A propósito de la ley Peyrefitte

Alarme, n.º 9, julio-agosto-septiembre de 1980 (pág. 17). PDF del número completo · Texto original en francés

«...La justicia francesa retrocede, se atenta contra la Democracia, la justicia “francesa” es burguesa...». Con pocos matices, quedan resumidas aquí las distintas reacciones, de la derecha a la izquierda, ante la ley Peyrefitte¹. Esta ley infame va a hacer de nuestro hermoso país un lugar invivible e injusto. Y venga a comparar con Inglaterra, patria del Parlamento, cuna de la Democracia, donde existe un verdadero habeas corpus, donde la acusación debe probar la culpabilidad del acusado (en Francia el acusado debe probar su inocencia). Además, los policías, que solo llevan porras, no pueden pedirte la documentación en la calle, y al otro lado del canal se es tan poco sexista que las mujeres pueden llegar a primer ministro y cargar a caballo, porra en mano, contra cualquier agrupamiento vagamente agitado.

God save the Queen! Si se comprende fácilmente el «malestar» y las huelgas de las masas trabajadoras francesas, ¿cómo explicar que los obreros británicos se hayan enfrentado a veces tan duramente al Estado de Su Majestad estos últimos años? Sin duda son demasiado tontos para comprender la dicha que tienen de vivir en la Libertad y la Democracia...

La justicia de Francia, de Inglaterra o de otras partes se basa en el respeto de la apropiación privativa del capital, privado, colectivo o estatal, y por tanto en el respeto de la existencia del capitalismo, del trabajo asalariado y de la ley del valor. Es vano, pues, buscar grados de «capitalismo» en los distintos códigos civiles nacionales, con estudios gráficos que muestran una «evolución» hacia un ⊕ o un ⊖ totalmente irreales. La justicia de las naciones capitalistas es forzosamente capitalista, y eso nos basta. Si se nos conceden o se nos quitan «derechos», tanto mejor o tanto peor; no iremos a balar para pedir nuevas leyes o la derogación de leyes «infames». La ley del valor es la única ley verdaderamente infame, y es la única que no formula ningún código civil, penal, militar, de circulación... Es, sin embargo, la que queremos destruir, la que enmascaran todas las demás leyes formuladas, que para un mismo modo de producción son cambiantes en el tiempo y en el espacio y, además, violadas a placer por quienes las hacen. Solo queda la noción de relación de fuerzas (mientras el capital puede imponernos esa ley, lo hace); es decir, no pedimos el derecho a abolir LA LEY del valor: buscamos tener la fuerza de destruirla.

Toda acción de clase, toda acción revolucionaria, es fundamentalmente indiferente a las legislaciones nacionales. Tiende, aun embrionariamente, a derribar la totalidad de las relaciones de producción y de las relaciones sociales que de ellas se derivan. Por eso mismo se sitúa más allá de la polémica acción legal-acción ilegal. A lo sumo, los medios de intervención que uno se da pueden modularse con el parámetro «legalidad»: esta situación se revela de manera patente en las intervenciones internacionales; la misma intervención revolucionaria puede ser «legal» en un país e «ilegal» en otro. Del mismo modo, un grupo que actúa dentro de la legalidad puede encontrarse en la ilegalidad a consecuencia de la votación de una nueva ley. No se trata, pues, de consultar febrilmente el Código Civil antes de emprender nada.

Lo que importa, y lo que determina toda acción revolucionaria, es la lucha proletaria con vistas a la destrucción del capital y, por tanto, de todos sus engranajes.