Alarme, n.º 33, julio-agosto-septiembre de 1986 (págs. 1-2). PDF del número completo · Texto original en francés
El gobierno está decidido a devolver a la Nación francesa todo el brillo que merece. Para ello, ataca dos graves problemas: el paro y la seguridad.
La seguridad, como todo el mundo sabe, está amenazada por la anti-Francia; para garantizarla, unas medidas vienen a reforzar la represión de los inmigrantes (que tienen la culpa de no ser franceses, además de ser extranjeros). La entrada y la estancia en Francia quedarán sometidas a condiciones elásticas (además de la instauración del visado para los turistas): justificar ingresos en Francia, no constituir una amenaza para el orden público, asimilarse fácilmente a la población local, son otras tantas fórmulas cuya libre interpretación (¡la libertad obliga!) se deja a las fuerzas de policía. Parados y huelguistas son, como de costumbre, el blanco y están amenazados de expulsión. La expulsión misma ya no es un acto judicial, sino administrativo, realizado por simple orden del prefecto. Además, en un respetable afán de igualdad de derechos entre inmigrantes y franceses, se legaliza el control de identidad (¡como si la policía necesitara ser legalizada!) y la detención preventiva puede prolongarse hasta cuatro días por presunción de terrorismo (elasticidad ya banal...). Por último, para poner a todo el mundo de acuerdo, habrá un nuevo documento de identidad, llamado infalsificable, cuya instauración permitirá un control general de la población.
Visiblemente hay aquí una inquietud por la inestabilidad social debida al paro creciente. Ahora bien, se han tomado o se van a tomar nuevas medidas para atajar el paro (además de la contratación de polis...). En estos dos frentes, todos los gobiernos, de derecha o de izquierda, siguen la misma orientación desde hace al menos un decenio. Después de haber llamado a los parados a hacerse patronos, artesanos, comerciantes, el gobierno los llama a hacerse criados: «trabajillos», «trabajo a domicilio», así como a trabajar a media jornada o incluso a ser despedidos a media jornada. Este llamamiento a los trabajillos y a trabajar menos significa, claro está, menos salario, pero la amenaza se ha expresado claramente: es esto o nada, porque de todos modos siempre habrá bastantes parados sin subsidio para aspirar a un trabajo de ese tipo. Además, los trabajadores tendrán puestos cada vez más precarios con las facilidades que se darán para la contratación temporal. Estas medidas no hacen más que reforzar una tendencia ya iniciada o reconocer hechos ya establecidos, pero revelan el ideal del capital: proletarios criados o que acuden al trabajo como perros a la sopa, contratables o despedibles a discreción, y capitalistas recompensados con rebajas de impuestos por lo que consideran caridad.
El reconocimiento oficial de la utilidad pública de los trabajos serviles prolonga el de los TUC, TIP, etc.1, y el de la servidumbre pública de los jóvenes proletarios. Por supuesto, nada de esto se hace sin negociarlo con los sindicatos, que expresan todos los matices, desde el sí, pero (CFDT) hasta el no (CGT), pasando por el quizá no (FO).
Solo la CGT promete «lucha», es decir, acciones de pacotilla, aisladas y breves, en nombre de la defensa del empleo, de las conquistas y de las empresas. Los proletarios más combativos, si siguen estas consignas, reclamarán pues, «en el mejor de los casos», el derecho a ser explotados «como antes», porque todo lo que puedan decir o hacer contra la explotación (precaria o bien asentada) tendrán que hacerlo fuera de los sindicatos y contra ellos. En efecto, estos no hacen más que negociar, más o menos violentamente, las condiciones en que los proletarios son vendidos o desechados, y hacer que los trabajadores acepten esas condiciones del capital. La «reanudación de las luchas» tras el verano, en el terreno reivindicativo de la defensa del empleo, de la explotación asalariada y del corporativismo, no es más que un engaño más montado por los sindicatos para asquear a quienes todavía tienen ánimo para pelear.
El capital necesita despidos, trabajo temporal y precario para resolver sus problemas de valorización, de baja de la tasa de ganancia, etc. Pero con ello vuelve a hundir a los proletarios en condiciones más duras y los hace todavía más indiferentes u hostiles a su trabajo, a la producción. Si el paro crece, puede esperar disturbios que, aunque no vayan lejos, estorben su buen funcionamiento. Así, por ejemplo, la cólera de los trabajadores de las empresas Arnault, en El Havre, a principios de septiembre. Al anunciarse un despido masivo, los obreros prendieron fuego a los edificios al grito de «¡si la empresa tiene que hacernos reventar, que reviente con nosotros!», sin que los sindicatos ni el patrón pudieran detenerlos. Ciertamente, romper las máquinas manifiesta la impotencia y la falta de organización de los proletarios, pero esta reacción colectiva está sin duda más cerca de una práctica obrera que cualquier manifestación, violenta o no, en defensa de la empresa.
A la inversa, si por casualidad el aumento del número de polis y de lacayos (más todos los chivatos que se reclutan ahí) redujera el paro, sería el chantaje del empleo el que perdería fuerza, y se prepararían nuevos conflictos. No hay solución capitalista a estas contradicciones (salvo la guerra), porque todas se resumen en el hecho de que el capital necesita proletarios para crear valor, que la productividad creciente implica menos trabajo humano en los productos y, por tanto, menos valorización del capital; de ahí una carrera sin fin entre, por un lado, cada vez menos proletarios que producen cada vez más mercancías que acabarán por no venderse y, por otro, la muerte de las empresas si no despiden aumentando la productividad. Ningún discurso sobre los «creadores de empleo» podría ocultar la realidad de los «creadores de riqueza», explotados y escarnecidos.
Preocuparnos por «nuestra» empresa, «nuestra» profesión, «nuestra» nación solo puede hacer que sigamos siendo juguetes de los movimientos del capital, manipulados por los sindicatos e incapaces de manifestar nuestros propios intereses. Negarnos a la menor solidaridad con las necesidades del buen funcionamiento de este sistema, se trate de despidos, de productividad o de control policial: eso es lo mínimo que debemos plantear para empezar a pelear. Organizarnos contra todos los aparatos que solo viven gracias a nuestra pasividad, se trate de la policía de uniforme o sin él (sindicatos), determinar los objetivos y los métodos de lucha sometiéndolos a la necesidad de una sociedad sin clases, sin dejarnos intimidar por los perros guardianes del capital: tal es nuestra necesidad inmediata, cuyo planteamiento demostrará y realizará la unidad del proletariado.
Los TUC (travaux d'utilité collective, «trabajos de utilidad colectiva»), creados en 1984 por el gobierno socialista de Fabius, eran empleos de media jornada para jóvenes parados, pagados muy por debajo del salario mínimo. ↩