Carta publicada sin firma («From our own Correspondent») en The Democratic Review (Londres), enero de 1850, pp. 315-317; fechada en París el 20 de diciembre de 1849; atribuida a Friedrich Engels por la MEGA² (I/10). Traducida del original de la revista (reimpresión facsímil de Merlin Press, Londres, 1968, en Internet Archive) por la Escuela de marxismo, 2026. Texto original en inglés.
(De nuestro corresponsal.)
París, 20 de diciembre de 1849.
La gran cuestión del día es el impuesto sobre las «bebidas», que se discute ahora en la Asamblea Nacional Legislativa. Esta cuestión tiene tal importancia y encierra en sí, de hecho, tanto de toda la situación presente, que no estará de más dedicarle esta carta entera.
El impuesto sobre las bebidas es muy antiguo. Fue uno de los rasgos principales del sistema financiero de la monarquía del siglo XVIII, y uno de los principales agravios del pueblo en tiempos de la primera revolución. Esa revolución lo suprimió. Pero Napoleón lo restableció, en forma algo modificada, hacia 1808, en una época en que, olvidando su origen revolucionario, se había propuesto como objetivo principal asentar su dinastía entre las antiguas familias reales de Europa. El impuesto era tan sumamente odioso para el pueblo que, a la caída de Napoleón, la familia Borbón prometió su derogación inmediata, y el propio Napoleón declaró en Santa Elena que había sido ese impuesto, más que ninguna otra cosa, lo que había causado su caída, al poner contra él a todo el sur de Francia. Los Borbones, sin embargo, no pensaron nunca en cumplir su promesa, y el impuesto siguió como antes hasta la revolución de 1830, cuando de nuevo se prometió al país su abolición. Esta promesa no se cumplió más que la anterior, y así el impuesto seguía en vigor cuando estalló la revolución de 1848. El gobierno provisional, en lugar de derogarlo inmediatamente y sustituirlo por un fuerte impuesto sobre la renta de los grandes capitalistas y terratenientes, se limitó a prometer o su derogación o, al menos, su revisión; la Asamblea Constituyente llegó incluso a mantener el impuesto sin más. Solo en los últimos días de su existencia, cuando el monarquismo campaba más que nunca, los miembros «honestos» y «moderados» de aquella asamblea votaron la derogación del impuesto sobre las bebidas, con efecto a partir del 1 de enero de 1850.
Está claro que el impuesto en cuestión pertenece esencialmente a las tradiciones monárquicas de Francia. Derogado en cuanto la masa del pueblo se impuso, fue restablecido en cuanto la aristocracia o la burguesía, representadas por un Luis XVIII o un Luis Felipe, tomaron las riendas del gobierno. Incluso Napoleón, aunque en muchos puntos enfrentado a la aristocracia y a la burguesía a la vez, y derribado por la conjura de ambas, incluso el gran emperador se creyó obligado a restablecer este rasgo de las viejas tradiciones de la Francia monárquica.
El impuesto en sí pesa de manera muy desigual sobre las distintas clases de la nación. Es una carga gravosa para los pobres, mientras que para los ricos la presión es sumamente ligera. Hay en Francia unos doce millones de productores de vino; estos no pagan nada por el vino que consumen, puesto que es de su propia cosecha; hay, además, dieciocho millones de personas que viven en pueblos y ciudades de menos de 4.000 habitantes y pagan un impuesto de 66 céntimos a 1 franco 32 céntimos por cada 100 litros de vino; y hay, por último, unos cinco millones que viven en ciudades de más de 4.000 habitantes y pagan por su vino el droit d’octroi, que se cobra a la entrada de la ciudad y varía según las localidades, pero en todo caso es incomparablemente más alto que lo que paga la clase anterior. El impuesto, además, cae con el mismo peso sobre los vinos más ínfimos que sobre los de mayor precio: el hectolitro que se vende a 2, 3 o 4 francos y el que se vende de 12 a 1.500 francos pagan el mismo impuesto; y así, mientras el rico consumidor de champán, burdeos y borgoña selectos no paga casi nada, el obrero paga al gobierno por su vino inferior un impuesto del 50, del 100 y, en algunos casos, del 500 o del 1.000 por ciento sobre el valor original. De lo que rinde este impuesto, 51 millones de francos los pagan las clases más pobres, y solo 25 millones los ciudadanos más acomodados. En tales circunstancias no puede caber la menor duda de que este impuesto es sumamente perjudicial para la producción de vino en Francia. Los principales mercados de este producto, las ciudades, son para el viticultor otros tantos países extranjeros, donde tiene que pagar, antes de poner a la venta su producto, un verdadero arancel aduanero del 50 al 1.000 por ciento ad valorem. La otra parte del mercado, el campo, está sujeta por lo menos a un derecho del 20 al 50 por ciento del valor original. La consecuencia inevitable es la ruina de las regiones vinícolas del país. Es cierto que la producción de vino ha ido aumentando a pesar del impuesto, pero la población ha crecido a un ritmo mucho más rápido que ese aumento.
