Alarme, n.º 27, enero-febrero-marzo de 1985 (págs. 12-15). PDF del número completo · Texto original en francés
El capitalismo es una colmena espantosa que, para sobrevivir, no solo debe explotar a los productores, sino también dividirlos y aislarlos cada vez más.
Su existencia es una provocación permanente para muchos obreros que, pese a todo, se arrastran ante él como ante las innumerables riquezas que crean sin poseerlas jamás.
Sin embargo, es desde sus ventanas o frente a sus televisores desde donde maldicen su condición, sin poner en cuestión el papel social y el rango que los definen dentro de una jerarquía discriminatoria de parte a parte. A través de las paredes deformantes de sus celdillas personales y bajo la presión del Estado capitalista, el enemigo, sinónimo de insatisfacciones y de amargura, está en todas partes y en ninguna, pero está a la puerta.
En ausencia total, o casi, de consciencia de clase, ese enemigo se reconoce enseguida en el competidor inmediato que el capitalismo designa a su antojo. Es a la vez el compañero de trabajo, el vecino de rellano y el extranjero de idéntica condición.
En el seno de ese universo de pánico y de violencia aparentemente loca, pero totalmente contenida en y por la estructura social del capitalismo, se debate hoy la clase obrera, más débil que nunca en lo que atañe a su consciencia revolucionaria de clase.
Exasperada, desorientada, dividida, diariamente constreñida y reprimida por el Estado, sus partidos y sindicatos, pero también incapaz por el momento de emprender un combate de envergadura en su propio terreno para acabar de una vez por todas con la explotación, la tentación es grande, incluso insoportable para ciertos miembros de esta clase, de ir a «romper el escaparate», dicho de otro modo, de responder golpe por golpe al terrorismo estatal sin la esperanza de reforzar así la lucha revolucionaria.
No obstante, porque subrayan la debilidad y la carencia organizativa del movimiento comunista, no podemos permanecer indiferentes a las manifestaciones desesperadas y humanamente viscerales de nuestros hermanos de clase, que se oponen, hay que recordarlo, a la toma de partido capitalista de los guerrilleristas de la RAF, de Action Directe u otros pretendidos «comunistas» combatientes, enfeudados totalmente a la política exterior del capitalismo de Estado ruso (agresiones anti-OTAN, apoyo armado a las luchas de «liberación nacional», como la palestina, etc...).
Por esa razón, así como por su contenido humano y subversivo, reproducimos a continuación el testimonio sin afeites de unos camaradas hoy encarcelados por haber intentado sublevarse contra la justicia de clase, arrogante y dictatorial.
Su acción interpela a todos los proletarios radicalizados para que se organicen rompiendo la organización política y la estructura social del capitalismo sobre la base de programas de reivindicaciones que permitan obrar en el corazón de la clase obrera para suprimir internacionalmente la esclavitud asalariada.
Solo así podremos desarrollar una solidaridad de clase eficaz y ofensiva.
El 9 de octubre, al término de un proceso chapucero, el tribunal correccional de Auch nos condenó a tres años de prisión firme por «tentativa de destrucción o deterioro con sustancia explosiva», cometida contra ese tribunal un año antes (el 13 de octubre de 1983). Éramos «primarios» (nunca condenados) y habíamos sufrido seis meses y medio de prisión preventiva. Hemos recurrido y seremos juzgados de nuevo en Agen, probablemente el 10 de enero. Aunque semejantes simulacros de justicia son la regla más que la excepción en el Palacio de Justicia, me parece interesante explicar un poco nuestra historia.
