La nueva ley sobre el Banco de Francia (1857)

Artículo publicado sin firma como editorial en el New-York Daily Tribune, n.º 5045, 20 de junio de 1857, p. 4; atribuido a Karl Marx por la MEW (tomo 12); el tomo correspondiente de la MEGA² (I/15) aún no ha salido. El artículo no lleva titular propio; el título es el de la MEW. Traducido del original inglés del periódico (Biblioteca del Congreso, Chronicling America) por la Escuela de marxismo, 2026. Las notas son nuestras. Texto original en inglés

La nueva ley del Banco de Francia y la dimisión del conde d'Argout,¹ gobernador del Banco, son incidentes bastante notables de la historia financiera del actual Imperio. Puesto en 1833 por Luis Felipe a la cabeza de la bancocracia francesa, el señor d'Argout se distinguió por la tenacidad con que se aferró al cargo durante 23 años y por la circunspecta prudencia con que capeó las tormentas de 1848 y 1851. La revolución de 1848 no iba dirigida solo contra Luis Felipe, sino más aún contra la haute finance, que tenía su centro en el Banco de Francia. Esta institución y el impopular personaje que la encabezaba parecían, pues, los primeros blancos naturales del asalto revolucionario. El conde d'Argout, que subestimaba las posibilidades inmediatas del momento, se creyó lo bastante fuerte para empujar a las clases medias, a fuerza de miedo, a una contrarrevolución, agravando artificialmente la crisis financiera. Así que cortó de golpe los créditos con que solía contar el comercio de París; pero el inmenso peligro que había invocado tan deliberadamente, en vez de hacer tambalearse al gobierno provisional, repercutió sobre el propio Banco. En lugar de la contrarrevolución que esperaba confiado, se produjo una inoportuna avalancha de reembolsos en el Banco. Si d'Argout había calculado mal las energías del pueblo, caló con más agudeza las capacidades del gobierno. No solo consiguió que este diera curso forzoso a los billetes del Banco y aceptara humildemente, en las condiciones más desfavorables, un préstamo de la misma empresa que acababa de salvar de una ruina irremediable, sino que aprovechó la ocasión para aumentar las fuentes de ganancia del Banco, procurándole el privilegio de emitir billetes de menor valor nominal, y para extender su monopolio aplastando a los bancos de emisión de provincias. Antes de 1847, el billete de menor valor que emitía el Banco de Francia era de 500 francos; en 1848 se le autorizó a emitir billetes de 200 y de 100 francos. El lugar de los bancos provinciales, privados del privilegio de emitir billetes de que hasta entonces habían gozado, lo ocuparon nuevas sucursales del Banco de Francia. A consecuencia de estos cambios, su circulación total, que a fines de 1847 solo ascendía a 48.000.000 de dólares, alcanzó a fines de 1855 la suma de 122.445.000 dólares; sus operaciones brutas, que en 1847 no llegaban a 375.000.000 de dólares, habían subido ya en 1855 a 940.600.000 dólares, de los cuales 549.000.000 correspondían a la actividad de las sucursales; y sus acciones, que antes de la revolución solían cotizarse a unos 2.000 francos, se venden ahora a 4.500. Antes de 1848, el Banco de Francia había sido una institución más parisina que francesa. Los nuevos privilegios que le otorgó el gobierno revolucionario lo convirtieron en una empresa privada de dimensiones nacionales. Así, gracias a la hábil gestión de d'Argout, el monopolio de la aristocracia financiera, que la revolución de febrero se proponía derribar, quedó ampliado, reforzado y reorganizado por obra de esa misma revolución.

La segunda gran catástrofe que d'Argout tuvo que afrontar fue el coup d'état,² cuyo éxito dependía sobre todo de que se abrieran por la fuerza las arcas del Banco confiadas a su custodia. El dúctil gobernador no solo hizo la vista gorda ante el robo con fractura de Bonaparte, sino que contribuyó mucho a calmar los temores del mundo comercial, aferrándose a su puesto en un momento en que la desbandada de la administración de toda la gente respetable o que pretendía serlo amenazaba seriamente con comprometer al usurpador. En recompensa por tan buenos servicios, Bonaparte se avino a no aprovechar la cláusula de la última renovación del privilegio del Banco, en 1840, por la que sus estatutos habrían podido revisarse en 1855. D'Argout, como su amigo el difunto mariscal Soult,³ nunca mostró fidelidad a otra cosa que al puesto y al sueldo. Su dimisión del gobierno del Banco de Francia en este momento solo puede explicarse por el mismo principio que, según la creencia popular, mueve a las ratas a abandonar las casas que se derrumban.⁴

