Extractos de Cárdenas sobre la historia de la propiedad territorial en España (1876). IV: La propiedad vinculada y amortizada

Extractos y notas de Karl Marx escritos en Londres a fines de 1876 sobre Francisco de Cárdenas, Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial en España* (2 t., Madrid, 1873-1875). Es la cuarta de una serie de cinco páginas (I: la Antigüedad, Europa, visigodos y árabes; II: León y Castilla; III: Navarra, Aragón, Cataluña, Mallorca y Valencia; IV: la propiedad vinculada y amortizada; V: las cargas de la propiedad y la propiedad de la Iglesia) con los extractos de Cárdenas, que Marx empezó en noviembre de 1876 en el cuaderno «d» y siguió en los cuadernos «e» y «c», tres de los cinco cuadernos (a-e) de 1876 dedicados sobre todo a la historia de la propiedad territorial; los demás extractos de esos cuadernos van en otras páginas. Esta contiene el libro VIII de Cárdenas, en el cuaderno «e». En alemán, con largos pasajes en español y palabras sueltas en francés e inglés. Inéditos en vida de Marx. Transcritos del manuscrito según la edición digital de la MEGA² (IV/24) y traducidos por la Escuela de marxismo, 2026. El español de Cárdenas que copia Marx se deja tal cual, con su ortografía; el alemán, el francés y el inglés se traducen. Los comentarios de Marx van entre ⦗ ⦘ como en el manuscrito; los números entre paréntesis son las páginas del tomo II de Cárdenas que anota Marx. Las palabras entre corchetes faltan en el manuscrito. Las notas son nuestras.¹ Texto original*

Libro VIII. De la propiedad vinculada y de la civil amortizada y gravada despues de la Edad Media.²

Capit. I Como perdió la propiedad territorial sus caractéres feudales.

I) Causas que producen la separación entre la propiedad territorial, por un lado, y el servicio militar y la jurisdicción, por otro

Los caracteres primitivos de la propiedad territorial en Castilla, debilitados y transformados por los fueros municipales, las cartas-pueblas y los privilegios; así, a comienzos del siglo XVII, ya profundamente modificados; los nombres antiguos subsistían todavía, pero con distinto significado. Las encomiendas eran ahora más títulos lucrativos y honoríficos que cargos públicos; los prestimonios, reducidos a beneficios eclesiásticos; las mandaciones, conservadas como meras tenencias o convertidas en señorios perpétuos; las tierras, degeneradas en rentas a cargo del erario público o en meras soldadas (salarios); las heredades de solariegos, convertidas en predios enfitéuticos; los feudos propiamente dichos no se habían generalizado. Con estos cambios en las formas y derechos del dominio, personas y propiedades se hacían cada vez más libres. A medida que los siervos se convertían en solariegos y estos en vasallos, disminuían las cargas sobre sus propiedades y crecía el número de los bienes alodiales ⦗mientras que el primer período de los bienes alodiales, que entonces eran posesión privilegiada de cierta clase, muestra su paulatina conversión en bienes feudales, etc.⦘; e inversamente, a medida que la propiedad se hace más independiente, el estado de las personas se hacía más libre.

Así desaparecen poco a poco: el servicio militar, como carga de la propiedad territorial; la jurisdicción, como uno de sus derechos, y las limitaciones de su libre disposicion.

La potestad señorial, profundamente quebrantada, y la jurisdicción cada día más separada de la propiedad territorial con el establecimiento de los concejos libres (i. e. de los municipios libres); con la reversión a la Corona de muchas villas y tierras enajenadas o usurpadas; con los privilegios concedidos a muchas poblaciones de no ser dadas nunca en encomienda ni en señorio ó de nombrar ellas mismas sus señores ó sus justicias; con las numerosas pueblas singularmente privilegiadas que fundaban los reyes, y á las cuales acudian en tropel los vasallos señoriales, en uso de su derecho; y por la libertad reconocida a los vasallos de cambiar de señor, abandonando ó vendiendo sus solares; con la abolición de la mañería, que convirtió tantas propiedades vitalicias en hereditarias y perpetuas; con la prescripcion de año y dia ofrecida en muchos fueros a los poseedores de tierras, con la libertad de testar concedida aquí, allá el arreglo de la sucesión de los parientes, en todas partes el reconocimiento de los derechos del dominio en las tierras procedentes de la corona.

La obligación del servicio militar de la propiedad territorial disminuyó a medida que se generalizó y regularizó la paga en dinero (la soldada en dinero). Ya en el siglo XIV —en la Ordenanza de la milicia, promulgada por Alfonso XI en las Cortes de Burgos de 1338— se prescribe la distribución que habian de hacer los caballeros de sus soldadas; pero a la vez se declara que estas (las soldadas) no se daban «á nuestros vasallos de la frontera, á quienes no damos soldada en diner é han de servir por la tierra que tienen» (114) Se ve por la misma ordenanza la irregularidad con que los caballeros asalariados prestaban sus servicios; por eso se les prescribe qué parte de sus sueldos habían de invertir en armamento, el número de infantes y jinetes que cada uno había de aportar según el número de maravedíses que recibía, el valor de los caballos, penas graves para los vasallos reales o señoriales que no se unieran al ejército o lo abandonaran antes de tiempo, la paga de los lanceros y ballesteros. La ley no sirvió de nada. D. Juan I, en las Cortes de Valladolid de 1385, tiene que renovarla, y manda a la vez a los vasallos pasar revista con las armas cada 2 meses ante las justicias. Las Cortes de Bribiesca, 1387, se quejan de que los 14 millones de maravedís dados en tierra á los vasallos se pierden en su mayor parte, porque nunca se presenta al servicio de guerra el número suficiente; pidieron formar un número fijo de hombres de armas, cuyos nombres se inscribieran en un registro de todos los vasallos que tenian tierras de la corona, y «que non se fagan en los alardes las burlas que fasta aquí». (114) El rey no aceptó esta petición; ordenó en cambio una nueva disposición según la cual se repartían entre los ricos-hombres, condes, caballeros y escuderos inscritos en las nóminas del Erario 1500 maravedís por cada lanza y 1300 por cada ginete, y que estas soldadas se les pagaran en lugares de sus comarcas, de modo que pudieran cobrarlas sin gastos. Con ello se aumentó la remuneración del servicio, porque antes, segun el mismo texto de las Córtes, cada marqués servía con 300 lanzas por 200 000 maravedís; Pedro Manrique con 200, por 120 000 maravedís, y los demás caballeros y escuderos con una lanza por 1500 maravedís cada uno, si no (= los ricos hombres, condes y demás caballeros) tenian otra merced del rey. Así, la paga en dinero sustituida á la tierra, pp. 114, 115 ⦗pero sin que con ello se creara un ejército permanente; más bien, la Corona daba dinero a los respectivos feudales para su equipo militar.⦘

Más difícil, la separación de la jurisdicción y la propiedad territorial; se le resistieron clases muy poderosas; pero en cambio estaban por ella la Corona y el estado llano (plebe, tercer estado, estado de los que no son nobles), que entonces hacían rápidos y constantes progresos. Los reyes, para afirmar y extender su potestad, mejoran la administración de justicia en los pueblos realengos, ordenan sus tribunales, envian por todo el reino sus pesquisidores para la averiguacion de los delitos, se reservan el conocimiento de las causas más graves; dan a la vez participación a sus vasallos en el gobierno de las ciudades y villas, suavizan las cargas públicas que recaen sobre ellos, se declaran protectores de los oprimidos y abren las puertas de los municipios a los vasallos descontentos que luchaban por sacudirse el yugo señorial. Al principio, muchos señores intentan en vano hacer competencia a la Corona con concesiones y ventajas semejantes para sus vasallos; esta competencia era imposible entre el rey, que poseía un número considerable de Estados y vasallos, y los que poseían relativamente pocos, sobre todo cuando los ricos-hombres, divididos entre sí y muchos todavía en guerra abierta, no podían unirse para resistir. La mayoría de los señores tomaron por eso el camino contrario: procuraron asegurar sus intereses por la astucia o la violencia en lugar de mejorar la situación de los vasallos; se volvieron todavía más duros o siguieron como antes, pero sus súbditos se habían vuelto más levantiscos. La opresión y vejación de los poseedores inmediatos, y las posesiones efímeras é inseguras en el curso del siglo XIV, tenían que precipitar la ruina de la potestad territorial de los señores.

Las propiedades señoriales mismas, en especial las de abadengo, expuestas en los siglos XIII y XIV a duros ataques y violencias. De ello da testimonio irrefutable el de las Cortes de esta época; los ricos-hombres y caballeros quitan por la fuerza tierras a iglesias y conventos; cobran yantares (contribuciones para gastos de mesa en viaje) a sus habitantes; les arrancan servicios, los vejaban en el reparto de los tributos; toman por la fuerza las tercias de los templos y las rentas de los beneficios vacantes; quitan a los labradores bueyes en prenda para el pago de tributos o los tienen presos sin darles de comer hasta que pagan; se apoderan de muchos bienes de la Iglesia o no permitían a sus vasallos tomarlos en arriendo, para obligar a los prelados a vendérselos por los precios irrisorios que ellos ofrecían; prohibían a sus vasallos comprar a los curas o venderles las cosas más necesarias, o trabajar sus tierras; se llevaban cruces, cálices, ornamentos y campanas de las iglesias para venderlos o empeñarlos; se alojaban en los hospitales, echaban a los pobres y enfermos y los dejaban reventar en las calles. Por otro lado, porquerías por parte de los señores de abadengo mismos, que cometían «graves malfetrías, merecedoras de duro escarmiento» (116), según la expresión de Alfonso XI en respuesta a las quejas de los prelados (Cortes de Burgos, 1315; Ordenamiento de prelados. Cortes de Valladolid, 1325; Orden. de prelados. Córtes de Valladolid, 1385) Hacían que se embargaran bienes y rentas de un municipio por las deudas de otro, para no responder por los insolventes, segun era su obligacion; otros, con el mismo fin, hacían embargar las rentas de la Iglesia por las deudas de sus propios vasallos; muchos ponían entredicho a pueblos donde no tenían el señorio, porque los vecinos se negaban a dejarse echar encima a sus vasallos, de estos tipos, y a pagarles yantares y pedidos indebidos; no pocos tenían lugares usurpados que pertenecían a ciudades y villas. (Córtes de Burgos 1377)

Así, la opresión de los vasallos propios o ajenos, común á toda la clase de señores. Algunos señores despoblaban sus lugares imponiendo a sus vasallos pechos nuevos, exorbitantes e ilegales (Córtes de Burgos, 1377); otros acogían y defendían en sus castillos a quienes raptaban por la fuerza mujeres y las encerraban en ellos; lo mismo acogían a homicidas y salteadores de caminos (Córtes de Soria de 1380); muchos obligaban a los vasallos que no podían pagar los pedidos a tomar dinero a interés de los judíos; otros levantaban muchas denuncias secretas (achaques) contra los atesoradores (acaudalados) para exigirles cohecho (soborno); otros obligaban a viudas y doncellas de linaje a casarse con escuderos y gente de condición más baja que ellas (Córtes de Valladolid de 1385 y de Segovia de 1386) Además, la costumbre, contra la que las Cortes reclamaban en vano, de que los señores tomaran dinero prestado obligando a sus vasallos a salir fiadores; si luego no se pagaba al vencimiento, tenían que hacerlo los vasallos (como fiadores) o purgar indefinidamente en la cárcel la insolvencia del señor. (Córtes de Madrid, de 1573) Por último, era muy frecuente que los caballeros se vengaran en los vasallos de sus enemigos, matándolos o saqueándolos mutuamente. (Córtes de Guadalajara de 1390)

