Alarme, n.º 33, julio-agosto-septiembre de 1986 (págs. 15 y 17-18). PDF del número completo · Texto original en francés
A la llamada sindical de la Central Obrera Boliviana, siete mil obreros de las minas de estaño de Oruro se pusieron en marcha «por la paz y la vida» hasta la capital, La Paz.1 El 2 de septiembre del 86, los mineros decidieron volver a casa y regresar al trabajo tras la creación de una comisión mediadora entre la COB y el gobierno.
Esta marcha, cuya consigna es «por la paz y la vida», es el mejor símbolo del largo camino recorrido de concierto por la Iglesia, los sindicatos y el Estado. En efecto, la vida para los mineros representa el salvamento de la explotación de las minas de estaño, frente al desmantelamiento proyectado por el Estado. La paz presupone la renuncia a la lucha revolucionaria para cambiar la situación de la clase explotada, desposeída de todo y que espera el paraíso de Dios. Curas, medio curas y sindicalistas se afanan en deformar las verdaderas causas de la esclavitud moderna del proletariado para conciliar y reconciliar clases irreductiblemente opuestas. De ahí vienen esas penitencias de ayuno llamadas huelgas de hambre en los momentos de tensión de estos últimos años.
La COMIBOL, es decir, el complejo minero nacionalizado en 1952 por el MNR, está al borde de la quiebra a causa de la brutal caída de las cotizaciones mundiales. Según las propuestas de la COB, en boca de su indispensable representante Juan Lechín, la crisis puede resolverse atacándola en dos frentes: por una parte, con la modernización y la inversión; por otra, reduciendo el número de puestos administrativos. Estas propuestas, que todos conocemos ya, son los remedios habituales que utiliza el capital para reestructurar la economía nacional e insertarla mejor en el capitalismo mundial. Como todo sindicato, la COB negocia con el Estado la tasa de explotación de sus afiliados y de la clase en su conjunto. Por otra parte, como engranaje del sistema capitalista, debe pronunciarse en favor de un plan de salvamento de ese sistema y de su economía nacional, cuyo corolario es intensificar la explotación, reducir los costes, en suma, ser competitivo. Así, la función de la COB y de los sindicatos en general es negociar la fuerza productiva del proletariado con la patronal o el Estado y oponerse fundamentalmente a la revolución para evitar su propia destrucción como piedra angular de la perpetuación del sistema capitalista.
La marcha de los mineros en Bolivia es un buen termómetro del estado actual de las luchas del proletariado a escala local y mundial. La primera constatación que puede hacerse es que esas luchas están encuadradas y dirigidas por los sindicatos, aquí la COB; la segunda, que las reivindicaciones son defensivas y que su contenido es el simple mantenimiento del puesto de trabajo, incluso a costa de una intensificación de la explotación (menos salario, más horas de trabajo, etc.). Esta marcha masiva de 7.000 mineros hacia La Paz no pudo escapar a esa situación, aunque en Bolivia y en otros países de América Latina los desbordamientos contra la policía sean corrientes. El contenido de la marcha apenas cambia por el hecho de que 800 mineros pudieran cumplir su objetivo: llegar al centro de La Paz. Fue una marcha fúnebre para negociar un compromiso ya establecido entre la COB y el Estado. Una marcha sindical caracterizada por una derrota obrera.
Sin sombra de duda, la COB es en América Latina el ejemplo clásico de la función de los sindicatos contra la revolución. Su colaboración con el Estado se remonta a su origen. Así, ya en 1946 la FSTMB (más tarde integrada en la COB) aprobó las tesis de Pulacayo, presentadas por la corriente trotskista. Ese texto definía la estrategia de la COB en favor de la codirección y la coadministración de las empresas del Estado, sometiendo a la vez las empresas del sector privado al control obrero (de hecho, sindical) de la producción. En 1952 el espacio político para esa colaboración descansa en el gobierno nacionalista de Paz Estenssoro, miembro del MNR, que materializa las bases de esa unión nacionalizando las minas de estaño y permitiendo así la creación de la COB.
Desde el origen, la voluntad de participación de la COB en el mundo político revela su función contrarrevolucionaria. Cuatro miembros de la COB participaron en el primer gobierno de Paz Estenssoro, ministros «obreros» que ocupaban puestos importantes y cumplían esa función en el seno mismo del Estado. Esa experiencia terminó en 1956 sin haber podido incluir la cogestión en las empresas del Estado. Luego, en 1970, el general Juan José Torres propone a la COB la misma experiencia de participación gubernamental. Sin embargo, la COB se niega, pues considera necesario contar con la mitad de los ministros de origen sindical. Esa representación sindical va acompañada del deseo de la central de que los delegados estén sometidos permanentemente a la revocabilidad ante el sindicato. Esta discusión, y sobre todo la indecisión del gobierno Torres, permitieron la aparición de las «asambleas populares», controladas por la COB, para discutir la participación de los ministros en ese gobierno. En realidad, el debate llevado por los trotskistas (desde el origen más numerosos que los stalinistas en el país) y otras corrientes en esas asambleas tuvo como único objetivo presionar al gobierno para que aceptara las viejas aspiraciones de las tesis de Pulacayo. En ningún momento ese debate puso en cuestión el significado de esa participación y el apoyo incondicional al gobierno supuestamente progresista de Torres, en una palabra, al sistema capitalista. Esas asambleas, ligadas al buen funcionamiento del capital, fueron prohibidas y reprimidas por el golpe de Estado militar. Sin embargo, es importante señalar que la represión de los militares tuvo lugar a causa de una eventual participación sindical en el gobierno, y sobre todo porque las asambleas populares podían convertirse en un embrión de poder obrero si rompían con las ilusiones del programa de gobierno capitalista de la COB.
