Alarme, n.º 19, enero-febrero-marzo de 1983 (pág. 11). PDF del número completo · Texto original en francés

Tras los sucesos de Aulnay y de Renault-Flins, la CFDT se ve obligada a precisar su posición sobre la aplicación de la ley Auroux del 4 de agosto de 1982 relativa a la expresión «directa» de los trabajadores. En efecto, la democratiquísima CFDT, por boca de su secretario nacional Jean-Paul Jacquier, declaraba el 3 de febrero de 1983: «el derecho de expresión pertenece a los propios asalariados, cualquiera que sea su categoría, y deben ejercerlo sin tutela patronal ni sindical». Pero un poco más adelante: «la creación de grupos de expresión en Citroën o en Renault en período de conflicto no podría sino endurecer la situación, transformando los conflictos en combates de boxeo». Sobre la violencia, la CFDT es igualmente muy clara. Demos la palabra a Edmond Maire y veamos lo que dijo tras los disturbios de Aulnay: «no se puede admitir la violencia en las relaciones sociales».

En conclusión, pues, en período de conflicto, para la CFDT la expresión obrera independiente no es viable y deberá por tanto ceder el paso a la expresión sindical. Esto dice mucho sobre las pretendidas conquistas democráticas tan caras a los trotskistas, y la CFDT puede incluso permitirse el lujo de un lenguaje más democrático y más extremista que el de ellos cuando se trata, en un período de posible desindicalización, de tener un lenguaje original. Una vez reconquistadas las filas obreras, nada le impide cambiar de lenguaje ante un movimiento. Testigo, el «camarada» ministro Jean Auroux a propósito de Aulnay: «los culpables deben ser excluidos de la colectividad del trabajo... esos métodos son propios de prácticas terroristas y atentan contra la libertad de trabajo», y eso pese a haber favorecido antes la concertación con la CGT responsable.

No se trata para nosotros de defender a la CGT, porque si pensamos que es responsable es porque, en la más pura tradición stalinista, tiene la capacidad de asumir la violencia obrera desnaturalizándola. De ahí deriva su posición, en el marco de la ley Auroux, de instaurar delegados de cadena. Más perspicaz que las otras centrales en la defensa del capital, se trata para ella, por medio de esos delegados, de acelerar un proceso de conquista del capital de Estado, desmoralizando a la vez a los obreros con la condena de la violencia a toro pasado. Transformar a los obreros en mercenarios y luego en forzados del capitalismo de Estado es la táctica predilecta de los stalinistas. De todos modos, el derecho capitalista no puede engendrar más que el derecho a la explotación. El delirio autogestionario no acarrea sino el delirio de la autoalienación, y el delegado de cadena a sueldo de la CGT no es más que un mercenario del capitalismo de Estado. La única expresión directa de los obreros es la organización y la violencia contra todos los garantes del orden capitalista y, por tanto, entre otros, contra la fuerza sindical.