguen oportuno.
En cuanto a los franceses, ¡cualquier ciudadano francés puede ser detenido con que un solo funcionario dé la orden!
«§ 4. Nadie puede ser juzgado sino por sus jueces naturales. No podrán crearse tribunales extraordinarios, sea cual fuere su denominación o pretexto.»
Ya hemos visto que, en el «estado de sitio», el consejo de guerra deja sin efecto a todos los demás tribunales. Además, en 1848 la Asamblea Nacional instituyó un «tribunal extraordinario», con el nombre de Haute Cour,3 para una parte de las personas culpables de delitos políticos; y después de la insurrección de junio deportó a 15.000 insurrectos ¡sin juicio de ninguna clase!4
«§ 5. Queda abolida la pena de muerte en materia política.»
Pero se les deporta a regiones infestadas de fiebres, donde se les ejecuta solo un poco más despacio y de un modo mucho más atroz.
«§ 8. Los ciudadanos tienen derecho a asociarse, a reunirse pacíficamente y sin armas, a presentar peticiones y a expresar sus opiniones por medio de la prensa o de cualquier otro modo. El ejercicio de estos derechos no tiene más límites que los derechos iguales de los demás y la seguridad pública.»
Que la restricción de la «seguridad pública» suprime por completo el ejercicio del derecho queda claramente demostrado por los hechos siguientes:
- La libertad de prensa. Por las leyes del 11 de agosto de 1848 y del 27 de julio de 1849 no solo se volvieron a exigir fianzas a los periódicos, sino que se renovaron y agravaron todas las restricciones decretadas por el emperador Napoleón y desde entonces.
La ley del 16 de julio de 18505 eleva las fianzas y las extiende a todos los semanarios, revistas, publicaciones periódicas, etc. Exige además que todo artículo vaya firmado con el nombre de su autor y restablece el timbre para los periódicos. Y no contenta con esto, exige el timbre incluso para la novela de entretenimiento y el folleto puramente literario, ¡y lo impone todo bajo la amenaza de multas enormes! Tras la aprobación de esta última ley, la prensa revolucionaria desapareció por completo. Había luchado largo tiempo contra la persecución: semana tras semana se procesaba, se condenaba y se suprimía periódico tras periódico y folleto tras folleto. La burguesía ocupaba el banco del jurado y aniquilaba a la prensa obrera.
El colmo de este sistema se alcanzó con la ley del 30 de julio de 1850, que restableció la censura sobre el teatro. Con ello se expulsó a la libertad de opinión de su último refugio literario.
- El derecho de asociación y de reunión pública. Por los decretos del 28 de julio al 2 de agosto de 1848 se somete a los clubes a un gran número de reglamentos de policía que les quitan casi toda libertad. Así, por ejemplo, no pueden aprobar resoluciones en forma legislativa, etc. Todos los círculos no políticos y las asociaciones privadas quedan entregados por completo por esta ley a la vigilancia y los caprichos de la policía.
Por la ley del 19-22 de junio de 1849, el Gobierno queda autorizado a prohibir durante un año todos los clubes y reuniones que no sean de su agrado. ¡Por la ley del 6-12 de junio de 1850 se da al Gobierno esta autorización por otro año más y se extiende en la práctica a las reuniones y asambleas relacionadas con la elección de los representantes del pueblo que puedan desagradar al Gobierno! El resultado es que, en principio, desde julio de 1848 se han suprimido todos los clubes y reuniones públicas, con excepción de los círculos de los realistas y los bonapartistas.
Por la ley del 29 de noviembre de 1849, a todos los obreros que se coaliguen para conseguir un aumento de sus salarios se les impone hasta tres meses de cárcel y una multa de hasta 3.000 francos. Y por la misma ley esos obreros, una vez cumplida su pena, quedan sometidos durante cinco años a la vigilancia de la policía (lo que significa mendicidad, ruina y persecución).
Hasta aquí el derecho de asociación y de reunión pública.
