Extractos de Cárdenas sobre la historia de la propiedad territorial en España (1876). V: Las cargas de la propiedad y la propiedad de la Iglesia

Extractos y notas de Karl Marx escritos en Londres a fines de 1876 sobre Francisco de Cárdenas, Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial en España* (2 t., Madrid, 1873-1875). Es la quinta y última de una serie de cinco páginas (I: la Antigüedad, Europa, visigodos y árabes; II: León y Castilla; III: Navarra, Aragón, Cataluña, Mallorca y Valencia; IV: la propiedad vinculada y amortizada; V: las cargas de la propiedad y la propiedad de la Iglesia) con los extractos de Cárdenas, que Marx empezó en noviembre de 1876 en el cuaderno «d» y siguió en los cuadernos «e» y «c», tres de los cinco cuadernos (a-e) de 1876 dedicados sobre todo a la historia de la propiedad territorial; los demás extractos de esos cuadernos van en otras páginas. Esta contiene el libro IX de Cárdenas (capítulos I-IV en el cuaderno «e»; V-IX en el cuaderno «c»; el final del capítulo IX, en el «e») y el libro X. En alemán, con largos pasajes en español y palabras sueltas en francés, inglés y latín. Inéditos en vida de Marx. Transcritos del manuscrito según la edición digital de la MEGA² (IV/24) y traducidos por la Escuela de marxismo, 2026. El español de Cárdenas que copia Marx se deja tal cual, con su ortografía; el alemán, el francés y el inglés se traducen; las citas latinas se traducen en nota. Los comentarios de Marx van entre ⦗ ⦘ como en el manuscrito; los números entre paréntesis son las páginas del tomo II de Cárdenas que anota Marx. Las palabras entre corchetes faltan en el manuscrito. Las notas son nuestras.¹ Texto original*

Libro IX. De las cargas y menoscabos de la Propiedad.²

Capítulo I. De la expropiacion por causa de utilidad pública.

I) Historia de la Teoria de la Expropiacion.

El derecho de expropiación por causa pública no está consignado en ninguna de las legislaciones que sirven de base a la española. Los emperadores romanos lo ejercieron muy a menudo en la práctica, pero no lo reservaron en sus códigos. Lo mismo vale para los reyes visigodos. En la Edad Media española, las propiedades de juro de heredad eran absolutamente independientes del Estado y no le debían ningún servicio. El derecho canónico no trata la cuestión. Para justificar a los reyes que expropiaban a sus súbditos cuando lo tenían por conveniente, los antiguos glosadores —prescindiendo de los textos de las leyes romanas sobre el dominium universale de los emperadores, que en realidad solo se refieren también a la potestas suprema— se refugiaron en la Sagrada Escritura (Antiguo Testamento) (véase David y Ornán) para fundar su doctrina. (Dice David a Ornán: «Da mihi locum aurae tuae ut edificem in eo altare Domino, ita ut quantum valet argenti (esta es la indemnización) accipias et cesset plaga a populo».)³

Así, la doctrina de los glosadores, resumida por Baldo: el príncipe puede expropiar a sus súbditos, pero no sin causa y pagando el precio de lo expropiado; toda costumbre contraria sería diabolica consuetudo [costumbre diabólica].

Ni el Fuero Juzgo, ni el Fuero Viejo de Castilla, el Fuero Real, los fueros provinciales o municipales contienen disposición alguna sobre esta materia. La primera, para poner fin a la arbitrariedad en las expropiaciones, se encuentra en las Partidas (apoyadas en los glosadores del derecho romano): la ley 2, tít. 1 de la Partida 2.ª enumera los casos en que el rey puede tomar las cosas de sus vasallos, que son por yantares y tributos acostumbrados, por usar de ellos el propietario mal y contra derecho, por delito que merezca confiscacion, segun la ley, y «por razon que el emperador (Alfonso X) oviese menester de fazer alguna cosa en ello … á pro comunal de la tierra», pero en este último caso dando al expropiado «ante buen cambio, que vala tanto ó mas, de guisa que el finque pagado á bien vista de omes buenos». Así, según la ley 31, tít. 18 de la Part. 3, el rey no puede quitar a uno para dar a otro; si toma algo para un fin de utilidad común del reino, p. ej., para levantar una fortaleza, un puente, etc.: «pero dandole (al expropiado) cambio por ello primeramente ó comprandogelo segun valiere». (203) Los sabios a quienes Alfonso confió la redacción de las Partidas dicen en ellas que la lex regia (romana), que admiten, con los jurisconsultos romanistas de la época, como base del derecho público europeo, solo tenía este poder «para mantener é defender derecho al pro comunal de todos, con todo esso non fue su entendimiento de fazerle sennor de las cosas de cada uno é que las pudiesse tomar á su voluntad, sino tan solamente por alguna de las razones que de suso van dichas». (203)

En un largo intervalo después, ninguna ley nueva sobre la materia; las antiguas siguen todavía en vigor; pero cambian la interpretación y la aplicación del principio por los juristas; la doctrina, influida también por la lucha del poder monárquico con los demás poderes públicos, más ó ménos autonómicos, que se repartían el imperio de la sociedad.

Respecto del poder directo del Estado sobre la propiedad privada, ningún jurista español adoptó la idea de Séneca del dominio eminente (De beneficiis, l. 7, c. 4): «Jure civili omnia regis sunt et tamen unaquaeque res habet dominium et possessorem suum, ad reges potestas omnium pertinet».⁴

(Rescripto en el que el emperador Antonino, al ordenar el cumplimiento de la lex Rhodia, se declara dominus mundi [señor del mundo] (Dig. 1. 9, t. 2, l. 14), lo que hizo exclamar a Tertuliano: «Quid erit Dei, si omnia sunt Caesaris?»)⁵

Las facultades que los juristas españoles atribuyen a este respecto al rey (es decir, al Estado): o bien tienden a ampliarlas las doctrinas imperialistas de muchos glosadores del derecho romano, tan influyentes sobre los pragmáticos (ordenanzas, etc.), o bien a estrecharlas las de quienes encontraban en el derecho natural de los pueblos los primeros fundamentos de la propiedad. Este dualismo, p. ej., entre 2 insignes glosadores del código alfonsino, Alonso Díaz Montalvo y Gregorio López (escribió 1 siglo después del primero). El primero, mucho más antidemocrático que el segundo, que, como muchos políticos y teólogos de su tiempo, enseñaba que era lícito deponer por la fuerza a un rey tirano. Pero el primero reconoce a la propiedad una independencia del Estado incomparablemente mayor que el segundo. Tendencia a restringir los derechos de la propiedad en el valenciano Pedro Belluga (siglo XV) (en Speculum principis; no habla de indemnización, porque en Valencia no regían las Partidas); así Luis Mexía («Laconismus pro pragmatica quo panis pretium taxatur», Sevilla, 1569, aunque en Sevilla regían como derecho supletorio las leyes de Partida). Muchos otros, según los cuales para la expropiación no hacían falta ni indemnización ni causa de utilidad pública del rey; este podría suprimir arbitrariamente derechos nacidos de testamentos o mayorazgos, etc. Todos se apoyaban por eso en la potestad plena ó absoluta del rey, que distinguían (como ya Montalvo y López) de la ordinaria (según la cual el ejercicio del poder real está sometido a las leyes existentes). Según ellos, lo que el rey no podía hacer por la potestas ordinaria podía hacerlo ex plenitudine potestatis [por la plenitud de su potestad], sin freno ni medida.

Estas doctrinas de origen extranjero (según las cuales el rey, si obraba arbitrariamente, solo cargaba su propia conciencia, pero su acto era legal) tuvieron en España pocos adeptos, combatidas enérgicamente por muchos juristas; así por D. Diego Covarrubias, Gerónimo Cevallos (de él: Speculum aurei opinionum communium contra communes, quest. 906) y Juan Matienzo (Comment.) ⦗ambos niegan la potestas absoluta y declaran absurda la distinción entre ella y la ordinaria⦘, Ario Pinelo (portugués), Calixto Ramírez, etc.: los derechos civiles de la propiedad (testamentos, etc.) nacerían del derecho natural; la causa de utilidad pública tendría que probarse, el equivalente pagarse antes de la expropiación, etc. Pinelo y otros afirmaban que la plena potestas o absoluta era «una tradicion inhumana, que más bien había que llamar peccandi potestas [potestad de pecar] ó absoluta tempestas [tempestad absoluta] y tiranía». Pero como este poder se ejercía de hecho en España como en otros países, otros juristas solo procuraban limitarlo, como Calixto Ramírez; pero también él, contra la mera razón de Estado.

II) Expropiaciones de los Indios de América.

En las doctrinas favorables al poder del Estado sobre los propietarios privados entraron la confusión medieval entre autoridad territorial y dominio de la tierra y, por último, el fanatismo religioso. Los reyes católicos, como señores jurisdiccionales del nuevo hemisferio, se consideraban también dueños de toda la tierra, incluida la poseída privadamente por los indígenas. Por eso, en su nombre y por su orden, se repartieron campos, heredades y edificios a los soldados de la nueva conquista y a los nuevos colonos, ya en encomienda, ya por juro de heredad, sin consideración alguna a los derechos de los indígenas.

Pero ya entonces hubo políticos y juristas que, distinguiendo entre jurisdicción y dominio, defendieron la libertad personal de los indios: no había derecho a despojarlos de su propiedad. Con este motivo, famosa controversia sobre los límites del poder del Estado en las nuevas tierras de conquista.

El sistema del saqueo (guerra y saqueo contra los infieles) lo defendieron el Hostiense, el Panormitano, Baldo, Oldrado, Torquemada, Santo Tomás y otros moralistas. Apoyado en la doctrina ⦗según la cual los infieles podían, sí, adquirir propiedad por derecho de gentes, pero se les podía despojar de ella desde que Cristo, constituido en monarca absoluto del mundo, había transmitido su poder a San Pedro y a sus sucesores y, con él, el de encargar á los reyes la sujecion de los pueblos no cristianos, para asegurar en ellos el cumplimiento de la misión evangélica⦘, el papa Alejandro VI, con su famosa Bula de anexion de las Indias, según los legistas Palacios Rubios, Sepúlveda, Cevallos, Bovadilla, Herrera, etc., había transmitido a los reyes de España la jurisdicción y el dominio de todo lo que habían conquistado y conquistarían, con el encargo de convertir a los indios y propagar la fé católica. (Sepúlveda, De justis belli causis; Solorzayo (también en esta línea), Politica indiana.) ⦗Según otros, la expropiación era castigo de la herejía, de la que naturalmente se hacían culpables los indios⦘

El defensor más destacado de los indios, el Padre Las Casas; disputó con los adversarios ante Carlos V: la infidelidad no privaba a ninguna nación de sus derechos políticos, etc.; el papa solo había concedido a los reyes católicos en el nuevo mundo el derecho de convertir a los indios y mantenerlos en paz; los cristianos debían darles buen ejemplo, etc.

Esta controversia no devolvió a los indios sus dominios, pero nuevas leyes empezaron a mejorar su suerte, y con el tiempo se aplicaron con éxito. ⦗La bula de la bestia de Alejandro VI concedía «todos los señorios de las Indias, ciudades, castillos, lugares, villas, derechos, jurisdicciones y todas sus pertenencias»⦘

III) Expropiación y expulsión de los judíos.

Los límites del poder del Estado sobre la propiedad privada dependían en la Edad Media principalmente de la condicion política de las personas. Los judíos y los mudéjares, solo tolerados; en sus relaciones privadas entre sí, regidos por el derecho civil de su respectiva raza, con sus propios jueces; sometidos a una legislación especial en sus relaciones con el Estado.

Bajo el rey Égica, los judíos fueron acusados de conspirar contra el Estado; con el asentimiento del concilio XVII de Toledo, Égica los hizo esclavos y confiscó todos sus bienes (esto para todos los israelitas, sin distinción de sexo ni edad). Se hicieron (con razón) cómplices en la pérdida de España; vivieron despues según su ley, entre moros y cristianos, se dedicaron a la industria y al comercio, disponían libremente de sus capitales, los daban a usura compuesta («Non faenerabis fratri tuo ad usuram … sed alieno», Deuteronomio, c. 23)⁶

Alfonso (X, el Sabio) sometió á tasa el interés de sus préstamos; máximo, 33⅓ % al año: que no devengaran ninguna los réditos vencidos (i. e. caídos) y que, cualquiera que fuera el plazo de las deudas, el interés no pudiera nunca exceder el valor del capital prestado. (Cortes de Búrgos de 1215) Sancho IV (hijo del Sabio) lo confirma, anuló ⅓ de las deudas existentes (pagaderas a judíos y moros), incapacitó a estos infieles para adquirir propiedad territorial, salvo sus casas de vivienda, y les mandó enajenar en el plazo de un año la que tenían (Cortes de Valladolid, 1293). Desde entonces, casi en cada sesión de Cortes, nuevas medidas contra los judíos. Alfonso XI no pudo negar a las Cortes de 1329 la remisión de ¼ de las deudas con los judíos, con aplazamiento del pago del resto. Dio a las Cortes de Alcalá, 1348, otra remisión y moratoria; Enrique II concede a las Córtes de Burgos (1377) remisión de deudas y moratoria y prohíbe a los judíos comprar y vender nada a cristianos. ⦗Antes de estos, el cruel Pedro I lo había negado a las Cortes de Valladolid (1351), y dio como razón que los cristianos renovaban sus deudas a intereses exorbitantes con la esperanza de no pagarlas o de obtener su reducción; con estos perdones (remisiones de deudas), los judíos quedaban del todo arruinados y pobres; como eran gente flaca y los oficiales reales no solían hacerles justicia y los cristianos litigaban maliciosamente con ellos, Pedro I les dio entregadores, como los habian tenido antiguamente, que hicieran efectivos sus créditos, y les daba el privilegio de que contra los instrumentos que los justificase no se admitiera en juicio otra excepción que falsedad ó pago.⦘ Nueva reducción de las deudas y moratoria de sus créditos bajo D. Juan I ⦗que, sin embargo, la segunda vez se la negó a las Cortes de Valladolid de 1385⦘

Además de estas expoliaciones decretadas por el soberano … matanzas, saqueos y depredaciones populares, de las que los judíos fueron víctimas frecuentes. Los reyes Católicos (Fernando e Isabel) los expulsaron de España y los obligaron á abandonar sus bienes; los judíos tuvieron que enajenar sus bienes en un plazo de 4 meses, sin poder llevarse del reino su valor en metal; los obligaron a malbaratarlos (malvenderlos) y los despojaron indirectamente de una parte muy considerable de su hacienda. ⦗Esta era muy grande, porque en Castilla no se cumplía la ordenanza de Alfonso XI, y en Aragón nunca rigió la prohibición de adquirir bienes raíces (solo en Mallorca les estaba prohibido)⦘ Así cuenta el Cura de Los Palacios en la «Historia de los Reyes Católicos D. Fernando y donna Isabel» (historiador contemporáneo) que de este modo se cambiaba una casa por 1 asno y una viña por un trozo de paño o de lienzo, y que «los cristianos compraron por muy poco dinero muchas buenas casas y muy ricos heredamientos», porque «los judios andaban rogando con ellos é no hallaban quien se los comprase». (pp. 215, 216) Obligados los expulsos á sacar sus caudales en letras de cambio giradas sobre el extranjero o en mercancías de permitida exportacion, y como no podían encontrar giro en breves dias para grandes sumas de dinero en aquellos tiempos de relaciones comerciales tan limitadas, y como por eso subió la demanda de mercancías exportables, la mayoría solo las obtuvo a precios extravagantes. Todo ello, en provecho no del Estado, sino de algunos especuladores: «en beneficio tan sólo de algunos especuladores, sufrieron los judios de Castilla una verdadera y muy cuantiosa expropriacion». La [expropiación] de los [judíos] aragoneses fue todavía más completa. Muchos de ellos, obligados con las iglesias y corporaciones por razon de los censales que pesaban sobre los respectivos pueblos, no pudieron ni malbaratar sus propiedades, porque quedaban gravadas con aquella obligación. (Zurita, Anales)

IV) Expropiación y expulsión de los mudéjares y moriscos.

Los mudéjares vivían entre los cristianos por pactos y convenciones; vasallos de la Corona; su estado particular, fundado en capitulaciones convenidas y juradas al rendirse las ciudades y villas en que residian; en virtud de estas capitulaciones, los mudéjares solían tener el derecho de marcharse libres y seguros llevándose sus bienes o de quedarse como vasallos, y de conservar sus propiedades, culto y mezquitas, de regirse por sus propias leyes civiles y de ser gobernados y juzgados por sus jueces según su propia ley; no pagaban al rey más tributo que antes a sus califas y emires. Las condiciones, más o menos favorables según las capitulaciones locales. ⦗Muy buenas, entre otras, según la «Carta puebla de los moros del valle de Uxó», otorgada por D. Jaime I (1250), y el privilegio del mismo monarca para los moros del arrabal de Játiva, según el cual podían comprar y vender libremente sus heredades a otros moros, pero no a cristianos; también tenían que abandonarlas si se convertían al cristianismo, «para que nunca perdiese el rey su derecho sobre las tierras de sarracenos» (p. 217 y allí, nota 3)[⦘]

Los moros que no obtuvieron capitulaciones tan favorables o no supieron conservarlas vivían, en cuanto a la disposición sobre su persona y sus bienes, en las mismas incapacidades legales que los judíos. Las odiosas ordenanzas contra ellos pesaban de hecho poco, pero muestran la concepción jurídica sobre ellos. Solo faltaba un pretexto para el estallido. Lo dieron las repetidas sublevaciones de los moros del Albaicín y de las Alpujarras contra los cristianos. Por la primera insurrección perdieron el derecho de las capitulaciones de permanecer en el reino sin abjurar de su fe, y tuvieron que hacerlo entonces; algunos se fingieron cristianos y se bautizaron; los moros de otras provincias estaban tan inquietos que los reyes Católicos desterraron a todos los moros de León y Castilla, que debían marcharse y enajenar sus tierras en 3 meses, sin poder llevarse oro ni plata ni mercancías de exportación prohibida. Solo se exceptuó a los esclavos herrados (i. e. marcados con hierro candente como el ganado) y a los niños no púberes (Pragmática de 2 de febrero de 1502) Los expulsos sufrieron las mismas pérdidas que 10 años antes los judíos, a pesar de sus capitulaciones. Solo los moros de Aragón conservaron sus propiedades, pero temían perderlas, ya que Fernando V, para tranquilizarlos, dio a los de Valencia la promesa de no expulsarlos y de conservarles el derecho de comerciar con los cristianos.

A los moriscos convertidos de Castilla, Isabel les prohibió traspasar sus bienes y salir del reino durante 2 años.

