Alarme, n.º 39, enero-febrero-marzo de 1988 (págs. 10-11). PDF del número completo · Texto original en francés
El hecho de poder votar se sigue considerando en general un privilegio, un derecho tan precioso que su uso se convierte en un deber. El Estado, sin retroceder ante ningún sacrificio, promueve incluso regularmente el ejercicio de ese derecho (¡inscribíos!, ¡votad a quien queráis, pero votad!), que permite la renovación de algunos de sus cuadros en distintos niveles.
Pese a lo poco que está en juego (un poco más o un poco menos de dirigismo estatal, los mismos pobres, etc.), el embrujo de las urnas sigue siendo muy fuerte y la inmensa mayoría de los ciudadanos (en Francia al menos) vota. Y es que los electores, incluida una buena parte del proletariado, creen ver todavía en el sufragio universal un beneficio.
La principal cualidad que lo justificaría es dar la igualdad a todos. Ahora bien, justamente ese es su defecto más clamoroso, o al menos el más inmediato. En efecto, ¿qué significa la igualdad entre los trabajadores y quienes los explotan? Sencillamente, supone borrar los antagonismos de clase en beneficio de una supuesta comunidad que lo justificaría. Pero ahí está precisamente el problema, puesto que lo que se designa como comunidad es la dominación del capital sobre la masa de proletarios, y ya solo se trata de saber quién va a gestionar el modo de producción actual. Así pues, es evidente que la «comunidad» es fundamentalmente la de los explotadores, puesto que no tiene más tarea que la renovación de algunas élites gestoras de la explotación. Al votar, los proletarios se disuelven en ciudadanos todos iguales ante la ley. Esa ley que está hecha para proteger los intereses y la propiedad de las clases poseedoras; esas clases que sacan su poder de la explotación, de la extorsión de la plusvalía, de la ley del valor.
Sin embargo, el movimiento obrero no siempre se ha opuesto a la participación electoral (si se exceptúa a los anarquistas). En particular, desarrolló una larga lucha por el sufragio universal y se sirvió ampliamente de las campañas electorales para organizarse. Piénsese en la campaña «de los banquetes» de 1848,1 en la que los blanquistas estaban bien presentes. Si una parte del movimiento obrero se extravió concediendo más importancia a las elecciones y a las leyes que a la lucha directamente revolucionaria (e incluso oponiéndose a ella), no por ello deja de ser cierto que muchos revolucionarios vieron en las agitaciones electorales una ocasión más de hacerse oír y de desarrollar la organización de la clase.
Sobre todo, si los revolucionarios del siglo XIX no rechazaron toda participación electoral, es porque esta permitía eliminar las escorias de los modos de producción anteriores (así, la clase de los muy reaccionarios terratenientes) y concedía en el mismo movimiento libertades políticas, precarias desde luego, pero que permitían al proletariado sentir cómo se constituía su fuerza. El desarrollo del capitalismo tuvo entonces, por esa vía, repercusiones favorables para la clase obrera.
Pero desde que la fuerza del proletariado le permitió plantear internacionalmente la cuestión de la revolución, de la toma del poder y de la transformación del modo de producción, el desarrollo del capitalismo ya no ha tenido para él el menor efecto beneficioso. Cuando su clase plantea directamente la tarea histórica de la instauración del comunismo, toda propuesta de lucha que no conduzca directamente a ella equivale a dar un paso atrás en la evolución histórica y es, por tanto, reaccionaria. Con la apertura del período revolucionario de este siglo, no puede haber desarrollo capitalista. Los proletarios, y los revolucionarios en particular, ya no pueden sino abatir ese sistema.
Toda fuerza, toda institución que permanezca en el marco del capital está condenada, en el mejor de los casos, a acondicionarlo y, en el peor, se convierte en uno de sus pilares, como ha ocurrido con los sindicatos.
Así, hoy, participar, aunque sea con la boca pequeña, en la institución electoral equivale a estimar que el proletariado puede sacar de ella un beneficio, por ejemplo organizativo. En realidad, eso no solo es quedarse muy por debajo de las tareas por cumplir, sino lisa y llanamente oponerse a ellas. En efecto, el electoralismo (en todas sus formas, incluidas las más «radicales») no solo propaga la ilusión de la igualdad, sino también la estafa de dejar suponer que la revolución comunista no es la única tarea al orden del día. El desvío de fuerzas en ese sentido se opone a la organización de la clase obrera para la realización de esa tarea.
Por eso, entre todas las fuerzas electorales, no hay partidos más mentirosos que los que se pretenden revolucionarios. Pero, además, son forzosamente ellos los que se encuentran en mayor contradicción con la realidad. Y así es como toda su táctica de recuperación del electorado del Partido Stalinista ha fracasado. Los electores de izquierda decepcionados no se echan en brazos de Laguiller, Juquin, Krivine o Boussel-Lambert, sino en el regazo de la extrema derecha. El electoralismo no ha reforzado en nada a la clase obrera, todo lo contrario, y más arriba se ha visto por qué.
Las energías así gastadas se oponen a la constitución de una organización de clase capaz de formular las tareas a la altura de las posibilidades de la época y de favorecer el renacimiento de la combatividad del proletariado.
La campaña de banquetes republicanos de 1847-1848, con la que la oposición sorteó la prohibición de reuniones políticas en Francia; la prohibición de un banquete en París desencadenó la revolución de febrero de 1848. ↩