«§ 9. La enseñanza es libre. La libertad de enseñanza se ejerce según las condiciones fijadas por la ley y bajo la vigilancia del Estado.»
Aquí se repite el viejo chiste. «La enseñanza es libre», pero «según las condiciones fijadas por la ley», y estas son justamente las condiciones que suprimen por completo la libertad.
Por la ley del 15 de marzo de 18506 se pone todo el sistema de enseñanza bajo la vigilancia del clero.
Al frente de este ramo de la administración está un Consejo Superior de Instrucción Pública7 presidido por cuatro arzobispos franceses. Somete a todos los maestros de escuela de provincias, aunque los hayan elegido los consejos municipales o los consejos parroquiales, al poder de los rectores8 o párrocos. Los maestros quedan en una situación equivalente a la subordinación y la disciplina militares respecto de los párrocos, alcaldes y curas, y la libertad de enseñanza consiste, según la ley ya citada, en que nadie tiene derecho a enseñar sin autorización de las autoridades civiles y eclesiásticas.
«§ 11. La propiedad es inviolable.»
«§ 14. La deuda pública está garantizada.»
«§ 15. Los impuestos solo se recaudan para la utilidad común. Todo ciudadano contribuye a ellos en proporción a sus medios y a su fortuna.»
CAP. III. DE LOS PODERES PÚBLICOS
Este capítulo afirma:
«Todos los poderes públicos emanan del pueblo y no pueden delegarse por herencia.»
«La separación de los poderes es la primera condición de un gobierno libre.»
Aquí tenemos el viejo disparate constitucional. La condición de un «gobierno libre» no es la separación, sino la unidad de los poderes. La maquinaria del gobierno nunca puede ser lo bastante sencilla. Siempre ha sido el arte de los bribones hacerla complicada y misteriosa.
CAP. IV. DEL PODER LEGISLATIVO
El poder legislativo se confía a una asamblea única de 750 representantes, incluidos los de Argelia y las colonias. Toda asamblea que se convoque para revisar la Constitución tiene que constar de 900 personas. El sistema electoral se basa en la cifra de población.
Siguen ahora cuatro párrafos que hay que reproducir íntegros:
«§ 24. El sufragio es directo y universal; el voto es secreto.»
«§ 25. Son electores todos los franceses de veintiún años cumplidos que estén en el goce de sus derechos civiles y políticos, sin condición alguna de censo.»
«§ 26. Son elegibles como representantes, sin condición de domicilio, todos los electores que hayan cumplido veinticinco años.»
«§ 27. La ley electoral determinará las causas por las que puede privarse a un ciudadano francés del derecho a elegir y a ser elegido.»
Los artículos anteriores están redactados exactamente con el mismo espíritu que todo el resto de la Constitución. «Todos los franceses que estén en el goce de sus derechos políticos son electores»; pero ¡«la ley electoral» ha de decidir qué francés no debe poseer los derechos políticos!
La ley electoral del 15 de marzo de 1849 incluye en esta categoría a todos los delincuentes de derecho común, pero no a las personas culpables de delitos políticos. La ley electoral del 31 de mayo de 1850 no solo añadió a estas personas (a todos los condenados por «delitos contra las opiniones tradicionales» y contra las leyes de prensa), ¡sino que introdujo en la práctica restricciones de domicilio por las que dos tercios del pueblo francés quedaron privados del sufragio!9
Eso es lo que en Francia se entiende por «sufragio directo y universal».
«§ 28. Todo cargo público retribuido es incompatible con el mandato de representante del pueblo. Ningún representante del pueblo puede ocupar, mientras dure la legislatura, cargos públicos retribuidos que dependan del poder ejecutivo.»
Estas dos disposiciones han sido restringidas por decisiones posteriores y están en lo esencial prácticamente derogadas.
«§ 30. La elección se hace por departamentos, en la cabecera de cada distrito y por papeleta.»
