Alarma, tercera serie, n.º 13, mayo de 1982 (págs. 13-14). PDF del número completo
Hablemos ahora de los contratos colectivos que fueron concebidos para restringir la arbitrariedad patronal en los múltiples dominios en que puede ejercerse: condiciones ambientales y horario de trabajo, cadencias y productividad por hora, gradación de salarios, empleo y desempleo, libertad política, derecho de palabra y de asamblea en la fábrica, reglamentos interiores de las mismas etc.
En manos de los sindicatos a los que la ley concede también el monopolio de su discusión y firma, los contratos colectivos se han convertido en un temible instrumento de supeditación del proletariado al capital en general, a los sindicatos en particular. Hasta tal punto que así los sindicatos han llegado a ser desde hace tiempo, parcial o totalmente, instrumento de explotación. Son algo anexo a la relación fundamental de la sociedad capitalista a saber la relación entre el capital y el trabajo asalariado que lo produce y lo valoriza reproduciéndose a sí mismo en cuanto trabajo asalariado.
Contratación obrera y despidos, cuando no son dejados a discreción patronal, requieren el refrendo de los sindicatos a menudo utilizado contra los obreros más rebeldes. En otros casos la sindicalización obligatoria para obtener trabajo (closed shop), lejos de garantizar el empleo a quienes ya lo tienen otorga a los sindicatos la prerrogativa patronal de adjudicación y de supresión, coerción económica y política reaccionaria en el más alto grado. Se la verá en acción más adelante al tratar de los sindicatos en zona oriental.
Los contratos de trabajo colectivos sancionan y multiplican la división de la clase obrera en grupos jerarquizados, rivales entre sí gracias a las diferencias de salarios, a los prejuicios tocantes a la categoría y a la función técnica de cada trabajador. Los sindicatos tienen el prurito instintivo de la jerarquización pues, sin ella, sería un bloque muy sólido frente al capital y no sólo frente a él. La necesidad de desmembrarlo por jerarquías y de alejarle así de su interés supremo general, es tan absoluta para los sindicatos como para el capital.
Durante más de un siglo el movimiento obrero ha combatido la jerarquización; consiguió disminuir sus bases materiales y destruirla en gran parte como prejuicio en el seno del proletariado. Los sindicatos y sus mentores políticos se han encargado en los últimos decenios de reintroducir el prejuicio y de aumentar el número de categorías. La mayoría de trabajadores, incluso los más desfavorecidos, consideran hoy natural y "justa" la jerarquización. En suma, si la idea originaria de los contratos colectivos era terminar con la arbitrariedad del capital en espera de suprimirlo, hoy constituyen una reglamentación casi perfecta de las exigencias funcionales del sistema. Discutiendo y firmando los contratos colectivos los sindicatos se comportan como si fuesen parte integrante de los acaparadores de los instrumentos de producción. En algunos países (Estados Unidos, Alemania y otros) determinados sindicatos son importantes accionistas de las compañías que explotan a los obreros y a sus propios sindicatos, hecho que, lejos de prefigurar una sociedad socialista, los transforma en beneficiarios de la explotación en el doble sentido económico y político del término y allí donde todavía no toman parte en la elaboración de los planes de producción, lo reclaman como un honor.
Los lugares de trabajo, en particular las grandes industrias, arena de la lucha de clases, consienten a los obreros más revolucionarios una acción práctica e ideológica constante y de grandes alcances. Pero son los sindicatos los que hoy hacen muy difícil esta acción. Es frecuente que los contratos colectivos estipulen la prohibición en el recinto de trabajo de toda actividad propagandística, de reunión y de discusión, indispensable a cualquier acción obrera. Pero aún no siendo así, hace largos años que los sindicatos y la dirección patronal se conchaban cada vez que se trata de despedir a obreros revolucionarios. Ese papel represivo de los sindicatos, figure o no en los contratos colectivos, es cláusula subrepticiamente establecida y practicada. De todos modos está siempre inscrita en los reglamentos de fábrica. Tanto es así que aún en el exterior de los lugares de trabajo, en pleno dominio público son los sindicatos los encargados de echar a los distribuidores de propaganda revolucionaria, vapuleándolos o bien llamando a la policía. Así los sindicatos -sus mentores políticos- se definen a sí mismos como la policía de las fábricas.
Caso particular en Italia donde el stalinismo y sus sindicatos tienen una relación económica muy sólida con el estado demo-cristiano, han acordado a los patronos el derecho de despedir sin previo aviso ni indemnización a los obreros culpables de distribución de propaganda revolucionaria o de agitación. Otro tanto permiten en Francia la mayoría de los reglamentos interiores. La atenuación de la forma no excluye la misma brutalidad del hecho. La prohibición de pensar va tan lejos y es tan evidente que incluso los trabajadores más rebeldes tienen miedo de expresarse, tascan el freno y dejan hacer. La situación no es mucho mejor en Inglaterra, en Alemania, Estados Unidos, Japón y peor es aún en Rusia, países del este y China, asimilables al caso de España y los sindicatos falangistas.
Así pues gracias a la acción convergente y determinada en el fondo por los mismos intereses reaccionarios del capital y de las centrales sindicales, la clase trabajadora se halla reducida a la clandestinidad en los lugares de trabajo, precisamente allí donde es explotada y va dejando carne y huesos para crear una riqueza mundial ajena que la abruma y la asfixia.
Es indispensable, es cada día más urgente que el proletariado recupere su libertad política, cosa irrealizable sin echar por la borda la actual legalidad sindicalo-patronal. La libertad completa de los hombres tocante a las funciones de su propio trabajo contiene en germen la futura democracia revolucionaria y el comunismo.
EL COMUNISMO, proclamémoslo, precisamente porque los llamados hoy partidos comunistas no lo son y porque el asco que inspiran retrae a menudo a quienes son realmente comunistas de adoptar la designación.