Escrito por Friedrich Engels en inglés y publicado, con las iniciales F. E., en The Democratic Review (Londres), de marzo de 1850, la revista cartista de George Julian Harney. No hemos podido consultar el texto inglés en una fuente libre; traducido de la versión alemana de Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, tomo 7 (Berlín, 1960, pp. 226-232), sin su aparato editorial, por la Escuela de marxismo, 2026. Las notas son nuestras. Texto en alemán.
Los portavoces de la clase obrera se han limitado hasta ahora, por regla general, a oponer a los argumentos de la burguesía librecambista, de la llamada «escuela de Manchester»,1 simples estallidos de indignación ante el carácter inmoral y desvergonzadamente egoísta de sus doctrinas. El obrero, explotado hasta el extremo, pisoteado, físicamente destrozado y mentalmente agotado por una clase altanera de fabricantes ávidos de dinero, merecería sin duda su suerte si no le hirviera la sangre cuando se le declara con todo descaro que está condenado por toda la eternidad a servir como una parte de la maquinaria, a ser usado y abusado como le plazca a su amo, para mayor gloria y más rápida acumulación del capital, y que solo con esta condición podrán mantenerse la «superioridad de su país» y la existencia de la propia clase obrera. Sin este sentimiento de indignación apasionada, revolucionaria, la causa de la emancipación proletaria no tendría esperanza. Pero una cosa es mantener vivo entre los obreros el viril espíritu de oposición y otra muy distinta hacer frente a sus enemigos en el debate público. Aquí la mera indignación, el mero estallido de un sentimiento violento, por justificado que esté, no puede conseguir nada; aquí hacen falta argumentos. Y no cabe duda de que la escuela librecambista, también en una discusión tranquila y objetiva, incluso en su terreno favorito, la economía política, puede ser fácilmente derrotada por los defensores de los intereses obreros.
Sobre la desvergonzada osadía con que los fabricantes librecambistas declaran que la existencia de la sociedad moderna depende de que sigan acumulando riqueza con la sangre y el sudor del pueblo trabajador, solo una palabra: en todos los periodos de la historia, la gran mayoría del pueblo no ha sido, en una u otra forma, más que el instrumento del enriquecimiento de unos pocos privilegiados. Sin embargo, en todos los tiempos anteriores este sistema chupasangre se ejerció bajo el manto de toda clase de pretextos morales, religiosos y políticos: curas, filósofos, juristas y estadistas contaban al pueblo que, por su propio bien y porque Dios lo había querido así, estaba entregado al hambre y a la miseria. Ahora, en cambio, los librecambistas declaran abiertamente: vosotros, obreros, sois esclavos y debéis seguir siéndolo, porque solo gracias a vuestra esclavitud podemos aumentar nuestra riqueza y nuestro bienestar, porque nosotros, la clase dominante de este país, no podemos seguir dominando sin que vosotros seáis esclavos. Así que por fin se ha desvelado el secreto de la opresión; gracias a los librecambistas, el pueblo puede ahora por fin reconocer claramente su situación; ahora por fin la cuestión está planteada con claridad y sin equívocos: ¡o nosotros o vosotros! Y por eso, igual que preferimos el enemigo declarado al falso amigo, preferimos el librecambista desvergonzado al aristócrata hipócrita y filantrópico, el cuáquero Bright a lord Ashley.2
La ley de las diez horas se impuso tras una lucha larga y violenta, librada durante cuarenta años en el Parlamento, en la tribuna, en la prensa y en cada fábrica y cada taller de los distritos industriales. De un lado se presentaban los cuadros más desgarradores: niños atrofiados en su crecimiento y asesinados; mujeres arrancadas de su hogar y de sus pequeños; generaciones enteras contagiadas de enfermedades insidiosas, vidas humanas sacrificadas en masa y felicidad humana destruida a escala nacional; todo eso solo para hacer todavía más ricos a unos cuantos individuos ya de por sí riquísimos.