«§ 31. La Asamblea Nacional se elige por tres años; transcurridos estos, ha de celebrarse una nueva elección.»
«§ 32. Es permanente, pero puede suspender sus sesiones, y en tal caso ha de nombrar para que la represente una comisión compuesta por veinticinco diputados y los miembros de la mesa de la Asamblea. Esta comisión está facultada para convocar la Asamblea en caso de urgencia.»
§§ 33-38. Los representantes son reelegibles. No están sujetos a mandato imperativo alguno, son inviolables y no pueden ser perseguidos ni condenados por las opiniones que expresen dentro de la Asamblea Nacional. Perciben una indemnización a la que no pueden renunciar.
En cuanto a la «inviolabilidad del representante» y a su «derecho a la libre expresión de su opinión», después del 13 de junio10 la mayoría aprobó un nuevo reglamento que faculta al presidente de la Asamblea Nacional para imponer a un diputado la censura, multarlo, retirarle la indemnización y excluirlo temporalmente, con lo que la «libertad de opinión» queda completamente suprimida. En 1850 la Asamblea aprobó una ley por la que los representantes pueden ser detenidos por deudas incluso mientras la cámara está reunida y pierden su mandato de representantes si no pagan en el plazo señalado.
Así pues, en Francia no existen ni el derecho a la libre expresión de la opinión ni la inviolabilidad del representante, sino únicamente la inviolabilidad del acreedor.
§§ 39-42. Las sesiones de la Asamblea son públicas. No obstante, la Asamblea puede constituirse en comité secreto a petición del número necesario de representantes. Para que una ley sea válida tiene que aprobarla la mitad más uno de todos los representantes. Salvo en casos de urgencia, una ley solo puede aprobarse tras tres lecturas, con un intervalo de cinco días entre cada una.
Este procedimiento, tomado de la «Constitución» inglesa, no se observa nunca en Francia en las ocasiones importantes, y precisamente en aquellas en que sería más necesario. Por ejemplo, la ley electoral del 31 de mayo se aprobó tras una sola lectura.
CAP. V. DEL PODER EJECUTIVO
§§ 43-44. El poder ejecutivo se confía a un presidente. El presidente tiene que ser francés de nacimiento, tener por lo menos treinta años y no haber perdido nunca la ciudadanía francesa.
El primer presidente de la República Francesa, L. N. Bonaparte,11 no solo había perdido la ciudadanía francesa y no solo había sido condestable especial inglés, sino que además era suizo naturalizado.
§§ 45-70. El presidente de la República se elige por cuatro años y solo es reelegible cuatro años después de expirar su mandato. Las mismas restricciones rigen para sus parientes hasta el sexto grado inclusive. La elección ha de celebrarse el segundo domingo del mes de mayo. Si el presidente ha sido elegido en otra fecha, sus poderes expiran el segundo domingo del mes de mayo del cuarto año siguiente a su elección. Se le elige por votación secreta y por mayoría absoluta. Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos emitidos y, a la vez, por lo menos dos millones, la Asamblea Nacional elige al presidente entre los cinco candidatos que hayan obtenido más votos.