Nueva rebelión de los moriscos de Granada, seguida de una guerra larga y sangrienta: por eso Felipe II los expulsa de aquel nuevo reino; como cristianos de nombre, fueron repartidos en rebaños por las provincias de Castilla, Toledo y La Mancha, con señalamiento del lugar de residencia, y se les impusieron otras restricciones y servidumbres. (Real provisión de 24 de febrero de 1571) Ninguna indemnización por sus posesiones (inmuebles), y se les prohibieron ciertas industrias de las que vivían muchos de ellos. Los moriscos alpujarreños, expropiados de sus bienes inmuebles y derechos reales; sus casas y heredades, incorporadas a la Corona y repartidas a cristianos viejos á censo ó renta; las casas y edificios dados a los nuevos pobladores por un real de censo al año; la tierra de labor, por el diezmo de su producto, además del diezmo de la Iglesia; los olivares y moreras, por ⅕ del producto en los 10 primeros años y ⅓ despues. (Pragmát. de 27 de septiembre de 1571)

Los pobres diablos hambrientos de moriscos, ahora más que nunca elemento de perturbación de la sociedad española; acusados de mantener relaciones con los piratas berberiscos, que infestaban las costas españolas, y con los moros de África; Felipe III los destierra para siempre; la expulsión de los moriscos de Valencia se llevó a cabo (1609) con la orden de salir del reino en 3 días, prohibiéndoles llevarse otras mercancías de exportación permitida que las que pudieran llevar con sus personas, para que todo lo demás recayera en los señores de quienes habían dependido. ⦗Exceptuados de la expulsión los menores de 4 años, si sus padres los entregaban voluntariamente al cuidado de cristianos viejos, y 6 labradores moriscos en cada lugar de 100 casas, para enseñar a los nuevos pobladores las prácticas del cultivo. A los que se encontraran todavía en el reino pasados 3 días, cualquier vecino que los encontrara podía prenderlos y saquearlos, y matarlos si se resistían.⦘

Los señores lograron que por bando de gobierno se les prohibiera [a los moriscos] enajenar sus granos, ganados, aceites, casas, créditos, censos y derechos de toda especie. El rey mandó revocar este bando (Janer, Expulsión de los moriscos), pero el patriarca Ribera reclamó su observancia, ese perro de la Iglesia que tanto había contribuido a su expulsión. La expropiación de los moriscos valencianos, una de las mayores que haya habido nunca en España.

Por suerte, sufrieron también con ella los cristianos viejos, señores directos de la tierra; la mayoría de estos moriscos eran sus colonos forzosos, y además muchos [de ellos] les debían censos o prestaciones de frutos ó servicios. Como compensación, el rey les dio los bienes abandonados por los moriscos (i. e. les dio el dominio pleno de las tierras sobre las que solo tenían el dominio directo). Muchos perdieron con el cambio; durante mucho tiempo no pudieron encontrar colonos, o solo en condiciones más desventajosas; muchos lugares desaparecieron del todo y no volvieron a poblarse.

Sigue luego la expulsión de los moriscos que Felipe II había trasladado de Granada a Toledo, La Mancha y Castilla; en cuanto supieron la suerte de los de Valencia, se apresuraron a enajenar sus bienes; el rey mandó suspender enseguida estas enajenaciones y el 28 de diciembre de 1699⁷ fulminó un decreto de expulsión contra todos los que, a juicio de los obispos, no se comportaran como cristianos viejos, les prohibió enajenar sus bienes raices y les dio 30 días para vender los muebles y semovientes. Siguió luego la expulsión de los moriscos que quedaban todavía en Castilla y otras provincias, sin permiso para vender sus haciendas (salvo unos pocos que obtuvieron este permiso como gracia especial), ni sacar sus joyas sin pagar al fisco por tributo el otro tanto de su valor. Así se consumó la expropiación directa y completa de toda la propiedad territorial que poseían en España los descendientes de los conquistadores árabes.

V Expropiacion de Salinas.

Alfonso XI y D. Felipe II ordenaron la expropiación de las salinas de dominio privado. El derecho feudal común había declarado propiedad exclusiva de los soberanos las rentas de las salinas de sus respectivos territorios. (Feudorum constitutiones, lib. 2, t. 56) Por eso los señores feudales solían establecer alfolíes (gabelas), adonde hacian llevar y vender por sus dependientes toda la sal de sus criaderos, prohibiendo a sus vasallos comprarla ó venderla por encima de la medida que se les señalaba, o les exigían tributo por el permiso de tal comercio.

Alfonso el Sabio, ley 11, t. 28, Part. 3.ª, declaró del dominio de los emperadores y reyes, entre otras cosas, las «rentas de las salinas», para poder costear los gastos generales de guerra y demás gastos del Estado, «é por que pudian excusar sus pueblos de echarles muchos pechos é de facelles otros agravamientos». (223) Antes de esta época, las salinas situadas en tierras realengas pertenecían probablemente solo a los reyes. Consta que hasta Alfonso XI las salinas reales surtian á los pueblos enviándoles sus productos por medio de alvareros, que, a causa de los abusos y estafas, este rey suprimió, sustituidos por el establecimiento de alfolíes por cuenta del Erario en los lugares donde había abundancia de sal, donde los vasallos estaban obligados a comprar una cantidad de sal determinada, que a menudo excedía de su necesidad. Visitas domiciliarias de vez en cuando en casa de los vecinos, para ver que cada uno comprara la cantidad de sal fijada; quien no, castigado.

A pesar de estos horrores fiscales, las salinas reales no rendían lo que debían, a causa de la competencia de la propiedad privada. Alfonso XI declaró por ley (Ordenamiento de las Córtes de Alcalá de 1348) que le pertenecían «todas las aguas é pozos salados que son para facer sal», salvo aquellos para los que hubiera dado privilegio o que se hubieran ganado por posesion continuada del tiempo correspondiente. Expropió varias salinas de iglesias, órdenes militares y conventos por consejo del maestre Gonzalo Martínez, a pesar de la reclamación de los ricoshombres. Alfonso, dice una petición de las Cortes de Burgos de 1379, «tomó las salinas de todos sus regnos», mandó facer alfolis de sal en ciertos logares, ordenó el repartimiento de la sal por los lugares, «que le diesen por cada fanega cierta quantía de maravedís ó otras quantias á los sennores de las salinas: é quier tomasen lo de los lugares la sal ó non, que pagasen las quantias de maravedis». Estas Cortes se quejaron a D. Juan I de los excesos de obligar a los pueblos a comprar más sal de la que necesitaban y a un precio más alto que el habitual; pero no había nada que hacer, por estar arrendada la renta por tiempo cierto.

Para asegurar el monopolio del Erario, los Reyes Católicos prohibieron, bajo pena de muerte sumaria, la introducción de sal de fuera del reino, y mandaron vender á los alfolies reales, por sólo su costo, la que viniese por mar á los puertos de Galicia y Astúrias y toda la que se criase en ciertas salinas que hasta entonces habían escapado a la expropiación. (Pragm. de 3 de septiembre de 1484) Por último, Felipe II dio en 1564 a los pueblos libertad para comprar la cantidad de sal que les correspondiera por reparto en la salina real del reino que quisieran, y mandó incorporar a la Corona todas las salinas de propiedad particular, con excepción de las de Andalucía y Galicia, donde no se podía labrar sal sin licencia real y solo para venderla a los alfolíes reales. Prometió una indemnización «indeterminada». Más tarde se dieron algunas en juros sobre la misma renta de la sal, cuyo valor, faltando el pago puntual de los intereses, bajó mucho con el tiempo.

Suerte parecida corrieron las salinas privadas en Aragón, donde, sin embargo, el monopolio de las salinas reales en sus respectivas demarcaciones estaba limitado por el de los dueños de salinas privadas en sus propias demarcaciones, aunque sus beneficios quedaban muy reducidos por los impuestos que se les imponían (por parte del rey); también esto último acabó bajo Felipe V, que, tras la guerra de Sucesión, abolió los fueros aragoneses en todo lo que se refería a las relaciones de los vasallos con la Corona e incorporó a esta todas las salinas privadas, con promesa de cierta indemnización. ⦗En Aragón, el dominio y el usufructo de las salinas privadas estaban garantizados originariamente por los fueros⦘

Así, cuando el feudalismo iba de vencida, cuando se hacían los mayores esfuerzos para su completa extinción, triunfó en España el principio feudal que consideraba regalía de la Corona el dominio y el monopolio de las salinas; los juristas españoles negaban la autoridad del liber feudorum extranjero, pero ¡la penuria financiera!

VI) Otras varias expropiaciones.

Expropiación por utilidad pública, sin indemnización, en los siglos XIV y XV: la destrucción de los castillos y fortalezas

Menciona luego, entre las expropiaciones, las incorporaciones a la Corona ya mencionadas y los señorios, etc., historias relativas a los mayorazgos, los bienes comunales, etc. Después, las expropiaciones eclesiásticas, que empiezan ya pronto.

Cárdenas acaba con esto: ante estas constantes invasiones de la potestad soberana en el dominio privado, uno se pregunta si el legislador en España no ha reconocido nunca los derechos inherentes a la naturaleza de la propiedad. Si es así, qué tiene de extraño, ya que es notorio que nunca encontraron tal reconocimiento los derechos inherentes á la personalidad humana … No es extraño que el Estado expropie de su dominio á aquellos. (231) ⦗El modo como se apropió la mayor parte de lo expropiado —feudal y eclesiástico— no le preocupa.⦘

Capítulo II. De la expropiacion indirecta por utilidad pública.

I) De las mudanzas en el valor de las monedas.

Regalía del soberano: acuñar moneda y señalar su valor. Alteraciones arbitrarias en la moneda (entre el valor nominal y el real). No solo se perjudica con ello la propiedad mueble; también la inmueble, donde hay arriendo por largo tiempo o personas que han de recibir en dinero una renta o un capital por su participación en el dominio. Muchos ejemplos de ello desde Alfonso el Sabio hasta Felipe III.

La consecuencia inmediata fue siempre, además del perjuicio a las personas que habían de recibir alguna prestación en dinero, la carestía (carestía = escasez y encarecimiento) de todas las cosas comerciales, a pesar de las leyes que querían someter su precio a una tasa nueva y fija.

(Aingo de Ezpeleta: Resoluciones morales y doctrinales sobre las principales dudas ocasionadas por la baja de la moneda de vellon, 1643)

Disputa entre los juristas españoles por sus distintas opiniones sobre la naturaleza del dinero; los que encontraban su eficacia solo en su forma oficial, el cuño y sello del soberano que lleva impreso, afirmaban que cualquier materia, por vil que fuese, podía servir de dinero, por lo que también el valor de este instrumento de cambio dependería solo de la voluntad del legislador. Los que encontraban la naturaleza y la eficacia del dinero sobre todo en la utilidad y estimación de los metales que lo constituyen, y en que el soberano, al imprimir su sello, solo hace constar su peso y ley, sostenían por el contrario que su valor de cambio no depende del arbitrio del Estado. En Aragón, un fuero prohibía al rey alterar el valor del dinero sin la aprobación unánime de los 4 estamentos que componian sus Córtes. Aquí, pues, los juristas, cualquiera que fuera su opinión sobre la naturaleza del dinero, negaban la facultad de los reyes de alterarlo. En Castilla no había tal prohibición, y el rey solía ejercer el poder legislativo sin Cortes; también se le atribuía aquí, en mayor o menor medida, aquella facultad (también los que tenían la opinión correcta sobre la naturaleza del dinero). Así Juan Bautista Larrea («Novae decisiones Senatus granatensis»); pero los príncipes, dice, debían ejercer este privilegio con gran prudencia, «porque para cumplir [con] su obligacion de regir sus pueblos en justicia y facilitar el comercio y sobre todo el exterior, es menester que el valor legal de la moneda no sea superior al intrínseco». El rey solo podía hacer alteraciones por justa causa, y aun entonces sería más correcto no hacerlo sin el consentimiento de las Cortes. (234, 35) Alonso Carranza («El ajustamiento y proporcion de las monedas», 2.ª parte, Madrid, 1629): el rey podía «tasar el valor de la moneda con el mismo derecho y la misma libertad con que tasaba la seda, el paño, el trigo y el vino» (235). Diego Covarrubias («Veterum collatio numismatum, c. I, De mutatione monetae»): el rey podía alterarlo, también sin el concurso de las Cortes, por justa causa y «con la obligacion de indemnizar á los perjudicados, siendo posible». (234)

(Todos estos escritores castellanos, temerosos; por eso guardan gran reserva al intentar limitar las fechorías de los reyes) Pero, p. ej., Pedro Belluga (siglo XV, en Speculum Principis): la moneda, aunque recibe su autoridad del príncipe que la acuña, «debe valer por su materia, tanto cuanto represente, deducido el costo de la acuñacion, sino es que este gasto debe ser de cuenta del Erario, y que ninguna alteracion puede hacerse en ella sin el consentimiento del pueblo que haya de recibirla y emplearla». (p. 235)

El padre Mariana («De mutatione monetae») expone del todo la doctrina moderna que hoy se enseña en las escuelas. (236) Según él, todo lo que exceda el valor legal al intrinseco de este instrumento de los cambios «es un robo (esto, citado de él) que el principe hace á sus vasallos» (id., De rege et regis institutione, l. 3, c. 8). Si el rey, dice, me quita la mitad de mi dinero, no repara el daño duplicando el valor de la otra mitad, porque el precio de todas las cosas sube en igual o mayor proporción. Muestra con razones y ejemplos que la adulteración del dinero paraliza y perturba el comercio sin ayudar al final al Erario. Solo donde la alteración temporal del valor del dinero sea el único medio de salvar al Estado se permite decretarla, pero entonces también hay que retirar de la circulación el nuevo dinero en cuanto pase el peligro, del mismo modo que en el mismo caso (de peligro del Estado) puede apoderarse de la propiedad privada. Gerónimo Salcedo (De regimine principum, l. 2, c. 28) opinaba que, antes de llegar a este medio extremo, el príncipe debía pedir contribuciones extraordinarias, tomar empréstitos o imponer arbitrios a sus vasallos. (236)

Según Juan Márquez («El gobernador cristiano», l. 2, c. 39): la estimación del dinero depende más de su materia que de su forma, y el rey no puede ni aumentar su valor ni disminuir su peso sino dentro de los límites de la comun estimacion, así como tiene que atenerse igualmente a la estimacion comun en la tasa de las mercancias. La institución y el uso de una materia útil y de valor proporcionado nacen del derecho de gentes, que el soberano no puede alterar ni revocar; si mandara labrar moneda de papel ó cuero, tal ley no obligaría en conciencia a los súbditos; y si declarase este dinero nuevo = al metálico y apremiase á recibirlo, nadie contrataría con él, y o no se daría por él el valor que representa o no se tomaría en pago de ninguna cosa. Cuando escribió esto no existía todavía el papel moneda. Los papeles con que el conde de Tendilla pagó a las tropas, en una gran escasez de dinero, durante el sitio de Granada por los Reyes Católicos (Fernando e Isabel), no eran papel moneda, sino promesas de pago en buena moneda de cantidades ciertas de billetes, ordenando que entre tanto se hacian efectivos por el Tesoro, sirvieran como moneda en el campamento. (p. 236 y allí, nota 5) Si estuviera permitido, dice, sustituir el dinero metálico por papel moneda u otro sin valor intrínseco, el rey podría apoderarse de casi todo el oro y la plata de sus vasallos, con buena conciencia, si los obligaria ⦗como ocurrió en Francia bajo la regencia de Orleans⦘ á cambiar la moneda antigua de ley por la nueva ficticia, so pena de carecer de este elemento esencial de los cambios. (237)

II) De las Moratorias otorgadas por el Soberano para el pago de las Deudas.

Se tiene por una de las prerrogativas del soberano. Justiniano las había consignado en su código (remisión de las deudas o de parte de ellas, [por] Solón en las leyes atenienses, por Julio César y por los tribunos Cayo Licinio y Lucio Sextio). Prorrogar el plazo del pago de la deuda en lugar de abolir la deuda era un progreso. El autor de las Partidas tomó esta ley, como muchas otras, del código de Justiniano; con ello, y por la autoridad del derecho romano y de sus intérpretes en España, sus monarcas quedaron provistos de esta peligrosa facultad.

Según las Partidas, el rey podía prorrogar el plazo de pago [en caso de]: 1) pobreza de los deudores; 2) necesidad de sus servicios en el ejército; 3) «el sabor de les facer merced». Pero el deudor favorecido debía dar al acreedor garantía (la Partida exigía fiador) del cumplimiento en el plazo prorrogado. Según los juristas, también de eso podía absolver el rey.

Las moratorias se daban unas veces a determinados deudores que las solicitaban, otras a todos los deudores de ciertos pueblos o territorios, por calamidades públicas. A menudo, por 5 años, á los labradores que tenian malas cosechas. En 1623, a todos los vecinos de Sevilla, por el retraso de la llegada de la flota de las Indias, hasta que llegara. Pero a menudo se concedía también el favor por motivos menos legítimos.

Álvarez de Velasco: De privilegiis pauperum.

La jurisprudencia fue restringiendo poco a poco este privilegio hasta que desapareció.

III) De otras restricciones del dominio equivalentes á la Expropiacion.

Se creyó en un tiempo que la ganaderia y la trashumacion necesitaban protección como fuente principal de nuestra riqueza, aun con sacrificio de la propiedad privada, y el rey, haciendo uso de su señorio sobre las cosas quoad protectionem et tuitionem [en cuanto a su protección y defensa], aprobó la hermandad de la Mesta, declaró á su favor la servidumbre de cañada y pastos, prohibió acotar las tierras y romper las dehesas, dio a los ganaderos el privilegio de perpetuar su posesion en las tierras de pasto que llevaban en arrendamiento, por precios tasados. Despues, la agricultura tomó mayor extensión; se tuvo por conveniente abaratar la producción agrícola, y el Concejo sometió a tasa las tierras de labor, como ya lo estaban los pastos. Además de la tasa, se ordenó el registro prévio y la enajenacion forzosa de los granos, se prohibió la reventa de los abastos (provisiones) y se concedió a los abastecedores el privilegio de tanteo en la adquisición de los artículos de primera necesidad. Para fomentar la comunicación y el transporte, se impuso a los dueños de prados y montes la obligación de contribuir con una parte de sus productos á la Real Cabaña de carreteros. La usura, prohibida por las leyes canónicas y civiles; por eso el legislador tasa lo que el capitalista puede pedir por lucro cesante o damnum emergens a los que aprovechen de su fortuna. Los censos consumen las utilidades de [la] labranza; redúzcanse, pues, aunque sea a costa de los censualistas, etc., etc.

Todo esto y otras cosas semejantes se fundaban así: los juristas españoles restringieron el axioma legal que atribuía al soberano el dominio eminente (era «dominus omnium» [señor de todo]) diciendo que este señorío era solo para la protección y defensa; para proteger y fomentar los intereses públicos, por tanto, el soberano tenía competencia «de disponer de las cosas privadas»; pero el soberano decidía cuándo era el caso y cuáles eran los mejores medios para ello; en ambas cosas, determinado por los conceptos predominantes en la sociedad sobre unos y otros.

Los juristas y escritores económicos van en este punto, «el señorio de Proteccion (del Estado) sobre las cosas privadas», mucho más lejos que los reyes y las leyes.