En cuanto, por el triunfo de las armas cristianas, los musulmanes quedaron reducidos a un pequeño rincón de la península, la monarquía ganó así nuevas fuerzas y los pueblos aprendieron a organizarse en concejos independientes, su antigua organización política, fundada en las necesidades de la guerra y la defensa del hogar, dejó de corresponder a este nuevo estado social de España. Los castillos, levantados para la defensa de las poblaciones contra los infieles, servían ahora más bien como medio de opresión de los vasallos cristianos o para la guerra contra el propio monarca; los señorios, instituidos como cargas públicas y medio de hacer participar a hombres distinguidos en la protección y el gobierno del territorio, se consideraban ahora solo como propiedades lucrativas, para mero provecho de sus dueños. La acción real y la de los municipios (que se extendían y afianzaban á costa de los lugares de señorio) no bastaban para sacudir el yugo señorial; no fue posible sin que «los vasallos se levantaran en armas contra sus señores repetidas veces», ni sin «guerras sangrientas entre los señores y los municipios, entre los ricos-hombres y la Corona». El clamor de las Cortes obligó a los reyes a atacar cada vez más, primero tímida y lentamente, después con más fuerza.

Tras distintos intentos vanos (por exhortación de las Cortes) por parte de los reyes (desde comienzos del siglo XIV) de que los castillos se levantaran con licencia real o de derribar los levantados sin ella, Alfonso XI, a petición de las Cortes de Madrid, ordena en 1339 la demolición «de los castellares viejos, peñas bravas y cuevas» que se habian hecho y poblado sin licencia real.

Pero la facultad dada á los concejos para derribar ciertos castillos, los excesos en la ejecución, etc., dieron lugar a gravísimos disturbios. (los señores se quitaban entre sí por la fuerza fortalezas y las destruían los unos á los otros) Las Cortes de Burgos de 1338 pidieron que el rey tomara los castillos «en su guarda y defendimiento». A ello siguieron disposiciones coactivas por parte del rey.

Abuso de los señores imponiendo nuevos tributos a sus vasallos o aumentando los antiguos; a menudo reclamaron contra ello las Cortes; por último, D. Juan II, a instancias de las Córtes de Palenzuela de 1425, mandó que no se impusieran tales tributos nuevos sobre las heredades libres que vasallos reales adquirieran en tierras de señorio, ni se aumentaran los antiguos sobre las heredades tributarias que los mismos vasallos adquirieran en las propias tierras. Pero hubo que repetir y confirmar acuerdos semejantes en las Córtes de Madrigal (1438) y en las Córtes de Valladolid (1451)

Las Cortes de Valladolid (1442) piden que los señores de más de 200 vasallos no puedan vivir en lugares realengos ni tener en ellos ningún oficio público; D. Juan I, sin embargo, no lo concedió.³ Igual de mal le fue a la petición de las Córtes de Valladolid (1447) de que no se permitiera vivir en las ciudades y villas principales a los caballeros, escuderos y vasallos de señores que tuviesen tierras ó acostamientos (paga); de que a los que vivían en ellas en ese momento y poseían tierras ó maravedís del rey se les diera algo más, como lanzas, para que renunciaran a los bienes que tenían de sus señores; de que se diera igualmente una soldada a los que no poseían nada de la Corona, para que también renunciaran a las tierras señoriales que disfrutaban; y de que, antes de la ejecución forzosa de estas «expropiaciones», se ofreciera una renta a los vasallos que quisieran romper con sus señores para entrar al servicio de la Corona. El fin de estas peticiones (del tercer estado): privar a los señores de sus vasallos y despojarlos sin consideración, «en suma acabar con los señorios», como lo hicieron las Cortes de Cádiz 400 años después. En lugar de eso —en interés directo del rey—, Juan II mandó retener los bienes que disfrutaran en lugares realengos los señores que pusieran o permitieran poner embargo en heredades del rey sitas en lugares de señorio, y prohibió las exenciones de pedidos y tributos que muchos señores ofrecían a los vasallos de la Corona que vinieran a vivir a sus tierras. (Córtes de Valladolid 1447 y 1451)

Todas las leyes desde comienzos del siglo XIV no impidieron la construcción de nuevos castillos ni los abusos unidos a ella. En 1473, petición de las Cortes de Santa María de Nieva, y Enrique IV repite las antiguas prohibiciones; mandó destruir los levantados de nuevo en los 10 últimos años.

Otra maniobra de los reyes fue impedir en lo posible la confusión de las propiedades de distinta naturaleza, de los realengos con los señorios. Anarquía y violencias a causa de los vasallos de distintos señores y leyes que vivían en el mismo territorio; a ello solo se podía poner remedio lentamente; entre otras cosas, por eso, las prohibiciones de que los ricos-hombres, caballeros y eclesiásticos adquirieran bienes en lugares realengos.

II) Reduccion de los señorios de abadengo: leyes de amortization.

Esto se logró todavía menos que con los señorios laicos, a causa del fanatismo cristiano alimentado por las guerras; desde el siglo XIII, la ley de amortización (no dar más heredades a manos muertas) la repitieron las Cortes tantas veces como dejó de cumplirse. ⦗Ciertamente, los reyes tenían en los bienes eclesiásticos más autoridad que en los laicos⦘ En el siglo XIV predominó la opinión de que tales leyes eran contrarias a la libertad de la Iglesia; esta siguió por eso adquiriendo bienes jurisdiccionales. Las Córtes de Madrid (1528) pidieron a Carlos V (el emperador) que las iglesias y monasterios dejaran de tener vasallos y jurisdicción en sus lugares y cedieran a la Corona los que poseyeran. Esto iba contra la conciencia católica del emperador. Por apuros financieros obtuvo más tarde una bula papal con ese fin, pero no la aplicó. Felipe II (apoyado además por un breve de Gregorio XIII) incorporó a la Corona muchos señorios sin la indemnización prescrita en los rescriptos papales; de ahí remordimientos de conciencia en la hora de la muerte; una cláusula del testamento ordena restituir los señorios de abadengo así tomados. Algunas de estas restituciones tuvieron lugar bajo Felipe III, ni mucho menos todas, porque muchos se habían enajenado desde entonces a terceros.

Con la reducción del poder señorial coincide el desarrollo de las libertades y franquezas del dominio privado, tanto en las tierras tributarias como en las señoriales. Ley general de la historia: la posesión temporal del suelo, si dura mucho, se convierte en hereditaria y perpetua. Así, las tierras que los solariegos tenían de los nobles se convirtieron en alodiales; pero al mismo tiempo que esto ocurre por fueros y cartas-pueblas, los reyes introducen la costumbre de ratificar las mercedes de sus antecesores á los del estado noble, prorogándolas á sus hijos ó haciéndolas nuevas por juro de heredad, con lo que se iba transformando el hecho en derecho.

Con la perpetuidad del dominio se adquirió como consecuencia su libre disposicion, y estas ventajas compensaron hasta cierto grado lo que los nobles habían perdido de autoridad en provecho de la Corona. Los nobles, muy ávidos de esta perpetuidad. D. Alfonso el Sabio, con sus pretensiones a la dignidad imperial alemana y sus desventuras con los ricos-hombres, repartió en mercedes perpétuas gran parte de su hacienda. Con ello se pagaron también los servicios de los vasallos en los gobiernos de menores de edad y en las guerras civiles que hubo por ello. Entónces, las larguezas reales llegaron a tal extensión que en 1312 los ingresos de la Corona de Castilla eran solo 1 600 000 maravedís, mientras que los gastos eran 9 millones. Las mercedes de Enrique II, tan grandes que se hicieron históricas; tras la victoria sobre su hermano D. Pedro, cumplió todo lo que había prometido a sus partidarios, propios y extraños; lo hizo contra la reclamación de las Cortes de Toro (1371), que lo declararon ruina del Estado. Otros monarcas revocaron por último las gracias enriqueñas y mandaron la reversión a la Corona de los bienes enajenados por ellas, pero solo en cuanto no hubiera herederos con derecho, y dejaron a la vez perpétuas y hereditarias las enajenaciones de esta clase procedentes de otros reyes.

Capitulo II. Decadencia del regimen señorial. – Los mayorazgos.

I) Insuficiencia del régimen señorial en el siglo XVI.

Todavía en el siglo XVI estaban ahí las ruinas del feudalismo; había, sí, propietarios que, sin poder judicial, solo disfrutaban de tributos o pensiones de ciertos colonos y de derechos honoríficos; pero la mayoría eran jurisdiccionales y solariegos; algunos, solo jurisdiccionales, porque, sin ser dueños del suelo, solo habían recibido de la Corona potestad y gobierno sobre ellos, con el derecho de percibir las rentas y los impuestos que los vecinos pagaban al erario, en los lugares realengos.

En los señorios solariegos se consideraban propiedad del señor todas las tierras dentro de sus términos que no poseyeran los vecinos con justo título. En los lugares de señorio jurisdiccional, al menos en el siglo XVII, las tierras baldias se consideraban en general pertenecientes a los municipios; los señores (jurisdiccionales) solo podían disponer de una parte de ellas para construir casas. Las cargas de los vasallos nacían en parte del solar que poseían por contrato o por favor de los señores, por el que tenían que prestar rentas, emolumentos y servicios variables, y en parte del estado de vasallaje jurisdiccional, por el que tenían que prestar tributos y servicios, unas veces comunes a todos los señorios, otras propios de algunos. Las dos clases de cargas se mezclaron en el curso de la historia. Continuaba el servicio militar con el rey ó con sus señores (donde no estaban eximidos por privilegio), etc., etc. Continuaban los monopolios (privilegio del horno y el molino del señor; no había derecho a abrir posadas (tabernas, etc.) donde él las tenía); los vasallos daban todavía sus carros y caballos para acarrear la leña, el grano, etc., del señor, y acudian á las sernas y corveas. En Galicia, la luctuosa se pagaba todavía en el siglo XVII; los señores podían todavía, sin licencia del rey, imponer tributos a los vasallos hasta cierta cantidad y tomar su hacienda ó las de sus lugares en caso de cautiverio, o para remediar su pobreza, sufragar los gastos de una guerra inminente, la boda de un hijo, etc., etc.