El presidente tiene que jurar fidelidad a la Constitución; tiene derecho a presentar proyectos de ley a la Asamblea Nacional por medio de sus ministros; puede disponer de la fuerza armada sin mandarla en persona; no puede ceder ninguna parte del territorio francés, ni disolver ni prorrogar la Asamblea Nacional, ni suspender la Constitución. Concluye y ratifica todos los tratados, que, sin embargo, solo son vinculantes cuando los ha aprobado la Asamblea Nacional. No puede emprender ninguna guerra sin el consentimiento de la Asamblea Nacional; puede ejercer el derecho de gracia, pero no conceder amnistías. Los condenados por la Haute Cour solo pueden ser indultados por la Asamblea Nacional. El presidente puede aplazar la promulgación de una ley y pedir que la Asamblea delibere de nuevo sobre ella; pero esa deliberación resuelve definitivamente. Nombra a los embajadores y a los ministros y tiene derecho a suspender por tres meses a los alcaldes, consejos departamentales, guardias nacionales, etc., elegidos por los ciudadanos. Todos sus decretos tienen que ir refrendados por los ministros, salvo los ceses de los propios ministros. El presidente, los ministros y los funcionarios son responsables, cada uno en lo que le toca, de todos los actos del gobierno. Todo acto por el que el presidente influya en el ejercicio regular de las funciones de la Asamblea Nacional, lo retrase o lo impida es un acto de alta traición. Por tal acto el presidente queda inmediatamente destituido; todo ciudadano tiene el deber de negar obediencia a sus órdenes; su autoridad pasa en el acto a la Asamblea Nacional; los jueces de la Haute Cour de Justice se reúnen sin demora y convocan el tribunal en el lugar que ellos fijen para juzgar al presidente y a sus cómplices.
El presidente dispone de una residencia oficial y de un sueldo anual de 600.000 francos, o 24.000 libras esterlinas. (Ahora percibe 2.160.000 francos, o 86.400 libras.) Los ministros tienen asiento en la Asamblea Nacional ex officio y pueden hablar tantas veces como quieran. La Asamblea Nacional elige un vicepresidente de la República entre tres candidatos que propone el presidente en el plazo de un mes desde su propia elección. El vicepresidente presta el mismo juramento que el presidente; no puede ser pariente del presidente; ocupa el lugar del presidente cuando este está impedido y preside el Consejo de Estado. Si la presidencia queda vacante por fallecimiento o por otras causas, ha de celebrarse una nueva elección en el plazo de un mes.
CAP. VI. DEL CONSEJO DE ESTADO
§§ 71-75. El Consejo de Estado es un órgano meramente consultivo, encargado de examinar los proyectos de ley del Gobierno y los que le remita la Asamblea.
CAP. VII. DE LA ADMINISTRACIÓN INTERIOR
Esta sección trata de los funcionarios,12 de los altos funcionarios y de los consejos municipales y cantonales. El único artículo importante, y del que se hace el uso más amplio posible, es el siguiente:
«§ 80. Los consejos generales, los consejos cantonales y los consejos municipales pueden ser disueltos por el presidente con el acuerdo del Consejo de Estado.»
CAP. VIII. DEL PODER JUDICIAL
En el fondo, esta sección no hace sino repetir las ordenanzas del emperador Napoleón. Son notables, sin embargo, los añadidos siguientes:
«§ 81. La justicia se administra gratuitamente en nombre del pueblo francés.»
¡Tan poco cierto es esto que ni siquiera le cortan a uno la cabeza gratis!
Los §§ 91-100 tratan de la Haute Cour de Justice, la única facultada para juzgar al presidente, ante la cual pueden ser acusados los ministros y todas las personas a las que la Asamblea Nacional juzgue oportuno llevar ante ese tribunal por delitos políticos.
Este «alto tribunal» se compone de cinco jueces, que el Tribunal de Casación (el tribunal supremo de Francia) elige de entre sus miembros, y de treinta y seis jurados, sacados de entre los miembros de los consejos generales de los departamentos, un cuerpo completamente aristocrático. Las únicas personas que este tribunal ha condenado hasta ahora son los acusados del 15 de mayo de 184813 (¡aquí aparecen en la sentencia los nombres de Barbès, Blanqui y otros!) y los diputados comprometidos el 13 de junio de 1849.
¡Por la ley del 7 de agosto de 1848 se borra de las listas de jurados a todos los que no saben leer y escribir, con lo que se descalifica a dos tercios de la población adulta!
CAP. IX. DE LA FUERZA PÚBLICA
La vieja ley militar se mantiene íntegramente. Los tribunales civiles no son competentes para los delitos de los soldados. El párrafo siguiente caracteriza el espíritu de esta Constitución.
