Escrito en inglés por Karl Marx en Londres el 18 de junio de 1858 y publicado en el New-York Daily Tribune, núm. 5366, del 2 de julio de 1858. Traducido del original inglés según la transcripción de Tony Brown en el Marx-Engels Archive (marxists.org), cotejado con la versión alemana de Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, tomo 12 (Berlín, 1961, pp. 507-511), por la Escuela de marxismo, 2026. Las notas son nuestras. Texto original en inglés.

Londres, 18 de junio de 1858

En la sesión de la Cámara de los Lores del 17 de junio, el obispo de Oxford1 planteó la cuestión de la trata de esclavos al presentar una petición contra ella de la parroquia de St. Mary, en Jamaica. La impresión que estos debates no pueden dejar de producir en toda mente que no tenga fuertes prejuicios es la de una gran moderación por parte del actual gobierno británico y de su firme propósito de evitar todo pretexto de disputa con los Estados Unidos. Lord Malmesbury2 abandonó del todo el «derecho de visita» en lo que toca a los buques con pabellón norteamericano con la siguiente declaración:

«Los Estados Unidos dicen que en ningún caso, con ningún fin y por ninguna sospecha podrá abordarse un buque que enarbole el pabellón norteamericano, salvo por un buque norteamericano, si no es por cuenta y riesgo del oficial que lo aborde o lo detenga. No he admitido el derecho internacional tal como lo ha formulado el ministro norteamericano de Asuntos Exteriores hasta que esa declaración fue aprobada y reforzada por los juristas de la Corona. Pero, una vez admitido, he expuesto al gobierno norteamericano con la mayor fuerza posible que, si se sabe que el pabellón norteamericano cubre toda iniquidad, todo pirata y todo negrero de la tierra lo llevará, y ningún otro; que esto ha de traer el deshonor a esa honrada bandera, y que, en lugar de defender el honor del país con una adhesión obstinada a su actual declaración, se seguirá el resultado contrario: que el pabellón norteamericano se prostituirá a los peores fines. Seguiré insistiendo en que en estos tiempos civilizados, con innumerables buques que surcan el océano, es necesario que haya una policía en el océano; que haya, si no un derecho conforme al derecho internacional, un acuerdo entre las naciones sobre hasta dónde llegarían para comprobar la nacionalidad de los buques y averiguar su derecho a llevar un pabellón determinado. Por el lenguaje que he empleado, por las conversaciones que he tenido con el ministro norteamericano residente en este país y por las observaciones contenidas en un documento muy capaz redactado por el general Cass3 sobre este asunto, no carezco de una fuerte esperanza de que pueda llegarse con los Estados Unidos a un arreglo de este tipo que, con las órdenes dadas a los oficiales de ambos países, nos permita comprobar los pabellones de todos los países sin correr el riesgo de ofender al país al que pertenece un buque.»

Tampoco en los bancos de la oposición se intentó defender el derecho de visita de Gran Bretaña frente a los Estados Unidos, sino que, como observó el conde Grey,4

«los ingleses tenían tratados con España y otras potencias para impedir la trata de esclavos, y si tenían motivos razonables para sospechar que un buque se dedicaba a ese abominable tráfico y que había usado por el momento el pabellón de los Estados Unidos, que no era en absoluto un buque norteamericano, tenían derecho a darle alcance y registrarlo. Pero si presentaba los papeles norteamericanos, aunque fuera lleno de esclavos, era su deber dejarlo ir y dejar a los Estados Unidos la deshonra de ese inicuo tráfico. Esperaba y confiaba en que las órdenes a sus cruceros fueran estrictas a este respecto, y en que cualquier exceso en la discrecionalidad que se permitía a sus oficiales en esas circunstancias recibiera el debido castigo».

