Artículo publicado sin firma (signo «*×*») en la Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe, suplemento (Beiblatt) del n.º 261, 18 de septiembre de 1842 (Colonia), p. 1, col. 3, a p. 2, col. 2; atribuido a Friedrich Engels, con atribución dudosa, por la MEGA² (I/3, «Dubiosa»). Traducido del original del periódico (colección digital de la USB Köln) por la Escuela de marxismo, 2026. Texto original en alemán

*×* A primera vista parece incomprensible que en Francia un ministerio como el de Guizot pueda mantenerse tanto tiempo, e incluso que haya podido llegar a gobernar. Frente a una Cámara que tiene plenos poderes sobre el nombramiento y la destitución de los ministros, frente a una prensa libre e influyente, frente a las instituciones más libres de Europa, frente a una opinión pública concentrada y violentamente predispuesta contra él, Guizot, el ministro de Asuntos Exteriores, lleva casi dos años haciendo política reaccionaria, ha perseguido a la prensa, ha desafiado a la opinión pública, ha dirigido la Cámara, la ha disuelto y ha convocado otra, ha comprometido el honor de Francia ante las grandes potencias y ha conquistado en toda su medida la gloria de la impopularidad a la que aspiraba. Y el hombre que ha hecho todo esto, que ha sustraído a los franceses dos años de su historia, puede jactarse de tener en la Cámara un partido tan fuerte que solo una coalición forzada de las opiniones más opuestas puede ponerlo en peligro.

El ministerio Guizot es el apogeo del gobierno de Julio, el triunfo de Luis Felipe y la más amarga humillación de todos los que habían esperado de la Revolución de Julio la liberación de Europa. Los principios de la soberanía popular, de la prensa libre, de la justicia independiente de jurados, del gobierno parlamentario, están de hecho aniquilados en Francia. El ministerio Guizot ha coronado las tendencias reaccionarias que supieron volver a imponerse en Francia, y ha exhibido a la vista de todos la impotencia del liberalismo francés ante los poderes legítimos de Europa.

El hecho es indiscutible. La reacción en toda Europa lo celebra con júbilo. El partido liberal tiene que oír todos los días que Francia reniega a diario de sus instituciones, que desmiente su historia desde 1789, que elige Cámaras cuya sola lista es ya un libelo contra la Revolución de Julio; en una palabra, que el pueblo más liberal de Europa traiciona el liberalismo con cada uno de sus actos. Y los liberales, sobre todo los bonachones alemanes, se ponen colorados y balbucean un par de excusas desaliñadas que ni ellos mismos se toman en serio, esperan en silencio una Cámara liberal y, muy en secreto, muy a escondidas…, un nuevo Julio.

El hecho no solo puede admitirse sin menoscabo del principio de la libertad, sino que precisamente en nombre de ese principio hay que ponerlo en primer plano. Tiene dos causas: una, que los liberales más audaces han opuesto ya a menudo a los reaccionarios, es la ambigüedad y las medias tintas de la Constitución francesa, en la que el principio de la libertad nunca se ha proclamado ni llevado a cabo de manera decidida; la otra es la centralización.

A pesar del folleto de Cormenin, a pesar de su brillante y elocuente defensa de la centralización francesa, esta sigue siendo la causa principal del retroceso de la legislación francesa. Cormenin no demuestra en realidad nada, aunque casi todo en su libro sea correcto y bueno. Pues no funda la centralización en las leyes generales de la razón, sino que la disculpa por la naturaleza particular del espíritu del pueblo francés y por el curso de la historia.

Son razones que podemos aceptar por el momento, pues antes tenemos que aportar la prueba de que semejante centralización es irracional y, por ello, la causa de los efectos indicados más arriba.