Los señores meramente jurisdiccionales tenían en casi toda España el derecho de tomar de los montes de su comarca toda la leña necesaria y, en los demás aprovechamientos comunales, la parte de 2 vecinos. Sus vasallos estaban obligados a guardar sus castillos y fortalezas siempre que estuvieran en peligro de ser atacados o sitiados. Algunos de estos señores tenían todavía el derecho de hospedaje gratuito en las casas de sus vasallos, el de ocupar y adquirir los bienes abandonados o mostrencos (cuyo dueño se desconoce) y el monopolio de la caza y la pesca en determinados lugares. ⦗Sobre todo esto, etc.: Castillo Bobadilla: «Politica para corregidores y señores de vasallos».⦘ Los mismos señores jurisdiccionales publicaban todavía en los últimos tiempos ordenanzas y bandos de gobierno, confirmaban a los alcaldes elegidos por los concejos, nombraban y pagaban de su peculio a alcaldes mayores que oían las apelaciones de los ordinarios; avocaban causas, cobraban penas de Cámara, proveian á la seguridad de los caminos y pueblos, pedían cuentas a alcaldes, regidores y oficiales y aprobaban las cuentas de Propios. En los ducados de Alba y de Osuna existían tribunales colegiados de apelación, compuestos de jueces que se llamaban alcaldes mayores y oidores del duque. Un convento de monjas de Tordesillas tuvo hasta comienzos del siglo XIX el derecho de nombrar su alcalde mayor. Estas facultades jurisdiccionales estaban ya limitadas hasta cierto punto en Castilla por la mayoría de justicia, que la Corona defendía con celo; por la prohibición impuesta a los señores de indultar de otras penas que las pecuniarias destinadas á su erario; por la prohibición de dar ordenanzas locales en derogación de las leyes generales, de acuñar moneda, etc., etc.

Pero aunque la propiedad conservaba todavía las formas exteriores de su primitiva organización feudal, su esencia apenas existía ya, porque, confundidos naturales y vasallos, sometidos a las mismas cargas, sometidos a igual condición los que traían su estado de la tierra y los que fundaban el suyo en el nacimiento, la propiedad habia dejado de ser el vinculo más poderoso entre el individuo y la república. Además, confundidos los señorios meramente jurisdiccionales (delegación voluntaria del poder real) con los territorios de jurisdiccion (propiedad con atributos de la soberanía), y [como] unos y otros señores poseían facultades semejantes, el suelo dejó naturalmente de considerarse el título principal y casi único del poder público.

A ello se añadía una tendencia notable, en la opinión de las personas más ilustradas del estado llano y más influyentes por su ciencia y su literatura, contra la división del poder público y las jurisdicciones señoriales. Lo muestran a cada paso las obras de los juristas de fines del siglo XVI y comienzos del XVII. Así Gerónimo Castillo y Bobadilla (fines del siglo XVI, en su Politica, citada arriba, fulmina contra el régimen señorial). Según él, «no era de extrañar tanta opresion y desgobierno, puesto que los títulos señoriales se habían prodigado generosamente a gente sin nobleza e incluso a mercaderes enriquecidos en menudos tráficos». (128)

II) Orígen y Progresos de los Mayorazgos.

Para mantener en las familias nobles un poder cada vez más socavado por el movimiento, la nobleza se refugia casi al mismo tiempo, en Cataluña, en el derecho de primogenitura; en Aragón y Navarra, en la libertad de testar con troncalidad y el consorcio de los bienes, y en Castilla, en los mayorazgos. En 1260, con permiso de Alfonso el Sabio, Garci Ibáñez funda un mayorazgo; varios otros durante su reinado; él mismo erige en mayorazgo el señorio de Viscaya (1273), ejemplo de los mayorazgos primitivos, que unían la sucesión por primogenitura con una jurisdicción dependiente de la Corona. Este Alfonso introdujo en las Partidas una ley autorizando a los testadores a prohibir a sus herederos la enajenación de sus castillos y heredades, siempre que «alegaran alguna razon competente».

En los reinados siguientes empezó a fijarse la forma de esta nueva institución con su propio nombre. Así, bajo Sancho IV, en 1291, da un mayorazgo a Juan Mathe (su camarero) de casas en Sevilla, castillos, etc., en cuyo documento se dice: «habiendo voluntad de lo honrar é de lo ennoblecer, porque su casa quede siempre hecha é su nombre non se olvide nin pierda … é porque se sigue ende mucha pro é honra á nos y á nuestros regnos en facer que aya muchas grandes casas de grandes omes» (130)

En los siglos XIII y XIV, los mayorazgos se fundaban en doble forma: el fundador pedía licencia al rey para fundarlos con sus propias propiedades, o el rey daba heredades o villas como inalienables y de sucesión forzosa, con primogenitura.

Los mayorazgos se generalizaron por una cláusula del testamento de Enrique II, en la que este dilapidador de los bienes de la Corona confirmaba todas las donaciones que había otorgado, pero con la condición de que sus poseedores «las hayan por mayorazgo é que finquen en su fijo lexitimo mayor de cada uno dellos, é si moriere sin fijo lexitimo, que se tornen los sus logares del que así moriere, á la corona de los nuestros regnos». Los nobles reclamaron contra ello en las Cortes de Guadalajara de 1390. Los procuradores, en cambio, invocaron la prohibición, nunca derogada por ley, de enajenar para siempre los bienes del Estado. El rey Juan I (año 12.) cedió a los nobles.

Pero la cláusula del testamento de Enrique II sirvió de ejemplo al otorgarse nuevas mercedes en forma de mayorazgo, sin impedir al mismo tiempo la concesión de muchas otras como libres y perpétuas. Así Juan I, p. ej., en 1389. Enrique III, mucho más pródigo que su padre, sobre todo con mercedes perpétuas; reclamación muy enérgica contra ello de las Cortes de Tordesillas, 1420; las tierras y rentas del erario ya no bastaban a la codicia de los cortesanos y usureros; se crearon nuevos oficios, muchos de ellos inútiles y todos perpétuos, para que el tesoro real pudiera venderlos y escapar de su apuro diario. Juan II fabricó también tales oficios e hizo muchas enajenaciones de bienes del Estado, aunque las Cortes de Valladolid, 1442, declararon su inalienabilidad.

Donde más mayorazgos se fundaron fue bajo el desastroso reinado de Enrique IV, que no solo vendió por dinero, sino que dilapidó insensatamente las propiedades territoriales, los señorios, las rentas y los oficios públicos de la Corona. Las mejores villas y lugares pasaron así al dominio particular, las tercias y alcabalas se cedieron a título oneroso o gratuito y, bajo el nombre de juros, se vendieron a precio irrisorio pingües rentas á cargo del tesoro público. El abuso llegó a tal punto que, según Hernando del Pulgar, cronista contemporáneo (Crón. de los Reyes Catól.), con un capital de 1000 maravedís en dinero se podía adquirir otro tanto de renta anual en juros. (133)

Los Reyes católicos, para remediarlo e instados por las Córtes de Toledo (1480), mandaron averiguar el orígen y los títulos de todas las mercedes reales y, en virtud de este examen, confirmaron algunas, redujeron la cuantía de otras y revocaron del todo muchas; dispusieron que, respecto de [los bienes concedidos] por Enrique II, se cumpliera la cláusula de su testamento citada antes. A pesar de ello, ellos mismos otorgaron de nuevo algunas mercedes de rentas y lugares, que la reina (Isabel), arrepentida, revocó en la hora de la muerte. Lo mismo hizo D. Carlos V (Sandoval, Hist. de Carlos V) en su testamento: revocó las mercedes hechas por él mismo.

Pero tampoco entonces cesaron las enajenaciones de bienes realengos, que solo contribuyeron a aumentar las vinculaciones (de los bienes). Las Córtes de Toledo de 1560 y de Madrid (1590) hacen representaciones contra ello; el rey prometió moderar su uso, pero las enajenaciones continuaron, con tanto más motivo cuanto que se convirtieron en recurso casi necesario para cubrir los gastos que causaban los aumentos y guerras de tan gran monarquía.

Hasta comienzos del siglo XVI, la fundación de cada mayorazgo era objeto de un privilegio especial de la Corona. Las Córtes de Toro, 1505, creyeron necesario dictar reglas generales sobre esta materia. Declararon necesaria la licencia real para la fundación de los mayorazgos; pero permitieron sin licencia real gravar con vinculos y sumisiones las mejoras de tercio y quinto en favor de los hijos. Según la ley 27 de estas Córtes, no se permitía gravar la legítima, ya fuera de los hijos, ya de los padres, pero sí el tercio, si se dejaba a un descendiente legítimo; si no lo había, a uno ilegítimo, o, si no había descendientes, a un ascendiente; el quinto en todo caso, y la totalidad de los bienes si no había herederos forzosos, entendiéndose siempre perpétuas tales vinculaciones si el fundador no disponía lo contrario. Esta ley no menciona la necesidad de licencia real para fundar mayorazgo, aunque las leyes 42 y 43 de las mismas Cortes la exigen sin distinguir casos; los intérpretes lo explicaron en el sentido de que solo era necesaria en los casos en que no se tratara del tercio o del quinto, y sin perjuicio de los herederos forzosos.

Así se convirtió en derecho general y común el de vincular bienes, mientras que hasta entonces solo había sido privilegio concedido a la nobleza. Castillo, Glossa supra leges Taurici, edic. de 1553, dice que la ley 27 habría que escribirla con letras de oro, porque a ella se debe «que no solo los próceres, sino igualmente los meros vecinos y plebeyos puedan fundar mayorazgos del tercio y quinto de sus bienes». (135) Desde entonces, propietarios grandes y pequeños, hidalgos y pecheros, traficantes y asentistas enriquecidos (financieros, proveedores) se apresuraron a hacer uso de este derecho, deseosos de trasmitir á la posteridad su nombre preclaro.

Las mismas Cortes de Toro muestran en las demás leyes la tendencia a favorecer la fundación de mayorazgos. Declararon la posesion inmemorial prueba suficiente de la subsistencia de algunos mayorazgos discutidos (que no constaban por escrito), etc. Había graves dudas en los tribunales sobre a quién pertenecían las mejoras y aumentos hechos por los poseedores inmediatos en los bienes vinculados, que reclamaban sus sucesores inmediatos y sus herederos. Las Córtes de Toro declararon que los edificios, obras y mejoras en lugares de mayorazgo entraban siempre en la sucesión con los mismos, sin que los herederos de los poseedores que los habían hecho con su propio patrimonio pudieran reclamar su valor.

En Aragón, dice Miguel de Molino (Repertorium fororum, verb. Primogenitus), «no tenemos derecho de primogenitura, llamado comúnmente derecho de mayorazgo, ni siquiera en las casas de magnates, nobles, barones, infantes y caballeros, salvo para los hijos del rey; pero como se puede instituir heredero a cualquier hijo, dejando a los demás cualquier cosa, tales casas, con sus castillos y baronías, suelen estar vinculadas por testamentos de los abuelos en sus hijos y descendientes primogénitos». Pero estas vinculaciones nunca fueron tan generales como en Castilla, no solo mientras fueron privilegio exclusivo de los magnates e infantes, sino también después de que la libertad de testar pasara al estado llano; se extendían casi siempre solo a lugares de señorio, castillos y baronías.

