Artículo publicado como correspondencia fechada en Londres el viernes 1 de septiembre de 1854, bajo la rúbrica «The State of Europe» y el titular «The Reaction in Spain», con la firma de Karl Marx, en el New-York Daily Tribune, n.º 4185, 16 de septiembre de 1854, p. 5; atribuido a Karl Marx por la MEGA² (I/13). Traducido del original inglés del periódico (Biblioteca del Congreso, Chronicling America) por la Escuela de marxismo, 2026. Las notas son nuestras. Texto original en inglés
Londres, viernes 1 de septiembre de 1854
La entrada en Madrid de los regimientos «de Vicálvaro» ha animado al Gobierno a una actividad contrarrevolucionaria mayor. La vuelta a la restrictiva ley de imprenta de 1837, adornada con todos los rigores de la ley complementaria de 1842, ha matado toda la parte «incendiaria» de la prensa que no podía ofrecer la cautionnement1 exigida. El día 24 salió el último número del Clamor de las Barricadas con el título de Últimas Barricadas, tras haber sido detenidos sus dos redactores. Ocupó su lugar el mismo día un nuevo periódico reaccionario llamado Las Cortes. «Su Excelencia el capitán general don San Miguel»,2 dice el programa de este último periódico, «que nos honra con su amistad, ha ofrecido a este periódico el favor de su colaboración. Sus artículos irán firmados con sus iniciales. Los hombres que están al frente de esta empresa defenderán con energía la revolución que venció los abusos y excesos de un poder corrompido, pero es en el recinto de la Asamblea Constituyente donde plantarán su bandera. Es allí donde ha de librarse la gran batalla». La gran batalla es por Isabel II y por Espartero. Recordarán ustedes que este mismo San Miguel declaró en el banquete de la prensa que la prensa no tenía más corrector que ella misma, el sentido común y la educación pública, que era una institución que no podían aplastar ni la espada, ni la deportación, ni el destierro, ni poder alguno del mundo. El mismo día en que se ofrece como colaborador de la prensa, no tiene una palabra contra el decreto que confisca su amada libertad de imprenta.
A la supresión de la libertad de imprenta ha seguido de cerca la supresión del derecho de reunión, también por real decreto. En Madrid se han disuelto los clubes, y en las provincias las juntas y comités de salud pública, salvo los reconocidos por el ministerio como «diputaciones». El Club de la Unión fue cerrado en virtud de un decreto de todo el ministerio, aunque Espartero había aceptado pocos días antes su presidencia honoraria, hecho que el Times de Londres se esfuerza en vano por negar. Este club había enviado una comisión al ministro de la Gobernación para exigir la destitución del señor Lagasti,3 jefe político de Madrid, al que acusaba de haber violado la libertad de imprenta y el derecho de reunión. El señor Santa Cruz respondió que no podía censurar a un funcionario público por tomar medidas aprobadas por el Consejo de Ministros. A consecuencia de ello se produjo un serio desorden; pero la Milicia Nacional ocupó la plaza de la Constitución y no pasó nada más. Apenas se habían suprimido los periódicos pequeños, cuando los grandes, que hasta entonces habían protegido a Lagasti, encontraron ocasión de reñir con él. Para hacer callar al Clamor Público se nombró ministro a su redactor jefe, el señor Corradi.4 Pero este paso no bastará, porque no se puede agregar al ministerio a todos los redactores.
El golpe más audaz de la contrarrevolución, sin embargo, fue el permiso para que la reina Cristina partiera hacia Lisboa, después de que el Consejo de Ministros se hubiera comprometido a mantenerla a disposición de las Cortes Constituyentes: un abuso de confianza que han intentado encubrir con una confiscación anticipada de los bienes de Cristina en España, notoriamente la parte menos considerable de su fortuna. Así, Cristina ha escapado a bajo precio, y ahora nos enteramos de que también San Luis5 ha llegado sano y salvo a Bayona. Lo más curioso del asunto es la manera en que se obtuvo el decreto aludido. El día 26 se reunieron algunos patriotas y milicianos nacionales para deliberar sobre la salvación de la causa pública; censuraron al Gobierno por sus vacilaciones y sus medias tintas, y acordaron enviar una comisión al ministerio para pedirle que sacara a Cristina del palacio, donde tramaba proyectos liberticidas. Hubo una circunstancia muy sospechosa en la adhesión a esta propuesta de dos ayudantes de campo de Espartero y del propio Lagasti. El resultado fue que el ministerio se reunió en consejo, y el fruto de su reunión fue la fuga de Cristina.
El día 25 la reina se mostró por primera vez en público, en el paseo del Prado, acompañada de lo que se llama su marido6 y del príncipe de Asturias.7 Pero parece que la recibieron con extrema frialdad.
