Alarme, n.º 2, octubre-noviembre-diciembre de 1978 (pág. 14). PDF del número completo · Texto original en francés

Después de haber apoyado durante años al gobierno militar y alimentado la fábula del papel «progresista» de esa dictadura militar; después de haber participado de lleno en la mistificación electoral para canalizar el descontento de la clase obrera hacia un terreno en el que de todos modos sale perdiendo —la elección entre diferentes equipos que proponen cada uno una gestión distinta del capital—, los «trotskistas», a través de la Federación de mineros y trabajadores metalúrgicos que está bajo su control, ante la amenaza de huelga de los mineros que se cernía, intentaron recuperar el descontento obrero lanzando una orden de huelga general indefinida. 40.000 mineros se pusieron en huelga, reclamando la readmisión de 400 compañeros despedidos a raíz de la huelga general de julio de 1977. Enseguida, la huelga, que se extendía ya a otros sectores, en particular a algunos servicios bancarios y de la administración, fue declarada ilegal por el gobierno, al que los «trotskistas» tienen la decencia de no seguir bautizando de «progresista». Diecisiete días después del comienzo de la huelga se decretaban el estado de excepción y la suspensión de todas las garantías constitucionales en los distritos mineros del país afectados por la huelga. Puede verse aquí con qué facilidad el poder deja de lado las leyes que temporalmente le estorban. Puede uno preguntarse también para qué servía entonces la movilización de los «trotskistas» y demás lacayos «izquierdistas» del capital por los «derechos democráticos», sino, una vez más, para desviar al proletariado de su lucha, puesto que el Estado peruano se ríe de ellos como de su último calcetín al menor desorden (como cualquier otro Estado hoy, por lo demás). Las medidas decretadas implicaban que el ejército ocupara esas regiones y sustituyera en ellas a la autoridad política: el orden militar en su desnudez más pura, sin el afeite engañoso de un gobierno «democrático». Ante la decisión de los mineros de no ceder y de no volver al trabajo, unos días más tarde se decretaba el estado de excepción en cinco de las 23 provincias del país. En algunas minas, sin embargo, se reanudaba el trabajo, mientras la Federación seguía inmovilizando la huelga en las reivindicaciones que se había dado al principio, en lugar de adelantar otras perspectivas, incluidas perspectivas insurreccionales. Por último, el sindicato «trotskista» remataba su obra de desmoralización, iniciada con su inmovilismo, suspendiendo la huelga, suspensión inmediatamente sancionada con el despido de 54 mineros. Pero esa derrota del proletariado peruano no es más que un episodio de su lucha. Sin embargo, su lucha solo podrá ser victoriosa cuando comprenda exactamente el papel que desempeñan hoy los sindicatos y los «trotskistas», la «izquierda» y los «izquierdistas», comprensión a la que todavía no ha llegado y que le facilitaría una organización auténticamente revolucionaria, hasta hoy inexistente en Perú.