En Cataluña y Valencia, los feudos continuaron mucho después de que se incorporaran a la monarquía general. En Cataluña se permitía además la sustitucion fideicomisaria, sin la limitacion de vidas, como en el derecho romano. Con sus feudos y sustituciones fiduciarias, Cataluña y Valencia dieron más bien impulso a los mayorazgos de las demás provincias.

En Navarra, aunque la libertad de testar era tan grande como en Aragón, no se hizo un uso tan general de ella para vincular los bienes en determinadas familias. Pero en castillos y villas la herencia no era divisible, y el primogénito tenía que suceder en el castillo, aunque con ello quedaran desheredados los demás hijos. Pero este germen de la vinculacion solo se desarrolló cuando Navarra, unida a Castilla, tomó de ella la institución de vincular, con sus leyes y costumbres.

III) Como se vulgarizaron y desacreditaron los mayorazgos.

La jurisprudencia (castellana) interpretó las leyes de las Córtes de Toro sobre el tercio y el quinto en el sentido de que era vinculable toda la hacienda de que cada uno podia disponer por testamento; y extendió por lo demás estas leyes en ese sentido. Así se allanó a tribunales y particulares el camino para convertir en vinculados muchos bienes antes libres. El derecho de representación del descendiente del fundador se extendió a sus parientes colaterales, sin limitación de grado ni de generación; así se dificultó la vuelta al comercio de los bienes una vez vinculados. La jurisprudencia llegó a tal punto que el aumento y ensanche de las vinculaciones podia verificarse á costa de la legítima de los hijos, de los gananciales de las mujeres y tal vez del patrimonio del que prestó el capital necesario para las obras, si el deudor no dejaba bienes libres con que satisfacer su importe. (138)

Así, todos querían hacerse caballeros. El uso de las vinculaciones se hizo tan común que, cuando los testadores disponian del tercio y del quinto de su herencia, los escribanos lo consideraban vinculación perpetua. Así, dice Castro (Discursos criticos sobre las leyes y sus intérpretes), ocurrió sobre todo en Galicia, y los testadores habían fundado así, sin saberlo, muchos mayorazgos. Esta democratización de los mayorazgos dio un golpe rudo a la aristocracia, pero no impidió que, por bodas y sucesiones, se acumularan en algunos pocos nobles mayorazgos de tal extensión que les permitían rivalizar en influencia y poder con el soberano. Carlos V ordena por eso (1534) que, en caso de acumulación de 2 mayorazgos, de los que uno rentara 2 millones de maravedís (= 58 300 rs. de nuestra moneda) o más, el primogénito solo sucediera en uno de ellos, y el otro pasara a la hija mayor o al hijo segundo. La Corona favorecía por un lado la fundación de los mayorazgos pequeños y la desvinculación de los grandes; los nobles y las Córtes pedían la conservación de los últimos y la reducción de los primeros.

Jacobo de Simancas, obispo de Ciudad Rodrigo, censuró en 1566 la institucion vincular: impedía el comercio de una parte considerable de la riqueza, contra el provecho público, contra la máxima de los sabios según la cual el bien de la república está en la medianía de las fortunas, y condenaba a amortización perpetua la mayor parte de la propiedad territorial. El deseo de perpetuar la propia memoria por medio de vinculaciones correspondía poco al espíritu del cristianismo, pues si el fundador va al cielo no las necesita, y si va al infierno no le sirven de nada. (Jacobus Simancas: De primogenitis Hispaniae)

Igualmente en contra, Cerdán (hacia fines del siglo XVI), en «Veriloquium en reglas de Estado»: introducían desigualdad entre los hijos, pleitos, malas pasiones; había que limitarlos a los pocos grandes, duques, marqueses, condes, etc., que eran pocos, y para estos solo con la prohibición de Carlos V.

En el siglo XVII se extienden las opiniones de Simancas y Cerdán, sobre todo cuando las acogen escritores más importantes. Así, el licenciado Fernández Navarrete publicó en 1621 su libro «Conservacion de monarquías», en el que atribuía la despoblación de España a los mayorazgos. «Estos vinculos», dice, «no sirven más que para acaballerar la gente plebeya, vulgar y mecánica, porque apenas llega un mercader, un oficial ó labrador y otros semejantes á tener con qué fundar un vinculo de 500 ducados de renta en juros, quando luego los vincula para el hijo mayor, con lo qual no sólo éste, sino todos los demás hermanos se avergüenzan de ocuparse en los ministerios humildes con que se ganó esta hacienda; así llevándose el mayor la mayor parte della, quedan los otros con presuncion de caballeros, por ser hermanos de un mayorazgo y sin querer atender á más que ser holgazanes (vagabundos, haraganes)» (p. 141) Quiere que no se permitan mayorazgos de menos de 3000 ducados de renta; tampoco debían ser en juros, sino en haciendas de labor ó capitales impuestos en los erarios, cuyo establecimiento se consideraba entonces.

Las mismas doctrinas en los escritores políticos del siglo XVII, aunque ninguno tan profundo y entendido como Navarrete. Saavedra Faxardo (Empresas políticas) les atribuía también la despoblación, porque así solo los primogénitos podían casarse, y los demás hermanos se hacían militares o religiosos.

Los señorios territoriales vinculados mantenían de hecho a las clases bajas en dependencia de las altas y, allí donde se conservaron, retrasaron la marcha de la sociedad en democratizarse. Pero como la nobleza española perdió pronto el monopolio exclusivo de los mayorazgos y tampoco conservó todos los que le pertenecían, con la facilidad de desmembrarlos y partirlos mediante enajenaciones autorizadas, se confundió hasta cierto punto con el estado llano en cuanto a la posesión de los elementos que constituían su poder, y no pudo poner freno a la creciente democracia. Gracias a las leyes de Toro, a la jurisprudencia que salió de ellas y a la muchedumbre de mayorazgos pequeños, esta institución no se convirtió en manos de la aristocracia española en un instrumento tan poderoso y eficaz de influencia y preponderancia social como en otros países. Las opiniones de los escritores políticos y jurídicos de los siglos XVI y XVII, confirmadas y ampliadas por los estadistas del siglo XVIII, llevan a la sentencia de la opinion pública que acabó con las vinculaciones.

Capitulo III. Progresos de la desvinculacion en el siglo XVIII.

I) Progresos de las Doctrinas contrarias á las vinculaciones.

En el siglo XVIII, la vinculación había llegado a un gran exceso, no tanto por la importancia como por el número de los mayorazgos; justo entonces, de nuevo, guerra contra ella de los escritores politicos y los estadistas, aplicando las nuevas doctrinas económicas importadas de Francia.

En 1765 publica Campomanes su célebre «Tratado de la regalía de amortization». (Objeto principal: la amortizacion eclesiástica. Trata de los mayorazgos solo de pasada, pero condensa todo lo que se había alegado hasta entonces contra las vinculaciones. Su fin principal: demostrar la necesidad de una ley que ponga límite a la adquisición de bienes raíces por manos muertas y la competencia del soberano temporal para dictar esa limitación. Pero reconoce la necesidad de una nobleza dotada de mayorazgos.)

En 1783, la Sociedad Economica de Madrid ofreció un premio al mejor escrito contra los mayorazgos. Al programa del concurso precedía un preámbulo en el que exponía los inconvenientes de los mayorazgos. (Gaceta de Madrid, 31 de octubre de 1786) Ninguna de las memorias que se le presentaron obtuvo el premio.

Casi al mismo tiempo publicó el canónigo de la catedral de Lugo D. Juan Francisco de Castro, contra los mayorazgos, la 3.ª parte de sus «Discursos críticos sobre las leyes». Igualmente escribió entonces el conde de Floridablanca, y presentó al rey Carlos III, su célebre Instruccion de Estado, contra los mayorazgos, etc.

La mayor influencia sobre el público: el «Informe sobre la ley agraria» de Melchor Gaspar de Jovellanos, publicado en 1795 por la Sociedad Económica de Madrid; también en él, un vigoroso ataque a las vinculaciones.

Entretanto, el vulgo seguía adelante fundando mayorazgos cortos ó aumentando la dotacion de los existentes.

Los escritores del siglo XVIII atacan en parte los males inseparables de los mayorazgos, en parte los vicios y defectos de las leyes que los regulan en España. Entre los primeros se sostiene, entre otras cosas: que es contra la naturaleza (contraria á la naturaleza) la facultad del hombre para disponer perpetuamente de sus bienes; que es contra la justicia y el bien del Estado enriquecer a un hermano abandonando a los demás a la miseria; que impiden el aumento de la población; que apartan de las profesiones y artes útiles a una multitud de personas, a las que inducen al lujo y al derroche; que perjudican a la agricultura, porque, siendo inalienables los bienes, ni los dueños ni los arrendatarios invierten en el suelo más capital del absolutamente necesario para una cosecha mediana y omiten todo trabajo que no tenga por fin dar fruto inmediato, mientras que precisamente tal trabajo (omitido aquí) es el que más favorece la producción; que perjudican al comercio, porque disminuyen el número de las tierras en circulación y elevan por tanto su precio como el de sus productos, y menoscaban la producción agrícola, con lo que se aminora la materia comercial y crece su precio, asi como se reduce el número de las transacciones que se verifican sobre ellas.

A la 2.ª clase, la de los males de los mayorazgos específicos de España (por sus leyes), pertenecen, entre otros: el sinnúmero de mayorazgos pequeños, que ni siquiera alimentan lo bastante a sus poseedores, pero los hacen holgazanes e inútiles para la producción; por otro lado, acumulaciones excesivamente grandes en pocas manos, porque las prohibiciones dictadas por Carlos V no se cumplían y habían caído en desuso; que la ley 46 de Toro, que declara vinculadas las mejoras hechas por los poseedores en los bienes de mayorazgo, y la jurisprudencia, que la ha extendido todavía más por interpretación, empeoraban el estado de estos bienes, porque los poseedores se guardaban de emplear en su reparación su propio capital, para que lo heredaran por igual sus hijos; que, como no se podía emplear ninguna parte de los bienes vinculados en dotar a las hijas ni en pagar las deudas del último poseedor, aquellas se casaban con dificultad y las deudas no se pagaban por falta de bienes libres, lo que favorecía el fraude y perjudicaba en última instancia al comercio; que, como los bienes vinculados no podían darse en enfiteusis ni en arriendo sino por el tiempo incierto de la vida, nadie invertía el capital necesario para cultivar las tierras incultas de los mayorazgos ni para aumentar el producto de las cultivadas.

En teoría, los escritores españoles fueron tan lejos como los más modernos. Saavedra Faxardo profesaba con Platón, si bien sólo como ideal, la doctrina de la igualdad de las fortunas. El doctor Castro (el canónigo citado antes) declaraba la facultad de testar contraria al derecho natural y emanación exclusiva de la ley positiva, y se servía para ello del mismo argumento que Robespierre cuando propuso a la Convención Nacional abolir la facultad de testar. El mismo canónigo calificaba de paradoja la propuesta de limitar el derecho de mayorazgo a la nobleza antigua, encareciendo, sobre todo, la nobleza hija del mérito, y proponiendo que el mérito en las armas, las letras, la ciencia, la agricultura y el comercio bastara para convertir a un plebeyo en noble y darle el derecho de vincular sus bienes.

