Artículo publicado sin firma como editorial en el New-York Daily Tribune, n.º 5507, 15 de diciembre de 1858, p. 4; atribuido a Karl Marx por la MEGA² (I/16). El artículo no lleva titular; el título es el de los editores de la MEW. Traducido del original inglés del periódico (Biblioteca del Congreso, Chronicling America) por la Escuela de marxismo, 2026. Las notas son nuestras. Texto original en inglés.

El emperador de los franceses acaba de emprender la ejecución de uno de sus proyectos favoritos, a saber, la regulación del precio del pan en todo su imperio. Esta idea la anunció ya con toda precisión en 1854, en su discurso al Cuerpo Legislativo1 con ocasión de la declaración de guerra a Rusia. Vale la pena citar cómo planteó entonces la cuestión, y la reproducimos como sigue:

«Ante todo, recomiendo a su atención el sistema adoptado ahora por la ciudad de París; pues si se extiende, como confío en que se extenderá, a toda Francia, impedirá en el futuro esas variaciones extremas del precio del grano que en tiempos de abundancia hacen languidecer la agricultura por el bajo precio del trigo y en años de escasez hacen sufrir tanto a las clases más pobres por su carestía. Ese sistema consiste en establecer en todos los grandes centros de población una institución de crédito llamada Banco de los Panaderos (Caisse de la Boulangerie), que durante los años de carestía puede dar el pan a un precio infinitamente más bajo que la cotización oficial del mercado, a condición de que su precio sea algo más alto en los años de abundancia. Como las buenas cosechas son en general más numerosas que las malas, es fácil comprender que la compensación entre unas y otras puede efectuarse sin dificultad. Se obtendría además la inmensa ventaja de contar con compañías de crédito que, en lugar de ganar con la subida del precio del pan, estarían, como todo el mundo, interesadas en su baratura; pues, al contrario de lo que ha existido hasta el presente, tales compañías ganarían dinero en las épocas de fertilidad y lo perderían en las de carestía.»

El principio aquí sentado es que el pan debe venderse «infinitamente» por debajo de su precio de mercado en las malas temporadas y solo «algo» por encima de ese mismo precio en las buenas, y que la compensación ha de resultar de la esperanza de que los años buenos superen con mucho a los escasos. Una vez establecido en París el Banco de los Panaderos por un decreto imperial de diciembre de 1853, el precio máximo del pan de cuatro libras se fijó en 40 céntimos; los panaderos quedaron facultados para reclamar al Banco la compensación de sus pérdidas, y el Banco, a su vez, reunía sus fondos emitiendo obligaciones garantizadas por el municipio, que, por su parte, reunía los fondos de garantía contrayendo nuevas deudas y aumentando los derechos de consumo sobre los artículos que entraban por las puertas de París.2 Además, el gobierno aportó directamente cierta suma del erario público. A finales de 1854, las deudas así contraídas por el municipio de París, junto con el dinero del gobierno, habían alcanzado ya la suma de ochenta millones de francos. El gobierno se vio entonces obligado a desandar lo andado y a elevar sucesivamente el precio máximo del pan a 45 y a 50 céntimos. Así, el pueblo de París tuvo que pagar en parte, en forma de mayores derechos de consumo, lo que ahorraba en el precio del pan, y el resto de Francia tuvo que pagar un impuesto general de beneficencia en favor de la capital, en forma de la subvención directa del gobierno concedida al municipio de París. Con todo, el experimento resultó un fracaso completo: el precio del pan en París subió por encima del máximo oficial durante las malas temporadas de 1855 a 1857 y bajó por debajo de él durante las ricas cosechas de 1857 y 1858.

Sin desanimarse en absoluto por el fracaso de este experimento en una escala relativamente pequeña, Luis Napoleón se ha puesto ahora a organizar, por su propio ucase,3 el oficio de panadero y el comercio de grano en todo el Imperio. Hace algunas semanas, uno de sus periódicos de París intentó convencer al público de que una «reserva de grano» era una necesidad en todas las ciudades de cierta importancia. El argumento era que en los peores años de escasez el déficit máximo de grano había equivalido a 28 días de consumo de toda la población, y que el número medio de años malos consecutivos era de tres. A partir de estas premisas se calculaba que «una reserva efectiva para tres meses será todo lo que puede exigirse a la previsión humana». Si se extendiera solo a las ciudades con una población mínima de 100.000 habitantes,4 y puesto que la población total de esas ciudades en Francia (excluido París) asciende a 3.770.000 almas,5 que cada alma media consume 45 kilogramos de trigo en tres meses y que el precio actual del trigo es de unos 14 francos el hectolitro, tal reserva, según este modo de ver la cuestión, costaría ¡entre 31.000.000 y 32.000.000 de francos! Pues bien, el 18 de noviembre Le Moniteur6 publicó un decreto en los siguientes términos:

«Art. 1. La reserva de los panaderos en todas las ciudades en que el oficio de panadero está regulado por decretos y ordenanzas se fija en la cantidad de grano o de harina necesaria para atender durante tres meses la producción diaria de cada panadería.

