Carta publicada sin firma en The Democratic Review (Londres), agosto de 1850, vol. II, pp. 117-118; fechada en París el 23 de julio de 1850; atribuida a Friedrich Engels por la MEGA² (I/10). Traducida del original de la revista (reimpresión facsímil de Merlin Press, Londres, 1968, en Internet Archive) por la Escuela de marxismo, 2026. Texto original en inglés.
París, 23 de julio de 1850.
Como anunciaba en mi última carta, la dotación de Luis Bonaparte acabó pasando por la Asamblea: en el fondo le concede la suma que quería; en la forma le humilla profundamente a los ojos de toda Francia. La Asamblea reanudó entonces su obra de represión con la ley de prensa. Por atroz que fuera esta ley tal como salió de manos de su autor, el señor Baroche, era inocente e inofensiva comparada con lo que ha hecho de ella el rencor de la mayoría. La mayoría, en su odio furioso y a la vez impotente contra la prensa, ha repartido sus golpes casi a ciegas, sin importarle si alcanza a la prensa «buena» o a la «mala». Así se ha promulgado la «ley del odio». Se aumenta la fianza. Se restablece el timbre sobre los periódicos. Se impone un timbre adicional al «roman-feuilleton», la parte del periódico dedicada a la publicación de novelas, medida que sería del todo incomprensible si no fuera una respuesta a la elección de Eugène Sue, cuyas novelas socialistas no ha olvidado todavía la mayoría. Todas las obras publicadas por entregas semanales o mensuales de menos de cierta extensión quedan sujetas al timbre igual que los periódicos. Y, por último, todo artículo que aparezca en un periódico deberá llevar la firma de su autor.
Esta ley, tal como la ha dejado la furia ciega de la mayoría, cae con todo su peso no solo sobre la prensa socialista y republicana, sino también sobre la prensa contrarrevolucionaria, y quizá con mucho más peso sobre esta que sobre la prensa de oposición. Los nombres de los escritores republicanos son bastante conocidos, y poco importa que firmen o no sus artículos; pero que el Journal des Débats, la Assemblée Nationale, el Pouvoir, el Constitutionnel, etc., se vean obligados a publicar los nombres de sus colaboradores, y sus editoriales perderán de inmediato toda influencia, incluso sobre su propia clase de lectores. El nombre de un gran diario, sobre todo si es antiguo, es siempre para la gente respetable una razón social respetable; pero que esas razones sociales, Bertin y Cía., Véron y Cía., Delamarre y Cía., se disuelvan un día en sus componentes literarios, que esa misteriosa «Cía.» se descomponga en venales gacetilleros a tanto la línea, viejos en el oficio, que por dinero contante han defendido todas las causas posibles, como Granier de Cassagnac, o en viejas necias que se dicen estadistas, como Capefigue; que todos los hombrecillos que alzan la voz y largan grandes artículos salgan a la luz del día por obra de la nueva ley, y se verá qué triste figura hace la prensa respetable.
Es cierto que, con la nueva ley, el encarecimiento de los periódicos excluirá de este medio de información a una clase muy numerosa de lectores. Los periódicos, las publicaciones periódicas baratas y otras publicaciones populares quedarán fuera del alcance de numerosos obreros y, sobre todo, de la mayoría de la gente del campo. Pero la prensa siempre fue un medio meramente auxiliar para agitar a los campesinos, una clase mucho más sensible a sus propios sufrimientos materiales y al aumento de los impuestos que a las declamaciones de la prensa; y mientras el actual Gobierno burgués no encuentre el medio, que nunca encontrará, de aliviar el peso de la usura y de los impuestos sobre los campesinos, habrá descontento y «tendencias revolucionarias» en esta clase recién despertada. En cuanto a los obreros de las ciudades, no se les puede impedir del todo ver los periódicos, y si se suprimen las publicaciones periódicas baratas, lo compensarán multiplicando las sociedades secretas, los clubes de debate secretos, etc. Pero si el Gobierno ha obtenido algún resultado en cuanto a reducir el número de folletos y publicaciones periódicas revolucionarios, lo ha obtenido a costa de arruinar a todo el ramo de la edición y la librería, pues es imposible que estos negocios subsistan con las restricciones que impone la nueva ley. Y así es muy probable que esto contribuya mucho a la disgregación del partido del orden, dentro y fuera de la Asamblea.
En cuanto se votó la ley de prensa, la Asamblea pasó a dar a Luis Napoleón otro aviso bien claro de que no debía rebasar los límites en que lo había colocado la Constitución. El periódico bonapartista Le Pouvoir había publicado un artículo con comentarios poco favorables sobre la Asamblea. Se desenterró una vieja ley de la Restauración, y el editor del Pouvoir fue llevado a la barra por ofensa a la Asamblea y condenado a 5.000 francos (200 libras) de multa, que, naturalmente, se pagaron enseguida. La pena no era muy severa, pero el acto de la Asamblea era bastante significativo. «Golpeamos abajo, pero apuntamos más arriba», dijo un diputado, entre grandes aplausos.
La Asamblea decidió luego suspender sus sesiones durante tres meses a partir del 11 de agosto próximo. Como dispone la Constitución, tenía que elegir una comisión de veinticinco miembros que permanecerá en París durante las vacaciones parlamentarias para vigilar al poder ejecutivo. Los jefes de la mayoría, creyendo a Luis Napoleón suficientemente humillado, elaboraron una lista de candidatos que no incluía más que a miembros de la mayoría: orleanistas, legitimistas moderados, algunos bonapartistas, ningún republicano ni ningún ultralegitimista. Pero en la votación se excluyó a todos los bonapartistas y en su lugar salieron elegidos algunos republicanos moderados y varios ultralegitimistas, lo que muestra una vez más la disposición de la Asamblea a no consentir ninguno de los golpes de Estado con que sueña siempre Luis Napoleón.
No espero que ocurra nada serio hasta que se haga el intento de derribar la república, ya sea el presidente, ya una de las facciones monárquicas. Esto sacaría sin duda al pueblo de su letargo; y es un acontecimiento que ha de producirse de aquí a mayo de 1852, aunque es imposible predecir en qué momento preciso.