¿Cómo ha sido posible, entonces, mantener bajo el gobierno de la clase media un impuesto tan odioso? En Inglaterra, dirán ustedes, hasta Cobden y Bright lo habrían barrido hace mucho. Y así lo habrían hecho. Pero en Francia los fabricantes nunca encontraron un Cobden ni un Bright que defendieran sus intereses con tenacidad invencible, ni un Peel que cediera a sus reclamaciones. El sistema financiero francés, aunque tan alabado por la mayoría de la Asamblea, es el mixtum compositum más confuso y artificioso que se haya imaginado nunca. Ninguna de las reformas realizadas en Inglaterra desde 1842 se intentó en Francia bajo Luis Felipe. La reforma postal se tenía casi por una blasfemia en los benditos tiempos de Guizot. El arancel no era, ni es hoy, ni librecambista, ni meramente fiscal, ni proteccionista, ni prohibitivo, sino que contiene algo de todo, excepto librecambio. En todas las partes del arancel se encuentran viejas prohibiciones y derechos elevados que desde hace muchos años no sirven para nada, más aún, que son decididamente perjudiciales para el comercio. Y, sin embargo, nadie se atrevía a tocarlos. Los impuestos locales, en todas las ciudades de más de 1.000 habitantes, son indirectos y se cobran sobre los productos que entran en la ciudad. Así, la libertad de comercio, incluso en el interior, se ve interrumpida cada diez o quince millas por una especie de aduana interior.
Este estado de cosas, vergonzoso incluso para un gobierno de la clase media, quedó intacto por diversas causas. Con toda esta tributación opresiva, con unos ingresos de 1.400 o 1.500 millones de francos, había déficit al final de cada año y un empréstito cada cuatro o cinco años. Los agiotistas de la Bolsa de París encontraban en este mal estado del Tesoro público una fuente inagotable de lucro, agio y chalaneo. Ellos y sus asociados formaban la mayoría en las dos Cámaras y eran así los verdaderos dueños del Estado, siempre reclamando nuevos fondos. Además, la reforma financiera no podía llevarse a cabo sin medidas radicales que habrían equilibrado el presupuesto, cambiado el reparto de los impuestos y, además de gravar a los propios agiotistas, dado más peso político a otras fracciones de la clase media. Y qué consecuencias habría tenido semejante cambio bajo el carcomido gobierno de Luis Felipe pueden ustedes juzgarlo por el pretexto, relativamente insignificante, que condujo a la revolución de Febrero.
Aquella revolución no llevó al poder a ningún hombre capaz de reformar el sistema financiero de Francia. Los señores del National, que se adueñaron de ese departamento, se sintieron aplastados por el peso del déficit. Se hicieron muchos intentos de reforma poco a poco; todos fracasaron, salvo la abolición del impuesto sobre la sal y la reforma postal. Al fin, en un arrebato de desesperación, la Asamblea Constituyente votó la derogación del impuesto sobre el vino, ¡y ahora los «honestos» y «moderados» hombres del orden de la preciosa Asamblea actual lo restablecen! Más aún: el ministro piensa restablecer el impuesto sobre la sal y volver a subir las tarifas postales; de modo que el viejo sistema financiero, con sus eternos déficits y apuros y el consiguiente dominio absoluto de la Bolsa de París, con su agio, su chalaneo y su afán de lucro, quedará muy pronto restablecido en Francia.
El pueblo, sin embargo, no parece dispuesto a someterse tranquilamente a una medida que restablece un fuerte impuesto sobre un artículo de primera necesidad para los pobres, mientras que deja casi exentos a los ricos. La socialdemocracia se ha extendido de forma asombrosa por los distritos agrícolas de Francia, y esta medida convertirá al resto de los millones que hace doce meses votaron por ese ambicioso zoquete, Luis Napoleón. Una vez ganado el país para la socialdemocracia, pasarán muy pocos meses, qué digo, semanas, antes de que la bandera roja ondee en las Tullerías y en el Elíseo Nacional. Solo entonces será posible derribar de raíz el viejo y opresivo sistema financiero, suprimiendo de un golpe la deuda pública, introduciendo un sistema de impuestos directos y progresivos, y con otras medidas de semejante energía.