Pero los escritores españoles no proponen la abolición completa del mayorazgo; es necesario para la nobleza, y esta para la monarquía; había, pues, que mantenerlo solo como institución política y con la reforma de las leyes y prácticas que causan sus inconvenientes especiales.

Propusieron limitar la fundación de nuevos mayorazgos a la 4.ª generación; anular los fundados sin licencia real; que la enfiteusis y el arriendo de bienes vinculados, otorgados sin fraude, obligaran al sucesor inmediato; revocada la ley 46 de Toro sobre las mejoras hechas en los lugares de mayorazgo; renovada la prohibición de Carlos V contra la acumulación de mayorazgos; prohibida la fundación de mayorazgos de menos de 4000 ducados de renta; que la dotacion de los nuevos mayorazgos consistiera principalmente en censos, juros, acciones de Banco y otros valores semejantes, y que solo ¼ de la respectiva dotación se vinculara en bienes raíces; que se dejaran al poseedor o a sus herederos las mejoras en los bienes vinculados cuando consistieran en plantíos donde antes no los había, nuevos riegos y nuevos edificios; suprimir las sustituciones perpetuas; suprimidas las leyes que permitían vincular bienes insuficientes; el rey solo debía conceder en los casos más excepcionales privilegio de nobleza y derecho de fundar mayorazgo.

II) Progresos de la legislacion desvinculadora.

1749: Fernando VI rompe el rigor del sistema vincular con la Instruccion de intendentes, permitiendo vender á censo, y solo con permiso del rey, las casas ruinosas de mayorazgo.

1784: Carlos III nombra una Junta de Estado para proponer remedios contra el exceso de las vinculaciones; entretanto, tomó pequeñas medidas interinas de mejora.

Se notaba en la corte grande escasez de habitaciones; el rey (Carlos III) la atribuyó a la ruina en que estaban muchas casas vinculadas, porque sus dueños no las reconstruían ni reparaban para no invertir capital en ellas. Real provisión de 20 de octubre de 1788: dispone que en los solares o casas bajas de mayorazgo, patronato ó capellania pudieran los poseedores ejecutar las nuevas obras que el arquitecto mayor de la villa juzgara necesarias, sin quedar vinculado el capital gastado en ellas, sino solamente las rentas que ántes de la ejecucion de las obras produjeran las fincas; y si los poseedores no ejecutaban ellos mismos, en el plazo de un año, las construcciones o mejoras necesarias, se les obligaría á dar el edificio á censo redimible a cualquiera que quisiera adquirirlo con la obligación de hacer esas obras, sin acudir para nada á la Cámara, como se prescribía en general para toda enajenación de bienes vinculados. Esta disposición, limitada primero a Madrid, se extendió a todo el reino por real cédula de 14 de mayo de 1789. Así se abolió en su parte más esencial la ley 46 de Toro, que era una de las causas que más contribuían al deterioro de la propiedad urbana vinculada.

28 de abril de 1789 (bajo Carlos IV) (pero preparada del todo bajo Carlos III): disposición que introduce muchas de las propuestas hechas por los escritores citados, entre otras: «ninguna fundación nueva sin licencia real», «una renta mínima de 3000 ducados», «que las dotaciones perpétuas de los mayorazgos se colocaran principalmente en efectos de rédito fijo, como censos, juros, efectos de villa y acciones de Banco, de modo que quedara libre la circulacion de los bienes raices», etc.

Al mismo tiempo, la Junta de Estado y los Consejeros preparaban reformas más radicales; Carlos IV (el 28 de abril de 1789) les sometió la Instruccion de Estado de Floridablanca para que la modificaran convenientemente. Entre otras cosas, se permitió a los vinculistas dar en enfiteusis sus casas y tierras de labor, sin real licencia.

Ni la Junta, ni el Consejo, ni el gobierno adoptaron disposición alguna sobre los mayorazgos existentes; la mayoría tenía por suficiente el decreto de 28 de abril de 1789, que respetaba los derechos existentes y reducía los mayorazgos futuros a la medida racional. Pero ahora vino algo más acuciante que la doctrina, a saber, la pura y simple penuria financiera. Con la esperanza de remediar la urgente aflicción del tesoro, decreto de 1795 (Carlos IV), que gravaba con un impuesto del 15 % todos los mayorazgos fundados desde 1789, y también los futuros, con excepción de los fondos que se vincularan imponiéndolos en la real Hacienda; el producto de este nuevo impuesto se destinaba a aumentar el fondo de amortización de los vales (pagarés) reales. Los vínculos de los bienes no debían pasar al sucesor antes del pago de este impuesto. Ley retroactiva. Pero sirvió de poco; la penuria financiera crecía; se abrió un empréstito voluntario y patriótico; para sacarlo adelante, el real decreto de 19 de septiembre de 1798 autorizó a los poseedores de mayorazgos y patronatos de legos a enajenar los bienes de sus dotaciones si invertían el producto de la venta en el empréstito patriótico. Estas enajenaciones, exentas del derecho de alcabala. El mismo decreto permite vender bienes vinculados á los que no tomaran [parte] en el empréstito, si depositaban su precio en la real Hacienda, á rédito del 3 %. Toda esta operación, sin mucho resultado, pero obró como precedente fecundo. En 1799, Carlos IV ofreció estímulos todavía mayores a la enajenación y conversión en rentas públicas de los bienes vinculados; ellos (los vinculistas) recibirían enseguida de vuelta ⅛ del precio de venta como premio y, sin embargo, obtendrían crédito por el total; esto equivalía a un aumento considerable del interés. En 1802 se ordena vender las fincas de los establecimientos de beneficencia y obras pías, y se permite a los poseedores de mayorazgos y otros vínculos enajenar las fincas de sus dotaciones situadas en lugares alejados de sus respectivos domicilios y sustituirlas por fincas próximas (vendidas) de establecimientos de beneficencia; el producto de todas estas ventas debía depositarse en la Caja de Amortización hasta invertirse en otras fincas.

Todo esto no surtió mucho efecto. En 1805, Carlos IV autorizó a los poseedores de mayorazgos y de todas las demás fundaciones vinculadas de España a comprar las fincas de sus propias dotaciones por su precio de tasación, sin subasta y con un premio de ⅛ del producto, siempre que éste se impusiera con igual rebaja en la Caja de Consolidacion, con arreglo á las disposiciones vigentes. Los poseedores obtuvieron un plazo de 5 años para imponer en la Caja de Consolidacion el precio de sus propios bienes comprados. A consecuencia de estas leyes, muchos bienes vinculados volvieron al comercio, con un crecimiento simultáneo de la deuda pública. Vinculistas disipadores ó agobiados de deudas convirtieron en vales reales y en metálico sus propiedades, quedando despues arruinados, tan pronto como dejaron de satisfacerse los intereses de aquella deuda y ellos consumieron los pocos reales, importe de la octava parte del precio que sirvió de cebo á su codicia. A pesar de ello, la mayor parte de los mayorazgos subsistió; por un lado, el público tenía poca confianza en el crédito del Estado; por otro, los vinculistas enajenaban más para satisfacer urgencias inmediatas que para cambiar la índole de sus patrimonios; muchos vendieron y pocos liberaron todos sus inmuebles. Por eso, en cuanto las cédulas del empréstito patriótico y los vales reales dejaron de producir renta, muchos vínculos perdieron la suya; así, su número siguió siendo el mismo, mientras crecía el de los cortos (los pequeños, insuficientes), es decir, el de la clase más dañina.

¡Bonito plan, convertir en inscripciones de la deuda pública todo el capital territorial vinculado, al 3 %!; tampoco era conforme con el fin y la naturaleza de los mayorazgos su dotación exclusiva en títulos de aquellas rentas. Los mayorazgos, para dar a la nobleza independencia frente al trono y al pueblo; el acreedor del Estado depende de ambos. Además, la riqueza en papeles del Estado no da influencia local; con ello habría desaparecido toda aristocracia real. Es verdad que muchos caballeros de la Edad Media no tenían más patrimonio que acostamientos de rentas públicas otorgados por la Corona, y muchos se arruinaron con el destierro y la pena de confiscación, pero tenían espada y vasallos.

Capitulo IV. Fin de la propiedad feudal y de la vinculada.

I) Abolicion de los señorios.

A comienzos del siglo XIX, pocas reliquias del feudalismo. Muchos señorios y dominios feudales se extinguieron con la reversión a la Corona de lugares, rentas y oficios enajenados; todavía algunos señores de jurisdiccion y territorio, pero ya solo con una sombra de sus facultades. En el siglo XVIII, lucha violenta contra ello; se recordaron las olvidadas leyes del Fuero Viejo, de las Partidas, de las Córtes, de los codigos y de los fueros municipales que prohibían la enajenación de las cosas del Estado, revocaban las enajenaciones gratuitas sin causa legítima y ordenaban redimir los bienes vendidos por precio.

Felipe V, Fernando VI y Carlos III promovieron con más celo todavía que los reyes anteriores los juicios de reversion y recuperaron para la Corona buena parte de sus rentas y autoridad enajenadas; bajo ellos se reconoció como principio fundamental del derecho público que «todos los efectos del Erario vendidos por precio, pueden retraerse por la real Hacienda, devolviendo el precio al comprador»; con ello se subrayaba también el dominio eminente del Estado. Pero la indemnización se reconocía en general.

Los reyes de la casa de Borbón acabaron así con muchos señorios y propiedades feudales; pero quedaban todavía reliquias de ellos hasta la revolución de 1808. La ley de 6 de agosto de 1811 incorpora a la nación todos los señorios jurisdiccionales y abolidos los dictados de vasallo y vasallaje, así como las prestaciones reales y personales debidas á título jurisdiccional, salvo si nacían de libre contrato. A la vez se declaran propiedad privada los señorios territoriales y solariegos, si por su naturaleza no pertenecían a los que debían devolverse a la nación o no habían cumplido las condiciones de su establecimiento. Abolidos los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos de orígen señorial, como la caza, la pesca, los hornos, los molinos, el uso de las aguas y los montes, todo lo cual había que dejar al libre uso de los pueblos, pero con indemnización en cuanto estos derechos se hubieran adquirido a título oneroso o como recompensa de un mérito especial. (Entre los derechos reales de las jurisdicciones señoriales estaban, entre otros, las multas y penas de cámara que cobraban los señores en las causas y pleitos que juzgaban sus alcaldes, los portazgos y alcabalas que les pagaban sus vasallos y las derramas inferiores a 3000 maravedís que podían imponerles.)

Esta ley, dice nuestro autor conservador, se hizo «todavía más injusta» por la falsa interpretación y el espíritu revolucionario con que se aplicó en general.