En el origen hay una serie de provocaciones policiales y judiciales que desemboca, en agosto de 1983, en el encarcelamiento de Jean-Claude Lutanie y Bernard Montboisse en la prisión de Saint-Michel de Toulouse (véanse los periódicos de la época). Una campaña a su favor no basta para que los liberen. En octubre, asqueados de esta situación, pensamos en «hacer algo espectacular» para expresar nuestra cólera. Hay que decir que los frecuentes asesinatos de árabes o de jóvenes por la policía, de pequeños ladrones por los imbéciles defendidos por Légitime Défense1, los suicidios en las cárceles abarrotadas, etc., contribuyen a que estemos «hasta las narices». Acabamos decidiéndonos a atacar el Palacio de Justicia de Auch, cuya disposición, como comprobé, permitía tomar el máximo de precauciones para no hacer correr riesgos a nadie. En la noche del 12 al 13 de octubre de 1983 depositamos allí un artefacto de mi fabricación. Llega un coche que, como sabremos más tarde, era el del conserje. Este se encuentra fuera del recinto del Palacio, al otro lado de la verja de entrada. Sin embargo, su presencia nos decide a renunciar a nuestra tentativa para no correr el riesgo de herirle. Nos marchamos como podemos, tratando de no ser vistos, y pierdo mis llaves en el lugar. Intentamos luego volver a recuperar el artefacto, pero la policía ya está allí.
Seis meses más tarde, la policía me detuvo tras haberme localizado gracias a las llaves y haberme seguido, vigilado y escuchado durante tres meses. Unas decenas de personas (algunas de las cuales no he visto nunca) son también interrogadas. Mi amigo y yo reconocemos los hechos y somos encarcelados el 25 de marzo de 1984 en Agen. La instrucción sigue entonces su laborioso curso. Se hace todo para intentar hacernos pasar por terroristas: investigaciones sobre nuestros allegados, confusión sabiamente urdida sobre nuestro compromiso político. Un peritaje delirante pretende reconocerme cualidades de químico que yo mismo ignoraba, cuando la receta que apliqué es de dominio público y hasta figuró en La Dépêche du Midi a propósito de su empleo por campesinos y también por chiquillos. Hasta el último momento, la inculpación irá acompañada de la calificación «cometido en banda organizada»... ¡de dos! Pocos días antes del final de la instrucción, la sala de acusación cita, entre otros motivos para denegar nuestra puesta en libertad, «nuestra personalidad, nuestras compañías, los informes recogidos sobre nosotros». ¡Los caminos de la justicia son inescrutables!
El proceso está a la altura de su preparación. Preguntas agresivas y superficiales del tribunal, que daba las respuestas en nuestro lugar cuando estas tenían importancia. Después, un requisitorio delirante del fiscal, consistente en una larga sarta de insultos, calumnias y provocaciones. Como había creído ingenuamente que, no siendo político nuestro acto, el proceso no tendría ninguna razón para serlo, interpreto esa actitud del fiscal como temor a atenerse a los hechos (efectivamente irrisorios). En realidad, significa exactamente lo contrario: todo está decidido de antemano y la acusación no juzga necesario cansarse en presentar un solo argumento. El veredicto de tres años, efectivamente bastante duro, suscita la indignación de nuestros amigos, que unos provocadores de la policía se encargan de atizar.
Los delirios del requisitorio
El señor abogado general se permite tratarnos de siniestros imbéciles, de locos peligrosos, etc. Como el delito de «ultraje al acusado» no existe, el señor abogado general no corre grandes riesgos frente a dos pobres diablos rodeados de gendarmes. En realidad, busca sacarnos de nuestras casillas para añadir a su palmarés un «ultraje a magistrado» bien traído.
Al comprobar nuestra falta de reacción, el señor abogado general recurre a la provocación brutal: nos llama a ir «hasta el final» y a masacrar indistintamente a magistrados y guardianes del orden (para gran indignación de los ángeles de la guarda). El señor abogado general ignora sin duda que se expone así a una inculpación por incitación al asesinato, al saqueo, al motín armado.
El señor abogado general nos amalgama con los inconscientes que ponen bombas en los trenes o en las estaciones, cuando la instrucción ha puesto claramente de manifiesto las precauciones que habíamos tomado para no hacer correr riesgos a nadie, cuando renunciamos voluntariamente a nuestro acto para no arriesgarnos a herir a un transeúnte y cuando la reconstrucción ha probado con toda evidencia que nada podía impedirnos encender el artefacto, pues la persona que llegó se encontraba al otro lado de una verja cerrada, ni siquiera había sospechado nuestra presencia y los preparativos estaban terminados. Nos habría bastado con acercar el mechero, pero no quisimos. Este simple hecho basta, en términos de derecho, para refutar la acusación de «tentativa», puesto que nuestra renuncia fue voluntaria, pero el derecho es una cosa relativa...
