Alarme, n.º 36, abril-mayo-junio de 1987 (págs. 14-16). PDF del número completo · Texto original en francés

La agitación social persiste en España desde hace ya tres meses. Los sectores más diversos se han puesto en huelga, todos o conjuntamente, y ha habido numerosos enfrentamientos con la policía y la Guardia Civil. Los estudiantes, los obreros agrícolas, los transportes, los hospitales, los astilleros y las minas han manifestado su oposición a la política del gobierno «socialista». Tanto en Cataluña como en Andalucía, en Extremadura como en Asturias, no hay rincón de España que no haya sido alcanzado por este movimiento muy amplio, uno de los más importantes por el número de huelguistas desde hace una decena de años.

Estas luchas han estado marcadas por numerosos enfrentamientos, en particular en Reinosa y en Guarnizo, cerca de Santander. Reaccionando contra los despidos, los trabajadores mostraron su determinación y su cólera, llegando a desarmar a la Guardia Civil. Varias noches de motín, que movilizaron a todos los proletarios de la ciudad, manifestaron de manera evidente la oposición al plan gubernamental y patronal (ambos, en este caso, del P«SO»E). Solo cedieron ante una feroz represión, que causó un muerto, y ante la ocupación militar de las ciudades afectadas. En otros lugares lo rechazado ha sido el plan económico del gobierno, en particular en el sector de los transportes y de la sanidad: tanto Madrid como Barcelona quedaron paralizadas varias veces. Finalmente, la previsión de un 5 % de aumento de los salarios (con un aumento de los precios muy superior) se ha vuelto mucho más imprecisa que al principio y se le han introducido mejoras. Del mismo modo, en Puerto Real, en los astilleros de Cádiz, los obreros rechazan los despidos y se enfrentan a la policía porque no aceptan ser tratados como las mercancías inútiles de un sector condenado.

En Andalucía, al mismo tiempo, los obreros agrícolas luchan contra la supresión del empleo comunitario (contrataciones colectivas para obras públicas que permiten «ir tirando» entre dos temporadas de cosecha), sustituido sistemáticamente por el subsidio anual de paro, que apenas da para comer. Además, este subsidio solo se garantiza a quienes han trabajado al menos 60 días en faenas agrícolas en un año. Ahora bien, la mecanización de ciertos sectores y la extensión de los eriales en las grandes propiedades han reducido todavía más las posibilidades de trabajo, dejando a numerosos obreros en paro completo y, por tanto, sin subsidio de supervivencia. La competencia entre trabajadores se ha exacerbado y son muchos los que, para obtener el certificado que garantiza el cobro del subsidio, han aceptado trabajar gratis durante 60 días.

Los jornaleros han intentado luchar contra estas medidas con grandes manifestaciones en Madrid, ocupaciones de tierras, piquetes para exigir la contratación colectiva, etc. También aquí la represión es feroz: enfrentamientos con la policía y, sobre todo, numerosos juicios con duras condenas contra quienes «han violado la propiedad privada» y han ocupado tierras o locales.

Más recientemente estalló la huelga de los mineros de Asturias, que se extendió espontáneamente a todo el conjunto de la cuenca minera de Hunosa. La extensión se produjo al margen de toda consigna sindical, con vigor y rapidez, en este contexto general ya agitado. Cada vez el gobierno ha reaccionado de la misma manera: con la represión.