Y no eran fantasías, era todo un hecho, un hecho tozudo. Sin embargo, nadie se atrevía a exigir que se eliminara este sistema infame; solo se pedía que se limitara en alguna medida. Del otro lado venían los fríos y despiadados economistas políticos, servidores a sueldo de quienes engordan con este sistema, y demostraban mediante una serie de deducciones tan irrefutables y concluyentes como la tabla de multiplicar que, so pena de «arruinar el país», no había ninguna posibilidad de tocar en lo más mínimo este sistema.
Hay que reconocer que los portavoces de los obreros fabriles nunca han sido capaces de refutar los argumentos de los economistas políticos, y que incluso rara vez se han atrevido a discutir con ellos. La razón es que, bajo el orden social actual, mientras el capital se encuentre en manos de los pocos a los que los muchos tienen que vender su fuerza de trabajo, esos argumentos equivalen a otros tantos hechos, hechos tan indiscutibles como los que había presentado la parte contraria. Sí, bajo el orden social actual Inglaterra, con todas las clases de su población, depende por completo de la prosperidad de su industria, y esta prosperidad depende por completo, bajo el sistema actual, de la libertad del mercado, sin restricción alguna, y de que todos los recursos del país se aprovechen para obtener los mayores beneficios posibles.
Sí, la única posibilidad de mantener de algún modo esta prosperidad de la industria, de la que hoy depende literalmente la existencia del Imperio, consiste bajo el sistema actual en producir cada año más con menos costes. ¿Y cómo se puede producir más con menos costes? Primero, haciendo trabajar cada año a los instrumentos de producción, la máquina y el obrero, más que el año anterior; segundo, sustituyendo el método de producción hasta entonces usual por otro nuevo y más perfecto, es decir, sustituyendo obreros por maquinaria mejorada; y tercero, rebajando los costes del obrero mediante la reducción de sus gastos de subsistencia (libre comercio de cereales, etc.) o, simplemente, empujando su salario hasta el nivel más bajo posible. Por consiguiente, el obrero es en todos los casos el que pierde; por consiguiente, ¡Inglaterra solo puede sostenerse mediante la ruina de su población obrera! Tal es la situación: estas son las fatalidades a las que han empujado a Inglaterra el progreso de la maquinaria, la acumulación del capital y, en consecuencia, la competencia en el interior y en el exterior.
Así pues, la ley de las diez horas, en sí misma y como medida definitiva, era decididamente un paso en falso, una medida impolítica e incluso reaccionaria, que llevaba en sí el germen de su propia destrucción. Por un lado, no eliminaba el orden social actual y, por otro, tampoco favorecía su desarrollo. En lugar de llevar el sistema a su punto extremo, a un punto en que la clase dominante encontrara agotados todos sus recursos, a ese punto en que se hiciera necesario el dominio de otra clase, una revolución social, la ley de las diez horas debía hacer retroceder la sociedad a un estado que el sistema actual había dejado atrás hacía mucho tiempo. Esto se ve claramente con solo mirar a los partidos que impusieron la ley en el Parlamento contra la resistencia de los librecambistas. ¿Fue la clase obrera, cuya agitación, cuya actitud amenazadora le dio la victoria? Desde luego que no. Si así fuera, los obreros habrían impuesto ya hace años la Carta;3 además, los hombres de la clase obrera que dirigían el movimiento por la reducción de la jornada de trabajo eran cualquier cosa menos caracteres peligrosos y revolucionarios. Eran en su mayoría gente moderada y respetable, que respetaba el trono y el altar. Se mantenían alejados del cartismo y se inclinaban en su mayoría por una especie de torismo sentimental. Nunca infundieron miedo a ningún gobierno. La ley de las diez horas la impusieron los adversarios reaccionarios del librecambio, los intereses coaligados de los terratenientes, de la alta finanza, de las colonias y de los armadores, la aristocracia unida y aquellas capas de la burguesía que temían a su vez la preponderancia de los fabricantes librecambistas. ¿La impusieron por alguna simpatía hacia el pueblo? Ellos, desde luego, no. Vivían y viven de la explotación del pueblo. Son igual de malos, aunque más sentimentales y no tan desvergonzados como los fabricantes. Pero no querían que estos los apartaran y, por odio hacia ellos, aprobaron esta ley, que había de asegurarles el favor del pueblo y a la vez frenar el rápido crecimiento del poder social y político de los fabricantes. La aprobación de la ley de las diez horas no demostró que la clase obrera fuera fuerte; solo demostró que los fabricantes no eran todavía lo bastante fuertes para imponer su voluntad.