En 1814, anulados todos los actos de la Regencia y de las Córtes; solo con la revolución de 1820 se puso en práctica la ley de 1811. Entonces fueron despojados de los frutos de su propiedad no solo los señores jurisdiccionales, sino también muchos solariegos, con el pretexto de que la ley de 1811 no distinguía con suficiente claridad entre ellos. En 1821, las propias Cortes revolucionarias tuvieron que dar otra ley aclaratoria; lo «empeoraron» (¡qué desgracia!). La ley de 1821 —a diferencia de la de 1811, que declara propiedad privada los señorios solariegos— solo concedía esta última calidad a los poseedores que probaran con títulos escritos que no habían estado incorporados a la Corona y que habían cumplido las condiciones de su fundación. A la vez —hasta la decisión judicial— suspendía el pago de toda renta o censo á los señores; disponía que aquellos cuya propiedad obtuviera despues confirmación judicial solo recibirían de los poseedores del dominio útil un laudemio del 2 %, fuera cual fuera lo fijado por contrato, ni cobraran fádiga ó tanteo, ni ningún otro derecho, cualquiera que fuera su origen; y que cesarían para siempre otras prestaciones pecuniarias con que solían contribuir los poseedores de tierras señoriales, excepto los foros y los subforos, salvo si nacían de contratos probados, entre los que no había que entender tales concordias por las que se hubieran subrogado en las mismas prestaciones derechos feudales anteriores. Tipos como Martínez de la Rosa, Toreno y Garelly protestaron contra esta ley «injusta»; la mayoría de las Cortes procuraba ganarse con este medio a la población agrícola para el régimen constitucional; la mayoría se consiguió porque el diputado Calatrava ganó los votos de los americanos prometiéndoles apoyo a sus intereses particulares; Fernando negó la sanción y al final fue obligado a darla por las amenazas de las turbas dispuestas á la rebelion.

Pero pocos meses después, las leyes de 1821 y de 1811 fueron abolidas con la abolición del régimen constitucional; restablecidas por una nueva revolución del 2 de febrero de 1834; más suave que en 1821; en especial, no se declaró necesaria la presentación de títulos en lugares donde los señores ó sus causantes no hubieran ejercido jurisdiccion, y tambien los censos y prédios comprendidos en pueblos sujetos en algun tiempo á ella, siempre que les hubieran pertenecido como propiedad privada, sin que sobre ello existiera duda ni oposición, etc.

Por esta nueva ley quedaron abolidos definitivamente todos los tributos o prestaciones que denotaban señorio ó vasallaje, cualquiera que fuera su origen, y se ordenó secuestrar los bienes cuyos títulos deberian presentarse si los señores no cumplían esta formalidad en el plazo de 2 meses.

II) Leyes de desvinculacion.

Con los señorios se deshacian los mayorazgos, pero no tan deprisa como se extendía la doctrina hostil a ellos. La Sala de alcaldes de casa y córte, corporación eminentemente conservadora y tradicionalista, propuso en 1807, entre otras reformas, la prohibición absoluta de fundar nuevos vinculos.

Levantamiento de 1808. Las Cortes extraordinarias de Cádiz, 1812, discutieron los mayorazgos, pero había que guardar consideraciones a causa de la guerra de la independencia; fuerte minoría por lo viejo; vacilaban todavía entre distintos planes cuando Fernando VII publica su decreto de 4 de mayo de 1814, que revoca los actos de las Cortes; estas se disuelven sin haber decidido sobre la vinculacion.

En 1818, el régimen absoluto elevó al 25 % el impuesto de amortizacion.

Revolución de 1820: apenas abiertas las Cortes, en la sesión del 11 de julio, el diputado Moreno Guerra anuncia que todas las vinculaciones tienen que desaparecer. El diputado Istúriz presenta más tarde una propuesta para declarar enajenable toda propiedad. Las Cortes nombran una comisión, que presenta el resultado de su trabajo el 3 de septiembre de 1820; la mayoría de la comisión, radical. En la sesión del 12 de septiembre empieza la discusión sobre el artículo 1.º, declarando libre toda la propiedad vinculada. Los defensores de las vinculaciones (el conde de Toreno, Martínez de la Rosa, etc.) señalaron, entre otras cosas, el ejemplo de Cataluña, Valencia y las Provincias Vascongadas, que, a pesar de los mayorazgos grandes y pequeños, eran las mejor pobladas, cultivadas e industriosas. Tras 3 días de discusión, aprobado el artículo 1.º. D. Martínez de la Rosa solo logró echar abajo la propuesta de la comisión según la cual los vinculistas no estaban obligados a reservar la mitad de sus mayorazgos si su sucesor inmediato era su hijo o descendiente directo, pero sí cuando era un extraño o pariente en linea transversal. Igualmente logró que se rechazaran los artículos que aprobaban la fundación de nuevos mayorazgos sobre censos, acciones de banco, inscripciones de la Deuda pública y otros frutos civiles.

Contra el artículo del proyecto que prohibía adquirir inmuebles a la Iglesia y a los establecimientos de beneficencia solo se levantó un diputado, llamado Lobato; el artículo se aprobó sin más debate. La discusión de la ley se cerró el 16 de septiembre de 1820; recibió el 11 de octubre la sanción del rey.

III) Efectos y vicisitudes de las leyes de Desvinculacion.

Restablecido en el poder absoluto el granuja Fernando VII, revoca todos los actos de las Cortes; con la Real Cédula de 11 de marzo de 1824 causó el mayor agravio a los compradores de bienes vinculados. Todos los mayorazgos, restablecidos en el estado anterior a la revolución de 1820. Es verdad que se concedía a los adquirentes por titulo oneroso el derecho a ser reintegrados del precio que habían pagado y de las mejoras necesarias que habían hecho, a costa de los poseedores que habían enajenado y, en su defecto, de sus sucesores que habían consentido, sin tasacion prévia, y á falta de unos y otros, de los frutos de los bienes mismos durante las vidas de ámbos; este derecho era ilusorio si el poseedor enajenante era insolvente y el inmediato se había limitado á concurrir á la tasacion y division del vinculo sin expresar su consentimiento, o si el producto de los bienes vendidos durante las vidas del poseedor y del inmediato no cubría el precio de venta. La mayoría de los compradores no fue reintegrada de sus desembolsos anteriores, ya porque el vendedor y el sucesor inmediato eran insolventes, o este último no era legalmente responsable, o porque ambos murieron antes de que el producto de los bienes enajenados cubriera el precio de venta.

Uno de los primeros actos del gobierno constitucional inaugurado con el estatuto fue la ley de 6 de junio de 1835 ⦗cámara de próceres, con una parte de miembros hereditarios, parte de esta nueva constitución⦘; reconoció a los compradores que habían conservado la posesión de los bienes vendidos antes el dominio pleno sobre ellos; a los desposeídos de tales bienes les concedió el reintegro del precio que habían pagado, con un rédito del 3 %; y a los vinculistas que poseían bienes vendidos y devueltos les permitió elegir entre su devolución o el pago de su precio al comprador, en el plazo de un año, pero de modo que tales bienes quedaran desvinculados aunque siguieran en manos de los vinculistas. Se mantuvieron las devoluciones de bienes desmembrados de los mayorazgos por herencias o donaciones, si no resultaba despojado, por haberlos vendido luego los adquirentes, el comprador y no el donatario ni el heredero.

Abolido violentamente el Estatuto de 1835 por la revolución de 1836, esta vuelve a poner en vigor, con muchos otros decretos de las Cortes anteriores, la ley de desvinculacion de 11 de octubre de 1820; se hizo por decreto de 30 de agosto de 1836; efecto: dejar sin efecto las concesiones que la ley de 1835 había otorgado a los vinculistas.

Ley de las Cortes de 1841: declaró sin efecto (en su mayor parte) las concesiones hechas a los vinculistas en 1835, con beneficio exclusivo de los mismos adquirentes y compradores. Así se extinguieron todos los mayorazgos en España.

Capitulo V. De la propiedad municipal.

I) Origen y vicisitudes de las tierras concejiles hasta fines del siglo XVIII.

Los bienes de Propios y comunes, no inalienables por naturaleza, de hecho fuera del comercio.

Los municipios romanos tenían esta clase de propiedad; los visigodos la usurparon, repartiéndola con las tierras de los vencidos, como botín de guerra; pero dejaron indivisos los montes y bosques para aprovechamiento de las comunidades de vecinos, con igualdad y sin distinción entre conquistadores y conquistados. For. jud. l. 9, t. 1, l. 10. Bajo los árabes volvieron á confundirse y perderse estas propiedades; pero en la reconquista, los reyes, repoblando ó fundando nuevos lugares y villas, les dieron tierras, egidos (especie de terreno común a la salida de una aldea) y montes con que atender á sus necesidades comunes; y donde los vecinos disfrutaban de más bienes de esta clase, allí acudían más pobladores.

Al principio, todas estas tierras eran de aprovechamiento común; pero como muchos pueblos tenían más de las que necesitaban, y sus gastos crecían con su vecindario y su labranza, arrendaban el sobrante y empleaban su producto en servicios públicos.

Los concejos más ricos invertían despues el sobrante de sus rentas en adquirir nuevas fincas; muchos adquirieron luego por herencias o donaciones de celosos vecinos; así se formó el caudal de Propios y Comunes.

La propiedad de estos bienes, aunque propiedad colectiva, no se distinguía de la privada en la naturaleza y el alcance de sus derechos; los concejos eran dueños de sus Propios; pero de hecho solo se enajenaban en circunstancias extraordinarias.

Como solo la Iglesia y los señores poseían vastas heredades, los vecinos solo cultivaban pequeños terrenos, suficientes para su sustento, pero no para mantener los rebaños, procurarse madera de construcción y leña, etc. Además, en aquellos tiempos de guerra constante solo eran explotables y defendibles las tierras inmediatas a los pueblos y castillos; si los particulares, en lugar del común, hubieran poseído el bosque y el prado más próximos, solo habrían cedido a todos los demás su uso o sus productos a precios de monopolio. Sin los Propios y Comunes no habrían podido fundar las obras de defensa ni crear las brillantes ciudades y villas.

Entonces, las rentas ordinarias del Estado se sacaban de los bienes de la corona, mientras que los servicios e impuestos no periódicos eran medios extraordinarios para cubrir el déficit de los ingresos. Lo mismo ocurría con las ciudades y villas, que, por la independencia de su gobierno, formaban pequeños Estados. Si eran de señorio o behetría, los señores subvenían con su peculio a la parte de los gastos públicos que no cubrian las rentas de propios; si eran de realengo, los alcaldes y merinos atendian á todas las necesidades vecinales con las mismas rentas; pero en ambos casos solo se recurría a repartimientos y arbitrios cuando los ingresos ordinarios eran insuficientes. Y eso ocurría a menudo, porque la Corona no pagaba ningún servicio local y los pueblos solo conservaban su independencia al precio de atender a todas las necesidades de administracion, fomento (protección) y gobierno. Los Propios eran para los concejos lo que el patrimonio de la Corona para el Estado.