Unos piden que por real orden se mande sembrar todas las tierras incultas, ya obligando a los dueños a hacerlo a su costa, ya con un donativo al que contribuyeran todos los vasallos. Otros pedían limitar el cultivo de la vid a lo más necesario, etc., etc.; dar a los fabricantes el monopolio de las tiendas de telas, fijar el número de mercaderes y menestrales de cada lugar. (Sancho de Moncada: Restauracion politica de España. – Memorial de Miguel Álvarez Osorio á D. Cárlos II.) Lope de Deza (Gobierno político de la agricultura) pide (1618), para fomentar la agricultura, entre otras cosas, que los labradores estén facultados para pedir arriendo perpetuo o temporal en las tierras que trabajaran, pagando tres y tercio por ciento de su valor en la especie de fruto que produjeran, corriendo los dueños el riesgo del caso fortuito y obligados á perdonar las rentas en los años esteriles; someter los jornales de cada lugar á tasa de peritos, ninguna tasa sobre el precio del grano, pero sí sobre el pan. (l. c., part. 3.) (p. 242)

Para dotar los erarios publicos —una especie de bancos inventada a comienzos del siglo XVII para tomar capitales á censo a fin de prestarlos á interés mas crecido—, se pide una ley que prohíba dar ese dinero a otros que a estos establecimientos y que, para su primera dotación, obligue a todos los españoles á imponer en ellos á censo una parte proporcional de su fortuna. ⦗«Advertencias del estado en que están el patrimonio real y el reino, y de los medios por donde se pudiera tratar de su reparo», 1622 (anónimo). Otras propuestas (respecto de las cargas del suelo a favor de los señores) para Galicia: «Estorbos y remedios de la riqueza de Galicia», de Francisco Somoza, 1775⦘

Reformas más radicales en menoscabo de la propiedad pedían algunos de los que se ocupaban del establecimiento de una ley agraria. Entonces (esto, en el siglo XVIII) se consultó sobre los medios de fomentar la agricultura a los tribunales superiores y sus fiscales, a los intendentes, al procurador general del reino, a muchos ayuntamientos y a otras autoridades y corporaciones. La mayoría pedían la tasa de los arrendamientos de tierras; el privilegio de los colonos de permanecer indefinidamente en la posesión; la prohibición del subarriendo y el derecho de tanteo á favor de los vecinos en la venta como en el arriendo de las tierras de sus respectivos términos municipales. Otros recomendaban la tasa de los jornales y de la cabida de los predios que habia de poseer y cultivar cada labrador; otros, la prohibición de adquirir más tierras de las que cada uno pudiera cultivar por sí mismo; otros, la anulación de todos los subarriendos existentes; otros, la reducción de las rentas de todas las tierras a su nivel [de] comienzos del siglo; prohibir a los señores echar en ningún caso a los colonos que pagaran las rentas, salvo para cultivar ellos mismos sus tierras.

En 1785 se decreta la prohibición de subir el precio de los arriendos, para que los propietarios no hicieran recaer sobre los colonos la nueva contribución de frutos civiles establecida entonces.

Contra todo eso se hizo valer la sabiduría burguesa moderna, Jovellanos, etc., y el sagrado derecho de propiedad.

El paso de la primitiva comunidad de bienes á la division de [las] propiedades, primer paso de la barbarie a la cultura. La limitación del poder del Estado en la expropiación (directa o indirecta) por causa pública, un progreso más.

Desde el siglo XVII, ya no se reconoce al conquistador el derecho de despojar de su patrimonio privado a los súbditos del país conquistado. ⦗¡Y Irlanda! ¡Norteamérica, etc.!⦘ Condenadas las alteraciones de la moneda. (Como si no las hubiera habido en el siglo XVIII) «la abolicion de las moratorias fué una de las primeras reformas del gobierno constitucional». (244)

Capítulo III. De los antiguos impuestos considerados como fruto del señorio territorial.

En los tiempos modernos, los impuestos se consideran una expropiación parcial de la propiedad privada por la que el Estado (el gobierno) presta como equivalente servicios sociales y administrativos; en la Edad Media, y en España mucho más, eran fruto de cierta co-participacion reservada al Estado en la propiedad de las tierras y de las personas que pagaban el tributo.

Los visigodos, según las ideas de la época, eran propietarios de todas las tierras que poseían los españoles; les dejaron por gracia ⅓, con la condición de pagar al Erario público cierto census o tributo. Los conquistadores no eran vasallos del rey por cuya cuenta hacían la guerra, sino familias asociadas para pelear por su cuenta propia bajo la dirección de ciertos jefes; por eso adquirieron de los vencidos, sin carga, ⅔ de las tierras; no había nadie que tuviera derecho a gravar sus tierras. Así, desde entonces, tierras pecheras y exentas; la inmunidad de tributo, patrimonio de la nobleza descendiente de los conquistadores; los impuestos, carga solo de la gente de condicion servil y plebeya.

Otra cosa en la conquista por los sarracenos, porque entre ellos las tierras no entraban en el botín; se respetaron las propiedades de los cristianos. Lo que correspondía al Estado pertenecía al soberano, que distribuyó una parte, dividida en grandes marcas, como propiedad colectiva, a las tribus invasoras. Los califas exigían el diezmo a cristianos y musulmanes. Otra cosa en las comarcas adonde los sarracenos no penetraron o donde no se establecieron sólidamente; allí la propiedad quedó libre de tributo.

Reconquista: en los despojos repartidos a los conquistadores y a la Iglesia, el Estado se reservó casi siempre los mismos censos y tributos que pagaban los antiguos poseedores visigodos; pero no de modo que los nobles y prelados los pagaran directamente, sino que se reservaban casi siempre alguna parte de los censos ó emolumentos que los colonos solariegos debian pagar por su disfrute, concedieron directamente muchas tierras á sus propios vasallos de calidad pechera y se atribuyeron el derecho de continuar percibiendo los diezmos que antes pagaban a los califas y emires los mozárabes y moros sometidos. Los vasallos de señorio, como los realengos, pagaban al rey el tributo de moneda (10 o 5 % del caudal según su cuantía); en muchos lugares, la mitad de las multas por homicidios, rausos y calumnias (la otra mitad, al señor). En las tierras realengas, los vasallos solariegos pagaban al rey, además de la moneda y del censo predial (llamado infurcion, martiniega o marzazga), todavía la fonsadera (tributo de guerra pagado por los labradores), el yantar, los pedidos empréstitos (servicios extraordinarios), etc., etc.

Como la soberania estaba confundida con la propiedad, es natural que también la renta territorial estuviera confundida con el impuesto. La mayoría de los impuestos tuvieron en España este carácter indeterminado y confuso mientras la propiedad territorial y la soberanía estuvieron unidas. Durante mucho tiempo, los inmuebles solo pagaban los tributos que los colonos solariegos pagaban al señor de su tierra, fuera el rey o un hidalgo, con excepción de la moneda, de la que también estaban eximidos por privilegio muchos lugares y todos los vasallos de muy corta hacienda.

Tampoco había igualdad ni proporcionalidad en estos tributos; localmente muy distintos. En algunos lugares, un censo fijo, mayor o menor, de tanto por heredad ó casa; en otros, una parte alícuota de los frutos de las heredades, desde ½ hasta ⅒ o ¹⁄₂₀, o una suma proporcional al número de yuntas y aperos, o cierta cantidad de grano, vino, carne o ganado.

En Navarra, el tributo más general, la pecha (de los nobles, solo la pagaban los infanzones de abarca). Los infanzones ermunios de allí no pagaban ningún impuesto, ni siquiera el monedaje; todos los tributos conocidos en el reino pesaban sobre los simples ciudadanos o los villanos de distintas clases. Todos se pagaban al señor de la tierra por razon de este título; si este no era el rey, tampoco le correspondía parte alguna de los tributos si no se la había reservado antes (como, p. ej., ½ del monedaje en sus vasallos de órdenes militares).

El mismo origen dominical tenían los tributos en Cataluña y Valencia. También los que se servian de los caminos públicos, montes, baldios, costas, rios y abrevaderos pagaban este servicio al señor territorial en forma de tributo.

El primer tributo importante que no se basaba, o se basaba menos, en la propiedad territorial: la alcabala, establecida por Alfonso XI para costear los gastos extraordinarios del sitio de Algeciras, 1341. Hasta entonces, los impuestos se confundían con la renta del suelo o con el equivalente pagado por servicios individuales que recibian los vasallos de cosas propias del soberano; la alcabala, en cambio, primer impuesto de carácter general, que habían de pagar todos los vasallos sin excepción, como deber común de contribuir a las cargas del Estado. 5 % del precio de todas las ventas; Alfonso XI la obtuvo despues como permanente de las Cortes de Alcalá (para costear los gastos del sitio de Gibraltar), 1348. D. Pedro la aumentó al 10 %; Enrique II la redujo a su nivel primitivo; varía más tarde, tanto en su extensión como en las cosas sujetas á su pago.

De la misma clase, el tributo de los cuatro unos por ciento, impuesto sucesivamente sobre ventas, permutas y constituciones de censo en los mismos términos que las alcabalas. Reducido a la ½ en 1686, restablecido entero en 1705, y corrio siempre con las alcabalas. Igualmente independiente del dominio ó señorio territorial, el servicio de millones, concedido a Felipe II en 1590 para reparar la pérdida de la Gran Armada, primero solo por 9 años y por 2 millones de ducados cada año; impuesto sobre determinados artículos de general consumo, renovado desde entonces en distintas condiciones. (Después, todavía el servicio ordinario y extraordinario, compuesto de la antigua moneda; repartido entre los pueblos; solo lo pagaban los del estado llano)

Los demás tributos en Castilla no afectaban directamente a la propiedad territorial: impuestos de consumo sobre ciertos artículos, o venta privilegiada por otros (tiendas privilegiadas) y su venta exclusiva por el Estado. Derechos de importación sobre ciertos artículos; monopolio del aguardiente, el tabaco, el azúcar, la pólvora, el plomo, las pasas, los naipes, etc.

La contribución de frutos civiles, establecida en 1785 sobre los bienes y rentas de los hacendados forasteros, extendida en 1794 a todas las fincas rústicas arrendadas y á las urbanas, etc., etc., fue el primer impuesto que, según las ideas modernas, recaía sobre el producto neto de la propiedad y de la riqueza; no podía exceder del 6 % del producto de las tierras, del 4 % de las demás fincas y derechos, etc. En Cataluña, un impuesto así: el catastro, que no excedía del 10 % de los inmuebles ni del 8½ % de las utilidades del comercio y la industria, etc.

La nobleza no estaba excluida de estos impuestos, y la inmunidad del clero, muy limitada por bulas y concordatos. Felipe II cobró una renta de poblacion a los nuevos pobladores entre los que repartió las tierras, edificios, etc., de los moriscos expulsados del reino de Granada; igualmente la regalía de aposento (renovada por Felipe IV) para subvenir á los gastos del Real palacio, al principio = ½ de los alquileres de las casas de Madrid, más tarde muy reducida.

Tributos especiales de clase: la nobleza titulada había de pagar según su grado, en lugar de los servicios militares a que antes estaba obligada, el tributo de lanzas. (suponiendo que cada duque tuviera que poner para la guerra 20 lanzas, que costarían 7000 rs. al año, tenía que pagar esa cuota como tributo; menos los marqueses y condes, porque tenían que poner menos lanzas.)

El clero [tenía] que contribuir a la Corona con las tercias reales, el excusado, el noveno extraordinario, el subsidio, los expolios y vacantes y las pensiones sobre mitras.

Capitulo IV De los diezmos.

I) Orígen y vicisitudes de este impuesto.

Los diezmos, como se ha visto, de origen enteramente civil. Las iglesias primitivas de España vivían de las rentas de sus bienes propios y de las ofrendas voluntarias de los fieles. Como los fundadores de las iglesias eran los reyes y los señores, antigua costumbre, desde la reconquista, de dotarlas con el todo o parte de sus productos. Los tipos que levantaban castillos en las montañas de Vizcaya, Guipúzcoa, etc., ponían en ellos caudillos para defenderlos y daban a estos como dotación ⅒ de sus respectivos términos, con la obligación de pagar al cura. Eso alegaron los hidalgos en las Cortes de Guadalajara de 1390 como prueba de que los diezmos les pertenecían a ellos, y a los curas solo una parte.

Los diezmos eclesiásticos que no tenían tal origen, antes del siglo XIII, nacían de los bienes adquiridos por ellas o de los diezmos del suelo que les había cedido el monarca o señor que los disfrutaba directamente. En Francia, el pago de los diezmos a la Iglesia fue deber católico desde que lo impuso el concilio de Mâcon, en 585, y civil desde que en el siglo VIII lo confirmaron los capitulares reales. Pero esto no lo introdujo Carlomagno (al menos no con éxito) en la Marca hispánica; si no, habrían sido inútiles las muchas donaciones de diezmos de los señores a la Iglesia en aquella época.

El mismo origen laico de los diezmos lo prueban los antiguos documentos de Navarra; igualmente los de León y Castilla.

Entretanto se acreditó, apoyado en el Antiguo Testamento, en pasajes de los Padres de la Iglesia, etc., el diezmo como tributo debido a la Iglesia por derecho divino en el «dominio universal de Jesucristo». El diezmo eclesiástico solo se reconoció como deber obligatorio a consecuencia de uno de los cánones del concilio de Letrán celebrado en 1215 (no se estableció allí como nuevo, sino al contrario, como reglas contra los que intentaban eludir el cumplimiento de la antigua obligación). Alfonso el Sabio (i. e. el Necio) ordenó por la pragmática de 1294 (?) que todos los hombres de su reino, también los ricos hombres, caballeros y clérigos dueños de heredades, pagaran a Dios este tributo.

Resistencia de los intereses más diversos a la ejecución de esta misma ley por los curas; estos se refugiaron en el poder temporal, interesándolo en el cobro de los diezmos; distintas bulas papales, desde el siglo XIII, dan al rey parte del diezmo (de la Iglesia), primero indirecta y luego directamente, unas veces por tiempo fijo, otras de por vida, hasta que Alejandro VI lo perpetuó en los Reyes Católicos (los reyes recibieron tercias de estos diezmos). Con Felipe II y desde él, los papas aumentaron todavía la participación de los reyes en este tributo; la mayor, bajo Carlos IV (fines del siglo XVIII y comienzos del XIX).

II) Decadencia y fin del diezmo.

Con tantas concesiones papales, a comienzos de este siglo, según los cálculos más moderados, la participación del Estado y de los seglares en la contribucion decimal había subido al 40 %.

Según el escrito «Los diezmos, ó sea la contribucion de frutos» (1823), los productos de este impuesto se repartían de la manera siguiente: al clero, 62,26 %; al noveno, 7,28 %; al excusado, 7 %; a las tercias, 4,5 %; a [los] maestrazgos, 2,8 %; a partícipes legos, 17,33 %. (en total = 100 %.) Pero el diezmo nunca se pagaba con regularidad, tanto menos cuanto más subía la parte del fisco en él.

Los diezmos, tributo muy desigual. P. ej., 100 fanegas de trigo, producto total de una cosecha, pagan 10; como su producción podía haber costado 60 o 40, quien había invertido 60 fanegas obtenía una utilidad de 40 = 25 % de su producto líquido; quien había gastado 80 solo tenía 20 de utilidad, y pagaba el 50 % de ella. (272, n. 1)

Con el diezmo, florecimiento de la agricultura bajo los árabes; más tarde, hasta nuestros días, con el mismo, florecía la agricultura de Valencia y Cataluña, y la de Inglaterra. El 29 de junio de 1821, las Cortes abolieron el diezmo; en 1823 (circular de 6 de junio), la Regencia lo vuelve a introducir en la misma forma que hasta 1821. En 1837 (29 de julio de 1837), este tributo se suprime en principio y a la vez se nacionalizan los bienes de la Iglesia; secularizado, y perdiendo también su nombre (1839), continuó hasta su abolición absoluta, o más bien su conversión en la contribución territorial hoy existente.

(La continuación, desde la página anterior, en otro cuaderno)

Continuación de Cárdenas.⁸

Capítulo V) De las antiguas servidumbres de la propiedad rural en beneficio de la ganadería.

I) Servidumbres de Cañada y Pasto.

No tienen su origen en el feudalismo ⦗esto lo sabe, pero no que tienen su origen en la comunidad germánica⦘, pero determinados intereses económicos «fueron favorecidos a la manera feudal, es decir (?), con monopolios y privilegios». (276)

Toda España formaba un inmenso gremio, llamado cabaña real porque estaba bajo la protección del rey, con enormes prerrogativas, a costa del Estado y de los particulares, dueños de montes y heredades. Los ganaderos llamados de la sierra, residentes en León y en las dos Castillas, formaban el Honrado Concejo de la Mesta, que por medio de sus funcionarios y delegados, con facultades judiciales y gubernativas, decidía todas las cuestiones, no solo entre los ganaderos mismos, sino igualmente las que tenían con extraños, sobre arriendos, pastos, daños, conservacion de cañadas y abrevaderos y todo lo necesario para la protección de la ganadería. Además, usando y abusando de sus facultades gubernativas, dictaba no solo reglamentos de órden interior, sino también disposiciones generales, que por uso y costumbre adquirieron fuerza de ley. Aunque en 1608, a petición de las Cortes contra los abusos de los servidores de la Mesta, se exceptuaron de su jurisdicción protectora los ganados estantes, es decir, los que no salian á herbajar fuera de sus términos, y que componian el mayor número, todos siguieron perteneciendo á la cabaña real y disfrutando los mismos privilegios.

⦗Según Miguel Caxa de Leruela, alcalde [mayor] entregador de Mesta, que escribió para las Cortes de 1625 su «Restauracion de la abundancia de España», el número de los ganados estantes, eximidos (1608) de aquella jurisdicción, era 4 veces mayor que el de los trashumantes. Este libro, escrito en defensa de la Mesta; reconoce, sin embargo, los excesos de los ministros delegados de los alcaldes mayores entregadores (alcalde de mesta, juez que conoce de los asuntos de los pastores; alcalde entregador o alcalde mayor entregador: juez, miembro del consejo de la mesta, que conoce de los asuntos de los pastores; alcalde mayor, juez ordinario de una ciudad o aldea donde hay un segundo o adjunto), y los agravios de los achaqueros (arrendadores de las multas impuestas por el consejo de la mesta) o arrendadores de multas (también estas, cedidas por contrato, o sea arrendadas, como las rentas públicas) … Con haber quitado (1608) á la comision de alcaldes mayores entregadores el conocimiento de los agravios causados á los ganaderos estantes, que eran en general pequeños y numerosos propietarios, dice el autor, «no se reparó, en que se destruia la mayor riqueza de España». (277, nota 1)[⦘]

Uno de sus privilegios más importantes, el de entrar y pastar en tierra ajena, existía desde el tiempo de los visigodos. El Fuero Juzgo, código para un pueblo más dado al pastoreo errante que al penoso cultivo, «permite a los caminantes descargar y descansar, y hacer pacer á sus jumentos ú ovejas en las tierras abiertas de pasto, con la condicion de no detenerse en ningun lugar, más de dos dias, sin licencia del dueño, y no arrancar de raiz los árboles grandes, pero pudiendo en todo caso cortar ramas para pasto de los bueyes». (For. jud. t. 2, t. 4, l. 8)

En la vieja costumbre, que esta ley no hace más que sancionar, se basa no solo el privilegio de la ganadería de pastar en terrenos abiertos, sino también el de los carreteros. En cuanto lo permitía el estado de guerra, se mantuvo hasta que Alfonso el Necio (el sabio) lo recogió casi literalmente en el Fuero real, donde recopiló todo el derecho más generalmente practicado en el siglo XIII; el texto dice: «Los viandantes puedan sus bestias é los otros ganados meter en los logares que no sean cerrados, nin defesados é puedan y descargar é folgar un dia ó dos al mas, si el dueño del logar non gelo otorgare: e guardese de desarraigar nin de cortar árboles que lleven fruto ó otros grandes, que son para lavores que non son de cortar». (L. 4, t. 6, l. 4) Esta ley es más restrictiva que la goda, porque prohibía también atacar los árboles frutales y no contenía el permiso de cortar ramas para pasto de bueyes.