Desde entonces los fabricantes han consolidado su preponderancia sobre todo al arrancar al Parlamento la proclamación del libre comercio de cereales y de la libre navegación.4 Tanto los intereses de los terratenientes como los de los armadores han sido sacrificados a la estrella ascendente de los fabricantes. Pero cuanto más crecía su poder, más sentían las cadenas que les había puesto la ley de las diez horas. La han desafiado abiertamente; han vuelto a introducir el sistema de relevos y han obligado al ministro del Interior a publicar circulares en las que se ordenaba a los inspectores de fábricas no tomar nota de esta infracción de la ley. Y cuando, por último, la creciente demanda de su producto hizo insoportables las protestas de algunos inspectores molestos, llevaron la cuestión ante el Court of Exchequer,5 que con una sola sentencia anuló la ley de las diez horas hasta el último rastro.
Así quedó aniquilado en un día el fruto de una agitación de cuarenta años por el creciente poder de los fabricantes, a los que vino en ayuda una sola efusión de «prosperidad» y de «demanda creciente», y los jueces de Inglaterra han demostrado que, no menos que los curas, los abogados, los estadistas y los economistas, no son más que los servidores a sueldo de la clase dominante, ya se trate de la clase de los terratenientes, de los aristócratas de las finanzas o de los fabricantes.
¿Somos por eso adversarios de la ley de las diez horas? ¿Queremos que siga este sistema abominable de sacar dinero de la médula y la sangre de mujeres y niños? Desde luego que no. Somos tan poco adversarios de la ley que pensamos que la clase obrera, el primer día en que conquiste el poder político, tendrá que adoptar contra el exceso de trabajo de mujeres y niños medidas mucho más tajantes que una ley de diez o incluso de ocho horas. Pero afirmamos que la ley, tal como se aprobó en 1847, no la aprobó la clase obrera, sino sus aliados temporales, las clases sociales reaccionarias, y que, como no la siguió ninguna otra medida para transformar de raíz la relación entre el capital y el trabajo, era una medida inoportuna, insostenible e incluso reaccionaria.
Pero si la ley de las diez horas llegara a perderse, la clase obrera saldrá ganando de todos modos. Puede conceder tranquilamente a los fabricantes unos momentos de júbilo; al final serán ellos los que se lamenten. Porque, en primer lugar, el tiempo y los esfuerzos empleados en una agitación tan larga por la ley de las diez horas no se han perdido, aunque su objetivo inmediato se haya frustrado. Las clases trabajadoras encontraron en esta agitación un medio eficaz para conocerse unas a otras, para llegar a comprender su situación social y sus intereses, para organizarse y para tomar conciencia de su fuerza. El obrero que ha participado en una agitación así ya no es el mismo que antes; la clase obrera en su conjunto, después de haberla vivido, es cien veces más fuerte, más consciente y está mejor organizada que al principio. Era una aglomeración de simples individuos, sin conocimiento alguno unos de otros, sin ningún vínculo común; hoy, en cambio, es un cuerpo poderoso, consciente de su fuerza, reconocido como el «cuarto estado» y que pronto será el primero.
En segundo lugar, la clase obrera habrá aprendido por experiencia que nadie puede procurarle ninguna ventaja duradera, sino que tiene que procurársela ella misma, conquistando ante todo el poder político. Ahora tiene que reconocer que en ninguna circunstancia tiene garantía alguna de mejorar su situación social, salvo mediante el sufragio universal, que le permitiría llevar a la Cámara de los Comunes una mayoría de obreros. Y así el estrangulamiento de la ley de las diez horas será de gran provecho para el movimiento democrático.