«§ 102. Todo francés está obligado al servicio en el ejército y en la guardia nacional, salvo en los casos que determine la ley.»
Todo el que tiene dinero puede librarse del servicio.
¡Por la ley que se está discutiendo ahora, y que ya ha pasado la segunda lectura, las clases trabajadoras quedan completamente excluidas de las filas de la guardia nacional! Además, el presidente tiene derecho a suspender por un año la guardia nacional de cualquier municipio, ¡y de hecho en media Francia se ha disuelto la guardia nacional!
CAP. X. DISPOSICIONES PARTICULARES
«§ 110. La Asamblea Nacional confía la Constitución a la vigilancia y al patriotismo de todo el pueblo»
¡… y confía a los «vigilantes» y a los «patriotas» a la misericordia de la Haute Cour! ¡13 de junio!
CAP. XI. DE LA REVISIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
«§ 111. Si al término de su legislatura la Asamblea Nacional expresa el deseo de que se modifique total o parcialmente la Constitución, la revisión se llevará a cabo del modo siguiente: el deseo expresado por la Asamblea Nacional solo puede adquirir fuerza de ley tras tres deliberaciones sucesivas, que han de celebrarse con un mes de intervalo entre cada una, y por una mayoría de tres cuartos de los votos emitidos, siendo el número de votantes de por lo menos 500. La asamblea convocada expresamente para la revisión se elige solo por tres meses y, salvo en casos muy urgentes, no ha de ocuparse de ninguna otra cuestión.»
Así es la «Constitución de la República Francesa», y así es como se ha hecho uso de ella. El lector advierte enseguida que es, de principio a fin, un montón de bellas palabras que ocultan una intención sumamente fraudulenta. Su propia letra hace imposible violarla, porque cada una de sus disposiciones contiene su propia antítesis: se anula por completo a sí misma. Por ejemplo: «El sufragio es directo y universal», «salvo en los casos que determine la ley».
Por eso no puede decirse que la ley del 31 de mayo de 1850 (que priva del sufragio a dos tercios de la población) viole en absoluto la Constitución.
La Constitución repite una y otra vez la fórmula de que la regulación y la limitación de los derechos y libertades del pueblo (por ejemplo, del derecho de asociación, del sufragio, de la libertad de prensa, de la enseñanza, etc.) las fijará una ley orgánica posterior; y estas «leyes orgánicas» «determinan» la libertad prometida aniquilándola. Este truco de prometer la libertad plena, de sentar los más bellos principios y de dejar su aplicación, los detalles, a la decisión de «leyes posteriores», lo ha tomado la burguesía austriaca y prusiana de sus modelos franceses, pues lo mismo se hizo en la Constitución francesa de 1830 y en las Constituciones anteriores.
¡Pueblo! Preocúpate tanto de los detalles como de los principios antes de llegar al poder. ¡Por eso precisamente se luchó en la Convención inglesa14 por este punto!
Las únicas cláusulas precisas y definitivas de toda la Constitución son las relativas a la elección del presidente (§ 45) y a la revisión de la Constitución (§ 11).15 Son las únicas disposiciones que pueden violarse, porque son las únicas que no se contradicen a sí mismas.
La Asamblea constituyente de 1848 las dirigió directamente contra Bonaparte, cuyas intrigas en torno a la presidencia alarmaban a los diputados.
Las eternas contradicciones de esta farsa de Constitución muestran con suficiente claridad que la burguesía puede ser democrática de palabra, pero no en sus actos: reconocerá la verdad de un principio, pero nunca la llevará a la práctica; y la verdadera «Constitución» de Francia no está en la Carta que hemos reproducido, sino en las leyes orgánicas dictadas sobre su base, que hemos esbozado brevemente para el lector. Los principios estaban ahí; los detalles se dejaron para el futuro, ¡y con esos detalles se volvió a elevar a ley la más desvergonzada tiranía!