La centralización, en la forma extrema en que hoy domina en Francia, es un rebasamiento por parte del Estado de su límite, de su esencia. Pero el límite del Estado es, por un lado, el individuo y, por otro, la historia universal. Ambos lados resultan lesionados por la centralización. Al arrogarse un derecho que solo corresponde a la historia, el Estado aniquila la libertad de los individuos. La historia ha tenido desde siempre, y tendrá siempre, el derecho de disponer de la vida, la felicidad y la libertad del individuo; porque es obra de la humanidad entera, es la vida del género, y como tal es soberana; nadie puede rebelarse contra ella, porque es el derecho absoluto. Nadie puede quejarse ante la historia, pues, sea cual sea la parte que le haya tocado, siempre habrá gozado de su vida o habrá tenido una parte en el desarrollo de la humanidad, lo que es más que todo goce. ¡Qué ridículo sería que los súbditos de un Nerón, de un Domiciano, se quejaran de no haber nacido en una época como la nuestra, en la que no es tan fácil decapitar y asar a la gente; o que las víctimas del celo religioso medieval reprocharan a la historia no haber vivido después de la Reforma y bajo gobiernos tolerantes! ¡Como si sin el sufrimiento de unos los otros hubieran podido progresar! Así, los obreros ingleses, que ahora tienen que padecer un hambre amarga, tienen derecho a quejarse de sir Robert Peel y de la Constitución inglesa, pero no de la historia, que hace de ellos los portadores y representantes de un nuevo principio jurídico. No así el Estado. El Estado es siempre algo particular y nunca puede reclamar el derecho que sin duda posee la humanidad entera en su actividad y en el desarrollo de la historia: el derecho a sacrificar al individuo en aras de lo general.

Así pues, el Estado centralista comete sin duda una injusticia cuando, como ocurre en Francia y como admite Cormenin, sacrifica las provincias al centro e introduce de este modo una oligarquía, una aristocracia de la localidad, que no es menos injusta e irracional que la aristocracia de la nobleza y del dinero. La libertad está condicionada esencialmente por la igualdad, y pese a toda la égalité devant la loi [igualdad ante la ley], la diferencia entre parisinos y provincianos en cuanto a formación, participación en la soberanía popular y verdadero goce moral de la vida es más que suficiente para frenar el desarrollo natural de las instituciones francesas hacia la plena libertad.

La historia de la centralización en Francia, como en todas partes, corre paralela a la del absolutismo. Luis XI fue el fundador de ambos; las guerras de los hugonotes fueron el último intento importante de las provincias de alzarse contra la hegemonía de París, y desde entonces la supremacía de la capital sobre Francia está universalmente reconocida. Pues en cuanto se toma en serio la centralización del Estado, no puede dejar de producirse la centralización local, la hegemonía del punto central. Mientras duró el absolutismo, solo París sacó provecho de él; las provincias tuvieron que conformarse con los costes del Estado y con la arbitrariedad graciosísima. Toda la cultura, todo el esprit, toda la ciencia de Francia entera se concentraba en París y vivía para París; la prensa trabajaba solo en París y para París; el dinero de las provincias, que la corte atraía hacia sí, lo derrochaba en París y para París. Pero de este modo surgió aquella gran desproporción de cultura entre París y el campo, que, en cuanto cayó el absolutismo, se desarrolló en una forma sumamente perjudicial para Francia. Solo la centralización hizo posible la Revolución tal como llegó a ser; pero la centralización había abierto ya también una brecha tan grande entre París y el campo que París se preocupaba poco del bienestar de las provincias mientras no le alcanzara la opresión general. Fueron los Estados Generales, los representantes del campo oprimido, y no la ciudad de París, quienes empezaron la obra revolucionaria; solo cuando las cuestiones se volvieron de principio y entró en juego el interés de la capital, esta tomó la iniciativa y dominó el curso de los acontecimientos. Pero con ello se debilitó la participación del campo, y este y los representantes elegidos según su sentir dieron a Napoleón, con su apatía, la ocasión de encumbrarse poco a poco hasta el trono imperial. Bajo la Restauración, cuando se formaron los partidos, salió a la luz la misma lucha entre el campo y la capital; París pronto adquirió una conciencia clara y se decidió contra los Borbones y la monarquía por la gracia de Dios; el campo, con su menor cultura, puso en pie pocos liberales, fue en su mayor parte apático y, por ello, partidario de lo existente, o incluso fanático del ancien régime. Por eso la Revolución de Julio la hizo solo París; la gran masa de los indiferentes era demasiado perezosa para alzarse contra la capital y su nuevo principio; las regiones más incultas del país permanecieron fieles a los Borbones, pero nada pudieron contra la centralización. Desde entonces, sin embargo, casi cada Cámara se ha dejado arrebatar una conquista de la Revolución de Julio tras otra, y de ello, entre otras causas, tiene también la culpa la centralización. Pues a las Cámaras envían diputados todas las partes del país y, pese a la manipulación de las elecciones y al soborno, cada distrito electoral indica con su elección el grado de su formación política. Quien se deja sobornar y manipular no es libre ni resuelto; hace, pues, muy bien en someterse, eligiendo a un diputado ministerial, a la tutela que le corresponde. La contradicción entre la Revolución de Julio y las Cámaras de 1842 es la contradicción entre la capital y el campo. Francia puede hacer revoluciones por medio de París, crear de un golpe instituciones libres, pero no conservarlas. Quien no sabe explicarse la Cámara de 1842 demuestra con ello que ha confundido a los franceses con los parisinos, que no ha tomado conciencia de la contradicción de la centralización.