En tercer lugar, la anulación de hecho de la ley de 1847 empujará a los fabricantes a una sobreproducción tan desenfrenada que vendrá un descalabro tras otro. Muy pronto se habrán agotado todas las fuentes y todos los recursos del sistema actual, y se hará inevitable una revolución que transformará la sociedad mucho más hondamente que 1793 y 1848 y que conducirá rápidamente al dominio político y social del proletariado. Ya hemos visto cómo el sistema social actual descansa en el dominio de los capitalistas industriales y cómo este dominio depende de la posibilidad de ampliar una y otra vez la producción reduciendo al mismo tiempo sus costes. Pero esta expansión de la producción tiene un límite: no puede rebasar el marco de los mercados existentes. Si lo hace, viene un descalabro y con él la ruina, la bancarrota y la miseria. Hemos vivido varios descalabros así, que hasta ahora se superaron felizmente abriendo nuevos mercados (en 1842 en China) o explotando mejor los viejos mercados gracias a la reducción de los costes de producción (por ejemplo, mediante el libre comercio de cereales). Pero también eso tiene su límite. Ya no hay nuevos mercados que abrir, y solo queda un medio de rebajar los salarios: una reforma financiera radical y la reducción de los impuestos mediante el no reconocimiento de la deuda pública. Y si los fabricantes librecambistas no tienen el valor de llegar tan lejos, o si también se agotan un día estos recursos pasajeros, entonces perecerán de abundancia. Salta a la vista que, en un sistema que depende de ampliar la producción cada día, ante la imposibilidad de seguir extendiendo los mercados, el dominio de los fabricantes ha llegado a su fin. ¿Y entonces qué? Ruina general y caos, dicen los librecambistas. Revolución social y dominio del proletariado, decimos nosotros.
¡Obreros de Inglaterra! Si vosotros, vuestras mujeres y vuestros hijos vais a volver a estar encerrados trece horas diarias en las «cajas de ruido», no desesperéis por ello. Es un cáliz que, por amargo que sea, hay que apurar. Cuanto antes paséis por él, mejor. Estad seguros de que vuestros altaneros amos, al conseguir lo que llaman una victoria sobre vosotros, han cavado su propia tumba. La anulación de hecho de la ley de las diez horas es un acontecimiento que acelerará considerablemente la hora, ya próxima, de vuestra liberación. Vuestros hermanos, los obreros franceses y alemanes, nunca se han contentado con leyes de diez horas. Exigían la completa liberación de la tiranía del capital. Y vosotros, que tenéis a mano, en la maquinaria, en la destreza y en el número, muchos más medios para obrar vuestra propia redención y producir lo suficiente para todos vosotros, no os contentaréis ciertamente con un pequeño pago a cuenta. No pidáis, pues, más «protección del trabajo», sino luchad con audacia y sin demora por aquel dominio político y social de la clase del proletariado que os pondrá en condiciones de proteger vosotros mismos vuestro trabajo.
F. E.
La corriente de los fabricantes librecambistas de Manchester, encabezados por Richard Cobden y John Bright, que dirigieron la campaña contra las leyes de cereales. ↩
John Bright (1811-1889), fabricante de algodón cuáquero, jefe librecambista con Cobden; lord Ashley, más tarde conde de Shaftesbury (1801-1885), aristócrata tory y filántropo, portavoz parlamentario de la legislación fabril. ↩
La Carta del Pueblo (1838), programa del movimiento cartista, cuyo primer punto era el sufragio universal masculino. ↩
Las leyes de cereales se derogaron en 1846 y las leyes de navegación en 1849. ↩
Tribunal de Hacienda, uno de los tribunales superiores de common law ingleses; su sentencia de febrero de 1850 admitió el sistema de relevos. ↩