El grado extremo de despotismo alcanzado en Francia se hace patente en las siguientes disposiciones para los obreros:
Cada obrero recibe de la policía una libreta16 cuya primera página contiene su nombre, edad, lugar de nacimiento, oficio o profesión y una descripción de su persona. Está obligado a anotar en ella el nombre del patrono para quien trabaja y los motivos por los que lo deja. Pero eso no es todo: la libreta se entrega al patrono, que la deposita en la oficina de policía con una calificación del obrero. Cuando un obrero deja su empleo, tiene que ir a la oficina de policía a recoger la libreta; no puede aceptar otro empleo sin presentarla. Así, el pan del obrero depende por completo de la policía. Pero tampoco eso es todo: esta libreta hace las veces de pasaporte. Si el obrero ha caído en desgracia, la policía escribe en ella: «válido para regresar a su lugar»,17 ¡y tiene que volver a su lugar de origen! ¡La revelación de este hecho espantoso no necesita comentario! Dejemos al lector que se figure por sí mismo todo su alcance y que siga el rastro de sus consecuencias reales. Ni siquiera en la servidumbre de la época feudal ni en el sistema de parias de la India se encuentra nada parecido. ¿Es de extrañar que el pueblo francés aguarde la hora del levantamiento? ¿Es de extrañar que su indignación desate una tormenta? Fue clemente en 1830, fue clemente en 1848; pero desde entonces su libertad ha sido malvendida y su sangre derramada a raudales; todas las cárceles de Francia están llenas de condenados a perpetuidad, 15.000 fueron deportados de una sola vez, y ahora pesa sobre él el terrible despotismo que hemos descrito. ¿Es de extrañar que la burguesía tema al pueblo y tense sus últimas fuerzas para aplazar la hora del desquite? Pero está dividida en sí misma. Tiene demasiadas aspiraciones contradictorias, y la primera en el programa es:
EL JUEGO DE NAPOLEÓN
La cuestión es ahora si se prorrogará el mandato del presidente y se revisará la Constitución. Napoleón no puede ser reelegido sin una ruptura abierta de la Constitución: en primer lugar, porque no puede ser reelegido antes de que transcurra un período de cuatro años desde el fin de su mandato y, en segundo lugar, porque la Constitución solo puede modificarse por una mayoría de dos tercios.18 No hay tal mayoría en esta cuestión, y por eso no es posible una reelección constitucional.
Por eso a Bonaparte solo le queda una alternativa: desafiar la Constitución, empuñar las armas y dirimir el asunto por la fuerza, o entregar su cargo conforme a la ley en el plazo prescrito. En este último caso, Cavaignac19 sería presidente y la república de la burguesía quedaría consumada. En el primer caso, las consecuencias son más complicadas.
Por eso el juego de Napoleón consiste ahora en atizar el descontento del pueblo. La burguesía es enemiga de Napoleón; el pueblo lo sabe, y entre ellos existe un lazo de simpatía. Pero él comparte con la burguesía el estigma de la opresión; si consigue descargarlo por completo de sus hombros sobre los de ella, habrá eliminado un gran obstáculo.
Que eso es lo que pretende lo demostró su reciente discurso de Dijon,20 en el que dijo:
«La Asamblea Nacional ha puesto en vigor todas las leyes malas; toda ley buena que yo he propuesto ha sido rechazada o mutilada por esa corporación. Han frustrado todos mis esfuerzos por mejorar vuestra situación y han puesto obstáculos a las mejoras donde no los había.»
Así se esfuerza por desviar el rayo de su cabeza hacia la Asamblea. Entretanto, el ejército está más bien de su parte que de la de esa corporación, y la miseria del pueblo es tal que, en opinión de la gran masa, casi cualquier cambio tendría que ser una mejora, mientras que los clarividentes no son más que una minoría.