Ambas leyes sometían a esta servidumbre tanto las tierras comunales como las privadas; pero ya en el siglo XIII, en las Partidas, limitación; después de declarar el derecho «de todo vecino para usar y disfrutar los montes y dehesas del comun de su ciudad ó villa» (l. 9, t. 28, Part. 3.), no reconocen el «de todo viandanté» sobre los pastos de todas las tierras abiertas, sino que lo limitan a los que obtenian carta del rey para «andar salvos y seguros con sus ganados por todas las partes de sus regnos é pascer las yerbas é beber las aguas; é non faciendo daño en miesses (mieses), nin en viñas, nin en otros logares acotados, que ninguno non fuera osado de gelos embargar, nin gelos contrallar». (l. 19, t. 18, Part. 3) Cierta contradicción aquí con la ley de las Partidas citada antes, que solo permite el aprovechamiento de las tierras comunales a los vecinos.

Pero, con o sin cartas reales, el mismo Necio (Alfonso X) mandó en 1273, en un privilegio dirigido «al Concejo de la Mesta de los pastores del mio regno» ⦗véase: Cuaderno de las leyes y privilegios de la Mesta. Antigüedad autorizada y utilidad de los ganados, cap. único, Madrid, 1731⦘, tener abiertas las cañadas por las que pasaban los ganados trashumantes, y declaró a la vez los aprovechamientos que correspondían a los pastores en las heredades ajenas; permitió a los ganaderos cortar una rama de cada árbol de los que viesen, corteza para curtir su calzado, palos por redes, mazos, tendales y estacas, leña para fuego y madera para hacer puentes, herradas y colodras. (p. 279) ⦗«Libro de las leyes y privilegios del Honrado Concejo de la Mesta. Privilegios y confirmaciones», fol. 49, Madrid, 1681⦘ Evidentemente, estos métodos de operación de los pastores existían ya antes; aquí se regulan y fijan.

Como, dice Cárdenas, el ganado era la riqueza principal del reino y, por el estado de guerra, no había seguridad en los campos, la ganadería exigía una protección especial. Primero sus privilegios por tradición; como la propiedad de la Corona era siempre la más respetada, Alfonso XI dio mayor seguridad a los rebaños de León y Castilla declarándolos parte de la cabaña real, tomándolos como tal bajo su protección «y mandando que anduviesen seguros por el reino, paciendo las yerbas y bebiendo las aguas, con tal do que no hicieran daño en los sembrados de trigo, viñas, huertas, prados de guadaña y dehesas boyales acotadas» (este privilegio lo otorgó Alfonso XI en 1347). Con ello se ampliaron los derechos de esos vagabundos. Aquí se les permitió pastar la yerba de todo el reino con las pocas excepciones citadas; era consecuencia necesaria de haber declarado parte de la cabaña real toda la ganadería; el rey, dueño de todo el territorio no apropiado, apacentaba por eso libremente en él su cabaña; el mismo derecho solía ejercerlo en las tierras señaladas como términos de los pueblos, ya porque se lo hubiera reservado expresamente al cederlas, ya por antigua costumbre; incorporada a la cabaña real toda la ganadería del reino, todo eso pasó a ella, y sus privilegios ya existentes se afianzaron con los de la Corona. Entre estos últimos: quien hurtara, aprehendiera, maltratara ó gravara con tributos los ganados de la cabaña real era declarado enemigo del rey y [castigado con] fuertes multas por atentado contra su soberanía; tales excesos y depredaciones, naturalmente muy frecuentes entre particulares en aquellos tiempos turbulentos de anarquía feudal, guerras y contiendas privadas; por eso la protección real se confirmó también en uno de los períodos más turbulentos de la historia española, en el reinado de Enrique IV, en que se mandó que ninguno tuviera cabaña fuera de la real, y que los ganados de esta «anduvieran seguros en su guarda (la del rey) y defendimiento» (L. I, t. 27, l. 7) (p. 281)

La servidumbre de pastos de todas las tierras no eximidas por Alfonso XI se hizo muy gravosa a medida que el cultivo (del suelo) se extendía y subía el valor de la tierra de labor. Propietarios y labradores procuraban con frecuencia creciente escamotearla o se negaban al servicio gratuito; por eso los Reyes Católicos confirmaron el privilegio anterior en toda la extensión en que lo había confirmado Enrique IV. Nueva confirmación, en 1532, por don Carlos (V o I, según se le cuente como emperador o como rey) y doña Juana; declararon a favor de la Mesta el libre aprovechamiento de los pastos, abrevaderos, majadas (apriscos, cabañas de pastores), veredas (sendas, caminillos de atajo), descansaderos (lugar propio para descansar), baldios y terrenos comunes de todos los lugares por donde los ganados fueran, vinieran ó estuvieran, excepto los adehesados (tierra de labor convertida en pasto) con real licencia». (281) De ahí se ve que el derecho de pasto nunca estuvo limitado a los cordeles (cordel; especie de cuerdas pequeñas) y veredas que recorrían los ganados en su trashumacion, porque en el siglo XVI se ejercía en todas las tierras privadas no eximidas.

En el siglo XVII, el derecho se amplió por interpretación a terrenos expresamente eximidos por leyes anteriores; así, estaban expresamente eximidas las viñas. El Consejo declaró en 1633 que los rebaños de ovejas podían entrar en viñas y olivares, después de la cosecha, donde fuera costumbre. Clamor de las Córtes contra ello; llegaron a poner como condición para votar el servicio de millones la promulgación de una ley que prohibiera la entrada de los rebaños en olivares y viñas también después de la cosecha. No se cumplió mucho tiempo; y así siguió el auto del Consejo hasta que Carlos III mandó su abolición efectiva en 1776; pero ya en 1777, tan grandes eran la influencia y el poder de la Mesta, [que] esta ley, que ella no cumplió, se revocó a instancias suyas; y obtuvo permiso para entrar con sus ganados en las heredades exceptuadas por costumbre de tal gravámen.

La Mesta tenía defensores celosos e interesados.

En la «Restauracion de la abundancia de España» (L. 7, t. 27, y nota 8, lib. 7) (1625), Miguel Caxa de Leruela (alcalde mayor entregador del gremio) sostiene que «la insoportable carestía de los precios, la necesidad comun de las cosas y la despoblacion general de España» son «efecto de la ruina de los ganados», que estos son «el símbolo de la providencia y causa del ejercicio de las virtudes»; que la institución de la caballería del «Toison de oro» había sido para «cuidar de la conservacion de los ganados; y que estas son riquezas tanto mas excelentes que el oro y la plata, quanto es lo vivo que lo muerto» (p. 282). Sobre todo, celoso de asegurarles la extensión del privilegio de disfrutar los pastos de las heredades ajenas.

Combatida por propietarios y labradores; y poderosos adversarios de la Mesta entre juristas y políticos. Alfonso de Acevedo, docto comentador de las leyes recopiladas a fines del siglo XVI, la censura con dureza, muestra los abusos cometidos por los jueces de la Mesta; aseguraba de los alcaldes entregadores que juzgaban por la deposición en las causas de testigos interesados, o de personas que traían consigo para testificar lo que se les ordenaba, o también en virtud de declaraciones que los escribanos inventaban y atribuian á personas imaginarias; denuncia los agravios que sufrían sobre todo los labradores, en su persona y bienes, de tales jueces. («In leges Recopilationis comentaria», l. 3, t. 14) (pp. 282, 83)

En el siglo XVIII, la Mesta tuvo un defensor encarnizado en Andrés Rodríguez, fiscal del Concejo de la Mesta, autor de un volumen en folio: «De privilegiata possessione Mistae», Madrid, 1748; pero todos los escritores políticos y económicos de la época, en contra.

D. Manuel Sisternes, fiscal del Consejo, en la «Idea de una ley agraria española» (1786), declara que el dueño de la tierra lo es también de su abrevadero y que, por tanto, no se permite usarlo sin su permiso. Pero donde más se ponen de manifiesto las injusticias, excesos e inconvenientes de aquellos privilegios es en el «Memorial ajustado del expediente promovido por la provincia de Estramadura sobre fomentar en ella la agricultura y cria de ganados y corregir los abusos de los ganados trashumantes», 1764 ⦗este expediente instruido en el Consejo en 1764 por representacion de D. Vicente Paino, diputado de Extremadura⦘; muestra que el origen de los males de esta provincia eran los ganados trashumantes. Al Consejo pertenecen muchas autoridades y corporaciones, también documentos en favor de la Mesta. Defiende esta institución el procurador general del Honrado Concejo; la atacan de modo más o menos radical el procurador general del reino y los fiscales del Consejo José Moñino y Pedro Rodríguez Campomanes. Ninguno se atrevió a proponer la abolición total de los privilegios; pedían su reducción. ⦗Notabene: el expediente de Extremadura de Paino, con los demás dictámenes, se encuentran todos en el Memorial citado arriba⦘

Campomanes denunció el monopolio que, a la sombra de la Mesta, ejercían algunos grandes ganaderos. La despoblación y la pobreza de España se debían en gran parte a los privilegios de esta corporación; propuso que en el aprovechamiento de las tierras se prefiriera a los vecinos sobre los forasteros, dotándoles ántes de las necesarias para la labor y pastos por medio de repartimientos; que convenía suprimir los alcaldes entregadores y limitar la jurisdicción de los demás jueces de la Mesta a las cuestiones entre sus hermanos. Había entonces 121 cuadrillas con 40 283 ganaderos trashumantes de la sierra y 56 entre comunidades y vecinos de Madrid; pero estos últimos poseían ¼ del total de ganados, con corta diferencia. (p. 284 e íd., nt. 2)

Entre los privilegios, uno reconocido por todos como fundado en la necesidad: el uso de las cañadas en la doble trashumacion desde las frias montañas de Leon á la tierra llana y caliente de Estramadura, para la conservación de rebaños tan numerosos como los que poseia la Hermandad.

La Sociedad Economica de Madrid (en cuyo nombre habló Jovellanos en su «Informe sobre ley agraria») pidió «la entera disolucion de Hermandad tan prepotente», la abolición de sus exorbitantes privilegios, la derogación de sus injustas ordenanzas y la supresión de sus juzgados opresivos. «Desaparezca», dijo, «de la vista de nuestros labradores este concejo de señores y monges convertidos en pastores y grangeros, y abrigados á la sombra de un magistrado público: desaparezca con él esta coluvie de alcaldes, de entregadores, de cuadrilleros y achaqueros que á todas horas y en todas partes los afligen y oprimen á su nombre, y restitúyanse de una vez su subsistencia á ganado estante, su libertad al cultivo, sus derechos á la propiedad y sus fueros á la razon y á la justicia». (284, 285)

8 de junio de 1813: las Córtes de Cádiz declaran «cerradas todas las tierras de dominio particular, cualquiera que sea su destino y el estado de las cosechas». Con ello cesó en estas tierras, ya no «abiertas» legalmente, el privilegio de pasto que habían poseído en ellas los ganados castellanos desde los visigodos, sin otras excepciones que las 5 señaladas en el privilegio de 1347; solo podían usar ya los pastos que les pertenecían; pero, por la trashumacion, las Cortes declararon a la vez que el «cerramiento» (cercado) debía entenderse sin perjuicio de las cañadas, abrevaderos, caminos, travesías y servidumbre indispensables para ese tránsito. Pero la gente sobre la que recaía esta servidumbre no lo entendió así. ⦗En 1814, notabene, hasta la revolución de 1820, también este decreto fue abolido por la bestia de Fernando⦘

En 1820, restablecido el decreto de 1813; aclarado por el decreto de 25 de septiembre de 1820, en el que las Cortes disponen que no se impida a los ganaderos trashumantes el paso por las cañadas ni el pasto en los pastos comunes. Pero este derecho, en la práctica, tampoco se reconoció. Las Cortes declaran, por una nueva orden de 8 de abril de 1822, que el decreto de 1813 no privaba a los ganaderos del uso de las veredas, cordeles y abrevaderos ni del aprovechamiento de los pastos comunes de las tierras de esta clase no repartidas ni enajenadas. Pero hubo que declarar todavía que el uso de las cañadas y cordeles era común a los ganaderos trashumantes, los estantes y los riberiegos, y que por pastos comunes no había que entender los de propios ni los de baldíos arbitrados.

El Concejo de la Mesta, suprimido el 16 de febrero de 1835; tomó el 21 de enero de 1836 el nombre de Asociacion general de ganaderos; el 21 de julio de 1836 declaró el gobierno que las leyes protectoras de la ganadería debían observarse hasta que se reformaran, y que entretanto las funciones administrativas y gubernativas del presidente del Concejo suprimido las ejercería el presidente de la nueva Asociación. Organización definitiva de esta última: 31 de marzo de 1854, pero sin verdadera autoridad de ninguna clase sobre los propietarios y labradores y sin privilegios incompatibles con el régimen constitucional.

II) Acotamiento ⦗amojonamiento; colocación de mojones; cercado⦘ de tierras y dehesas.

El privilegio de pastar de la ganadería estaba limitado, como se ha visto, a los campos abiertos; pero ¿y si se cerraban? La Mesta prohibía como delito «todo acotamiento de tierras» que en algún tiempo hubieran de prestar la servidumbre de cañada o pasto; así, el cercado sin licencia real especial quedaba prohibido.

Las leyes visigodas, al contrario (todo conforme a la tradición comunal alemana), declaraban expresamente la facultad de cerrar con foso o seto las heredades de dominio privado, solo que sin cerrar con ello la vía pública. «El que tuviere junto á algun camino mieses, viñas ó prados cerrados, cérquelos de seto.» ⦗de sepes, septio, seto, valla⦘ (L. 22, t. 4, lib. 8, For. jud.) Lo mismo podía hacer quien cultivaba tierras por donde pasaban rebaños. (L. 28, ibid.) Pero quien cerraba su heredad con foso, cerrando un camino público, no podía pedir indemnización por los daños causados por los transeúntes. Igualmente estaba prohibido el cercado de tierras vacantes o baldías, y dice una ley (L. 9, t. 3, lib. 8, ibid.) que, si un caminante las encontraba cercadas con foso, podía entrar y aprovechar sus pastos sin que nadie pudiera con derecho impedírselo. La diferencia de las leyes visigodas —donde el cercado con seto ó cerca (muro) se distinguía del cercado con foso— había dejado de existir en tiempos de San Fernando, porque las citadas leyes, traducidas en el Fuero Juzgo castellano, no hacen diferencia entre cercar «con valladares ó con otras defessas». (p. 287. Cárdenas dice que hoy no se sabe por qué entre los visigodos se favorecía el cercado con seto o cerca frente al cercado con foso (287). Véase Maurer)

Hasta el reinado de Alfonso el Necio (el sabio), ninguna otra ley escrita sobre esta materia; él, en favor de la ganadería, mandó por primera vez en 1273 que ninguna persona ni concejo pudiera hacer en sus lugares dehesas mayores de lo que permitían sus cartas de privilegio, a saber, 3 aranzadas por cada yunta; en 1284 impone una pena de 100 maravedís al que labrara o cerrara cañadas o hiciera nuevas dehesas sin licencia real. La prohibición misma tuvo que existir mucho antes de él, porque él solo la regula; originariamente tampoco era gravosa; costumbre germánica de abrir los campos después de la cosecha, que más bien recibían el provecho del abono por la entrada de los ganados. Esto sucedía en la tierra llana de León y Castilla la Vieja hasta la conquista de Toledo; en Castilla la Nueva, la Mancha y parte de Andalucía, hasta que San Fernando conquistó Sevilla; y en las fronteras de Navarra, Aragón, Granada y Portugal, hasta los Reyes Católicos. La servidumbre en cuestión no se introdujo de modo general en las montañas, adonde los enemigos no solían penetrar ⦗como en las llanuras, donde por eso los colonos abandonaban los campos después de la cosecha⦘, ni en las tierras de riego, donde las cosechas nunca fallaban ni los colonos estaban nunca ausentes. (Con todo, llama la atención que esta prohibición no esté registrada en las leyes alfonsinas)

Durante los siglos XIV y XV se mantuvo la prohibición de acotar; los Reyes Católicos, tras la conquista del reino de Granada y el reparto de sus tierras, ponen como condición que los nuevos dueños no las adehesaran (adehesar: convertir tierra de labor en pasto; dehesar: hacer cotos, pastizales, pastos) sin licencia real, ni impidieran a los ganados de los vecinos consumir sus hierbas y frutos naturales mientras quedaran sin plantar o empanadas (empanar = cubrir de masa). Se dice allí (para explicar por qué se insertó esta cláusula) «que algunos nuevos propietarios habian tentado de las dehesar … diciendo que lo pueden, como si fuessen dehesas dehesadas por virtud de las dichas mercedes. Lo qual si assi passasse, seria contra las leyes de nuestros reinos» (p. 288). Igualmente en una pragmática de 1491 (de los mismos reyes), donde se revoca cierta ordenanza nueva del concejo de Ávila, que permitía al dueño de un terreno redondo (redondeado) cerrarlo a los ganados de sus vecinos: era contra «el derecho», había que castigar a su autor, pudiendo en consecuencia los vecinos y moradores de aquella ciudad pacer y rozar en los términos de ella. Pero todo esto era solo la prohibición de cercar contra los vecinos ganaderos; pero en 1532 D. Carlos (el emperador) y doña Juana reprodujeron la prohibición, no solo en favor de los vecinos, sino también de todos los ganados mesteños, ordenando que ninguna persona, concejo ni comunidad hiciera dehesa sin licencia real, y que los alcaldes mayores entregadores mantuvieran libres los pastos, abrevaderos y veredas en todos los lugares donde los ganados de la Mesta estuvieran, vinieran o fueran (incluidas, como se ha dicho antes, también las viñas y los olivares después de su cosecha.)

