Alarma, tercera serie, n.º 3, [octubre de 1977] (págs. 6-7). PDF del número completo

Hace pocos días el Gobierno capitalista y su mal llamada oposición parlamentaria han firmado el Pacto de la Moncloa. Como en otro parte famoso, el capital puede ya repetir contento aquello de "La guerra ha terminado". Por lo menos —nadie lo duda— la guerra parlamentaria.

De unos cuantos plumazos, tantas firmas como traidores, se ha pactado ya a nivel gubernamental y "oposición democrática" la venta total de la clase trabajadora. Se han fijado los límites de incrementos salariales para el próximo año a cambio de una inconcreta promesa de congelación de precios de artículos básicos; se ha atado a la clase obrera de pies y manos y se la ha entregado a merced del capital totalmente indefensa; nunca tan claramente como ahora, con la democracia, se ha demostrado que la clase trabajadora no es mas que una mercancía con la cual se puede traficar. Las centrales sindicales ya legalizadas han respondido a esta maniobra cumpliendo plena y fielmente su papel: en un primer paso denunciaron el Pacto de la Moncloa POR NO HABER SIDO INVITADOS (es decir: no denuncian el Pacto en sí, sino el no haber podido participar en la traición); después, siguiendo las directrices de sus respectivos amos —los partidos políticos democráticos— han "analizado" el Pacto y lo han aceptado (¡qué remedio!).

La situación, pues, es la siguiente: El programa económico-social del gobierno está ya pactado y va a ser defendido contra la clase obrera por partidos democráticos y sindicatos libres. En los próximos convenios colectivos las líneas maestras de las negociaciones estarán ya marcadas; a espaldas de los trabajadores que van a defender la venta de su trabajo en unas condiciones económico-sociales más favorables, el gobierno, los partidos y los sindicatos habrán determinada ya las ventajas obreras a conceder (mínimas) y las ventajas del capital (máximas). España estará ya a nivel europeo... gracias a la democracia burguesa.

Efectivamente, las centrales sindicales van a representar un papel importante en esta nueva etapa, gracias a que los otros dos miembros del trío pactante (gobierno-partidos) están realmente interesados en conferir a los sindicatos una primacía en el mundo laboral; y esto por dos motivos clarísimos: la inestabilidad del sistema, representado por la falsa monarquía democrática, heredera del franquismo y la necesidad de domeñar a la clase obrera, tradicionalmente rebelde.

Para estabilizar el capital necesita una clase obrera dominada, sumisa, aborregada... en pocas palabras: sindicada.

En nombre de la "economía nacional" el gobierno (representando a la patronal), los partidos de la oposición democrático-burguesa y los sindicatos han preparado ya el esquema de los próximos convenios: aumentos de salarios inferiores al aumento del coste de la vida, disfrazados bajo la capa de "equilibración de salarios"; aumento de ritmos de trabajo; implantación de nuevas primas y destajos; recrudecimiento de la disciplina laboral (leyes, reglamentos, sindicación...); implantación de pactos laborales; prohibición de huelgas; preavisos para huelgas legales que deberán hacerse necesariamente en el marco sindical a fin de que los sindicatos puedan boicotearlas, etc. etc.

Y si unos trabajadores en su lucha intentan sobrepasar el marco fijado por todos sus enemigos, anteponiendo al ficticio "bien de la economía española" el más real de sus propias reivindicaciones, el gobierno y la patronal se empeñarán en negociar con los representantes sindicales y ante ellos fingirán ceder en algunos de los puntos a fin de que los sindicatos puedan presumir ante la clase obrera de su papel de "negociador apto y eficaz" y utilizar en el futuro estas "victorias de la cordura y el sindicalismos" para sus dos fines esenciales: domesticar a los trabajadores y actuar como rompe-huelgas.

En realidad el gobierno y la patronal ya buscan la mejor manera de conferir por medio de las leyes a las centrales sindicales la exclusiva de la representación y contratación de la clase obrera y por lo tanto también la posibilidad del esquirolaje no ya personal y vergonzoso sino a gran escala, la escala sindical.1

Si la clase obrera no actúa en contra, podemos asegurar ya que los convenios colectivos serán impuestos por vía sindical. Cualquiera que sean los regateos y hasta las huelgas que precedan a su firma, las cláusulas de los convenios serán fijadas por el trío estado-sindicatos-capital sin participación alguna de los que van a padecerlas: la clase obrera. Y a los flamantes sindicatos "libres" tocará la vergonzosa tarea —aceptada de antemano— de presentar ante la clase estos pobres resultados como una victoria, mientras en sus secretarías sólo se tendrá en cuenta la economía capitalista nacional.