Y es que las exigencias de la patronal son cada vez más apremiantes, tanto más cuanto que la entrada de España en la CEE acentúa la presión de la competencia sobre industrias a menudo poco o nada modernizadas. Desde luego, quien dice modernización dice despidos, en un país que tiene el récord del paro en Europa (el 22 % de la población activa, es decir, oficialmente 3 millones de parados). Por eso el gobierno no puede contar solo con sus propias fuerzas para hacer aceptar «su» política. Ya se ve que las fuerzas de represión policial no bastan para calmar a los proletarios. Antes, desde 1982, el gobierno había intentado persuadir a los asalariados de que aceptaran sacrificios. Y en cierta medida lo había logrado. Pero ¡qué falta imperdonable! Hemos olvidado recordar que este gobierno es de izquierda, «socialista», como él se llama. El presidente del gobierno, González, prometió el oro y el moro; fue apoyado más o menos críticamente por los P«C» y los izquierdistas, así como por diversos nacionalistas de izquierda, pero, como todo gobierno, no puede sino maniobrar con mayor o menor debilidad en el marco político, económico y social de este mundo: el marco del capital. Tras gastar saliva, gasta porras, balas de goma, cañones de agua, blindados y demás tropas de choque. Pero, una vez más, eso no puede bastar, porque así su naturaleza queda al desnudo ante sus electores.

Pero si la persuasión del gobierno ya no funciona, la de los gobiernos tiene todavía porvenir. En efecto, España está organizada en 17 comunidades autónomas, cada una con un gobierno regional a su cabeza. Esta organización solo adquiere un peso sustancial allí donde se conjugan la fuerza de una historia y de una lengua sensiblemente distintas del resto de España con un potencial económico importante. Dos regiones reúnen de forma óptima esos factores: el País Vasco y Cataluña. Allí la autonomía regional se ha reclamado desde hace mucho tiempo y se ha convertido en caballo de batalla de la mayoría de las formaciones políticas, expresando a veces una voluntad independentista. Regionalistas (numerosos también en Valencia, Galicia y Andalucía) y nacionalistas destilan o asestan una propaganda subvencionada por el Estado español y por sus propias fuentes (el stalinismo en el caso de ETA, por ejemplo). Se esfuerzan por convencer a los trabajadores de que el mal es Madrid y su centralismo, cuando no su «imperialismo castellano». Insistiendo en el «la culpa es de Madrid», fomentan el nacionalismo, buscando provocar en el plano regional una adhesión de los proletarios a los intereses del capital, adhesión que se obtiene más difícilmente en el plano nacional, como se ha visto más arriba. Así, en los diferentes conflictos industriales, el Partido Nacionalista Vasco y Herri Batasuna (cara visible de ETA) han hecho campaña por la preservación de la industria vasca, pidiendo que se cierren más bien las empresas del resto de España. H.B. se propone incluso representar a todos los oprimidos (los oprimidos por el Estado español, incluidos los patronos de las «nacionalidades oprimidas») en el Parlamento Europeo. En Cataluña, donde campa la patronal más poderosa de España, se despide a los obreros con lágrimas del tipo: «¡Ay, si dependiera solo de nosotros! Pero está Madrid». Si en el País Vasco ETA está embarcada en una lucha militar del lado stalinista, la mayoría de los regionalistas saben en cambio que pueden ejercer presión sobre el Estado para compartir más poder con él, en la medida en que no pongan en peligro a la vaca lechera que los subvenciona y que justifica su existencia. El nacionalismo es uno de los enemigos más repugnantes del proletariado; busca ocultar que los proletarios no tienen patria y que ya han demostrado con la práctica revolucionaria el carácter internacionalista del proletariado.

Sin embargo, el nacionalismo no arrastra una adhesión masiva de los trabajadores españoles; determina simplemente reflejos defensivos en el terreno capitalista, ¡y ya es bastante! Los sindicatos son mucho más influyentes, y por eso, sin duda, el gobierno busca tanto su apoyo. Las dos grandes centrales sindicales actuales son la UGT (pro«socialista») y las Comisiones Obreras (CC.OO., pro«comunistas»). La primera, muy ligada al poder, obtuvo en las últimas elecciones sindicales, gracias a una sobrerrepresentación de las pequeñas empresas (donde es mayoritaria), el mayor número de delegados del país. Pese a su evidente colusión con el P«SO»E, la UGT manifiesta una tímida oposición al gobierno, dada la cólera de su base. Entre la UGT y CC.OO. se ha instaurado un juego: cómo evitar convocar a la vez las mismas huelgas. Dicho esto, si los desbordamientos físicos han sido numerosos, los desbordamientos políticos han sido muy escasos. Los proletarios rara vez han infringido las consignas sindicales en cuanto a la duración de sus movimientos, la naturaleza de las reivindicaciones y las formas de lucha (aceptando huelgas rotatorias y sin estar nunca en huelga al mismo tiempo que los demás trabajadores de una misma región), y casi nunca han extendido su acción. Sobre todo, fuera de la huelga de Hunosa (y aun así, con numerosas limitaciones), los huelguistas nunca han tomado en sus manos la huelga. La iniciativa de las reivindicaciones y de la organización ha quedado en manos de los sindicatos (delegaciones, piquetes, extensión, instancias de discusión y de decisión), y principalmente de CC.OO.