Esto se defendió en los siglos XVI y XVII. Según Diego Covarrubias, «quis potest facere in alieno fundo quod ei prodest, et domino fundi non nocet».⁹ (289) De ahí deduce, con los doctores Avendaño y Rodrigo Suárez, no solo el derecho de pasto de los vecinos (después de la cosecha) de la justicia y sabiduría de la ley de Ávila, que prohibía hacer dehesas cerradas. En el mismo sentido, en el siglo XVII, el Dr. Hermosilla, comentador de las leyes de Partida.

Desde mediados del siglo XVI, todos los propietarios rurales pugnaban por eludirla (esta servidumbre). Miguel Caxa de Leruela, el fanático de la Mesta, denunciaba como una de las causas principales de la decadencia de la real cabaña estos usurpados adehesamientos (hechos sin licencia real), ya por movimientos populares, ya por señores que afirmaban haber recibido con la jurisdicción este privilegio y el dominio de las tierras concejiles, ya como arbitrio para satisfacer la contribucion de millones. Por su rabia se ve la dura lucha, en el primer tercio del siglo XVII, entre la propiedad y la ganadería. «Las (dehesas) que tenían los señores en sus lugares y jurisdicciones son las mas sospechosas de usurpacion», dice, Restauracion de la abundancia de España, c. 18 (p. 290). Pide que solo se permitan las dehesas boyales, 3 aranzadas por cada yunta en la marca del municipio; serían las únicas necesarias.

En el siglo XVIII, Manuel Sisternes («Idea de una ley agraria») declara la facultad de cercar consecuencia necesaria de la propiedad.

La cuestión, discutida por extenso en el citado «Expediente sobre fomento de la agricultura y de la ganadería en la provincia de Estremadura». El adversario más violento de la Mesta, Jovellanos, en su «Informe»; demuestra en especial que la prohibición de cercar la propia tierra era el obstáculo más poderoso contra todo progreso de la agricultura.

En 1778, Carlos III concedió «por punto general, á los dueños particulares de tierras y arrendatarios, la facultad de cerrarlas y cercarlas», declaró cerradas las «tierras de olivar ó viña con arbolado y las de huerta con frutales, mientras conservaran estos cultivos, y amplió á veinte años el término de seis señalado en 1748, para conservar cerrados los terrenos en que se criaran árboles silvestres».

Pero, con todo esto, el cerrarse y cercarse tenía que hacerse materialmente, levantando defensas ⦗con excepción de viñas y huertos⦘, cosa costosa y en parte imposible.

El fin definitivo de la cosa lo puso el decreto de las Cortes de 8 de junio de 1813, según el cual toda propiedad privada, como quiera que la explote su dueño a su arbitrio, está cerrada eo ipso ⦗con excepción de las servidumbres de caminos, etc., la caza y la pesca, las cañadas y los abrevaderos⦘; a la vez se reconoce su derecho á disfrutar sus tierras libre y exclusivamente, dándoles el destino que les conviniese.

Capítulo VI. De otras antiguas servidumbres de la propiedad á favor de la ganadería y de la agricultura.

I) Rompimiento de Dehesas.

Junto a la apertura forzosa de las heredades, en favor de la ganadería, todavía una servidumbre más dañina, a saber, la que obligaba perpétuamente á no romper ni cultivar las tierras una vez destinadas al pasto de los ganados. A medida que crecía la población, y con ella el consumo y la seguridad en los campos, se hizo «necesidad de extender el cultivo á los montes y tierras eriales, y se fueron reduciendo las de pasto», en perjuicio de los mesteros. Este fenómeno económico se denunció como desgracia pública y violacion manifiesta del derecho de los ganaderos; tan grande era la influencia de esta poderosa clase que arrancó de D. Carlos (el emperador) y de su madre Juana, en 1552, la resolución de que se volvieran a convertir en pasto todas las dehesas rotas y puestas en cultivo en los 8 o 12 últimos años, según fueran propias para ganado lanar o ganado vacuno. (295) Felipe II ⦗so color de remediar la carestía de carnes, lanas y paños, atribuida falsamente a la escasez de yerbas⦘, como muchos dueños de dehesas cultivadas se negaban a volver a convertirlas en pasto, apoyándose en que su rompimiento se habia verificado en tiempo hábil, ordenó en 1580 que no se rompieran ni labraran las tierras no cultivadas en los 20 años anteriores, ni desde la citada ley de 1552. Felipe IV, todavía más fanático de la ganadería, mandó en 1633 volver a convertir en pasto las tierras puestas en cultivo desde 1590 sin licencia competente; que tales licencias solo se dieran en adelante por utilidad pública, y por el Consejo, con al menos ⅔ de sus votos a favor; que además, como las plantaciones de viña se habían extendido demasiado en perjuicio de la labranza y la cria de ganados, no se hicieran en el futuro sin licencia real, que el Consejo no daría sin particular exámen.

A pesar de todo, la ganadería o los pastos disminuían y subían los precios de la carne y la lana; los tipos de la Mesta lo atribuyeron de nuevo a la conversión de dehesas en cultivo; por eso Fernando VI ordenó en 1748 que no se hicieran rompimientos en dehesas acotadas o pastos comunes; que el Consejo no permitiera verificarlos en las otras tierras «sin urgentisima causa á que no pudiera subvenirse de otro modo»; que las dehesas propias de ciudades ó villas cultivadas sin licencia en los últimos 20 años se volvieran a convertir en pasto; las de dominio eclesiástico ó privado, rompidas con facultad temporal, lo mismo al final del plazo permitido, y, si la facultad dada era perpétua, el Consejo vería si convenía volver a convertir en pasto las adquiridas originariamente sub hac specie [bajo esta especie]. En esta lucha terrible entre la agricultura y la ganadería, la propiedad inmueble y la semoviente, el legislador cedió al fin al influjo poderoso de los ganaderos.

Nuestro Leruela, que denunciaba la subida de los precios como la mayor calamidad y veía que una oveja que 30 años antes valía 1 real o menos costaba ahora 5 reales o más, lo atribuía todo a las muchas licencias dadas para romper dehesas, ya por el Consejo de Cámara, ya por el Consejo de Hacienda, ya por el Consejo de Órdenes; estos rompimientos, dice, no eran en absoluto favorables a la producción, porque las tierras quedaban estragadas (estropeadas, arruinadas) en 3 o 4 años de cultivo; pedía la reducción inmediata á pasto de todas las dehesas del reino, puesto que se habían instituido para la ganadería; invocaba también la salud pública, ley suprema. El libro de Leruela, aunque impreso mucho después, era conocido en los círculos oficiales ya antes de 1633, fecha de las nuevas concesiones de Felipe IV a la ganadería (véase arriba) (p. 297)

D. Pedro González Salcedo (glosador complaciente de las leyes agregadas á la Recopilacion por Felipe IV) aplaudió con entusiasmo la de 1633; invocó la fictio juris de que todos los ganados del reino pertenecían a la real cabaña; los privilegios que se les daban contra la propiedad privada se daban, pues, al rey. (298)

En el siglo XVI (o en el XVII) ya Alfonso de Acevedo (el jurista citado antes) estaba en contra: «Falta el pan», decia, «porque se labran pocas tierras: convendria permitir que uno [ú] ótro año se sembraran los montes, ó se destinara á cultivo alguna parte de ellos, hoy particularmente que todo parece poco para el pasto de los ganados». (In leges Recopil. Comment., lib. 3, t. 1) (p. 298)

Otros juristas (siglo XVII) recordaban que en infinitos pueblos los vecinos tenían por fuero especial el de romper y labrar los terrenos baldios de sus respectivos términos.

En «Estorbos y remedios de la riqueza de Galicia» (Santiago, 1775), D. Francisco Somoza, aunque contra la Mesta, perjudicial al Estado porque sus beneficios solo iban a parar a pocos bolsillos, defiende la posesion inmemorial de los caballeros en los montes de la provincia de Galicia, por voces ó suertes determinadas que se dividian entre las familias y se reivindicaban en los tribunales como las tierras laborables, y solian tambien cultivarse, y combatía el proyecto de repartir estos montes entre los labradores: eran hacienda ajena; con su reparto a los labradores se perjudicaba la cria de ganados, «que eran la principal riqueza del reino, sobre todo en Galicia», y la agricultura ganaría poco con ello, porque a los adquirentes de tales tierras les faltaban los fondos necesarios para emprender desmontes y otras labores costosas. (En Galicia no existían los estragos de la Mesta) Según el mismo autor ([que] vivía él mismo en Galicia), los caballeros dueños de los montes «no privaban á los labradores de cultivarlos». (299)

Más severos en esta materia, los escritores castellanos. Bernardo Ward, ministro de la real junta de comercio y moneda («Proyecto económico de varias providencias dirigidas á promover los intereses de España», Madrid, 1779), contra la ley que prohibia abrir las tierras destinadas á pasto. En el mismo sentido, Manuel Sisternes, «Idea», etc.; Campomanes, en su «informe en el expediente de Estremadura»; por último, Jovellanos. (Los dos primeros son «repartidores», como todos los economistas burgueses ilustrados de entonces: las tierras eriales deben repartirse entre los vecinos de los pueblos, etc.)

Carlos IV, por consecuencia del expediente de Extremadura, declaró de pasto y labor todas las dehesas de la provincia, salvo las que habían sido exclusivamente de pasto desde Felipe II, pero tampoco esto se extendió a las dehesas dadas en arriendo o que disfrutaran sus dueños. Más tarde, al suprimir los alcaldes entregadores de la Mesta, trasfiriendo su jurisdiccion á las justicias ordinarias y moderando algun tanto el exceso de los privilegios pecuarios, encargó a los subdelegados que, en los rompimientos ilegales en terrenos baldios o distantes de las cañadas, cordeles, descansaderos y abrevaderos, se abstuvieran de toda intervención.

Pero esta servidumbre continuaba a comienzos de este siglo; Carlos IV se había limitado a moderar algo el rigor de los procedimientos contra los propietarios que, sin recibir habitualmente la visita de los trashumantes, se hallaban desde hacía tiempo en posesión de cultivar sus tierras. Las Cortes de Cádiz, por el decreto de 8 de junio de 1813, todavía hoy vigente: los propietarios podían hacer lo que quisieran con sus tierras.

II) Posesion privilegiada de los ganaderos de la Mesta en las Tierras de Pasto.

En el Quaderno de las leyes de la Mesta, una ley dice: «Si algunos ganados pacieren en cualquier dehesa ó pastos de invernadero, en paz y no se les fuere contradicho, hasta el primer concejo, ó en el mismo primer concejo que se hiciere en las sierras, ganen la posesion de ella ⦗de estos cuarteles de invierno\invernaderos de las ovejas o del ganado⦘ los dichos ganados en lo que [cada] cabeza hubiere menester y un tercio más». (301, 2) Esta ley monstruosa fue, con toda probabilidad, originariamente una mera ordenanza privada de la Mesta, hecha por los hermanos para su exclusivo provecho; puesta en uso, luego la confirmaron distintos monarcas, en especial en 1525 Carlos I y su madre Juana. Según ella, bastaba ocupar algunos meses un terreno de pasto sin conocimiento de su dueño para que este quedara privado para siempre del derecho de disponer de él a su conveniencia. Según la interpretación de los juristas, confirmada luego por otras leyes, esta ley comprende todas las dehesas, tanto las formadas con real licencia temporal como las que no la tenían, las boyales, las de propios, las de pasto y labor en su totalidad si la mayor parte de ellas se destinaba a pasto, los prados de guadaña (prados de heno, destinados a la siega), los sotos (bosques, boscaje tupido) y los montes. El dueño perdía la posesión en cuanto dejaba pasar un invierno sin deshaucio. Ni siquiera hacía falta la toma de posesión material; según otra ley de la Mesta, el hermano que ponia precio á cualquiera tierra de pasto ganaba su posesion desde el momento en que era aceptado; esta posesión duraba tanto como el ganado en cuyo provecho se había adquirido, aunque cambiara de dueño. Si estos ganados se sucedían unos á otros, esta servidumbre no tenia tiempo limitado, y así las había ya de más de 300 años cuando escribía Leruela. Los hermanos de la Mesta podían enajenar este derecho, aunque solo con sus rebaños, no sin ellos. (Felipe III, 1609) Los ganaderos que no pertenecían a la hermandad —y eran la mayoría— no participaban de este derecho. Felipe II, en 1566, prohibió a los ganaderos ribereños arrendar los pastos que los de la Mesta tenían en posesión. Felipe IV, en 1633, dispone que en los arrendamientos de dehesas los ganaderos no perdieran su posesión privilegiada, que nadie pujara las dehesas en que los hermanos de la Mesta disfrutaran este privilegio y que no se consideraran como tales los ganaderos riberiegos, para el efecto de ganar posesion en dehesas y pastos, ni aún contra otros ganaderos de su clase.

Como esta posesión privilegiada se extendía a los pastos que cada ganadero necesitaba para su cabaña y un tercio más, a nadie se le permitía obtener por otros titulos la posesion ni el dominio de los mismos pastos. Prohibido todo tráfico y reventa de yerbas. Los Reyes Católicos prohibieron en 1503 a los que no tenían ganados comprar yerbas para arrendarlas ó revenderlas, y a los que los tenían solo les permitieron comprar las que necesitara su cabaña y un tercio más. Los mismos monarcas, en 1507, prohibieron a los labradores arrendar más tierras de las que podían cultivar por sí; esta prohibición se extendió en 1515 a los que tomaban tierras á censo para revenderlas o subarrendarlas.

El privilegio habría sido nulo si el dueño de las dehesas de pasto hubiera conservado la libertad de fijar el precio de las yerbas; de ahí un nuevo privilegio; Felipe II ordenó en 1585 que, si el ganadero y el dueño de la dehesa no se ponían de acuerdo sobre el precio del arrendamiento, nombrarían dos peritos que lo tasaran, y que los interesados pasaran por su aprecio. Felipe IV ordena en 1633 que se reconocieran, apearan y tasaran todas las dehesas del reino por las justicias respectivas y dos comisarios, de los que uno lo nombraba el Concejo de la Mesta, á fin de fijar el número de cabezas de cada una, haciéndose inventario de todas para que no pudieran aumentar el precio del arrendamientos, exagerando la cabida de sus tierras, ni ocultar los rompimientos ilicitos verificados en ellas.

No sirvió de nada; con la tasa y las prohibiciones subían los precios de las yerbas; Carlos II, en 1680, ordenó, a petición de los ganaderos, que los dueños de dehesas redujeran sus rentas á las que devengaban en 1633; Felipe V, en 1702, ordenó que los arrendamientos futuros de las dehesas se hicieran a los precios de 1692; un auto del Consejo de 1706 prohibió obligar a los ganaderos a pagar por adelantado las rentas de las tierras y mandó restituirles las antiguas posesiones de pastos de que los habían privado los dueños, y que estos cobraran los precios de 1692 y, mientras que tal prueba se hiciese, los últimos precios cobrados, rebajados en ⅓.

El privilegio de posesion y la tasa de los pastos, válidos solo en Castilla. En Aragón no regían las ordenanzas de la Mesta, aunque Albarracín, en 1693, obtuvo para sus ganaderos los privilegios de Castilla.

Para Leruela … «el principal destino de la tierra era pagar tributo á la ganadería» (305) (encontraba también en orden que nadie pudiera pujar sobre el precio ofrecido una vez por los pastos por los hermanos de la Mesta). Igualmente adulador, el jurista Pedro González Salcedo, que más que comentar adulaba las leyes añadidas á la Recopilacion en su tiempo, alababa también el monopolio de los pastos de la pragmática de 1633. Confesaba «que, como regla general, no se debía privar al dueño de la facultad de arrendar sus tierras como quisiera», pero añade «que esto había de entenderse sin perjuicio de la utilidad pública, y esta consiste en no dejar en libertad á los dueños de dehesas de arrendarlas ó no á los ganaderos». (305)

Pero en los expedientes de Extremadura y de ley agraria se expuso no solo la injusticia, sino también el perjuicio de tal servidumbre para la causa pública, que se había invocado como único fundamento para sostenerla. El diputado de Extremadura dijo en la representación que dio origen al expediente que a comienzos del siglo XVI la Mesta no poseía ¼ de las tierras que disfrutaba en 1764; que, terminada la guerra de Sucesión, [la provincia] había sido invadida de arriba abajo por los mesteños, que en Badajoz no habían dejado más tierra de labor que un breve espacio sobre la raya de Portugal; que muchos pueblos pedian y obtenían como privilegio el disfrute de una parte de sus propias yerbas, y que los hermanos de la Mesta ganaban posesion en las dehesas de pura labor, a pesar de las leyes que lo prohibían, y luego se hacian amparar, sin audiencia del dueño, en los tales cuales pastos que habia en ellas, señalando al colono la parte que habia de cultivar; pero como la labor exige ganados, y los ganados pastos, tal señalamiento era inútil, y la mayoría prefería dejar el todo a los ganaderos. (305, 6)

Según informes consignados en el mismo expediente, los trashumantes se prevalian de sus privilegios para monopolizar los pastos á precio tasado y revender despues mas caro el fruto. (306)

El fiscal D. José Moñino, informando en el mismo expediente, pintó con viveza los estragos del privilegio de posesion, atribuyendo á él en gran parte el mal estado de la provincia de Extremadura. Mostró la extensión del monopolio de los pastos adquirido (en esta provincia) por los trashumantes: les bastaba hacer una oferta en la subasta para ganar la posesión; era muy grande el número de las dehesas que había que sacar a licitación pública, porque estaban en posesión de Propios, iglesias o corporaciones; y si los propietarios privados se negaban, los ganaderos pedían la posesión ante el Concejo de la Mesta, lo que bastaba para adquirirla. El mal estaba en «haberse hecho ganaderos los grandes propietarios, las iglesias y los monasterios». Dijo que las leyes de la Mesta solo obligaban a los hermanos, y que las leyes sobre la posesión privilegiada solo [obligaban] también a los dueños de dehesas que pertenecían a esta hermandad.

Entre otras propuestas del fiscal Moñino en el «Expediente»: «que se prohibiera subarrendar las tierras por más precio que el de su arrendamiento; que se prorogaran indefinidamente los contratos de esta especie, mientras que los dueños no abonaran las mejoras que los colonos hubieran hecho en sus fincas; que se concediera derecho de tanteo á los arrendatarios antiguos, y á los labradores vecinos, sobre los extraños y sobre los vecinos que no fueran labradores», etc. (307)

La mayoría de los que intervienen en el expediente de ley agraria oponen monopolio a monopolio, pero en interés de los labradores, hasta que Jovellanos (el Sabio) predica el verdadero libre cambio\competencia. ⦗En él sale a relucir por qué los hermanos querían fijar tan bajos los precios de las yerbas: con la enorme subida de los precios de la lana, tanto más ganaban.⦘ Nada se hizo en esto bajo Carlos III y IV, hasta el decreto de las Cortes de 8 de junio de 1813; declara por primera vez que ninguna persona ni corporación podía alegar preferencia sobre otras en los nuevos arrendamientos; que estos se estipulaban libremente por precio de contrato, no por precio de tasación (salvo en los casos legales, como remedio de la lesión), y que tampoco los colonos podrian alegar posesion para continuar en sus arrendamientos contra la voluntad de sus dueños, cualquiera que hubiera sido la duración del contrato. Así, dice nuestro autor, la propiedad recuperó su derecho.

