Nulidad del estado de excepción

Alarma, n.º 12, mayo-junio 1969 (págs. 5-6). PDF del número completo

Si la declaración del estado de excepción en el país Vasco parecía corresponder a torvas exigencias policíacas frente a las organizaciones nacionalistas, en particular frente a los atentados de la ETA, su extensión posterior al país entero no podía tener el motivo oficialmente argüido. Tanto la agitación estudiantil como la obrera cobraron intensidad mayor años atrás, particularmente entre 1962 y 1964, sin que la dictadura tuviese que suspender su propio derecho. ¿Quien ignora dentro de España, no sólo que éste mismo es constantemente violado, sino también que los recursos de represión y aterrorización de que se ha provisto le consienten toda suerte de tropelías? El llamado "Fuero de los españoles" entroniza el desafuero permanente en su doble sentido: privación de derechos del ciudadano y despotismo gubernamental irrestricto. Cada detención, cada condena es en España un salvage atropello, casi siempre agravado por sevicias policíacas. El régimen, como por afinidad electiva, no es placable sino para estafadores, ladrones y criminales. Los opositores políticos, es decir, la población laboriosa en su totalidad, son para él botín de guerra y consigue conservarlo por ley de guerra únicamente.

A tal respecto, la repuesta en vigor de la ley dicha de terrorismo y bandidaje con su jurisdicción militar, es sobrado elocuente. Por semejante canon, la oposición política, aunque se trate sólo de la asistencia a una reunión, es juzgada como rebelión militar y penada en consecuencia. Mas ni aún esa puede ser tenida por justicia, siquiera militar, pues cada acusado, al llegar ante sus jueces, lleva ya anotada en su expediente la condena que el Consejo de guerra se limitará a comunicarle. Con tal arma ha gobernado Franco 30 años, treinta años durante los cuales, el estado de guerra, no ya el de excepción, no ha cesado contra sus opositores, los de 1936 y los nuevos en proliferación ininterrumpida. Así pues, en la medida en que un régimen puede prolongar sus años de vida mediante la represión, el régimen franquista no puede valerse de mayores procedimiento de terror que los normales en él, a menos de recurrir otra vez al asesinato de sus enemigos sin tapujo jurídico alguno. Es por demás evidente que las detenciones, deportaciones, registros domiciliarios, etc. llevados a cabo durante el estado excepción, podía haberlos efectuado el régimen sin necesidad de declararlo.

El aldabonazo se explica teniendo en cuenta que esta vez se traba de amedrentar también a los secuaces del régimen adversos a la sucesión monárquica deseada por Franco y por la camarilla de Carrero Blanco; no la del heredero del botarate Alfonso XIII, sino la del fachendón heredero del heredero. El régimen, basándose en la legitimidad que él premedita, ha querido endilgarnos como monarca al tal Juán Carlos, educado con esa mira bajo la palmeta de Franco. La proclamación del estado de excepción, casi simultánea a declaraciones del subheredero admitiendo el derecho del régimen a designarse sucesor, o sea, a colocar en el trono su propia personilla, infundió en los partidarios del papá el miedo esperado. Desde Luca de Tena y su "A B C" hasta los cortesanos de Estoril, abatidos, hicieron precipitadamente acto de sumisión "en bien de España". El de Estoril mismo anduvo remiso en reaccionar defendiendo "su" legitimidad, y lo hizo precavidamente, limitándose a indicar que su hijo no le había consultado. Es pués de presumir que si la tentativa falló débese a que el régimen no encontró en los mandos militares y en el alto clero, su cuerpo y alma reales, todos los concursos indispensables para dejar sentado de hecho, no sólo en su Ley, que él transmite la legitimidad monárquica y no el hijo del último rey. Podría ser también que en las antecámaras de Franco los diversos contubernios (felinos intereses personales y de grupo de por medio) hayan hecho empate. Pero eso revierte a lo dicho, puesto que los mandos militares y el alto clero huronean en uno y otro de los bandos. La mentalidad de los hombres del "glorioso movimiento" no da para otra cosa que esos despreciables ajetreos.

En contraste con ellos y con el desmayo de los monárquicos, el proletariado continuó actuando bajo el estado de excepción exactamente igual que antes. Mientras aquellos se humillaban, en Asturias, en Vasconia, en Cataluña y Andalucía estallaban huelgas, algunas contra la decisión gubernamental, otras reivindicativas o de salidaridad con presos y despedidos. La detención o la asignación a residencia forzada de centenares de personas, la mayoría pertenecientes a grupos sin filiación política bien definida, no impidió que la agitación y la actividad contra el régimen continuase. Entre los propios estudiantes, apenas reabiertas las facultades, reaparecieron los mismos problemas, los mismos choques con las autoridades. Y esas luchas no eran ciertamente para dirimir entre dos Borbones, sino para abrir camino al derecho revolucionario de la clase trabajadora.

El estado de urgencia se revelaba doblemente nulo: como truco para asegurar la sucesión monárquica buscada por Franco, y como instrumento de represión. Por añadidura, disminuía gravemente la afluencia de divisas por concepto turísitico. El gobierno hubo de resignarse a abrogarlo antes de su término normal, infligiendo un mentís a las propias razones alegadas para ponerlo en vigor.

Pero los trabajadores ya habían demostrado que la represión no puede contener sus luchas ni aun careciendo, como hasta ahora, de conexión las unas con las otras y de norte revolucionario consciente. El dia que adquieran una y otra, será el último del régimen y de la sociedad capitalista.

M. J. de Táliga