Es el último bastión de los múltiples restos del P«C»E, estallado en una multitud de partidos stalinistas, cada uno de ellos dirigido por un líder stalinista que ha dado pruebas de su valía como limpiabotas moscovita. Al igual que el P«C»F y la CGT, el KKE en Grecia... y el Partido de Gorbachov, CC.OO. se ha lanzado a la actual campaña internacional para redorar el blasón stalinista. Lenguaje radical, llamamientos incesantes, y lo más inoportunos posible, a la huelga general, denuncia rabiosa de la colusión UGT-P«SO»E. CC.OO. se presenta hoy como «el único defensor de la clase obrera» y consigue, en cierta medida, hacérselo creer a los interesados. Entre los obreros agrícolas y en las empresas más grandes, CC.OO. es ya mayoritaria. La central stalinista echa leña al fuego, haciendo pagar a sus amigos de ayer (González y compañía) su viraje pro-OTAN y rehaciéndose una virginidad «combativa», cuando su reputación estaba algo mermada desde hacía algunos años, y rompiendo así buen número de luchas. En los raros sectores en que los sindicatos fueron desbordados políticamente, los izquierdistas han desempeñado el papel de ojeadores del capital mediante comités más o menos de pacotilla o muy cerrados, localistas y sectoriales, como los que se conocieron recientemente en la SNCF en Francia, y que muy a menudo mezclan en su sopa parasindical los peores tufos regionalistas. El objetivo confesado de estos sindicalistas de fuera de los sindicatos es empujar a las direcciones «en el buen sentido», promover delegados combativos; en suma, revitalizar los sindicatos en el momento en que más lo necesitan, o formar un nuevo tipo de sindicalismo y alimentar el mito de una acción sindical «auténticamente obrera», cuando los sindicatos no son más que organismos de regulación de la compra y venta de la fuerza de trabajo, integrados en el Estado.

Lo que sigue llamando la atención en estas huelgas recientes es el desfase entre la violencia de los enfrentamientos y la combatividad de los trabajadores, por una parte, y la debilidad de sus exigencias, de sus reivindicaciones y sobre todo de su organización, por otra. Las huelgas de carácter sindical, unidas o no, radicales o no, no pueden en ningún caso ser victorias obreras, porque en ellas los proletarios no son dueños de la lucha. Cuanto más simultáneas son, más resalta su aislamiento y más subraya este su pobreza reivindicativa y de proyecto. Lo que está en juego es la capacidad de organización y de invención del proletariado frente a todos los defensores de que dispone el capital. Nacionalistas, sindicalistas y stalinistas han afectado duramente la eficacia ofensiva de los asalariados. Quedan la combatividad y el desengaño respecto del P«SO»E como ventajas nada desdeñables.

El único medio de aprovecharlas es luchar fuera y en contra de los sindicatos y de las fuerzas nacionalistas, denunciar y rechazar toda colaboración con las organizaciones stalinistas; es organizarnos por y para nosotros mismos, subrayando la unidad fundamental del proletariado, urbano o rural, industrial o «terciario», activo o en paro, con reivindicaciones que expresen claramente la voluntad y la tendencia a la abolición del asalariado, al comunismo.