¡Pero no seamos injustos! La contradicción que padece la centralización es innegable; ¡pero reconozcámosle también su derecho histórico y racional! La centralización es —y en ello está su justificación— la esencia, el nervio vital del Estado. Todo Estado tiene que tender necesariamente a la centralización, todo Estado es central, desde la monarquía absoluta hasta la república; los Estados Unidos lo mismo que Rusia. Ningún Estado puede prescindir de la centralización, el Estado federal tan poco como el Estado centralista consumado; mientras existan Estados, todo Estado tendrá un centro, todo ciudadano solo ejercerá sus funciones de ciudadano en virtud de la centralización. Con esta centralización puede dejarse perfectamente en libertad la administración municipal, todo lo que concierne a ciudadanos o corporaciones particulares; es más, debe dejarse, pues, precisamente porque la centralización está concentrada en un único punto central, porque aquí todo está en uno, su actividad tiene que ser necesariamente general, su competencia y sus poderes tienen que abarcar todo lo que vale en general y dejar libre todo lo que solo atañe a este o a aquel. De ahí se sigue el derecho del poder central a dictar leyes, a dirigir la administración, a nombrar a los funcionarios del Estado, etc.; de ahí se sigue a la vez el principio de que el poder judicial no debe estar en absoluto ligado al centro, sino que corresponde al pueblo —jurados—, de que, como ya se ha dicho, los asuntos municipales, etc., no son de su incumbencia, etc.

Por lo demás, la naturaleza central del Estado no exige que un único individuo sea el punto central, como en la monarquía absoluta, sino solo que un individuo esté en el punto central, como puede estarlo igualmente el presidente en la república. No hay que olvidar, en efecto, que lo principal no es la persona que se halla en el centro, sino el centro mismo.

Volvemos a nuestro punto de partida. La centralización es el principio del Estado y, sin embargo, va necesariamente unido a la centralización el que esta obligue al Estado a ir más allá de sí mismo, a constituirse, siendo lo particular, en lo general, lo último y lo supremo, a reclamar la facultad y la posición que solo corresponden a la historia. El Estado no es, como se pretende, la realización de la libertad absoluta —si lo fuera, la dialéctica del concepto de Estado expuesta más arriba sería nula—, sino solo de la libertad objetiva. La verdadera libertad subjetiva, que tiene los mismos derechos que aquella, exige otra forma de realización que el Estado.