Lo que impide que la COB y los militares se entiendan es el peligro constante de desbordamientos proletarios, en la medida en que sus métodos son diferentes. Para la COB, es la participación de los trabajadores (de hecho, del sindicato) en la administración del Estado capitalista lo que podrá impedir todo embrión revolucionario. Para los militares, educados en la escuela de la represión directa, solo el orden y el trabajo permiten resolver la crisis. Por ahora unos y otros han sabido desempeñar su papel de muro infranqueable para las ideas revolucionarias. Así, la línea de la COB se caracteriza, por un lado, por el apoyo a los gobiernos llamados progresistas, militares o civiles, y, por otro, por su participación directa en la gestión del Estado, propuesta que aparece constantemente en sus discursos y congresos.
Se comprende bien, entonces, que el secretario de la COB, Lechín, no quisiera cargos en el gobierno de H. Siles Zuazo, en la medida en que exigía una mayoría de miembros de la COB en la composición del gobierno. Pero aun así obtuvo plena satisfacción en cuanto a su programa capitalista de gobierno. Así, delimitando sus diferencias con el gobierno, la COB se pronunció por una reforma del modo de gestión sin tocar la propiedad estatal o privada. A cambio, el gobierno aceptó que la gestión de la COMIBOL la efectuara una mayoría de cuatro miembros de la COB sobre un total de siete, es decir, la mayoría en la administración de todos los sectores: prospección, comercialización, producción, compras, etc. Esa reforma dejó la puerta abierta a la COB para que pudiera extender la gestión a todas las empresas del Estado, sometiendo a la vez las empresas privadas al control obrero sindical.
El proletariado mundial, y por consiguiente el boliviano, debe comprender que esta marcha es reaccionaria, para no volver a caer en el juego del capitalismo a través de los sindicatos. Este balance debe poner de relieve la enorme carencia de ideas revolucionarias hoy, cuya causa fundamental procede de la contrarrevolución en Rusia, vanguardia activa de la contrarrevolución mundial, que permitió a los stalinistas, a los trotskistas y a todas las fracciones del capital (que se dicen de izquierda) llevar a los obreros y al proletariado en general a una lucha estéril y contraria a sus intereses. Dicho claramente: el proletariado debe comprender que su necesidad como clase de dejar de ser explotado desemboca en la revolución comunista, y que debe hacer todo lo posible por no volver a ser el juguete del partido-Estado o del sindicato-Estado.
El proletariado debe imponerse y rechazar todo programa capitalista, venga de la COB o de las fracciones del capitalismo (que se dicen de izquierda), de los stalinistas o de los trotskistas, que colaboran mutuamente en la COB. Rechazando esa colaboración de unión sagrada, cuyo fruto amargo es el programa capitalista en su versión de cogobierno y coadministración, las ideas revolucionarias podrán germinar de nuevo, y la lucha decisiva por la abolición del trabajo asalariado, base para el advenimiento del comunismo a escala planetaria, será por fin una realidad.
Los mineros, los proletarios de Bolivia, no deben volver a embarcarse en el juego de los aparatos y de las fracciones, hermanas entre sí, del movimiento nacionalista MNR, todas dispuestas a confundir y desviar las verdaderas aspiraciones de la clase proletaria. Ni la coadministración ni el control obrero de la producción son las banderas de la revolución. Las riquezas producidas por el proletariado le pertenecen y deberán revertir luego a la sociedad en su conjunto. Los mineros deben marcar esa ruptura denunciando a la COB (y sus marchas) por el enorme peligro que representa para la revolución, reuniéndose en asambleas revocables en todo momento, no manipuladas por el sindicato, en una lucha abierta contra la explotación capitalista. Sin tener en cuenta la economía capitalista nacional, las reivindicaciones deben atacar la acumulación del capital sobre la base general de menos trabajo y más paga. Además, la extensión de esta lucha revolucionaria no debe tener fronteras, y puede hacerse, por ejemplo en el caso de los mineros (pero no con espíritu corporativista), enviando delegaciones a todos los centros mineros e industriales en general, en Perú, Brasil y Chile, que son los más cercanos, pidiendo la solidaridad y que hagan lo mismo en sus países. El vasto movimiento de conjunto podrá tener una repercusión mundial, única salida a la situación de los mineros, de los proletarios, en Bolivia y en el mundo entero.
El título francés, «un tour de Paz-Paz», juega con tour de passe-passe («juego de manos», «truco»), con La Paz, meta de la marcha, y con el presidente Víctor Paz Estenssoro. ↩