Con el cambio en la organización política del país se modificó la condicion de los bienes concejiles. Con la extensión de la monarquía crecieron los costes de la administración central, hasta que los bienes de la Corona solo cubrían una pequeña parte de ellos. Por eso se repitieron cada vez más los pedidos de servicios pecuniarios. Muchos pueblos enajenaron por eso a la Corona ⦗para poder pagar a la Corona⦘ parte de sus Propios. Con este precedente se creyó autorizado este medio de obtener recursos, y muchos monarcas, en sus apuros, dispusieron de los bienes de Propios, bien tomando por tributo alguna parte de ellos, ó bien mandando pagar con sus productos ciertos servicios públicos.

Desde el siglo XIV, sin embargo, los reyes atendieron a la conservacion de los bienes de Propios y Comunes. Alfonso XI ordenó en 1325 restituir inmediatamente a los concejos, ciudades y villas las aldeas (pueblos pequeños), fortalezas o términos de que habían sido despojados. El mismo rey, a petición de las Cortes de Madrid, 1329, dispuso que se restituyeran a los pueblos los égidos, terminos, montes y heredamientos de que se habían apoderado algunas personas, aunque fuera con cartas reales, y que los concejos no los labraran, vendieran ni enajenaran, para que el comun de vecinos los usufructuara. D. Juan II, a petición de las Cortes de Madrid, 1419, declaró nulas todas las mercedes que se hicieran con bienes de Propios, y en 1433 revocó las fincas otorgadas antes situadas dentro de los pueblos, o de oficios públicos que daban renta. D. Fernando e Isabel dieron disposiciones para vigilar las propiedades concejiles, sobre la justa inversion de sus productos y la conservación de su integridad; confirmaron la incompetencia de la Corona para disponer de ellas.

Estas leyes no siempre se respetaron. Carlos V las violó ya en sus primeros años de reinado, de modo que las Cortes de Madrid, 1528, le suplicaron que no hiciera nuevas mercedes de términos de Propios y baldios por el daño para los pueblos; el emperador respondió benévolamente, pero no reconoció el derecho establecido. Los mismos pueblos enajenaron, sin razón suficiente, tantas tierras concejiles y baldios que en algunas comarcas empezaron a faltar los pastos y los precios de la carne subieron extraordinariamente. Carlos V mandó entonces restituir a los concejos las tierras concejiles y de baldio enajenadas, rotas ó acensuadas en los 10 años anteriores, etc. (volverlas a convertir en pasto)

Pero las Cortes insistieron siempre en negar a la Corona el derecho de disposición sobre tales bienes y llegaron á hacer de ello una condicion para el otorgamiento de los tributos. Tras la pérdida de la Gran Armada en las costas de Inglaterra, Felipe II pidió un servicio de millones á fin de repararla, y para obtenerlo tuvo que aceptar la condición de que en adelante no se vendieran las tierras concejiles, ni términos ni baldios, que los pueblos hubieran tenido como Propios. Felipe III (1609) y Felipe IV (1632) también obtuvieron el servicio de millones solo confirmando la condición anterior y prometiendo, por sí y sus sucesores, no enajenar tierras baldías, ni árboles ó frutos de ellas, para que los pueblos las poseyeran y usufructuaran para siempre, conforme á las leyes. Lo mismo, confirmado por la reina gobernadora (1669)

A pesar de ello, Felipe V, por pura penuria financiera, mandó en 1738 incorporar a la Corona las tierras que hubieran sido baldías y realengas en su orígen y se hallaran ahora en cultivo y reducidas al dominio de concejos o particulares. Reclamación contra ello de la diputacion del reino; sin éxito bajo Felipe V; pero Fernando VI (1747) suprimió la junta de baldios nombrada bajo Felipe V, revocó sus acuerdos (hechos con los poseedores), anuló las enajenaciones y adjudicaciones otorgadas por ella y mandó reintegrar a pueblos y particulares en todas las tierras que poseían en 1737. «De aquí se ve que nuestras leyes han reconocido siempre la propiedad colectiva de los pueblos en las tierras municipales.» (p. 186)

Pero los baldios y Propios constituían en el siglo XVIII una gran propiedad amortizada, a la que dirigieron su atención los economistas del gobierno de Carlos III. Entonces, como en tiempos de Fernando el Católico, graves abusos en su administración. Muchos se habían perdido por negligencia de las corporaciones; los existentes, poco productivos; los costes de la administración local habían crecido mucho; de ahí la carga extrema de arbitrios y repartos municipales para cubrir el déficit de los ingresos; quejas de los contribuyentes. Carlos III publica en 1760 un real decreto que pone los Propios bajo la dirección del Concejo de Castilla y crea la «Contaduria general de Propios y Arbitrios»; se tomaron medidas de precaución para conservar el patrimonio de los pueblos y asegurar la recaudacion de sus productos y su inversion en beneficio comun. (a la ley se acompañaba una instrucción sobre el sistema de administración y contabilidad que debían observar las justicias en el manejo de este ramo) 1761, 1766, 1768: repartos de tierras concejiles acordados en ciertas provincias ó con limitacion á determinados aprovechamientos. Con todo ello continuaban los abusos de la administración municipal, y los estadistas y escritores políticos clamaban cada vez con más energía contra la inmensa amortización que cegaba las fuentes de la riqueza pública.

⦗En cuanto a los repartos mencionados arriba, observa D. Manuel Sisternes, fiscal del Concejo, en su «Idea de la ley agraria española» (Madrid, 1786), que el Concejo, en los primeros repartos, habría preferido a los más necesitados y empezado la distribución por ellos, «pero luego se experimentó lo poco ó nada que podia esperarse de una gente sin educacion, sin principios y sin espíritu ni facultad para mejorar su suerte. Repartir tierras á quien no puede cultivarlas no es aumentar la agricultura, sino disminuirla, pues se quitan á los que las pueden cultivar». Añade «que por eso se habia invertido este órden en el repartimiento general de 1770, empezando por los labradores de una, dos, ó tres juntas que son los que se hallan en mejor disposicion para abrir nuevas tierras y reducirlas á cultivo». (Pár. VIII) 187, nt. 3)⦘

Bajo tal impulso, Carlos III mandó en 1770 repartir todas las tierras labrantias de los pueblos, con excepción de la senara ó tierra de concejo que se cultivara de vecinal. Tenían derecho a este repartimiento: 1) los labradores que poseían de 1 a 3 yuntas (yunta = tiro de bueyes) sin tierra en que emplearlas; 2) los braceros y jornaleros; 3) los mismos labradores y braceros (jornaleros, jornaleros agrícolas); 4) los labradores que poseyeran más yuntas de labor; 5) si sobraba todavía, había que repartir entre los forasteros. Cada uno de los nombrados en el 1) debía recibir una suerte de 8 fanegas por yunta; cada bracero, un lote de 3 fanegas; si sobraba todavía, el mismo reparto para ambos por segunda vez; y en el caso de los labradores de más yuntas, se repartirian entre ellos las tierras sobrantes segun sus necesidades. Todos los partícipes de este reparto tenían que pagar una pensión anual en frutos o dineros, según tasación de peritos. Las dehesas (pastos) de Propios no se podían repartir, pero sus frutos sí eran repartibles entre los vecinos según sus necesidades.

Sin menoscabar los derechos comunales existentes, porque los vecinos habian de conservar todos los aprovechiamentos que disfrutaban en comun, y sin disminuir las rentas municipales, porque las pensiones de los diviseros no habian de tasarse en ménos que aquellas, se entregaban las tierras concejiles al dominio particular, prefiriendo siempre a los vecinos que ofrecían más seguridad de promover su cultivo, que no eran ni los labradores más ricos ni los braceros más pobres. Carlos III no adoptó ni el sistema aristocrático, seguido en Inglaterra en las divisiones de los bienes comunales, de dar más al que más tenia, ni el democrático, practicado en Francia durante la revolución, de dividir las tierras por cabezas y con rigurosa igualdad, sino uno intermedio.

No podían conservar sus tierras (en este reparto español) los propietarios que las obtuvieran sin capital suficiente para cultivarlas. La ejecución de la ley dio lugar a abusos e injusticias. La mayor parte de las villas y concejos recibieron la ley con estoica indiferencia, sin apresurarse á participar de sus beneficios, y solo en pocos lugares tuvo cabal cumplimiento. (La costumbre popular, en gran parte en contra)

Así, los pueblos siguieron en pacífica posesión de sus Propios hasta que Carlos IV puso la mano sobre sus bienes, por pura aflicción financiera. Para costear los gastos públicos, que se habían hecho extraordinarios al disminuir los ingresos, dispuso en 1792 que el sobrante de los Propios y Arbitrios, despues de cubiertas las obligaciones, se invirtiera en un plazo de 8 años en la extincion de vales reales, á ménos que ocurriera hambre ó grave necesidad pública. En 1794 se sustituyó por una contribución del 10 % sobre el producto integro de los Propios y Arbitrios del reino, hubiese ó no sobrante; como todo esto no bastaba a la penuria financiera, en 1798 se dispuso que la mitad de los sobrantes de las rentas de los mismos Propios, despues de cubiertos sus gastos y la contribucion del 10 %, se impusiera á censo en la Caja de Amortizacion.

II) Nuevos Repartimientos de Tierras Concejiles.

El «Informe» de Jovellanos sobre la ley agraria era ya muy conocido y reconocido a comienzos del siglo XIX; sin influencia bajo Carlos IV, pero sí sobre las Cortes de Cádiz. Había enseñado la conversión en propiedad privada de los baldios y tierras concejiles —como obstáculos de la agricultura— por medios adecuados a las circunstancias de las distintas provincias y pueblos. Algunos diputados presentaron a las Cortes (de Cádiz) distintas propuestas a ese fin (para las tierras baldias, realengas y de Propios), en parte á premiar servicios de los soldados que defendian nuestra independencia contra la Francia. Nombraron una comisión de agricultura, que presentó su dictamen favorable el 22 de febrero de 1812; siguieron a Jovellanos (distintos sistemas para distintas provincias) (en algunas á censo redimible, en otras á venta real, en otras á foro). Dejaron también, según la propuesta de Jovellanos, que las corporaciones locales decidieran sobre la oportunidad y la forma.