Por eso, si la burguesía, ante la determinación de Napoleón, se arriesgara quizá a la lucha bajo Cavaignac, el pueblo combatiría sin duda contra ella, y Napoleón combatiría del lado del pueblo. Unidos, resultarían demasiado fuertes para la Asamblea. Pero entonces llegaría el momento crítico en que la Asamblea descubriría que el pueblo está a punto de vencer, y elegiría el menor de los dos males. Preferiría un imperio o una dictadura de Napoleón a una república democrática y social, y por eso llegaría a un acuerdo con el presidente. Como este teme al poder democrático tanto como ella, aceptaría su ayuda. El ejército, o al menos una parte de él, quedaría todavía más entregado a Napoleón por la excitación, el peligro y la «gloria» de la lucha, y la contienda adquiriría así un rostro nuevo: el ejército y la burguesía contra el pueblo. El desenlace depende del valor, la inteligencia y la unidad del pueblo. El juego de Napoleón consiste en lanzar primero al pueblo contra la burguesía, luego a la burguesía contra el pueblo, y en servirse del ejército contra ambos.
El futuro está preñado de grandes acontecimientos, y la Francia actual es uno de los objetos de estudio más interesantes que ofrece la historia.
En abril de 1849 la República Francesa envió un cuerpo expedicionario al mando del general Oudinot contra la República romana, que tomó Roma en julio y restableció el poder temporal del papa. ↩
La insurrección de los obreros de París del 23 al 26 de junio de 1848, aplastada por el general Cavaignac. ↩
El Alto Tribunal de Justicia, previsto en la Constitución para juzgar los atentados contra la seguridad del Estado. ↩
Por decreto de la Asamblea Nacional del 27 de junio de 1848, los insurrectos de junio presos fueron condenados a deportación sin proceso. ↩
Según la MEW, Notes to the People da aquí la fecha del 23 de julio de 1850. ↩
La ley Falloux, que puso la enseñanza bajo la vigilancia de la Iglesia católica. ↩
En francés en el original: conseil supérieur de l'instruction publique. ↩
En francés en el original: recteurs. ↩
La ley del 31 de mayo de 1850 exigía tres años de domicilio en el mismo municipio para poder votar, comprobado por la inscripción en el impuesto personal, lo que excluía a los obreros que cambiaban de residencia en busca de trabajo. ↩
El 13 de junio de 1849, la Montaña, el grupo parlamentario de los demócratas pequeñoburgueses, convocó en París una manifestación contra la expedición de Roma, que fue disuelta por la tropa; varios de sus diputados fueron procesados ante la Haute Cour. ↩
Luis Napoleón Bonaparte (1808-1873), sobrino de Napoleón I, presidente de la República desde diciembre de 1848 y, tras el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851, emperador con el nombre de Napoleón III. Había sido ciudadano del cantón suizo de Turgovia y, el 10 de abril de 1848, se alistó en Londres como condestable especial, voluntario de la policía contra la manifestación cartista. ↩
Según la MEW, Notes to the People dice aquí, por errata evidente, clergy (clero) en lugar de clerks (funcionarios). ↩
El 15 de mayo de 1848 los clubes de París invadieron la Asamblea Nacional; sus jefes, entre ellos Armand Barbès (1809-1870) y Louis-Auguste Blanqui (1805-1881), fueron condenados por la Haute Cour en Bourges en 1849. ↩
La Convención cartista reunida en Londres en la primavera de 1851. ↩
Así en la edición que traducimos; se trata del § 111. ↩
La libreta obrera (livret d'ouvrier), obligatoria en Francia desde el Consulado. ↩
En francés en el original: «bon pour retourner chez lui». ↩
El § 111, citado más arriba, exige en realidad una mayoría de tres cuartos. ↩
Louis-Eugène Cavaignac (1802-1857), general republicano, jefe del poder ejecutivo tras la insurrección de junio de 1848 y candidato derrotado por Bonaparte en las elecciones presidenciales de diciembre de 1848. ↩
El discurso que Luis Bonaparte pronunció en Dijon el 1 de junio de 1851. ↩