Por último, el señor abogado general nos asimila sin ton ni son a ETA, Action Directe, el IRA, las Brigadas Rojas y tutti quanti. Ahora bien, a diferencia de los actos cometidos por esos grupos, el nuestro no es fruto de una estrategia política, sino una pura reacción afectiva que hasta el final dudamos en llevar a cabo. El señor abogado general mantiene así una confusión entre nuestro compromiso político, muy real, y la imagen que quiere dar de lo que considera los «enemigos del orden».
Resulta que no tenemos la «estrategia de lucha armada», ni en particular la multiplicación de los atentados, por solución a la cuestión social. Somos, es cierto, revolucionarios comunistas (nada que ver con el PC y los innumerables grupúsculos que se sitúan en la extrema izquierda de la política de acondicionamiento del capital). Dicho de otro modo, somos partidarios de la abolición del salariado y de la explotación, de la desaparición de la sociedad de clases y de la destrucción de los Estados que gestionan y defienden todo eso en todo el planeta. Eso exige una revolución social que no será pacífica, desde luego: las clases dominantes y sus Estados, que tienen el monopolio del terrorismo, no retroceden ante ninguna violencia ni ninguna atrocidad para defender su poder. Pero pensamos que esa revolución social solo puede ser producto de la lucha de clases del proletariado. Nuestra única «estrategia política» es cumplir las tareas cuya necesidad nos parece dictada por esa lucha. No sentimos la necesidad de librar una guerra personal contra la sociedad y el ancho mundo, ni de constituirnos en comando especializado cuyo objetivo sea disputar al Estado su monopolio del terror. Ese monopolio pensamos abolirlo, no hacerle la competencia. No tenemos intereses particulares distintos de los del proletariado.
¿Qué pensamos de los actos de violencia espontáneos, individuales, como el nuestro? Que son el producto necesario de una sociedad tensada al extremo por el conflicto entre las clases; que no hay por qué juzgarlos más que al conjunto de los comportamientos «locos» que las condiciones de vida modernas imponen a los proletarios: robo, absentismo, etc. No los preconizamos y no escupimos sobre quienes los cometen. Bien mirado, son infinitamente menos destructivos que la circulación automovilística, el trabajo en la fábrica o el uso abusivo de medicamentos (que, es verdad, son indispensables para la supervivencia de la mortífera economía).
Aunque nuestras motivaciones no fueron en absoluto políticas, las del tribunal sí lo fueron: tensión en el País Vasco, propaganda contra el «recrudecimiento de la violencia», deseo de hacer un favor a los servicios especiales de Toulouse; si nuestros actos estaban ausentes del proceso, en él estaban presentes muchas segundas intenciones. No cabe indignarse por semejante politización de la justicia. Rarísima vez se preocupa esta de sus sacrosantos principios y juzga a quien sea por su delito. Si no, habría que considerar delito la mala cara, las fantasías o indisposiciones pasajeras del tribunal, el ambiente orquestado por los medios... La presunción de inocencia es una patraña. Más de la mitad de los presos están a la espera de juicio. La mayoría de las veces, ni la instrucción ni la necesidad de garantizar la comparecencia lo justifican. ¿Dónde está la presunción de inocencia cuando hay que preparar la defensa en la cárcel, cuando se comparece esposado? La presunción de inocencia solo vale para los que están respaldados por poderosos grupos de presión, o a los que conviene tratar con miramiento por intereses políticos. Entonces se puede saquear una prefectura y que te caigan cuarenta días, como a cierto dirigente campesino; los ejemplos abundan.
Esta justicia es una justicia de clase, y sin embargo recurrimos. Quizá seamos juzgados por fin por el delito mismo. En ese caso, al menos, nuestras penas se reducirían considerablemente. En todo caso, me parece útil hacer lo posible por obligar a esta justicia de clase a aparecer abiertamente como lo que es. No me creo en condiciones de presionarla; quizá pueda, como muchos otros, contribuir a desenmascararla.
25 de octubre de 1984
Jacques Sauloy, n.º 13 927 4/62
Maison d'arrêt
18 bis Grand-rue Saint-Michel
31000 Toulouse
Asociación francesa de defensa de la «legítima defensa», que apoyaba a quienes habían matado o herido a ladrones. ↩