La cuestión gira entonces exclusivamente sobre este punto, y hasta este punto parece abandonarlo lord Malmesbury: si se puede o no exigir a los buques sospechosos de usurpar el pabellón norteamericano que presenten sus papeles. Lord Aberdeen5 negó rotundamente que pudiera surgir controversia alguna de tal práctica, puesto que las instrucciones con arreglo a las cuales debían proceder los oficiales británicos en un caso así (instrucciones redactadas por el doctor Lushington y sir G. Cockburn)6 se habían comunicado en su momento al gobierno norteamericano, y el señor Webster,7 en nombre de ese gobierno, las había aceptado. Por tanto, si no había habido cambio alguno en esas instrucciones y si los oficiales habían actuado dentro de sus límites, «el gobierno norteamericano no podía tener motivo de queja». Parecía flotar, en efecto, en la mente de la sabiduría hereditaria una fuerte sospecha de que Palmerston había hecho una de sus jugadas de costumbre introduciendo algún cambio arbitrario en las órdenes dadas a los cruceros británicos. Se sabe que Palmerston, mientras se jactaba de su celo en la supresión de la trata, había roto, durante los once años de su gestión de los asuntos exteriores que terminaron en 1841, todos los tratados existentes sobre la trata de esclavos, había ordenado actos que las autoridades jurídicas británicas declararon delictivos, que llegaron a someter a uno de sus instrumentos a un proceso judicial y que pusieron a un negrero bajo la protección de la ley inglesa frente a su propio gobierno. Eligió la trata de esclavos como campo de batalla y la convirtió en mero instrumento para provocar disputas entre Inglaterra y otros Estados. Antes de dejar el cargo en 1841 había dado instrucciones que, en palabras de sir Robert Peel,8 «habrían conducido, de no haber sido revocadas, a un choque con los Estados Unidos». Según sus propias palabras, había ordenado a los oficiales de marina «no tener muy escrupuloso respeto por el derecho de gentes». Lord Malmesbury, aunque en un lenguaje muy reservado, dio a entender que «al enviar las escuadras británicas a las aguas de Cuba en lugar de dejarlas en la costa de África», Palmerston las había retirado de un puesto donde, antes del estallido de la guerra con Rusia, casi habían logrado extinguir la trata, para llevarlas a un lugar donde poco más podían hacer que buscar pendencia con los Estados Unidos. Lord Wodehouse,9 el último embajador del propio Palmerston en la corte de San Petersburgo, coincidiendo en esta manera de ver el asunto, observó que

«fueran cuales fueran las instrucciones dadas, si el gobierno autorizaba a los buques británicos a ir en tal número a las aguas norteamericanas, tarde o temprano surgiría una desavenencia entre nosotros y los Estados Unidos».

Sin embargo, fueran cuales fueran las intenciones secretas de Palmerston, es evidente que el gobierno tory las desbarata en 1858, como se desbarataron en 1842, y que el grito de guerra lanzado con tanto brío en el Congreso y en la prensa está condenado a quedarse en «mucho ruido y pocas nueces».10

En cuanto a la cuestión de la trata misma, el obispo de Oxford, así como lord Brougham,11 denunciaron a España como el principal sostén de ese nefando tráfico. Ambos instaron al gobierno británico a obligar a ese país, por todos los medios a su alcance, a seguir una política acorde con los tratados existentes. Ya en 1814 se concertó entre Gran Bretaña y España un tratado general por el que esta condenó de forma inequívoca la trata de esclavos. En 1817 se concluyó un tratado específico por el que España fijaba para el año 1820 la abolición de la trata por parte de sus propios súbditos y recibía, en compensación de las pérdidas que sus súbditos pudieran sufrir por el cumplimiento del contrato, una indemnización de 400.000 libras. El dinero se embolsó, pero no se dio nada a cambio. En 1835 se concertó un nuevo tratado por el que España se obligaba formalmente a dictar una ley penal lo bastante severa para que a sus súbditos les fuera imposible continuar el tráfico. Se volvió a cumplir a rajatabla el dilatorio proverbio español: «A la mañana».12 Solo diez años después se aprobó la ley penal; pero, por un singular contratiempo, se dejó fuera la cláusula principal por la que luchaba Inglaterra, a saber, la que declaraba piratería la trata de esclavos. En una palabra, no se hizo nada, salvo que el capitán general de Cuba, el ministro en la metrópoli, la camarilla y, si los rumores dicen verdad, hasta personas reales impusieron un tributo privado a los negreros, vendiendo la licencia para traficar con carne y sangre humanas a tantos doblones por cabeza.

«España», dijo el obispo de Oxford, «no tenía la excusa de que este tráfico fuera un sistema que su gobierno no tuviera fuerza para suprimir, porque el general Valdés13 había demostrado que tal alegato no podía sostenerse con ninguna apariencia de verdad. A su llegada a la isla convocó a los principales contratistas y, dándoles seis meses para liquidar todas sus operaciones de trata, les dijo que estaba resuelto a acabar con ella al término de ese plazo. ¿Cuál fue el resultado? En 1840, el año anterior a la administración del general Valdés, el número de buques que llegaron a Cuba con esclavos desde la costa de África fue de 56. En 1842, siendo capitán general el general Valdés, el número fue solo de 3. En 1840 se desembarcaron en la isla no menos de 14.470 esclavos; en 1842, la cifra fue de 3.100.»