La comisión nombrada para informar sobre el estado de la hacienda en el momento de la caída del ministerio Sartorius ha publicado su informe en la Gaceta, precedido de una exposición del señor Collado, ministro de Hacienda. Según ella, la deuda flotante de España asciende ahora a 33.000.000 de dólares, y el déficit total, a 50.000.000 de dólares. Parece que hasta los recursos extraordinarios del Gobierno se habían anticipado por años y dilapidado. Las rentas de La Habana y de Filipinas se habían anticipado por dos años y medio. El producto del empréstito forzoso había desaparecido sin dejar rastro. Las minas de azogue de Almadén8 estaban comprometidas por años. El saldo que se debía a la Caja de Depósitos no existía. Tampoco el fondo para la redención del servicio militar. Se debían 7.485.692 reales por la compra de tabaco recibido pero no pagado. Ítem, 5.505.000 reales en letras por cuenta de obras públicas. Según la declaración del señor Collado, el importe de las obligaciones más apremiantes es de 252.980.253 reales. Las medidas que propone para cubrir este déficit son las de un verdadero banquero, a saber: volver a la tranquilidad y al orden, seguir cobrando todos los viejos impuestos y contratar nuevos empréstitos. Siguiendo este consejo, Espartero ha obtenido de los principales banqueros de Madrid 2.500.000 dólares con la promesa de una política puramente moderada. Lo dispuesto que está a cumplir esta promesa lo demuestran sus últimas medidas.
No se crea que estas medidas reaccionarias han quedado del todo sin resistencia por parte del pueblo. Cuando se supo la partida de Cristina, el 28 de agosto, se levantaron de nuevo barricadas; pero, si hemos de creer un despacho telegráfico de Bayona publicado por el Moniteur francés, «las tropas, unidas a la Milicia Nacional, tomaron las barricadas y sofocaron el movimiento».
Este es el cercle vicieux9 en el que están condenados a moverse los gobiernos revolucionarios abortados. Reconocen como obligaciones nacionales las deudas contraídas por sus predecesores contrarrevolucionarios. Para poder pagarlas, tienen que mantener los viejos impuestos y contraer nuevas deudas. Para poder contratar nuevos empréstitos, tienen que dar garantías de «orden», es decir, tomar ellos mismos medidas contrarrevolucionarias. Así, el nuevo gobierno popular se transforma enseguida en la sirvienta de los grandes capitalistas y en opresor del pueblo. Exactamente del mismo modo se vio empujado el Gobierno provisional de Francia en 1848 a la famosa medida de los 45 céntimos y a la confiscación de los fondos de las cajas de ahorro para pagar sus intereses a los capitalistas.10 «Los gobiernos revolucionarios de España», dice el autor inglés11 de las Revelaciones sobre España, «no han caído al menos tan bajo como para adoptar la infame doctrina del repudio de las deudas tal como se ha practicado en los Estados Unidos». Lo cierto es que, si alguna revolución española anterior hubiera practicado una sola vez el repudio, el infame Gobierno de San Luis no habría encontrado banquero dispuesto a complacerle con adelantos. Pero quizá nuestro autor opina que es privilegio de la contrarrevolución contraer las deudas, como es privilegio de la revolución pagarlas.
Al parecer, Zaragoza, Valencia y Algeciras no comparten esta opinión, puesto que han suprimido todos los impuestos que les resultaban odiosos.
No contento con enviar a Bravo Murillo12 como embajador a Constantinopla, el Gobierno ha despachado a González Bravo con el mismo carácter a Viena.13
El domingo 27 de agosto se reunieron las réunions electorales del distrito de Madrid para designar por sufragio general a los comisionados encargados de vigilar la elección en la capital. En Madrid existen dos comités electorales: la Unión Liberal y la Unión del Comercio.
Los síntomas de reacción que acabamos de reunir parecen menos temibles a quien conoce la historia de las revoluciones españolas que al observador superficial, ya que las revoluciones españolas, por lo general, solo empiezan con la reunión de las Cortes, que suele ser la señal de la disolución del Gobierno. En Madrid, además, hay pocas tropas, y como mucho 20.000 milicianos nacionales. Pero de estos últimos solo la mitad, más o menos, están bien armados, mientras que se sabe que el pueblo ha desobedecido la orden de entregar sus armas.
Pese a las lágrimas de la reina, O’Donnell ha disuelto su guardia de corps, porque el ejército regular tenía celos de los privilegios de este cuerpo, de cuyas filas pudieron elevarse un Godoy, conocido como buen guitarrista y cantor de seguidillas graciosas y picantes, hasta llegar a marido de la sobrina del rey,14 y un Muñoz, solo conocido por sus prendas privadas, hasta llegar a marido de una reina madre.15
En Madrid una parte de los republicanos ha difundido la siguiente Constitución de una república federal ibérica:
«Título I. Organización de la República Federal Ibérica.
»Art. 1. España con sus islas y Portugal se unirán y formarán la República Federal Ibérica. Los colores de la bandera serán una unión de las dos banderas actuales de España y Portugal. Su lema será: Libertad, Igualdad, Fraternidad.
»Art. 2. La soberanía reside en la universalidad de los ciudadanos. Es inalienable e imprescriptible. Ningún individuo, ninguna fracción del pueblo puede usurpar su ejercicio.
»Art. 3. La ley es la expresión de la voluntad nacional. Los jueces los nombra el pueblo por sufragio universal.
»Art. 4. Serán electores todos los ciudadanos de 21 años de edad que estén en el goce de sus derechos civiles.