III) Limitaciones del dominio á favor de la agricultura.

Alfonso X, en el Fuero Real, no permitía a los dueños de tierras echar a los colonos con contrato pendiente, salvo si no habían pagado la renta en 2 años, siguiendo en esto, como en otros puntos, las leyes romanas (Dig. l. 54, Loc. et conduct.). En cuanto al arrendamiento estipulado por años, el dueño debía prolongarlo indefinidamente, salvo si el colono maltrataba la finca. Introdujo además en las Partidas (según el derecho romano) la distinción entre el sucesor universal y el singular del dueño, para obligarle en el primer caso, no en el segundo, á pasar por el arrendamiento que otorgara su causante; prohibió dar predios en arrendamiento a oficiales de la córte del rey y a clérigos. Los ganaderos habían exigido en 1585, 1633, 1680, 1702 tasar y reducir las rentas de las tierras de pasto con el pretexto de favorecer la crianza de ganados. ¿No tenía que hacerse al fin algo parecido también por el agricultor?

En efecto, un auto del Consejo de 1708 sometió igualmente a tasa las rentas de las tierras de labor. Pero (como esta vez era en provecho de los labradores) no duró mucho. Abolido en 1754; como razón, la desigual condicion en que se ponía al propietario y al colono, sujetando á tasa las rentas y dejando libre la contratacion de los frutos.

En 1763, los sexmeros (o sesmero, el que administra la división territorial llamada sesma o sesmo) de la tierra de Salamanca obtuvieron del Consejo una real provisión para que los dueños de heredades no deshauciaran á sus colonos ni subieran la renta á ningun labrador, y que los deshauciados fueran restituidos como pagaran las rentas que tasaran los peritos. Una declaración parecida obtuvieron del Consejo en 1766 los vecinos de la misma tierra, concediéndoles preferencia sobre los forasteros en el arrendamiento y venta de las heredades del termino. En 1768, el Consejo extendió el privilegio de los sexmeros de Salamanca a Ciudad-Rodrigo, Toro y Zamora; pero hubo tantas reclamaciones (según Sisternes) que a los 2 años se abolió, y solo quedó vigente para los arrendamientos todavía no vencidos, salvo donde el uso local era contrario, como en la tierra de Segovia, donde los hijos sucedían a los padres en el arriendo de sus heredades.

Una real cédula de 1785 prohibió a los dueños de tierra hacer innovaciones en los arriendos en curso, cambiar sus precios, e incluso ejecutar nuevos pactos concertados antes con ese fin; les mandó acudir á las justicias en cuanto á los arrendamientos terminados, para que los peritos regularan las rentas que en adelante pagarían los colonos, y declaró a los propietarios incapaces de quitar a los colonos sus tierras con el pretexto de querer cultivarlas ellos mismos si no eran ellos mismos labradores con el ganado correspondiente y vecinos del pueblo. En 1785 se acababa de establecer la nueva contribución de frutos civiles —6 % de las rentas de las tierras, fincas y derechos reales arrendados, y 4 % de las casas alquiladas—, que habían de pagar los propietarios. Se temía que estos intentaran echar el nuevo impuesto sobre los colonos aumentando la renta, en perjuicio de la agricultura; de ahí la prórroga forzosa y la tasa del precio de las nuevas rentas.

Al mismo tiempo, lucha entre la escuela y el círculo de ideas viejos y nuevos. Se muestra en el expediente de ley agraria, mandado instruir en 1766 para averiguar providencias que curaran los daños de la agricultura y fomentaran la riqueza. [Se] oyó a muchos funcionarios públicos, corporaciones y particulares; la mayoría buscaba remedio en nuevas restricciones y cortapisas del derecho de propiedad. La ciudad de Sevilla pide la tasa de los arriendos de tierras y de la extensión que cada labrador había de trabajar; distintos vecinos de Medinasidonia, la justa estimación de las rentas de todas las tierras por peritos, en dinero y no en grano; los diputados y síndicos de Jerez de la Frontera, la prohibición de los subarriendos de tierras, que nadie tomara en arriendo más de lo que pudiera trabajar por sí mismo y necesitara para sí, ó bien fijando á todas su justo precio, lo que el Consejo ya había concedido a distintas comarcas. ⦗El Consejo proveyó en 1768 que en el distrito de Jerez nadie arrendara más tierras de las necesarias para su propia labranza, ni subarrendara lo arrendado; que el subarrendatario fuera tratado como arrendatario y pagara directamente al dueño la renta que este había estipulado con los primeros colonos; y que los vecinos fueran preferidos por el tanto a los forasteros en todos los arrendamientos de tierras.⦘ Los síndicos de tierra del pan y vino y Sayago de Zamora reclamaron contra la costumbre de aquella tierra de que el dueño de heredad ó casa pudiera en cualquier momento admitir una puja del cuarto de la renta y —antes del vencimiento del contrato— deshauciar, echar, al colono o inquilino; pedían además la tasa por justiprecio. ⦗El Consejo, en 1752, abolió aquella costumbre injusta⦘ Los colonos de la provincia de Salamanca que tenían en arriendo tierras del cabildo y de otros dueños desde hacía 130 años se quejaban de haber sido deshauciados por no aceptar una subida de la renta; querían pagar la renta si la tasaban peritos nombrados por ambas partes. El corregidor y alcalde mayor de Salamanca: en los arriendos vacantes por muerte de los colonos debían sucederles sus herederos, en general debía preferirse a los vecinos sobre los forasteros, y nadie debía arrendar más tierra que la que necesitara. El síndico y el alcalde de Santa Fe y el corregidor de Granada pidieron y obtuvieron del Consejo en 1766 el derecho de tanteo para los vecinos de aquella villa en los arriendos y ventas de las tierras de su término. El intendente de Burgos propuso la tasa de la tierra y de los jornales. El procurador general del reino, por la tasa de las tierras labrantías, tal como estaba establecida para las dehesas de los ganaderos. El intendente de Ávila: obligar a los dueños a la reducción de las rentas de sus tierras a lo que habían sido a comienzos del siglo, y prohibir a los dueños de montes echar a los arrendatarios o subir las rentas. Igualmente, con aprobación del procurador general del reino, los sexmeros de Salamanca, Ciudad-Rodrigo y Ledesma pidieron que se extendiera a los labradores el privilegio de posesión de los ganaderos. La ciudad de Sevilla defendió la reducción forzosa de las rentas a lo que eran en 1750, el justiprecio de las [tierras] todavía no arrendadas entonces, el señalamiento de un máximo de fanegas de tierra que ninguna labranza debía exceder, la prohibición de deshauciar al colono salvo si no pagaba la renta o si el dueño quería trabajar él mismo su finca, y el derecho de la viuda y los herederos del colono a suceder en el arriendo de su causante sin subida del precio. El procurador síndico de la misma ciudad pidió igualmente la tasa de la renta en frutos, que debía ser = 1/9 del producto, y conceder a los vecinos el derecho de tanteo en los arriendos de tierras dentro de su marca. Algunos informantes pedían la supresión de los subarriendos; otros, que el labrador solo pudiera tomar en arriendo lo que pudiera trabajar por sí mismo y ⅓ más; otros, que se estableciera un máximo de lo que cada uno habia de cultivar; la mayoría pedían el privilegio de posesión, con la tasa, si no había acuerdo amistoso sobre el precio entre el dueño y el colono. (312-14)

El expediente tenía también por objeto «establecer la justa proporcion de la renta»; unos decían que debía ser = 5 % del capital invertido; otros, 2 fanegas por cada 9 producidas; otros, ⅛, 1/9 o 1/10 del producto, o más o menos según la duración del arriendo; otros, ¼ de los frutos que señalaria el Consejo. (314)

Incluso los individuos y corporaciones de ideas económicas más avanzadas, y que demostraron querer aplicarlas a las cuestiones pendientes, se olvidaron de sí mismos y cedieron á preocupaciones contrarias, que llevaban a la violación del derecho de propiedad. La Audiencia de Sevilla, que combatió con razones excelentes la tasa de las tierras y el señalamiento de un máximo, propuso al final prohibir a los dueños despedir á los colonos, salvo si querían cultivar ellos mismos o en caso de falta de pago de la renta. La Junta general de comercio, contraria a la tasa y al tanteo y defensora de la libertad del tráfico, terminó pidiendo que se concediera a los labradores\colonos el privilegio de posesión que tenían los ganaderos, con tasación de precio en el mismo caso. El intendente de Sevilla y el Sr. Bruna, decano de la Audiencia de la misma ciudad, que, como el primero, condenaba la tasa, los monopolios y la prohibición del subarriendo, terminaron, sin embargo, pidiendo el privilegio de posesión; el primero, además, el pago en frutos de las rentas de la tierra por una cuota que fijara el Consejo. (314, 15)

⦗Cárdenas llama a todo esto propuestas «reaccionarias» y se asombra de que aparecieran precisamente bajo el gobierno de Carlos III, cuando las ideas económicas ilustradas del siglo XVIII se abrían paso con estrépito y actuaban incluso sobre el gobierno. Olvida que él combate todavía hoy las ideas «individualistas», a favor de los mayorazgos, etc. Pero lo principal: los colonos, labradores, arrendatarios, etc., no eran (con excepción de los de su clase que se habían convertido en propietarios alodiales) más que vasallos feudales transformados, sobre los que pesaban casi todas las cargas. Al ajustar cuentas con el antiguo estado de cosas habría sido necesario, por tanto, convertirlos en propietarios en la mayor medida posible o —como en aquellas propuestas— no olvidar que no se les podía tratar como meros arrendatarios en el sentido moderno de la palabra, de modo que la transformación de las relaciones feudales en burguesas solo beneficiara a los antiguos explotadores feudales, los dueños. Las medidas eran reaccionarias porque no se podía proceder revolucionariamente en las circunstancias dadas, pero se quería ser equitativo; por eso se recurrió a propuestas de socialismo de cátedra; en realidad se quería indemnizar a los colonos del nuevo período en la forma de privilegios, etc., del período pasado. El señor Cárdenas grita cuando los privilegios más infames de los dueños se abolen sin la debida indemnización; para él, el explotador —y tanto más cuanto más haya durado la explotación— tiene que recibir indemnización para recuperar en una forma lo que ha perdido en la otra. En cambio, a los explotados no se les puede indemnizar nunca; si no: violación del sagrado derecho de propiedad. La nueva forma tiene que estar «santificada» frente a ellos en toda su pureza, como nueva forma de explotación.

Por lo demás, es una verdadera farsa que Cárdenas presente los privilegios de la Mesta bajo la misma rúbrica que las relaciones de los colonos tratadas aquí, como medidas de protección, una vez de la cría de ovejas y de ganado, otra de la agricultura, después de haber hablado él mismo de los «señores y clérigos» disfrazados de pastores y vaqueros, cuyos privilegios iban dirigidos contra los criadores de ovejas y de ganado (los de fuera de la hermandad) tanto como contra la agricultura.⦘

Solo Jovellanos fue el único informante que se mantuvo ortodoxo, libre de toda simpatía por los colonos, vecinos, etc.; apoyado en el gran principio «que ningun precio es injusto, siempre que se fije por libre avenencia de partes» (¡y esto, encima, subsistiendo las cargas sobre los colonos y los privilegios de la Mesta!) (p. 315), se remite «sobre los elementos naturales que lo (el precio) regulan en el commercio». (l. c.) Rechazó también la «prórroga forzosa de los arriendos … si eran favorables a la agricultura, inferian agravio á la propiedad, y la judicia se debe á todos». (315) Contra tanteos, preferencias, prohibición de los subarriendos; todo ello, contra la libertad del cultivo. «No hallaba justicia donde no viera esta libertad, que era á sus ojos el primero y único objeto de la proteccion de las leyes, y con la cual son incompatibles los privilegios que la derogan y toda proteccion parcial y exclusiva.» (316. Jovellanos, importante como ejemplo de la economía política, de su virtud puesta en acción.)

«Jovellanos», exclama Cárdenas entusiasmado, «fué el único de los informantes que no consintió sacrificar ningun derecho de la propiedad á los intereses de la agricultura» (aquí se le olvida mencionar los derechos e intereses de los agricultores, señor Cárdenas) (316)

En el expediente de Extremadura, muchas propuestas lesivas para la propiedad. ⦗lo citado antes, en el expediente de la ley agraria⦘ El diputado de la provincia pidió para los colonos el derecho de tanteo al vencer sus arriendos; el corregidor de Cáceres: los dueños de tierras que no las aprovecharan ellos mismos tendrían que arrendarlas en subasta pública judicial, admitiendo pujas hasta la ½ o más del justo precio y con preferencia, primero, del vecino, labrador ó ganadero; en 2.ª instancia, del pobre ganadero o labrador de las sierras; por último, al mejor postor (el que más ofrezca), sin limitación, pero en ese caso por un arriendo de 5 años como máximo; Campomanes quería limitar para los poderosos la extensión de las tierras públicas que pudieran tomar en arriendo, porque «dañaba mas la desigualdad de las labranzas, que la de los dominios»; Manuel Sisternes (aunque en su «Idea de una ley agraria» quería intactos los derechos del dueño en los contratos prediales y rechazaba toda limitación de la libertad de arrendar) pidió para el colono el derecho de tanteo al vencer el contrato, e incluso la tasa de la renta (¡horror!) (p. 317)

Solo las Cortes de Cádiz, por el decreto de 1813, abolieron las viejas leyes que aquí y allá favorecían a los colonos contra los derechos inviolables de la clase de «propiedad» que (en tiempos de esas leyes) ni siquiera existía todavía. Con ello desaparecieron las tasaciones forzosas, las preferencias y tanteos y la posesión continuada de los arrendatarios terminado el tiempo del arriendo. (317) (Solo si el dueño permite al colono continuar en la finca después de vencido el contrato de arriendo, este se tiene por prorrogado al menos por 1 año o el tiempo de una cosecha; el propietario que arrienda sin señalar tiempo determinado no puede echar al colono sin dejarle tiempo para recoger la cosecha en curso)

Capítulo VII. Servidumbres en interés de las subsistencias y abastos públicos.

I) De la Tasa del precio de los Granos.

Fray Tomás Mercado, «Suma de tratos y contratos» (Sevilla, 1587), dice: el Estado (la república) tiene que procurar que se venda lo más barato posible, porque tiene que fomentar la utilidad de los vecinos; por eso tiene autoridad para «apreciar todas las cosas que sirven á la vida humana, las quales de suyo no lo tienen (a saber, precio), ó si lo tienen no es justo ni conviene que se siga lo que ellas de suyo valen, sino lo que pueden servir y aprovechar al hombre». Quien pudo elegir los metales que han de regular el precio de todas las cosas, dice, puede igualmente fijar las condiciones de los contratos. (p. 318)

Alfonso el Sabio tasó primero los granos en algunos lugares de Castilla; pero, según las crónicas, se revocó pronto, porque produjo tan gran escasez de víveres en el ejército, cuando este sitiaba Niebla y conquistaba el Algarbe, que estuvo a punto de abandonar la empresa.

Alfonso XI estableció en todos sus dominios una tasa del grano: 9 maravedís por fanega de trigo, 5 la de cebada; pero la consecuencia (?) fue hambre y peste. Enrique II, a petición de las Cortes de Toro, 1371, subió el precio del trigo a 15 maravedís y a 10 el de la cebada. Pero al mismo tiempo el mismo alzó la ley de la moneda tanto como antes la había bajado; así se neutralizó el efecto de las nuevas tarifas.

Subida muy rápida de los precios bajo el reinado de los Reyes Católicos, en parte por la extensión de la monarquía en el interior, en parte por la adquisición del Nuevo Mundo. En 1502 tasaron de nuevo el precio del pan por 10 años; hubo que reformar enseguida esta ley, tal era la rapidez con que entonces disminuía el valor del numerario; en 1503, 2 pragmáticas de los mismos reyes; por una se ordena vender el trigo á precios razonables, dentro de cierto máximo; la otra, nueva tasa para el pan y la harina. Se la burló con medios ingeniosos; p. ej., el trigo solo se vendía al precio oficial si a la vez se compraba aceite, vino u otros artículos libres por más de su justo valor, o la diferencia entre el precio verdadero y el tasado se compensaba con regalos a la mujer o los hijos del vendedor.

Cuantos más fraudes se cometían para eludir las tarifas, más pragmáticas contra ellos, con todas las precauciones posibles para prevenir a la vez las funestas consecuencias de estas mismas leyes; p. ej., se prohibió vender el trigo a plazo (revocado en 1523 por Carlos I y su madre Juana, pero estipulando el precio del grano al que tuviera 15 días antes o después del 8 de septiembre). Felipe II mandó en 1558 vender el pan solo «á justos y moderados precios», en las ventas al contado como a plazo: 310 maravedís por el trigo y 200 por la cebada, el triple de los precios máximos establecidos en 1502. Por esta nueva pragmática se ve que los mismos fraudes y trampas continuaban; el valor de cambio de todas las cosas subió enormemente en aquella época; así, Felipe II y sus sucesores modificaban sin cesar las tarifas legales, subiéndolas por un lado y redoblando por otro las medidas contra la evasión. Así Felipe II en 1566 (sube el precio de la cebada a 187 maravedís), 1568 (prohíbe vender pan a los que no fueran panaderos de oficio), 1571 (sube la tasa del trigo a 11 rs.), 1582 (sube la tasa del trigo a 14 rs. y la de la cebada a 6, agrava las penas contra los contraventores, condena los fraudes para eludir la tasa, a saber, mezclar grano malo con bueno, mojarlo, venderlo de noche para ocultar la mala medicion y otros abusos) y 1591 (restablecida la pragmática de 1568, después de revocada). En los años abundantes, los cereales se vendían por debajo de la tasa; en los estériles, nada servía para mantenerlos dentro de ella o para atraerlos a los mercados, donde no se podían vender a su justo precio. En vano la pragmática de 1568 permitía vender el trigo de fuera con un recargo proporcionado á la distancia recorrida; más bien destruía la competencia entre la producción local y la de otras comarcas. En vano subió Felipe II, en 1600, la tasa del trigo de 14 a 18 rs. y la de la cebada de 6 a 9; Felipe IV, en 1632, prohibió vender estas semillas al fiado pagando el precio más alto que tuvieran entonces, y en su lugar [mandó pagar] el medio entre este y el más bajo en 4 mercados consecutivos; en vano Carlos II, en 1699, aumentó el trigo a 28 rs. y la cebada a 13; en vano se dictaron providencias semejantes en la primera mitad del siglo XVIII; ninguna produjo abundancia en medio de la escasez, ni baratura en lugar de carestía. La legislación correspondía a las opiniones de entonces.