¿Qué ha de hacer entonces Inglaterra con España? ¿Repetir sus protestas, multiplicar sus despachos, renovar sus negociaciones? El propio lord Malmesbury declara que podrían cubrirse todas las aguas desde la costa española hasta Cuba con los documentos intercambiados en vano entre ambos gobiernos. ¿O ha de hacer valer Inglaterra sus derechos, sancionados por tantos tratados? Ahí es donde aprieta el zapato. Entra en escena la siniestra figura del «augusto aliado», hoy reconocido ángel de la guarda de la trata de esclavos. El tercer Bonaparte, patrón de la esclavitud en todas sus formas, prohíbe a Inglaterra obrar conforme a sus convicciones y a sus tratados. De lord Malmesbury, como es sabido, se sospecha mucho que tiene una intimidad indebida con el héroe de Satory.14 No obstante, lo denunció sin rodeos como el negrero general de Europa, como el hombre que había resucitado el infame tráfico en sus peores rasgos con el pretexto de la «libre emigración» de los negros a las colonias francesas.15 El conde Grey completó esta denuncia declarando que «se habían emprendido guerras en África con el fin de hacer cautivos para venderlos a los agentes del gobierno francés». El conde de Clarendon16 añadió que «España y Francia eran rivales en el mercado africano, ofreciendo una cierta suma por hombre; y no había la menor diferencia en el trato de esos negros, ya se los llevara a Cuba o a una colonia francesa».

Tal es, pues, la gloriosa posición en que se encuentra Inglaterra por haber prestado su ayuda a ese hombre para derribar la República. La Segunda República, como la Primera, había abolido la esclavitud.17 Bonaparte, que adquirió su poder únicamente halagando las pasiones más bajas de los hombres, no puede prolongarlo sino comprando día tras día nuevos cómplices. Así, no solo ha restablecido la esclavitud, sino que ha comprado a los plantadores con el restablecimiento de la trata. Todo lo que degrada la conciencia de la nación es un nuevo plazo de poder que se le concede. Convertir a Francia en una nación negrera sería el medio más seguro de esclavizar a Francia, que, cuando era ella misma, tuvo la audacia de proclamar ante el mundo: «¡Perezcan las colonias, pero vivan los principios!».18 Algo al menos ha conseguido Bonaparte. La trata de esclavos se ha convertido en grito de guerra entre el campo imperialista y el campo republicano. Si la República francesa se restablece hoy, mañana España se verá obligada a abandonar el infame tráfico.

  1. Samuel Wilberforce (1805-1873), obispo anglicano de Oxford, hijo del abolicionista William Wilberforce. ↩

  2. James Howard Harris, conde de Malmesbury (1807-1889), ministro de Asuntos Exteriores en los gobiernos tories de Derby de 1852 y de 1858-1859. ↩

  3. Lewis Cass (1782-1866), político demócrata, secretario de Estado de los Estados Unidos de 1857 a 1860. En la primavera de 1858 los cruceros británicos que vigilaban la trata en el golfo de México y en aguas de Cuba habían detenido y registrado buques norteamericanos, lo que provocó protestas en el Congreso y en la prensa de los Estados Unidos. ↩

  4. Henry George Grey, tercer conde Grey (1802-1894), político whig, ministro de las Colonias de 1846 a 1852. ↩

  5. George Hamilton-Gordon, conde de Aberdeen (1784-1860), ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de Peel (1841-1846) y primer ministro de 1852 a 1855. ↩

  6. Stephen Lushington (1782-1873), jurista abolicionista, juez del Tribunal del Almirantazgo; sir George Cockburn (1772-1853), almirante y lord del Almirantazgo. ↩

  7. Daniel Webster (1782-1852), secretario de Estado de los Estados Unidos, firmó con lord Ashburton el tratado de 1842 que, entre otras cosas, comprometía a ambos países a mantener escuadras contra la trata en la costa de África. ↩

  8. Sir Robert Peel (1788-1850), primer ministro tory de 1834 a 1835 y de 1841 a 1846. ↩

  9. John Wodehouse, barón Wodehouse (1826-1902), diplomático whig, embajador en San Petersburgo de 1856 a 1858. ↩

  10. Título de la comedia de Shakespeare Much Ado About Nothing. ↩

  11. Henry Brougham (1778-1868), jurista y político whig, antiguo lord canciller, veterano de la campaña contra la esclavitud. ↩

  12. En español en el original. ↩

  13. Jerónimo Valdés (1784-1855), militar español, capitán general de Cuba de 1841 a 1843. ↩

  14. Luis Bonaparte, por las revistas militares de Satory de 1850, en las que se ganó a las tropas con agasajos. ↩

  15. Con el pretexto de la «libre emigración», el Segundo Imperio autorizó desde 1857 el reclutamiento de trabajadores africanos «rescatados» como engagés para las Antillas francesas y la Reunión; el escándalo del buque Regina Coeli, en 1858, puso al descubierto que era una trata encubierta. ↩

  16. George Villiers, conde de Clarendon (1800-1870), ministro de Asuntos Exteriores británico de 1853 a febrero de 1858. ↩

  17. La Convención abolió la esclavitud en las colonias francesas en 1794 (Napoleón la restableció en 1802); la Segunda República la abolió de nuevo por el decreto del 27 de abril de 1848. ↩

  18. Frase pronunciada en la Asamblea Constituyente en mayo de 1791, en el debate sobre los derechos de los hombres de color libres de las colonias; se atribuye a Robespierre y a Dupont de Nemours. ↩