Alarma, nueva serie, n.º 5, junio 1964 (págs. 1-5). PDF del número completo

No es simple coincidencia cronológica que el despertar político del proletariado español y el plan de desarrollo económico se produzcan simultáneamente. Pero lejos de tratarse de la simultaneidad de dos factores complementarios e inseparables que se favorezcan recíprocamente, son excluyentes entre sí, tan incompatibles como la claridad y las tinieblas. Todavía ambos se hallan en estado incipiente, mas en los años inmediatos uno de los dos dará cuenta del otro.

Siempre a rastras del extranjero pese su inflada patriotería, el capitalismo español intenta ponerse a nivel con el de Europa occidental y entrar en el mercado común con posibilidades de competir. El propio capitalismo occidental, el yankee en cabeza, ha asesorado y supervisado las medidas llamadas de saneamiento y el plan de desarrollo industrial y agrícola cuya ejecución quiere principiar ahora. Basta ver en que consiste ese desarrollo y cómo ha de realizarse para comprender que es preciso impedir que llegue a término, pues representaría una nueva derrota para las masas trabajadoras.

Tomemos como ejemplo el Plan de expansión de la minería asturiana de la hulla. Se engrana en el Plan de desarrollo nacional, en nada importante difiere de él y tiene la ventaja de ser, gracias a la acometividad del proletariado astur, muy explícito en el aspecto político, que silencia el plan nacional. En otro número de Alarma mostraremos que éste extiende desde Galicia y Vasconia hasta Andalucía el mismo principio de esquilmación.

Las 18 compañías mineras mas importantes han elaborado, a petición ministerial, el plan de expansión provincial. Prevé éste, para el año 1975, una producción anual de 30 millones de toneladas, o sea el doble de la actual. Veamos lo que solicitan a tal fin las compañías y las consecuencias de la ejecución del proyecto para los trabajadores.

En primer lugar, el Plan requiere una inversión total de 15.000 millones de pesetas que han de ser obtenidos mediante créditos a rédito bajo y largo plazo de amortización: empréstito al 3 % garantizado por el Estado, reembolsable en 20 años sin que en los 4 primeros estén las compañías obligadas a pagar otra cosa que los réditos. También solicitan los honorables capitalistas una reducción del 50 % de los impuestos estatales, provinciales y municipales, garantías de que no recaerán sobre ellos otros nuevos y de que "por ningún concepto" se suprimirán los actuales derechos de aduana pagados por los carbones importados. Añadiendo a esas bicocas la "garantía contra el aumento de los salarios", cien veces repetida en las páginas del Plan, y la libertad de precios del carbón, las empresas mineras obtendrán "ganancias superiores a las de las empresas medias españolas".

Tan alagüeño para el capital, el Plan de expansión se vuelve tétrico y amenazante en cuanto se trata de los obreros y de la organización del trabajo. Una de las primeras medidas de su aplicación será la jubilación forzosa de cuantos siguen trabajando pasada la edad y también de quienes, sin haberla alcanzado, se hallen disminuidos por enfermedad profesional. Un tribunal médico patrono-estatal decidirá sin apelación esos casos, estimados por el Plan en el 5 % de la plantilla obrera, es decir, más de 2.000 hombres.

El mismo "tribunal" determinará, "según pruebas funcionales medibles... si el estado físico de un obrero le permite trabajar en el puesto que ocupa, si debe trasladársele a otro, si debe ser alejado del trabajo provisional o definitivamente, decidiendo el retiro que correspondiere o bién el puesto que convenga a la disminución de su capacidad física".

Los obreros en pleno vigor quedarán no menos sujetos a los dictados de una "Comisión de productividad" que determinará, en un período de 12 meses, "las calificaciones justas" de todos los puestos de trabajo, sean de fondo, del exterior o los auxiliares. Decidirá también si los obreros están o no capacitados para los trabajos que actualmente desempeñan, sin dejar en su puesto actual sino aquellos cuya aptitud coincida con el dictamen de la Comisión, no muchos según los redactores del Plan. Por si fuera poco, éste reclama también "fluidez para la reducción de las plantillas y libertad de traslado del personal dentro de la empresa, sin tener en cuenta su antigüedad".

La calificación técnica de todos los puestos de trabajo pretende no sólo dividir a los obreros agrandando las diferencias de paga y el número de ellas, sino también reducir toda actividad a un destajo, una norma, un tiempo de ejecución muy mal pagados, a partir de los cuales las primas y pluses diversos constriñan cada obrero a rendir más en cada unidad de tiempo o a mendigar horas extra. Los redactores del Plan lo proclaman sin ambages: "Una elevada productividad individual, débase a mayor esfuerzo, a mejor organización o a mejores métodos de utilización de los instrumentos de trabajo, tendrá para todo obrero compensación en su trabajo a destajo, mientras las primas de 75 y 20 pts. por tonelada establecidas para el ritmo de aumento de la productividad, compensarán al conjunto de los trabajadores de una empresa proporcionalmente a la productividad que ésta alcance".