El jurista Luis Mexía (citado antes), «Laconismus seu chilonium pro pragmatica qua panis pretium taxatur», Sevilla, 1569, defiende la tasa del pan. El citado fray Tomás Mercado (Suma de tratos, etc., lib. 2, 6.7) ensalza la pragmática de 1558; solo que habría que modificar las tasas con más frecuencia según las circunstancias; según él, la pragmática de 1558 «obligaba en conciencia, aunque el costo del pan excediera á la tasa» (p. 321)

D. Melchor de Soria, obispo de Troya, publicó en 1627 un «Tratado de la tasa del pan»: no era, como decían los adversarios, la causa de la esterilidad presente ni de la pobreza de los labradores; estos podían así, en años escasos, comprar barata la simiente para los años siguientes; a los ricos se les impedía así, monopolizando el trigo, venderlo caro y encarecer con ello todas las cosas comerciables (L. 3, c. 2 y 6). Ve en el trigo el regulador de todos los precios; tasado el pan, todas las demás tasas serían superfluas. (321) Pero la tasa del trigo tenía que ser fija y no variable según la abundancia de las cosechas, ni regularse por el precio común entre los vendedores, ni, como querían otros, por la autoridad local, sino de una vez para siempre por el rey. (Cap. 5, 6, 7, libro primero) (pp. 321, 22) El famoso jurista Jerónimo de Ceballos confiesa que el escrito de Soria le ha convencido. (322) Lo que más le había determinado era el considerando de que «las leyes positivas, para que tengan justificacion, han de mirar al bien público de los pobres, que son más en número que los ricos, y á la utilidad de los compradores, que son más que los vendedores» (l. c.)

Luis de Molina (De just. et jure, disp. 364 y 365), contra la tasa como sistema permanente, por la libertad de los precios; pero, apoyándose en una consulta del Consejo de la que resultaba que en Portugal, en un año estéril, los poderosos habían acaparado 9/10 de la cosecha, no está en contra de la tasa parcial en caso de temerse una carestía mayor. (l. c.)

Felipe II, al fijar los precios del grano en 1558, declaró libres de tasa los cereales de Asturias, Galicia, Vizcaya y Guipúzcoa y los puertos de mar de Andalucía y Murcia, porque eran de acarreo, y todos los que viniesen por mar; permitió a los labradores, en 1590, vender el pan que fabricaran de sus propias cosechas, utilizando doble ganancia por su doble industria (esta pragmática, abolida de nuevo ya en 1591). Felipe III, en 1619, concedió a los labradores, entre otros privilegios, el de vender el trigo de sus cosechas sin sujecion á la tasa, y el pan cocido, registrándolo antes ante la justicia para que no vendieran más de lo que ellos mismos hubieran cosechado. Por reclamaciones de muchas partes (en parte porque así había 2 precios para los cereales, en parte porque ahora todas las tierras se arrendarían por dinero, para que los labradores vendieran todo el trigo sin tasa), este privilegio se revocó en 1628; hasta que las Cortes, en 1632, consiguieron su restablecimiento, y Felipe [IV] permitió de nuevo a los labradores vender su trigo y semillas «al precio que quisieren y pudieren». (322, 23)

En 1608, las Cortes hacen a Felipe III representaciones sobre el daño que la tasa causaba al país. También la pragmática de 1619 (citada hace un momento) y su restablecimiento en 1632 se debieron a las Cortes.

Ya en el siglo XVI, la tasa fue atacada como injusta por el famoso jurista y escritor D. Martín de Azpilcueta (no así por su discípulo Luis Mexía). En el mismo sentido, López Deza, en «Gobierno de la Agricultura» (1618): contra la tasa; si «no cubre los costes del producto, pierde el vendedor, y si los excede, el comprador»; producía adulteración o merma (pérdida; i. e. se daba menor cantidad) de los granos. El Consejo, en su famosa consulta de 1619, verdadera recapitulación de todos los agravios del reino, presenta la tasa como uno de ellos. Así Pedro Fernández Navarrete, glosando esta consulta, donde pinta con la mayor viveza la decadencia de la población y la riqueza de España. El Consejo, al tasar el trigo en 1699, antes de publicar la tasa general, hace a Carlos II representaciones contra la tasa del pan: el mal era preferible a tales remedios, dice: «No han encaredo el pan los labradores, sino los ministros … A ménos de la mitad de los precios hubiera vendido el trigo la más solicita industria». Admitió que todas estas medidas eran por condescendencia con el clamor vulgar. (334) Esto explica por qué en los siglos XVII y XVIII se dieron pragmáticas en sentido contrario.

II) Otras restricciones del Comercio de Granos.

Si los precios tasados eran insuficientes, los labradores se negaban a vender sus cosechas; si se les obligaba, las escondían; así aumentaba la penuria y subia el precio clandestino de las subsistencias. Por eso ya los romanos nombraban funcionarios —compulsores— que registraban los graneros y las troxes (granero para guardar el grano) y obligaban a sus dueños a vender todo el grano que no fuera necesario para cubrir sus propias necesidades. Lo mismo hizo Felipe II en su pragmática de tasa de 1558 (corregidores y justicias en lugar de los compulsores; también registro, etc.); ley parecida suya de 1571 (las justicias debían tomar de los dueños de granos ó harinas todo lo necesario para el consumo público, dejándoles lo preciso para el suyo). Felipe IV y Carlos II lo repiten (hizo hacer visitas domiciliarias) (para el registro prévio de las cosechas). Juan I, en las Cortes de Bribiesca, 1387, prohíbe en la córte, y en un radio de 5 leguas, a los regatones de pan, legumbres, carnes, pescados y otras viandas ejercer su negocio; modificado por Enrique III; Enrique IV, en 1462, renueva la prohibición de comprar para revenderlas las provisiones para la corte; Carlos I (1530) la renueva en cuanto á los cereales; algo parecido Felipe IV, etc.

Las ordenanzas municipales que prohibían sacar pan y viandas de muchos lugares, abolidas por Enrique II. Carlos I, en 1528, tuvo que otorgar preferencia y tanteo á las alhóndigas (lonjas)(almacenes) y comunes que concurrieran con particulares á la compra anticipada de los granos; en 1548 autoriza a los pueblos á tomar para su abasto (aprovisionamiento) á los arrendadores de cereales la mitad del trigo, cebada, centeno y avena que recogieran, por el precio de coste. El Consejo dictó un auto en 1699 en el que se mandaba que no se impidiera á los forasteros comprar trigo con el pretexto de no estar abastecido el pueblo, y que sin licencia expresa del Consejo no se procediera á tantear el comprado.

Miguel Zavala, en su «Representacion á Felipe V para aumento del real Erario» (impresa), muestra que el registro de granos ordenado daba lugar a ocultaciones y a una declaración falsa de la cosecha, muy inferior a la real, y que en virtud de ello se proclamaba una tasa demasiado alta. La Junta general de comercio y moneda combate la tasa de los granos y las leyes que prohibían comprar grano para revenderlo: eran contrarias a la libertad del comercio; lo mismo las leyes que prohibían la exportación cuando los granos estaban por encima de cierto precio.

En 1762 se instruye un expediente en el Consejo para autorizar el comercio de granos y el establecimiento de depósitos de algunos de ellos y la abolición de la tasa. Se oye a los fiscales; Campomanes presentó un informe digno de él, contra la tasa: había que liberar el comercio interior y exterior de grano. Carlos III abolió entonces la tasa, permitió en 1765 el libre comercio de granos en el interior y prohibió todo monopolio; autorizó a los comerciantes de grano, con la condición de que sus almacenes fueran públicos y socorrieran a los pueblos de la comarca cuando fuera necesario dándoles su grano á los precios corrientes; permitió la exportación cuando el precio bajaba hasta cierto punto, y la importación cuando subía por encima de cierto punto. Después, bajo el mismo monarca, de nuevo retrocesos parciales. (1769, suspendida la exportación de grano) Carlos IV abolió en 1799 la pragmática de 1765 en cuanto permitía la especulación y renovó la antigua prohibición de atravesar (acaparar) granos antes de su llegada al mercado y revenderlos; en 1802, el Consejo declaró a los cosecheros y dueños de trigo obligados á vender para el abasto público, a los precios corrientes, el grano que les sobrase á ellos.

Las Cortes de Cádiz, el 8 de junio de 1813, ponen fin también aquí (para el comercio interior de grano) a todo esto.

Capítulo VIII. De los censos enfitéuticos y los foros.

I) De los censos enfitéuticos.

Uno de los «modos más naturales» de utilizar la tierra es dividir su dominio; de ahí que la enfiteusis sea muy antigua. Pero solo puede empezar en cuanto «la tierra tuvo por sí misma un valor», como «mero instrumento de producción, e independientemente de sus frutos espontáneos y de todo el trabajo aplicado y por aplicar a ella» (!) (329)

Mientras haya tierras yermas disponibles para el primer ocupante que quiera romperlas y cultivarlas, nadie tomará tierras ajenas en enfiteusis con sus onerosas condiciones de contrato. Pero en cuanto empiezan a faltar tierras, al menos á distancia proporcionada de las poblaciones, los dueños de vastos terrenos no alejados de ellas podían utilizarlos dándolos á colonos que obtuvieran un beneficio por encima de la remuneración de su trabajo y del interés del capital invertido. «No pagar nada ó pagar algo por el uso de la tierra, equivale á haber tierras gratuitas ó no haberlas, sino en condiciones que hagan su cultivo más costoso que el de las que puedan obtenerse por precio.» (329) Así nace (!) la renta del suelo. (l. c.)

Mientras había tierras vacantes en abundancia e igualmente muchos eriales en poder de unos pocos grandes propietarios que no podían explotarlos ellos mismos, los daban para el cultivo a colonos que trabajaban para ellos, gratuitamente o solo con las habituales obligaciones de obediencia y vasallaje personal que tales colonos contraían ya por su nacimiento. De ahí dos clases impropias de enfiteusis: las casi gratuitas, en que el propietario solo [se reservaba] la fádiga (derecho de tanteo del dueño cuando el colono vendía el bien que se le había asignado) y el laudemio (derecho pagado al señor directo en la sucesión); y las gratuitas, en que el colono solo estaba obligado á la fádiga y al reconocimiento del dominio directo.

En cuanto existe una vez la población del lugar, menos tierras cultivables y mayor competencia entre los colonos por ellas, se hizo posible exigir una renta, no como remuneración por un valor adquirido, sino como agasajo y reconocimiento de un derecho ajeno reservado; entonces, enfiteusis propiamente dicha, perpetua o temporal, con un cánon ligero y las demás cargas de este contrato.

En cuanto disminuyen las tierras vacantes y se solicitan los eriales del propietario privado capaces de dar fruto enseguida, nace el censo reservativo de pension correspondiente al valor de la tierra, o bien se prefiere la forma más perfecta, el contrato de arriendo. (330. Toda esta historia —Cárdenas no lo nota— contradice por completo los hechos reales de la historia de la propiedad territorial española, que él escribe en eo ipso libro [en ese mismo libro].)

Los romanos, desde tiempos antiguos, reparten las tierras conquistadas entre soldados y plebeyos, llamadas vectigales y enfitéuticas. El uso se extendió cuando fue necesario asignar sus tierras eriales. Durante mucho tiempo este contrato fue inominado; los juristas discutían sobre su calidad, unos lo llamaban venta, otros arriendo; por último Zenón (474) le dio legalmente el nombre griego de emphiteusis (literalmente, inserción o plantación); lo sometió a las convenciones privadas, pero, en su defecto, a ciertas reglas que obligaban a los contratantes. Entonces la enfiteusis estaba en su 2.º estadio, para fomentar la roturación y el cultivo de las tierras eriales, de las que había todavía entonces una gran masa en el imperio de Oriente.

Las leyes de Partida reprodujeron la [enfiteusis] de los romanos; pero la enfiteusis existió en Castilla mucho antes del código alfonsino. La verdadera enfiteusis de España, el establecimiento de solariego. Uno de los modos más usuales en España de dar las tierras: á collazos, para poblarlas y cultivarlas, unas veces sin renta ni infurción, solo por fidelidad y servicios de vasallaje; otras pagando un censo módico en reconocimiento del dominio directo. De todos modos, en Castilla, las condiciones generales de estos censos, además del cánon módico, eran la fádiga de dos meses, el laudemio de la cincuentena en caso de venta, el comiso por falta de pago en 3 o 2 años, la perpetuidad del contrato y su disolución al perecer ó hacerse infructífera la finca censida.

El mismo origen tienen en Aragón los treudos. Desde el siglo XI por lo menos, la Iglesia daba en treudo ó censo temporal ó perpétuo los vastos terrenos que recibía de los fieles y no podía explotar ella misma. Pero el poseedor de la finca entreudada podía venderla sin fádiga ni laudemio si no se había estipulado expresamente (si se estipulaba laudemio, casi siempre = 1/10 del precio). A menudo se estipulaba que el dador del treudo podía tantear en cualquier momento la finca por 1/10 menos de su valor. Desde el principio, el canon era más alto que en Castilla, el 7-8 % del precio de la cosa. A menudo el contrato se estipulaba con carta de gracia ó luicion (en Castilla se llamaba retroventa), absoluta (entonces la finca censida era siempre redimible) o condicional (el derecho de redención se perdía entonces si no se cumplían ciertas condiciones.)

En Navarra se daban las heredades en pecha; allí se llamaba «fundar collazo en heredad libre»; esta pecha, estipulada entre el señor territorial y el villano (al que daba tierra para que la poblara), no hay que confundirla con las que nacían del estado de servidumbre. La falta de pago de la pecha en 2 años producía el comiso y la anulación definitiva del contrato.

En Cataluña, los censos enfitéuticos, como los feudos, nacieron de los primeros repartimientos en tiempos de Carlomagno y de Ludov. Pius.

Los primeros adquirentes las repartieron en parte entre beneficiarios libres (de ahí nació con el tiempo la enfiteusis regular), en parte entre siervos o libertos (de ahí las tierras de remensa, con todas sus infamias). Tras la abolición de los malos usos, confusión de ambas clases.

Valencia: aquí nació el censo enfitéutico de clase parecida desde la conquista de Jaime (a los moros, véase antes, en Valencia, etc.). Los censos se entendían constituidos como en Cataluña, con fádiga de 30 días (si no se estipulaba otra cosa), luismo o laudemio de 1/10 del precio de la venta y de 1/20 del capital en la hipoteca, y la finca caía por la ley en comiso si en 4 años no se pagaban los réditos. Estos bajaban o subían a medida que, por aluvión, la heredad crecía o menguaba. Esto muestra un estado distinto de la renta territorial. Al principio no la producía la transmisión del dominio útil con reserva del directo, porque, aunque las utilidades eventuales, en forma de laudemios, multas, corveas y otros arbitrios, [eran] el objeto principal del contrato, [lo era también] la constitución del vínculo de vasallaje, fuente inmediata de aquellos y de otros derechos. Estos emolumentos, arbitrarios o casuales, no forman una participación regular y proporcional en los frutos ordinarios de la tierra, después de cubiertos sus costes de producción, que es la verdadera renta del suelo.

Los establecimientos de solariego en Castilla, Navarra, Aragón y Cataluña ejemplifican la enfiteusis con o sin renta: las cartas pueblas y los fueros, que redujeron a cánon cierto y periódico las prestaciones antes arbitrarias de los poseedores inmediatos del suelo, convirtieron en heredades enfitéuticas las que antes no tenían propiamente este carácter, y constituyen una verdadera renta del suelo.

Con la mayor seguridad del cultivo crecieron las fuerzas productivas del suelo; se redujeron y regularon los servicios personales de los enfiteutas, y además quedaba todavía algún producto excedente. Así en Valencia, donde se repartieron más tierras cultivadas que yermas, y con frutos abundantes y seguros. Las heredades perfectamente labradas arrebatadas a los sarracenos daban crecida renta, y por eso había que pagar también por ellas una pensión cierta, no mínima, no tanto en testimonio del dominio directo reservado, como en las enfiteusis, cuanto proporcional al valor y los productos de la finca, como en el censo reservativo. Esta diferencia entre los censos enfitéuticos de Valencia y los de los demás reinos de España se debe principalmente a que la sociedad había progresado en los 4 siglos que van de las conquistas de los monarcas de Asturias, Aragón y Cataluña a las primeras del rey Jaime.

II) De los foros de Galicia y Asturias.

En casi todas las provincias, desde tiempos muy antiguos, predominaban las enfiteusis perpetuas sobre las temporales; de ahí, y porque no se practicaba en general el comiso por falta de pago de las pensiones, y porque la mayoría de estos censos eran irredimibles, y porque se consideraba imprescriptible el derecho de exigir las pensiones devengadas y no satisfechas durante 30 años, resultó que los señores directos perdieron la esperanza de recuperar la plenitud de su dominio; se consideraban menos dueños que meros pensionistas, cuyo derecho estaba asegurado por hipoteca. Los enfiteutas se hacían casi dueños absolutos de las heredades que poseían; hacían (lo que muchos lograron) que se olvidaran incluso las cargas que pesaban sobre ellas, y estas se aligeraban, ya porque consistían en dinero, cuyo valor bajaba constantemente, ya en frumentos, y estos aumentaban al aplicarse más capital y trabajo. Así, el dueño directo lo [era] cada vez menos, a medida que bajaba su parte absoluta o relativa en el producto. Pero en Galicia y en parte de Asturias, donde la enfiteusis temporal predominaba sobre la perpetua, nacieron los foros (gall., dominio o señorío directo). La historia de los foros en Galicia es esencialmente la de las tierras censatarias en todas las provincias de España. En Galicia se llamaba foro el mismo contrato que en otras partes llevaba el nombre de censo solariego, treudo o enfiteusis; servía para poner en cultivo los terrenos incultos, trasfiriendo su dominio útil al que hubiera de hacerlo, pero no perpétuamente, sino todavía al viejo modo feudal, por 3 o 4 vidas de reyes o de foristas. Había foros de pacto y providencia, divisibles e inalienables, que pasaban de padre a hijo del modo prescrito en la carta foral; había también foros enajenables, aunque no sin consentimiento o al menos aviso prévio al señor directo, al que se reservaba el derecho de tanteo, ni sin pago de laudemio. En ambos [casos], el comiso por falta de pago de la pension, como en la enfiteusis castellana, y el laudemio, si no por costumbre, por contrato, = 10 %, como en Valencia. Pero al vencer el foro, el suelo volvía al señor directo con las mejoras hechas en él durante las 3 o 4 generaciones en que la tierra había estado fuera de su poder, no siendo obligatoria la renovacion, aunque era muy frecuente en las tierras de las iglesias y de los grandes propietarios.

Estos contratos fueron en su tiempo muy favorables a los foristas, a la agricultura y al progreso general de la riqueza; dieron vida a la propiedad amortizada, mejoraron el estado precario de [los] colonos elevándolos a casi dueños, contribuyeron a la formación y el crecimiento de la clase media y convirtieron en granjas frondosas los terrenos más incultos.