4 de enero de 1813: decreto de las Cortes: los [terrenos] baldios, realengos y de Propios, con excepción de los egidos de los pueblos, en España y Ultramar, habían de repartirse y convertirse en propiedad privada, sin que pudieran caer nunca en manos muertas. En el repartimiento, preferencia siempre para los vecinos de los pueblos usufructuarios de las tierras baldias ó dueños de las concejiles. Las diputaciones provinciales, a las que correspondía la ejecución del decreto, debían proponer a las Cortes el tiempo y la forma del repartimiento en cada provincia y los terrenos que había que conservar para servicio público en cada pueblo. La mitad de los terrenos baldios y realengos quedaría hipotecada a la deuda nacional, y con preferencia a los créditos por la guerra posterior a 1808 que por ella tuvieran los vecinos y comuneros de los pueblos. Esta mitad había de enajenarse, admitiendo en pago estos creditos á los mismos vecinos y comuneros preferidos. La otra mitad de los baldios, repartida en lotes de valor igual entre los soldados cumplidos y los oficiales retirados ó inutiles que hacian la guerra de Independencia, de modo que cada lote bastara para mantener a un individuo. Tras el repartimiento entre los militares, de los terrenos baldios y realengos sobrantes se separaban los más adecuados para la agricultura, divididos en lotes proporcionados á la tierra repartible (que no habia de exceder de la cuarta parte del total), y se repartían por sorteo entre los vecinos que les pidieran y no las tuviesen propias. Si las baldias y realengas no bastaban para el primer o el 2.º repartimiento, se recurría a las tierras sobrantes de Propios, dadas con la obligación de pagar por ellas un cánon anual no inferior al anterior rendimiento de la heredad respectiva. ⦗en las nuevas poblaciones fundadas en el repartimiento bajo Carlos III, los colonos recibieron no solo «tierras, sino también animales y aperos», sin los cuales se habrían apresurado a malvender las tierras a los ricos o, si no había comprador, a abandonarlas y dejarlas sin cultivar.⦘

El decreto de 1813, como todos los de las Cortes, quedó sin efecto en 1814. Fernando VII, en el primer período de su gobierno absoluto, volvió sobre el asunto, pero con meros fines de penuria financiera. Mandó por real cédula de 1818 vender todos los baldios y realengos y emplear su valor en el pago de los intereses y la amortización de la deuda del Estado; en 1819, en las reglas para la ejecución de este decreto, se exceptuaron de la venta los terrenos arbitrados y apropiados con facultad real, los baldios de aprovechiamento comun y los pastos necesarios para los ganados trashumantes (se dice de los rebaños viajeros que se llevan en verano a pastar a los montes) cerca de las cañadas (camino para los rebaños de merinos, a la entrada y la salida de los pastos). Las tierras para enajenar se habían de repartir en lotes de distinto tamaño, los menores para braceros, los mayores para labradores vecinos, dueños de yunta, pero sin propiedad territorial suficiente. A estas personas había que admitirlas primero, en exclusiva, a la adjudicación, y solo a falta de ellas, por su orden, a los vecinos ricos, los comuneros y los forasteros. Este sistema, por lo general frustratorio. No se admitía ninguna oferta inferior a la tasación respectiva. No habría servido de nada a los más pobres. … Quedó sin efecto, en parte por falta de tiempo para preparar los preliminares de la venta, en parte por la resistencia de los ganaderos, enemigos declarados de toda reducción de los baldios.

En 1820, con el restablecimiento de la Constitución de 1812, se estimó restablecido también el decreto de 1813, y las Cortes deliberaron sobre su ejecución. El gobierno constitucional ofreció enseguida los baldios como hipoteca de la deuda del Estado; deber y necesidad de satisfacer la deuda contraida con los militares de la última guerra, etc. Las Cortes acordaron que el gobierno ejecutara enseguida el decreto de 1813; extendió al ejército, que acababa de proclamar la Constitución, los premios concedidos á los militares de la guerra de la Independencia; orden del 8 de noviembre de 1820 votada (presentada por la comisión de agricultura nombrada por las Cortes); no era en realidad, como decía la comisión, un mero reglamento para ejecutar la ley de 1813, sino que cambiaba esencialmente su espíritu y su sistema. La orden de 1820, en lugar de dejar a las diputaciones provinciales (como en la ley de 1813) la propuesta de los repartos, la dejó á los pueblos mismos, y su aprobación al gobierno. Se simplificaron las operaciones preliminares; además, se impuso una renta que deberian pagar los adquirentes de tierras de Propios que no tuvieran derecho á serlo por título gratuito. Faltaba la regulación de puntos tan importantes como el repartimiento de los arbolados y de los terrenos pantanosos (cenagosos) y incultos. Las Cortes de 1822 nombraron una comisión para informar sobre ello. Se quería conservar los terrenos, etc., a los vecinos y comuneros que tenían derecho a su usufructo; por otro lado, hipotecar la mitad para la deuda del Estado, para lo que era necesario venderlos al mejor postor, fuera forastero ó extraño. La comisión (de 1822) acordó la enajenación inmediata de los Propios y baldios. El decreto de las Cortes de 29 de junio de 1822, basado en su dictamen, era más favorable a los partícipes que a los pueblos; la extensión de las suertes repartibles se amplió de modo que cada lote pudiera mantener a 5 personas en lugar de 1. Así se quintuplicó la cantidad de tierra que había que repartir gratis y por la fuerza entre militares y vecinos no propietarios. Además se extendió el derecho de obtener suerte gratuita á los vecinos, si, aunque tuvieran tierra o ganado propios, no alcanzaban en valor = a uno de los lotes repartibles. Todos los militares y vecinos en las condiciones indicadas debían recibir su lote del tamaño fijado; si los realengos y baldios no bastaban para ello, habia de echarse mano de las tierras labrantias de Propios (de las que, sin embargo, nunca se podía tomar más de ¼); así, los pueblos podían ser expropiados de ¼ de su capital productivo. Tras esta primera distribucion gratuita, las tierras de Propios sobrantes había que repartirlas entre los solicitantes, con un canon del 2 % de su valor. En la subasta de los baldios destinados a la extinción de la deuda del Estado se admitía a los postores forasteros, solo con reserva del tanteo para comuneros y vecinos como condóminos. En el proceso, las Cortes aprobaron por unanimidad, sin discusión, la conversión de las tierras baldias y concejiles; pero en el debate de la regulación necesaria para su ejecución, los diputados de las provincias pidieron excepciones por todas partes, apoyadas en circunstancias locales (a menudo muy razonables, para plantíos, montes, etc.). Pero la teoría venció a los intereses locales.

III) Desamortizacion y enajenacion de las tierras concejiles.

Apenas se había empezado a ejecutar la ley de 1822 cuando vino la restauración del canalla Fernando VII. Todo quedó como estaba.

El 24 de agosto de 1834, la reina gobernadora (Cristina) dictó una orden autorizando a los ayuntamientos a enajenar sus bienes raices en venta real ó á censo; pero se dejaba libertad a los pueblos; nada de hipotecar para la deuda del Estado, etc. La real orden se limitaba a prescribir para la enajenación reglas para evitar el fraude, etc., que había que verificar, y la intervención en ella de la administración local, provincial y central. La orden de 3 de marzo de 1835 mandó, entre otras cosas, que el valor de las ventas se invirtiera en el orden siguiente: 1) en redimir censos y pagar deudas que devengaran intereses (se refiere a deudas, etc., de los pueblos mismos); 2) en extinguir créditos y obligaciones de justicia, aunque no devengaran réditos (como en el 1); 3) en acabar obras de utilidad pública, suspendidas por falta de medios (como en el 1); 4) en adquirir billetes al portador de la Deuda con interés (por y para los pueblos, igualmente)

Pocos bienes de Propios se vendieron conforme a esta nueva ley, y no siempre en provecho de los pueblos. Pero como cada una de las leyes promulgadas sobre esta materia desde el siglo pasado había desmembrado algunos bienes del patrimonio municipal, este había quedado al final muy disminuido, mientras que los gastos municipales habían crecido. Por otro lado, la variedad de estas leyes, ora abolidas, ora restablecidas, ora reformadas, había producido una seguridad jurídica sobre tal posesión que algunos pueblos aprovecharon para recuperar fincas que les habían pertenecido antes.⁴ De ahí el acuerdo de las Cortes del 18 de mayo de 1837, según el cual se mantenía en la posesión a los que habían recibido tierras de las repartidas en 1770 y pagaban canon por ellas; a los que tenían tierras de los repartimientos hechos por los ayuntamientos ó juntas durante la guerra de la Independencia o en virtud del decreto de las Cortes de 1813, u otras órdenes superiores competentes; a los que hubieran roturado terrenos arbitrariamente, si los habían mejorado y pagaban por ellos un canon del 2 % sobre el valor primitivo de las fincas. El regente ordenó el 4 de febrero de 1841 que no solo se mantuviera en la posesión a los militares y braceros de los terrenos recibidos por el decreto de 1813, sino también a los que los habían perdido a consecuencia de la abolición de este decreto, y que se les reembolsara el valor de los ya enajenados.

Así, durante 90 años, se preparó la ley actual, que acabó con toda la propiedad municipal. Hasta 1854 se había respetado en cierta medida la propiedad de los pueblos; al fragmentarla, casi siempre se había procurado que quedara en manos de los vecinos ó comuneros, participes en su propiedad. Ni siquiera en el mayor apuro se había atrevido nunca el gobierno a obligar a los pueblos a vender todos sus Propios para favorecer al Erario. Algo así se intentó en 1847, pero sin éxito; se volvió a tratar en 1852, pero al consultar a los pueblos solo 2000 dieron su dictamen, y de ellos solo 20 votaron por la venta, de los cuales solo 6 poseían bienes de propios. El gobierno se contentó por eso entonces con autorizar a los pueblos de las 2 provincias donde se construían ferrocarriles a vender sus Propios y a invertir su producto en ellos. (Reales decretos de 28 de mayo y 28 de agosto de 1852) Y como esta enajenación perjudicaba al Tesoro, porque, al pasar a particulares, estos bienes dejarían de pagar el impuesto del 20 % que satisfacian en manos de los ayuntamientos, el Estado se reservó ⅕ de su valor, así como del de los demás bienes de igual procedencia que se enajenaran por disposiciones ulteriores, á fin de aplicarla á la extincion de la Deuda amortizable. (Real decreto de 10 de septiembre de 1852)

Tras la revolución de 1854 (ley sancionada el 1 de mayo de 1855), gran penuria financiera, que convirtió en forzosas las enajenaciones hasta entonces voluntarias.

Para disimularlo, se convirtió en una especie de dominio el alto patronazgo del Estado sobre los bienes de las corporaciones municipales; el gobierno podría, cuando quisiera, cambiar la forma de la propiedad colectiva; de la obligación de los pueblos de pagar al Estado ⅕ de la renta de los Propios se seguiría el derecho del Estado a disponer de ⅕ del capital; la mala administración de estos bienes bastaría para que el gobierno los enajenara por si, obligando á los pueblos a invertir su valor en títulos de la Deuda pública o en bancos hipotecarios.

La teoría del dominio eminente del Estado, inventada por los juristas del Imperio romano y defendida por muchos de la Edad Media para restringir las facultades de la propiedad privada; en el siglo XIX, invocada por los que pretenden individualizar toda la propiedad territorial y librarla de todo lazo con [el] Estado. (199)

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1. Texto original según MEGAdigital (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften), MEGA² IV/24, licencia CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es); el aparato editorial de la MEGA no se reproduce. Esta traducción y la transcripción se distribuyen con la misma licencia. ↩

2. Francisco de Cárdenas, Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial en España, t. II, Madrid, [1875] (según MEGAdigital). El libro VIII sigue en el cuaderno «e» a los últimos extractos del libro VII (véase la página III de esta serie). ↩

3. Así en el manuscrito; en 1442 reinaba Juan II. ↩

4. Así en el manuscrito (Rechtssicherheit); por el sentido, probablemente «inseguridad jurídica». ↩