»Art. 5. Queda abolida la pena de muerte, tanto para los delitos políticos como para los comunes. El jurado juzgará en todos los casos.
»Art. 6. La propiedad es sagrada. Los bienes arrebatados a los emigrados políticos les serán devueltos.
»Art. 7. Las contribuciones se pagarán en proporción a la renta. Habrá un solo impuesto, directo y general. Quedan abolidas todas las contribuciones indirectas, los octrois16 y los consumos. Quedan abolidos igualmente los estancos del Gobierno de la sal y el tabaco, el papel sellado, el derecho de patentes y las quintas.
»Art. 8. Se garantiza la libertad de prensa, de reunión, de asociación, de domicilio, de enseñanza, de comercio y de conciencia. Cada religión tendrá que pagar a sus propios ministros.
»Art. 13. La administración de la república será federal, provincial y municipal.
»Título II. Administración federal.
»Art. 14. Se confiará a un Consejo Ejecutivo nombrado y revocable por el Congreso Federal Central.
»Art. 15. Las relaciones internacionales y comerciales, la uniformidad de medidas, pesos y monedas, el correo y la fuerza armada son del dominio de la administración federal.
»Art. 16. El Congreso Federal Central se compondrá de nueve diputados por cada provincia, elegidos por sufragio universal y obligados por sus instrucciones.
»Art. 17. El Congreso Federal Central está en sesión permanente.17
»Art. 20. Siempre que haya que dictar una ley, la administración que la considere necesaria someterá el proyecto al conocimiento de la confederación seis meses antes si es para el Congreso, y tres meses si es para la legislación provincial.
»Art. 21. Todo diputado del pueblo que falte a sus instrucciones será entregado a la justicia».
El título III18 se refiere a la administración provincial y municipal y confirma principios semejantes. El último artículo de este capítulo dice: «No habrá ya colonias; se convertirán en provincias y se administrarán según los principios provinciales. Queda abolida la esclavitud».
«Título IV. El ejército.
»Art. 34. Todo el pueblo estará armado y organizado en una milicia nacional, una parte móvil y la otra sedentaria.
»Art. 35. La milicia móvil se compondrá de los célibes de 21 a 35 años; sus oficiales se elegirán en las escuelas militares.
»Art. 36. La milicia sedentaria se compone de todos los ciudadanos de 35 a 56 años; los oficiales serán elegidos. Su servicio es la defensa de los municipios.
»Art. 38. Los cuerpos de artillería e ingenieros se reclutan por enganche voluntario, son permanentes y guarnecen las fortalezas de la costa y de las fronteras.19 No se tolerarán fortalezas en el interior.
»El art. 39, relativo a la marina, contiene disposiciones semejantes.
»Art. 40. Quedan suprimidos los estados mayores de las provincias y de las capitanías generales.
»Art. 42. La República Ibérica renuncia a toda guerra de conquista y someterá sus litigios al arbitraje de gobiernos desinteresados en la cuestión.
»Art. 43. No habrá ejércitos permanentes».
En francés en el original: «fianza». ↩
Evaristo Fernández de San Miguel (1785-1862), general y político progresista, capitán general de Madrid tras la revolución de julio de 1854. ↩
Así en el periódico: Manuel Sagasti, jefe político de Madrid. ↩
Fernando Corradi, periodista, director de El Clamor Público. ↩
Luis José Sartorius, conde de San Luis, presidente del Gobierno derribado en julio de 1854. ↩
Francisco de Asís de Borbón (1822-1902), primo y marido de Isabel II. ↩
Así en el texto. La heredera del trono era entonces la infanta Isabel, nacida en 1851, princesa de Asturias. ↩
En el original, «Almeda». ↩
En francés en el original: «círculo vicioso». ↩
En marzo de 1848 el Gobierno provisional francés aumentó en 45 céntimos por franco las cuatro contribuciones directas, lo que recayó sobre todo en los campesinos, y convirtió en títulos de la deuda pública los depósitos de las cajas de ahorro. ↩
Terence Mason Hughes, autor de Revelations of Spain in 1845 (Londres, 1845); el periódico escribe «Revelations on Spain». ↩
Juan Bravo Murillo (1803-1873), político moderado, presidente del Consejo de Ministros en 1851-1852. ↩
En la carta del 15 de agosto Marx daba a González Bravo destinado a Constantinopla; véase «La cuestión de Oriente — La revolución en España — La prensa de Madrid». ↩
Manuel Godoy (1767-1851), guardia de corps, favorito de Carlos IV y de la reina María Luisa y primer ministro; en 1797 se casó con María Teresa de Borbón y Vallabriga, sobrina de Carlos III. ↩
Agustín Fernando Muñoz (1808-1873), guardia de corps, casado en secreto en 1833 con la reina viuda María Cristina; luego duque de Riánsares. ↩
En francés en el original: arbitrios municipales sobre la entrada de mercancías. ↩
Así en el periódico; la MEW lee «Art. 7». ↩
En el periódico, «Art. 3, Titulo III». ↩
En el original, «on the coast of the frontiers», «en la costa de las fronteras». ↩