Si se acepta la mediación sindical la clase obrera no podrá ejercer ni los derechos democrático-burgueses —es decir los de su propia condición de clase explotada y oprimida— ya que éstos le serán arrebatados y ejercidos por el sindicato, la institución que se autodenomina "representante de la clase". Más aún. En un proceso de desarrollo del capitalismo (o tras el triunfo de una contrarrevolución) los sindicatos y sus burócratas se fusionarán con el capital formando parte de la máquina estatal; pasarán de ser subordinados del capital a capitalistas, de pieza del conjunto explotador a mecanismo completo de explotación. Y la tan pregonada democracia es el camino seguro que conduce a este cambio mediante la destrucción de la clase obrera y sus intentos revolucionarios; es decir, mediante la contrarrevolución. Se trata en definitiva de gestionar el capital (etapa de oposición moderada) para dominarlo (capitalismo de estado).

Para la clase obrera está ya bien claro que la única posibilidad de realizar un convenio libremente aceptado por las dos partes es el hacerlo entre obreros de las diferentes unidades de producción buscando así el bien de la sociedad y la producción de lo necesario para el devenir común de la vida humana. Dicho de otra forma: eliminar el capital ya que con él todo pacto o convenio es imposible realizarlo en igualdad de condiciones por ser él quien domina la sociedad actual.

Pero esto no basta. Los trabajadores debemos ser conscientes de que nuestro enemigo no es sólo el capital sino también aquéllas instituciones y aquellos organismos que busquen identificarse con él en un futuro próximo a través de la máquina del Estado; de que los sindicatos en esta etapa democrática buscan suplantar a la clase para luego, ya dominada y encuadrada, poder destrozarla totalmente en la contrarrevolución e instaurar así el enemigo más descarado de la clase trabajadora: el capitalismo de Estado. Carrillo, Dolores, Camacho, etc. etc., saben mucho de esto.

Precisamente porque la clase obrera busca la destrucción total del capital, de las clases, de la explotación, del trabajo-mercancía-salario y —en resumen— de toda sociedad basada en la explotación de la mayoría por minorías (capitalistas o burócratas) debe ser consciente de que en el momento actual su lucha pasa por la denuncia del sindicato como forma de dominación clasista y por la anulación de su nefasta actuación.

En las empresas la lucha por los próximos convenios debe abarcar los dos frentes: capital y sindicato.

Frente a ambos debemos oponer nuestras reivindicaciones reales y no aceptar los planes económicos fruto del pacto social. En defensa de nuestra libertad hemos de destrozar el esquema sindical oponiendo a esta maniobra del capital y de los partidos políticos nuestra organización libre de clase: asambleas de fábrica mayoritarias en las que todos participemos en plena igualdad; eliminación en la asamblea de privilegios sindicales; elección de delegados revocables controlados por la asamblea y cuyo único papel es el de transmisores de los acuerdos adoptados en ella sin que NUNCA puedan tener estos delegados carácter decisorio propio ya que los acuerdos deben ser refrendados por la asamblea y no por los delegados.

Consecuentemente a lo expuesto: negativa rotunda a que los convenios los pacte la patronal con los sindicatos; más aún: negativa total a que los sindicatos como tales o los trabajadores como pertenecientes a alguno de ellos, puedan participar en las reuniones de los delegados de las asambleas con la patronal.

Igualmente y a fin de evitar todo peligro de burocratización a los delegados de asamblea, debemos imponer en éstas la necesidad de que los delegados sean revocables periódicamente, con una frecuencia que en cada caso determinará la práctica y en caso de preveer maniobras sindicales o de la patronal, obligar a ésta a negociar directamente con el pleno de la asamblea. Somos conscientes de los peligros que tiene aún la práctica de la asamblea en nuestro país: burocratización, tribuna de líderes políticos o sindicales, sumisión de las minorías a las mayorías, perpetuación de líderes en los cargos de delegados, manejos de la asamblea por parte de los maestros de la politiquería, etc. etc. Pero sabemos que, hoy por hoy es la asamblea el instrumento más eficaz para la lucha obrera y la única forma organizativa donde puede llegar a conseguirse la participación masiva de trabajadores en la lucha por sus intereses.

Evitar que la asamblea obrera no degenere en un apéndice de los sindicatos es tarea primordial de todos los trabajadores conscientes. En ella y en la afirmación de la clase obrera como tal frente a sus enemigos seculares (capital-burócratas), está la clave de la liberación total de la sociedad no sólo del yugo del capitalismo actual sino también de ese capitalismo futuro que a veces tanto ensalzan los "amigos demócratas": el capitalismo de estado.

F.O.R.

  1. Son innumerables los ejemplos del esquirolaje sindical. Tanto CC.OO. como UGT han dado en los últimos tiempos un claro ejemplo de sindicatos "rompe-huelgas", actitud agravada por su postura timorata frente a las consignas de sus partidos dirigentes. Como ejemplo útil recordemos (es un caso tan solo pero es el más reciente) la postura de CC.OO. en el reciente conflicto de las gasolineras: su intento de vuelta al trabajo en plena huelga. ↩