»Art. 2. En el plazo de un mes a partir de esta fecha, los prefectos de los departamentos, después de consultar a los municipios, decidirán si las reservas se constituirán en grano o en harina y fijarán el plazo en que deberán formarse, así como la parte de ellas que podrá depositarse en almacenes públicos.»

A este decreto se adjunta una lista de las ciudades «en que el oficio de panadero está regulado», y que, por consiguiente, tienen que constituir reservas. La lista comprende todas las ciudades de Francia de cierta importancia, excepto París y Lyon, donde ya existen reservas y que por consiguiente no entran en el ámbito del decreto. En total, son nada menos que 161 ciudades, y entre ellas están Marsella, Saint-Quentin, Moulins, Caen, Angulema, Dijon, Bourges, Besanzón, Évreux, Chartres, Brest, Nimes, Toulouse, Burdeos, Montpellier, Rennes, Tours, Grenoble, Saint-Étienne, Nantes, Orleans, Angers, Reims, Châlons, Metz, Lille, Douai, Valenciennes, Beauvais, Arras, Saint-Omer, Calais, Boulogne-sur-Mer, Estrasburgo, Mulhouse, Ruan, El Havre, Mâcon, Le Mans, Amiens, Abbeville y Tolón. Según el último censo, la población de las 161 ciudades puede calcularse ahora en unos ¡8.000.000! Eso nos da 5.500.000 hectolitros, con un coste de entre 70.000.000 y 80.000.000 de francos para las reservas. Al transmitir por circular el decreto a los prefectos de los departamentos, el ministro de Agricultura y Comercio7 les dice que, aunque «no deben obligar a los panaderos a cumplir precipitadamente las obligaciones que les impone el decreto», sí deben «fijar dentro de límites razonables el plazo concedido para hacerlo». Deja a los prefectos que decidan, según las circunstancias locales, si las reservas han de constituirse en grano o en harina. Luego les dice que la medida actual, por vasta que sea, puede considerarse susceptible de ampliación.

«El gobierno no exagera, señor prefecto, la importancia de la medida que he descrito. Sabe que el decreto solo concierne a una pequeña parte de la población, y por eso se ha ocupado de la posibilidad de extender sus medios de acción. Los habitantes de las aldeas y de los pueblos cuecen su propio pan y toman de sus cosechas la cantidad de trigo necesaria para sus familias durante el año. La intervención del gobierno respecto de ellos sería inútil e imposible. Pero en cierto número de capitales de departamento, y en un número mayor de cabezas de distrito y de cantón, e incluso en pueblos populosos, los panaderos elaboran una parte importante del pan que se consume, y sin embargo no están sujetos a reglamentación alguna ni obligados a constituir reservas. ¿No es posible someter a los panaderos de lugares como estos al mismo régime e imponerles la misma saludable ley de la prudencia? El gobierno se inclina a pensar que sus prescripciones a este respecto no encontrarían ninguna objeción seria.»

Antes, sin embargo, de someter al decreto citado todo el resto de Francia, excepto las aldeas pequeñas, el ministro ordena a los prefectos que consulten a los municipios de los lugares que ahora no entran en su ámbito. Luego les dice a los prefectos cómo han de almacenarse las reservas:

«Los panaderos deben aprovechar en lo posible las dependencias de sus tiendas, ya que su vigilancia (surveillance) será fácil. Pero deben ustedes invitar a los municipios a organizar y poner a disposición de los panaderos almacenes públicos destinados a recibir, mediante el pago de un alquiler fijado por tarifa, la reserva que ellos no puedan guardar por sí mismos. No dudo de que la ilustrada cooperación de las autoridades municipales facilitará estas operaciones.»

El ministro llega a continuación al punto vital: de dónde sacar el dinero para ejecutar el decreto.