La historia de la nueva ley bancaria la señala como uno de esos chanchullos rastreros que distinguen la era del actual Imperio. Durante la crisis financiera que estalló en Europa a fines de 1856 se planteó por primera vez la reforma de la ley bancaria vigente, con el pretexto plausible de que las enormes operaciones del Banco descansaban sobre un capital demasiado pequeño. Durante más de seis meses se celebraron, en presencia de Napoleón III, misteriosas conferencias entre los representantes del Banco, por un lado, y los grandes financieros de París, los ministros y el Consejo de Estado, por otro. Pero el actual proyecto no se presentó al Cuerpo Legislativo hasta que este estuvo en vísperas de su disolución definitiva. En las deliberaciones previas en los bureaux⁵ fue violentamente atacado; la comisión nombrada para dictaminar sobre él lo hizo literalmente trizas, y hasta se amenazó con rechazar el proyecto por completo. Pero Bonaparte conocía a sus criaturas. Les hizo llegar el aviso de que el gobierno estaba decidido y de que tenían que elegir entre aprobar la ley o verse echados de sus sinecuras en las próximas elecciones. Para ayudarles a desprenderse de los últimos restos de vergüenza, se reservó para la discusión de la ley el último día de la legislatura. Entonces, naturalmente, fue aprobada con algunas enmiendas insignificantes. ¿Qué rasgos tendrá una ley que ha requerido tantas maniobras para ser aprobada por un cuerpo como este Cuerpo Legislativo?

En efecto, ni siquiera en tiempos del propio Luis Felipe, cuando era notorio que el Banco de Francia y los Rothschild podían poner el veto a cualquier proyecto legislativo que no fuera de su gusto, se habría atrevido ministro alguno a proponer una entrega tan completa del Estado en sus manos. El gobierno renuncia a la facultad, garantizada todavía por el privilegio de 1846,⁶ de modificar la nueva ley bancaria antes de que expire. Los privilegios del Banco, a los que aún les quedan diez años, se prorrogan benévolamente por otros treinta. Se le permite rebajar a 50 francos el valor nominal de sus billetes, cláusula cuyo alcance se comprenderá plenamente si se considera que la introducción, en 1848, de los billetes de 200 y de 100 francos permitió al Banco sustituir por su propio papel unos 30.000.000 de dólares en oro y plata. De las enormes ganancias que sin duda reportará al Banco este cambio no se reserva parte alguna a la nación, que, por el contrario, tiene que pagar al Banco el crédito que se le confiere en nombre de Francia. El privilegio de establecer sucursales en los departamentos donde aún no existen se otorga al Banco de Francia, no como concesión del gobierno al Banco, sino, al contrario, como concesión del Banco al gobierno. El permiso para cobrar a sus clientes un interés superior al 6 por ciento legal no lleva más obligación que la de añadir los beneficios así obtenidos a su capital y no a sus dividendos anuales. La rebaja del interés de sus cuentas corrientes con el Tesoro del cuatro al tres por ciento queda más que compensada por la supresión de la cláusula de la ley de 1840 que obligaba al Banco a no cobrar interés alguno mientras el saldo de la cuenta fuera inferior a 80.000.000, cuando el saldo medio habitual de esas cuentas es de 82.000.000.⁷ Por último, y no menos importante, las 91.250 acciones de nueva creación, de 1.000 francos de valor nominal, se adjudican exclusivamente a los poseedores de las 91.250 acciones ya existentes; y como las acciones del Banco se venden ahora en la Bolsa a 4.500 francos, estas nuevas acciones se entregarán a los antiguos accionistas al precio de 1.100 francos. Esta ley, hecha por entero a favor de la bancocracia a costa del Estado, ofrece la prueba más concluyente de los apuros de dinero a que se ve ya empujado el gobierno bonapartista. Como equivalente de todas sus concesiones, ese gobierno recibe la suma de 20.000.000 de dólares, que el Banco está obligado a invertir en rentes al tres por ciento que se crearán con ese fin y cuyo precio mínimo se fija en 75 francos. Toda la operación parece abonar con fuerza la idea, extendida en el continente europeo, de que Bonaparte ha echado mano ya en gran cantidad de las arcas del Banco y está ahora deseoso de vestir sus transacciones fraudulentas con un ropaje más o menos respetable.