Alarma, n.º 8, diciembre 1965 (pág. 15). PDF del número completo
Los juristas al servicio de la dictadura se ven y se desean para pergeñar leyes que permitan a la Comisión Internacional de Juristas decidir que nuestro persignado y guardiacivilesco gobierno es lo que se llama "un régimen de derecho". Ello abriría de par en par a Franco algunas puertas todavía entornadas de los organismos europeos, y aligeraría de escrúpulos las conciencias de los gobiernos occidentales.
En ese sentido, la nueva Ley de Prensa ha sido un fracaso mayúsculo. Desde el momento en que la iglesia católica, pilastra central de la dictadura desde su primer día, ha tenido que recusarla, no vale la pena que nosotros la pongamos en evidencia. Lo que la Iglesia consideraría como libertad de prensa, nosotros lo tendríamos aun como despótico y reaccionario. Ya es decir si el franquismo está vitaliciamente ligado a una prensa incondicional. No puede dar a escoger sino entre la camisola de fuerza y los muros de una cárcel.
A decir verdad, la camisola la llevan voluntaria, libremente, todos los periódicos que se publican hoy en España y cada uno de sus directores y redactores. Con cualquier ley que fuere seguirían detrás del régimen, por la contundente razón de que, sin excepción, son cómplices de los crímenes del mismo desde 1936. Aun los que hayan nacido después, precisemos. En España, toda prensa libre ha de ser clandestina, lo que no quiere decir que toda prensa clandestina es libre. Buena parte de la que a escondidas circula por España no se toma libertad sino frente a la representación actual del capitalismo en la Península, pero, sujeta a patronatos de Bloque militar, se auto-censura en consecuencia. La libertad de prensa sólo puede ejercerla la clase obrera espontáneamente, y con entera conciencia los revolucionarios, pues se ha convertido en función exclusiva de la lucha contra el capital y su Estado.