«En cuanto a la reunión del capital necesario, estoy convencido de que los panaderos harán los más serios esfuerzos para procurarse las sumas que necesiten. Semejante empleo del capital presenta ventajas comerciales tan grandes y promete beneficios legítimos tales que difícilmente dejarán de obtener crédito, sobre todo en un momento en que el interés del dinero está tan bajo. ¿Es presumir demasiado de la buena voluntad de los capitalistas de cada municipio esperar su cooperación en favor de los panaderos? ¿No encontrarían en las reservas constituidas una prenda segura de sus anticipos, y una prenda que más bien está destinada a aumentar de valor que a disminuir? Me sentiré feliz si los esfuerzos que hagan ustedes en esta materia se ven coronados por el éxito. Me pregunto si los municipios no podrían, en caso necesario, a imitación de la Caja de París, crear recursos y emplearlos en anticipos a los panaderos. Para alentar y facilitar tales anticipos y multiplicarlos mediante la circulación, podría conferirse a los graneros destinados a recibir las reservas el carácter de depósitos francos (magasins généraux),8 y podrían expedir resguardos (warrants) que nuestro establecimiento financiero, y especialmente el Banco de Francia, aceptarían de buen grado con toda seguridad.»

El ministro concluye su circular ordenando que en el plazo de veinte días los prefectos le informen de lo que proponen en cuanto a la ejecución del artículo segundo del decreto y que en el plazo de un mes le comuniquen lo que recomiendan los municipios de las ciudades y pueblos no comprendidos en el decreto.9

Ahora bien, no nos proponemos entrar en este momento en la cuestión de los graneros públicos, pero la inmensa importancia de este golpe de Estado económico no necesita largo comentario. Es bien sabido que el precio actual del grano es ruinosamente bajo en Francia y que, en consecuencia, se perciben señales de descontento entre el campesinado. Con la demanda artificial que ha de crearse mediante la reserva de tres meses, Napoleón intenta subir artificialmente los precios y tapar así la boca a la Francia agrícola. Por otra parte, se proclama una especie de providencia socialista para los proletarios de las ciudades, aunque de una manera bastante torpe, ya que el primer efecto palpable de su decreto ha de ser hacerles pagar el pan más caro que antes. El «salvador de la propiedad»10 muestra a la clase media que no hace falta siquiera la intervención formal de sus legislaturas de pega, sino que basta un simple ucase personal suyo para disponer a su antojo de sus bolsillos, disponer de la propiedad municipal, perturbar la marcha del comercio y someter sus operaciones monetarias a sus caprichos privados. Por último, la cuestión ha de considerarse también desde el punto de vista puramente bonapartista. Harán falta en toda Francia inmensos edificios para graneros públicos; ¡y qué nuevo campo abrirán a los chanchullos y al saqueo! También se da un giro inesperado al comercio de cereales. ¡Qué beneficios no se embolsarán el Crédit Mobilier11 y los demás compañeros de juego de su Majestad Imperial! En todo caso, podemos estar seguros de que el socialista imperial tendrá más éxito subiendo el precio del pan que el que ha tenido en sus intentos de reducirlo.

  1. Cuerpo Legislativo, la cámara baja del Segundo Imperio francés, elegida por sufragio universal bajo estrecha tutela gubernamental y sin iniciativa legislativa. ↩

  2. El octroi, impuesto municipal sobre los artículos de consumo que entraban en la ciudad. ↩

  3. Ucase: decreto del zar; Marx aplica la palabra con ironía a los decretos de Napoleón III. ↩

  4. Así en el periódico; la MEW dice «10.000 habitantes». ↩

  5. Así en el periódico; la MEW da 3.776.000. ↩

  6. Le Moniteur universel, diario oficial del gobierno francés. ↩

  7. Eugène Rouher (1814-1884), ministro de Agricultura, Comercio y Obras Públicas de 1855 a 1863. ↩

  8. Depósitos generales autorizados, cuyos resguardos (warrants) podían descontarse o pignorarse como efectos de comercio. El periódico imprime «magasins generaux». ↩

  9. El periódico imprime «not concluded», errata evidente por «not included». ↩

  10. Alusión al papel de «salvador de la sociedad» y de la propiedad que se arrogó Luis Bonaparte tras el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851. ↩

  11. Société générale de Crédit mobilier, banco de inversiones fundado en 1852 por los hermanos Pereire, estrechamente ligado al régimen de Napoleón III y a la especulación de la época. ↩