Por tales procedimientos, los autores del Plan esperan imponer un avance en las galarías de UN METRO por día, en lugar de los 12 metros mensuales de hoy, y un rendimiento de 1.000 kilos de carbón lavado por jornada, es decir, por cada hombre.

Sabiendo bién que los puercos incentivos del destajo y las primas no bastarán para doblegar a los mineros, el Plan prevé "una amplia escala de sanciones por falta de rendimiento", y "el castigo por ausencias injustificadas", sanciones y castigos que irían desde la pérdida de primas y de derechos de antigüedad hasta el despido. Sólo de aquí, el Plan espera un aumento anual de 700.000 toneladas de carbón, sin contar el mayor rendimiento que pretende imponer.

Una y otra vez, el texto insiste en que no puede haber aumentos de salarios durante la aplicación del Plan, a fin de bajar los costes y amortizar rápidamente el capital. Hacia el final reitera: "Hay que disipar la ilusión de que al bajar los costes la diferencia podrá distribuirse al personal". "El aumento de los salarios y en general de las prestaciones... han de venir, ante todo, de una producción mayor por parte del obrero". Por el contrario, "el salario de los mandos, vigilantes comprendidos", no será "dependiente de los obreros a su cargo, sino función de sus conocimientos superiores, su responsabilidad y otros factores" (delación, por ejemplo), "para primar y distinguir al profesional capacitado del inepto y poco activo".

"Reforzar el principio de autoridad", con el cual precisamente debe acabar el proletariado, es obsesión de los planeantes. Además de las medidas coercitivas y represalias económicas enumeradas, han ideado una "Escuela de formación profesional" en la cual se darían "clases prácticas de relaciones humanas, sobre la idea de autoridad y el respeto que se debe tener hacia su superior, que dirige una industria" etc. Equivale a decir que el criterio fundamental de la calificación profesional será la sumisión del trabajador, y mejor aun su servilismo.

Supuestas condiciones ideales para el capital, el Plan se realizaría en 10 años y no en 13, a su término habría una producción de carbón superior al doble de la actual, mientras el número de obreros bajaría, en cifras redondas, de 42.000 a 38.000. A menos, porque en el curso de los 10 años nuevas máquinas desalojarían del trabajo a más hombres, y mucho menos proporcionalmente, puesto que está prevista la entrada en actividad de otros pozos: 7 nuevos y 15 ahondados.

Hasta ahí el proyecto. Pero sus autores ven en lo vivo que las condiciones ideales de aplicación, una clase obrera sumisa, resignada a no ganar una peseta más sin darle cien al capital y que olvide la idea de revolución socialista, se desvanecen ante su propio ojos y a despecho de la represión policíaca. El párrafo siguiente, al final del Plan, debiera bastar para inspirar al proletariado, por rechazo, todo un programa de defensa y ataque:

"Toda la ayuda pedida, e incluso el doble si pudiera obtenerse, no produciría los efectos necesarios si previamente no se restablece la calma perdida en los medios obreros desde hace mucho tiempo desgraciadamente, y también si no se mantiene con la dignidad necesaria el principio de autoridad". "Francamente, no creemos que la situación actual pueda y deba continuar. Hacen falta verdaderos representantes de los trabajadores y que éstos cumplan su obligación... organismos de creación nueva a que aspiramos y lo declaramos con toda sinceridad".

Todavía las últimas líneas del texto son para machacar sobre lo mismo. Tan incierta es la situación, el mañana inmediato para quienes han sido amos absolutos y feroces durante 25 años, que ahora se ven en la necesidad "sincera" de reclamar sindicatos diferentes de los falangistas, a fin de que encallejonen al proletariado con otra fraseología, y consientan la ejecución de sus proyectos reduciendo las reivindicaciones a meros reajustes con las necesidades del Plan, y las huelgas, legalizadas, a unas cuantas horas.

A la misma conclusión que las 18 compañías llegaba Abadíe Otermín, ex-gobernador de Asturias durante años, antiguo falangista, en un informe oficial del año pasado:

Hasta el decenio 50, "el ejército y las fuerzas de orden público mantuvieron su presencia en las cuencas mineras, donde se encontraban acuarteladas fuerzas de regulares. El Estado se sentía entonces fuerte para mantener una rígida autoridad".

No pudiendo recurrir de nuevo a esa "profilaxis", el control del aparato sindical debe pasar a los mandos electivos y a los 'asesores' y 'secretarios' de la línea administrativa, como ocurre en todo el mundo, y desde ahora debemos preparar ya nuestros hombres para dar la batalla en este sentido y controlar la Organización sindical 'desde dentro' y no desde arriba, como ha demostrado posible la experiencia de los sindicatos peronistas".

Por su lado, la Iglesia, que sabe lo que hace y disfruta de cuanta libertad le da la gana, tiene ya dispuestos sus cuadros burocráticos sindicales, las llamadas Hermandades Obreras de Acción Católica, destinadas a aprisionar la clase obrera y dar vía libre al Plan de desarrollo nacional, para cuya faena han dejado de servir los sindicatos falangistas.

La clase obrera, que ya lucha instintivamente contra el Plan nacional, desde Asturias a Andalucía, debe, por el contario, impedir deliberadamente su realización, bajo este o bajo cualquier otro régimen. La clave del Plan es un sistema de paga a destajo, controles, normas, primas, etc., que ha de agrandar la desproporción entre lo que el trabajador cobra y el valor del producto de su trabajo. Dicho con cifras: Suponiendo que el precio medio del carbón pase a 1.000 pts. (hoy 800) y que en el mismo lapso el salario medio llegue a 8.000 pts. mensuales (1), puesto que el plan prevé una tonelada diaria por hombre, los obreros cobrarán al mes el valor de su producción en 8 días, el resto del mes, 18 días trabajarán gratis. Eso hace 18.000 pesetas mensuales por cabeza, y contando 38.000 obreros, la suma de 684 millones de pesetas que se embolsará el capital un mes tras otro con el sudor ajeno; al año 8.208 millones de pts. En realidad, el precio del carbón subirá más y el salario medio no tanto.

A la fórmula capitalista: "ningún aumento de salario sin previo aumento del esfuerzo y del rendimiento del trabajador", el proletariado debe oponer la suya: MENOS TRABAJO, MAS PAGA. Es inmediatamente realizable mermando la parte de trabajo no pagado que va a engrosar el capital, y desarrollada en todos sus aspectos replanteará la necesidad de acabar con el capitalismo, única forma de aprovechar la técnica y la organización del trabajo en pro del bienestar y de la libertad en general. (Véase a continuación de este editorial).

Por relación a esa lucha económica y política al mismo tiempo, anti-capitalista y por lo tanto la única anti-franquista a fondo, la reclamación de nuevos sindicatos se revela ya una maniobra envolvente del capitalismo, que bién podría completarse con la nacionalización de las minas. La mejor manera de contrarrestarla es reclamando la verdadera democracia: designación de comités obreros permanentes en cada unidad de producción, de comités de huelga a cada conflicto, elegidos con entera libertad de reunión y de palabra por todos los trabajadores. No podrá haber nunca otros representantes legítimos y autorizados.

Entre el Plan de desarrollo y los intereses de las masas hay contraposición absoluta. La lucha contra él ha de culminar en la revolución social, que imprimirá a la economía vuelo ilimitado con tiempo de trabajo decreciente, y consumo tan amplio como lo exigen las necesidades humanas de libre desarrollo individual. Los revolucionarios deben reivindicar y explicar a las masas trabajadoras las medidas conducentes a ello, y denunciar todo plan basado en la paga al rendimiento, las primas, etc., como una estafa hecha al trabajador y un atentado a la sociedad entera.

* * *

Tres categorías de reivindicaciones deben orientar la lucha del proletariado en todo el país, a saber,

Económicas:

Menos trabajo, más paga.

Incorporación de las primas al salario cotidiano, supresión de todas las formas de trabajo a destajo y de las horas extra, sin disminución del promedio diario total de paga.

Todo aumento de la producción (su valor hoy), sea debido a mayor rendimiento del obrero o a perfeccionamientos técnicos debe ir, íntegro, a los trabajadores que colectivamente lo realizan.

Incorporación al trabajo de todos los parados y obreros jóvenes, disminuyendo las horas laborables proporcionalmente al número de obreros y a la eficacia de las máquinas, y sin merma de jornales.

Reducción de la semana de trabajo con paga igual.

De organización:

Supresión de las cronometraciones y controles que intensifican la explotación, atosigan al obrero y rebajan su dignidad personal.

Recusación de todo reglamento interior de empresa dictado por el patrono (burgués o Estado), o por éste y los sindicatos conjuntamente. El derecho de establecer un reglamento no debe corresponder sino a los trabajadores mismos.

Recusación de todo contrato de trabajo no discutido con el capital por delegados directos de los obreros y aprobado en asamblea general.

Elección democrática de delegados permanentes y de comités de huelga por los interesados, y por éstos mismos revocables en cualquier momento.

Políticas:

Libertad de palabra, asamblea, manifestación, organización e imprenta, al proletariado.

Vuelta al trabajo de los despedidos, desterrados o encarcelados por motivo de huelga o por otros motivos políticos.

¿Sucesión de Franco? No hay mas que una revolucionaria: PODER, ARMAS, ECONOMIA, AL PROLETARIADO.

(1) Media mensual de un picador en 1963: 6.578 pts.; de un obrero del Exterior: 3.540 pts. Esas cifras son posteriores a la huelga del mismo año.