Incluso la inalienabilidad de los foros de pacto y providencia era conveniente mientras había tierras vacantes, porque obligaba á extender á ellas la labranza ántes que á subir con la competencia el precio de las cultivadas. Así creció la afición a este contrato, y su uso se facilitó tanto con la sucesiva minoración de las pensiones, en relación con el producto de las tierras aforadas, que dio origen a subforos y a foros de tercer y cuarto grado, con los que el forista ganaba para sí una pensión, además de la principal, y nuevos laudemios que percibia sin trabajo alguno. Lo mismo hacía a su vez el subforista cuando, aumentado el producto de la finca, podía sacar de ella una nueva pensión, dejando al que la cultivaba una utilidad razonable. Así se acostumbraron muchos foristas, cuando se retrasaban\atrasaban en el pago de las pensiones, a imponer los caídos como censo frumentario sobre el mismo dominio útil que poseian. Así llegaron á pesar sobre una finca varios dominios directos y pensiones y sub-pensiones diversas, y el único correctivo de tales complicaciones era, por un lado, la amortizacion, que ponia limite á las cargas de la propiedad, y por otro la reversión periódica, que, como el jubileo cincuentenario de los hebreos, liquidaba de tiempo en tiempo todas las deudas y liberaba todas las propiedades.

Pero la reversión a los señores directos de las heredades aforadas producía una gran perturbación en los derechos creados sobre los foros, y tanto más cuanto más se había mejorado la finca; porque con la reversión los colonos perdían los capitales invertidos en mejoras, y se extinguían subforos y desaparecían censos y gravámenes del dominio útil. Así reintegrado, el propietario solía aforar de nuevo su heredad, pero ya no por la misma renta que en las 3 generaciones anteriores, sino por una más alta, en armonía con el precio aumentado de las tierras. Pero motivos opuestos en los colonos y los demás partícipes en la heredad aforada, sobre todo desde que no abundaron las tierras, lo que en Galicia ocurrió antes que en otras provincias, porque allí no había montes comunes, siendo generalmente de señorío privado. De ahí los primeros conflictos entre los señores, por un lado, y los colonos, apoyados por la multitud de partícipes dependientes de su derecho, por otro. Se levantaban a menudo contra los señores los foristas, subforistas, censualistas y acreedores, y como eran los más numerosos y audaces, vencieron al final. (la multitud de interesados en la perpetuidad de los foros)

Desde comienzos del siglo XVII se empezó a pedir, en nombre de Galicia, una ley que en el fondo aniquilaría el dominio directo en cuanto a la libre disposición de las cosas foreras. D. Francisco Salgado de Somoza (jurisconsulto gallego) presentó a Felipe III un memorial sobre ello, «Patrocinium pro patria» (no impreso), [y] los diputados de Galicia, reunidos en 1629 para acordar cierto servicio pedido por el rey, encargaron a su delegado en la corte, D. José González, que pidiera al rey la renovación foral obligatoria y la obtención de un breve para extender esta ley también a la Iglesia. En 1639, la Junta del reino dio de nuevo el mismo encargo al licenciado Gonzalo Sánchez Boado, pero añadió una cláusula: en las renovaciones se podría aumentar la pensión foral, pero no por encima de ⅛ del fruto. Por último, también se encargó al marqués de Mos la misma petición ante Carlos II; nada sirvió.

A mediados del siglo XVIII, con ocasión de algunos propietarios que pretendían deponer a sus foristas al extinguirse sus foros. Reunido entonces el reino para deliberar sobre el servicio de millones, reprodujo en 1759 las peticiones anteriores sobre este asunto; Carlos III encargó al Consejo que abriera información sobre ello; entretanto continuaban las demandas de despojo contra los foristas; el diputado general del reino, marqués de Bosque-Florido, pidió al Consejo en 1763 que, antes de la decisión, los tribunales suspendieran su procedimiento de despojo y restablecieran los foros en el statu quo de 1759; el Consejo dictó la real provisión de 1763 en este sentido, hasta que, terminada la información, se llegara a un acuerdo definitivo; 1766 (real provisión) y real orden de 1767, que mandaban (como seguía todavía la situación provisional) regular y tasar, en caso de discordia entre los interesados, las pensiones de los foros que continuaban (según el acuerdo de 1763); pero, no contentos con esto, los patronos de los foristas consiguieron en 1768 que se restableciera en su pureza la real provisión de 1763; en 1785, una orden del Consejo prohíbe admitir demandas sobre foros verdaderos ó presuntos, ó sobre despojo de los foristas; en cambio, como excepción, una real cédula de 1789 permite admitir y sustanciar las demandas de nulidad de foros ó subforos fundadas en falta de derecho para constituirlos o en lesión enormísima, y además no ejecutar ninguna sentencia de esta clase sin dar cuenta al Consejo y esperar su resolución. Desde entonces, la Audiencia de Galicia y la chancillería de Valladolid solo admitieron en rarísimos casos excepcionales demandas que tendieran a alterar el estado actual de posesion de los foros. Así se consumó una gran expropiación, sin indemnizacion prévia ni suficiente, aunque pro causa publica, por la perturbación que produciría el despojo de los foristas.

La mayor parte del dominio territorial directo de Galicia pertenecía a la Iglesia, a los mayorazgos ó manos muertas de todas especies, que en general acostumbraban renovar sus foros. La resolución debía ser, sin embargo, interina, hasta que se resolviera definitivamente en el expediente, cosa que nunca ocurrió; y con el tiempo, los foristas se han convertido así en casi propietarios.

La perpetuidad otorgada a los foristas en 1763 produjo esto: un crecimiento extraordinario del número de foros; una multitud de subforos; y los vinculistas, tan numerosos en Galicia, se dieron á aforar sus bienes por pensiones exiguas, pero con gratificaciones de presente en dinero muy considerables, que solo les aprovechaban a ellos, en perjuicio de sus sucesores inmediatos, a los que dejaban sus rentas vinculares muy disminuidas. Igualmente, la misma seguridad estimuló a los foristas a dividir y subdividir por herencias o enajenaciones las tierras forales, dejando así al señor, más que un dominio directo, un derecho real, vago é indeterminado, semejante a la hipoteca.

La facultad de dividir, subdividir, subforar y enajenar los bienes forales había llevado a un juicio llamado de prorrateo, establecido para que los poseedores de tales bienes repartieran entre sí la pensión debida al señor directo en proporción a la parte poseída por cada uno, reconocieran y renovaran esta obligación y nombraran entre sí un recaudador, llamado cabezalero, que cobrara la cuota de cada uno y pagara la pensión entera al dueño. Este juicio debía repetirse cada 10 años y a costa de los foristas; pero la confusión y complicación de los derechos territoriales llegó a tal punto que muchos dueños dejaron de conocer sus fincas forales; fue necesario obligar a los propios foristas a señalarlas, so amenaza de tratar como forales todos sus bienes del lugar de los que no pudieran probar suficientemente el dominio absoluto. Al crecer todavía la subdivisión de los dominios y la confusión de bienes de distinto origen, se llegó a que ni el forista, ni el señor, ni el cabezalero sabían en algunos casos a qué atenerse (i. e. no sabían señalar ni deslindar las heredades aforadas); entonces era necesario que los jueces hicieran á su prudente arbitrio la división y el prorrateo de las pensiones, por conjeturas; en tales casos, la mayor parte de las veces se perdía, en rigor de derecho (porque los aforantes habían hecho valer sus derechos a tiempo), el dominio directo del dueño. El estado posesorio de los foros, antes favorable, ha condenado, con su división exagerada, a las provincias donde existen a la pobreza y la miseria. Ley de 1873 que faculta a los foristas para redimir forzosamente sus foros; poco después se suspendió la ejecución de esta ley.

Capítulo IX. De los censos consignativos.

I) Origen y primeras vicisitudes del censo consignativo.

El nuevo (más moderno) contrato de censo no tenía en común con el antiguo más que el nombre. El objeto de aquel era el cultivo de lo inculto o la reparación de lo que se arruinaba, mediante la transmisión a un tercero del dominio útil, valiendo como garantía la reserva del dominio directo y de los demás derechos dominicales. El objeto de los nuevos censos, llamados consignativos, era obtener capitales mediante la obligación de pagar por ellos ciertas pensiones periódicas, aunque redimibles, consignadas sobre fincas fructíferas que, aunque quedaban en poder de sus dueños, servían de garantía de la obligación misma. Así como por la enfiteusis se adquiría un derecho a todos los frutos de un predio mediante el pago de cierto canon, así por el censo consignativo se adquiría derecho a una parte fija de los réditos de una finca, a cambio de ceder a su propietario un capital determinado.

El dinero no produce dinero, decían los teólogos y juristas de la Edad Media; de ahí que estuvieran contra todo interés o rédito de él. Leyes severas contra la usura; pero la industria y el comercio necesitaban capital; el contrato de censo consignativo, uno de los medios de eludirlas, pertenece a los tiempos modernos, empieza en las naciones más adelantadas en industria y comercio, y coincide en todas partes con el crecimiento de la riqueza mueble.

Alemania (probablemente todavía antes Italia, aunque no está probado), cuna del censo consignativo; el testimonio más antiguo de él lo ofrece un decreto de Martín V (de 1420) dirigido a los obispos de Tréveris y de Lübeck, donde se dice que en estas diócesis estaba en uso desde hacía bastante tiempo este contrato, inventado por los contratantes y no autorizado por ninguna ley. Como a menudo se escondían en él préstamos a interés, el primero de aquellos prelados (el de Tréveris) acudió al papa y le hizo saber que se imponian censos desde el 10 al 14 de capital por uno de rédito; que ya había 2000 establecidos en su diócesis, redimibles a voluntad de los censatarios; que muchos de ellos servían de dotación á beneficios eclesiásticos y que no pocos de estos censatarios se negaban a pagar sus pensiones porque estos contratos, al implicar usura, eran nulos. Este contrato se distinguía del préstamo: si era perpetuo, por su duración misma; si era redimible, porque el censualista no podía exigir la redención. Martín V declara «por eso» lícitos estos contratos: se podía obligar a los censatarios a cumplirlos. Después, nuevas dudas sobre si el contrato era usurario cuando se estipulaba que el censo fuera redimible por partes, aminorándose la pensión a medida que se reducía el capital, y que el pago del rédito cesara al cesar el censo sobre la finca; el papa Calixto III, consultado, declaró en 1455 válidos también tales contratos.

Los censos, autorizados ya por la primera de aquellas decretales (de 1420), estaban en uso en Sicilia, y de allí se introdujeron en Aragón al unirse ambas coronas. Alfonso I, llegado a la cabeza de ellas, pidió al papa Nicolás V que les permitiera «(a sus vasallos) una forma de censo con que aliviar sus necesidades, sin perder sus almas».¹⁰ Una constitución de este papa, entre 1447 y 1455, declara que lícitamente y sin usura se podían comprar y vender tales censos á carta de gracia, reservándose el vendedor la facultad de redimir el capital, tanto por tanto, y obligando los contrayentes sus personas y bienes de todas clases, con los pactos y penas que juzgaran convenientes para su seguridad, solo que la pension ánnua estipulada no excediera nunca de 1/10 del precio o capital entregado. Esta constitución se dictó exclusivamente para estos 2 Estados.

Algunos años más tarde se importó de Aragón a Castilla el uso de los censos, en tiempos de la expulsión de los judíos, a los que estaba permitida la usura (a veces se les prohibió también la usura, pero sin éxito; según las leyes del siglo XV se tasaba la cuantía del interés que podían exigir; en aquella época = 25 %). En cuanto desaparecieron, se sintió la necesidad de esta forma indirecta del préstamo oneroso. Albornoz, en su tratado «De contratos», dice que en su tiempo no hubo censos de esta clase antes de 1492, cuando tuvo lugar aquella expulsión; en este reino se introdujeron por costumbre; se mencionan por primera vez en una ley de 1528 (D. Carlos y doña Juana), que amenazaba con una pena = al doble del capital a quien vendiera censos sin declarar los impuestos antes sobre la finca censida. En 1534 dictan Carlos I y Juana. Fijaron al mismo tiempo ⦗desde los Reyes Católicos había crecido mucho el método de la reglamentación⦘ el interés de los cambios, giros y demás contrataciones honestas, y el precio de los censos, introducidos, como dice la pragmática, «de pocos tiempos acá»; publicaron (1534) una ley que limitaba al 10 % el interés de aquellas negociaciones, y otra ley que prohibía fundar censos redimibles frumentarios o pagaderos en otro artículo que dinero; el punto más importante de aquella pragmática: la disposición de que los censos impuestos hasta entonces se redujeran «á dinero á respecto de 14.000 maravedís al millar del precio que ovieren dado por ellos los que los compraron». Esto se refería solo a los censos frumentarios. Era una violación de la propiedad de los censualistas (ajustar á 1 por 14 el censo impuesto á 1 por ménos de 14, que era la intencion del legislador); sirvió de mal precedente.

II) Tasa y reduccion general de los censos.

Sobre los censos no constituidos en frutos no existía ninguna ley de tasa; no existía en general más que la ley de 1528 (mencionada antes) y una de 1539, que mandaba establecer registros públicos de la propiedad acensuada (esto, para proteger, como la de 1528, al censualista). Todas las leyes de tasa, para reducir el censo, parten del impulso de las Cortes. En 1552, Felipe II no cedió a las Cortes de Madrid, que pedían extender la ley de 1534 (14 : 1) (i. e. contar 1 de rédito por 14 de capital, aunque la suma de capital por la que se pagaba 1 fuera menor en el contrato) a todos los censos redimibles. En 1563 vuelven las Cortes de Madrid a su petición: prohibir imponer nuevos censos a menos de 14 : 1 (a la vez, con la reducción a ese tipo de todos los censos existentes). Felipe II lo aceptó esta vez.

Estas leyes solo se referían a los censos temporales y redimibles; por eso en Galicia, León y Asturias se eludían con el pretexto de constituirlos frumentarios y perpétuos. Contra ello, una ley de Felipe II de 1573. Todos los censos frumentarios se declararon redimibles, contra la voluntad de los imponentes; a pesar de ello, siguieron siendo hasta nuestros días, en Galicia y Asturias, frumentarios y perpétuos de hecho, porque en general los censatarios no usaron la facultad de redimirlos que se les había concedido.

En las demás provincias, la redimibilidad de todos los censos al arbitrio exclusivo de los censatarios, dictada por Felipe II, se eludía con el uso de los censos vitalicios por 2 o más vidas. En 1583 se restringe el uso de tales censos (reducidos a 1 vida y a la vez sometidos sus réditos a una tasa). (Motu proprio del papa Pío V sobre la misma materia, en 1568, para refrenar la codicia de los imponentes y amparar á los censatarios. Felipe II lo declaró no admitido en España, a petición de las Cortes de Madrid de 1583: era una intromisión del papa en la legislación, y además contrario a las leyes españolas)

En Aragón, más en uso que en otras partes los censos colectivos, llamados censales; por ellos estaban obligados todos los vecinos de un lugar, con sus bienes y personas, a pagar los réditos de los capitales que ellos en comunidad, ó sus señores (este «ó» malicioso), tomaban en ello concepto, para subvenir á las necesidades públicas. Así, el vecindario quedaba agraviado constantemente, pero no el sucesor del señor que había tomado parte en el contrato, aunque este se hubiera concertado solo en su provecho. Los señores podían imponer a su antojo tales censales a sus vasallos de signo servicio, si no había un pacto en contra. Se cargaban casi siempre sobre los arbitrios y rentas de las generalidades (derechos de entrada), servicios votados por las Cortes para el rey. Entonces se abría sobre ellos negociación pública y celebraba los contratos el consistorio de la Diputación, pero solo quedaban gravados los vecinos cristianos, porque los sarracenos estaban eximidos, ya que no tomaban parte en los concejos. Los vecinos de pueblos gravados con censos no quedaban libres del pago si trasladaban su domicilio a otro lugar; sus bienes que quedaban atrás respondían de toda la pensión con que antes habían contribuido, y si no bastaban, se habia de repetir sobre los bienes que adquirieran en el nuevo domicilio. En toda clase de censo se permitía estipular que, en caso de falta de pago, cayesen los bienes en comiso.

Tampoco en Aragón se aceptó el Motu proprio de Pío V; por eso se fundaban nuevos censos con réditos devengados y no pagados de los antiguos; y se consideraban perpétuos (no como en Castilla, donde todos eran redimibles) los no constituidos á carta de gracia, i. e. con facultad de redimir en época fija o indeterminada. Juan II, en 1461, rebajó a 40 por 1000 (4 %) los censales antiguos impuestos sobre las aljamas de moros y judíos; después ordenó una reducción general de todos los censos de 30 a 1; pero en los siglos XVI y XVII los diputados siguieron imponiendo censales á razon de 20 por 1 (= 5 %), límite legal en los contratos de censo.

Pero los censales constituidos en instrumento público podían ser incluso del 10 %.

También en Valencia, censales, pero con distinta tasa.

En Cataluña tampoco se admitió el Motu proprio. En los pueblos gravados con censales solo quedaban obligados los bienes, nunca las personas, de los vecinos presentes y futuros. Ninguna tasa legal para ninguna clase de censos; la costumbre, casi siempre el 5 %; los violarios (= vitalicios) el 14 2/7 %, o 7 por 1, sin limitación del número de vidas (solo por 2 vidas en Aragón)

En Navarra se prohibía constituir censos de otro modo que con dinero al contado y entrega de presente, bajo fé de escribano (como en la bula Motu proprio); cargarlos sobre bienes señalados, no sobre una comunidad de ellos; rédito no superior al 5 %; la redención había de hacerse de una vez, salvo pacto de hacerlo por partes, y con excepción de los censales de más de 400 ducados, que eran redimibles en 2 plazos aunque se hubiera estipulado lo contrario, si no pertenecían a la Iglesia o a un mayorazgo. La finca censida no caía en comiso por falta de pago de los réditos, pero el censualista tenía preferencia sobre los demás acreedores.

(Véase el final en otro cuaderno.)

Cárdenas (final)

Lib. IX, c. IX.

III) Controversias sobre los censos y nuevas reducciones de sus réditos en el siglo XVII.

D. Vicente Vizcaíno, «Discursos políticos sobre los estragos que causan los censos» (Madrid, 1766): «no porque se permitan los censos son buenos, pues tambien se permiten los lupanares». (p. 358)

De los defensores del censo consignativo, dice, entre otros, Soto (De just. et jur., l. 6, quaest. 5): puesto que está permitido el censo reservativo, que consiste en la venta de una finca por precio de un rédito annuo, no puede estar prohibido el consignativo, que consiste en la operación inversa, i. e. la venta de un rédito por precio de un derecho real sobre determinada finca. (l. c.) En el «Codex de restitutione et contractibus» (publicado tras la muerte de su autor, Juan Medina, en 1546, bajo los auspicios del cardenal Silíceo) se responde a los que negaban a este contrato el carácter de compra-venta diciendo que antes de constituirse el censo no habia cosa vendible: Medina responde que lo era el derecho á percibir, con cargo á la finca acensuable, cualquiera porcion de sus productos perpétua ó temporalmente. (l. c.)

Pero también la mayoría de los defensores de este contrato, como Medina, Mercado, etc., lo miraban con malos ojos, lo consideraban algo podrido; muchos también desde el punto de vista político de que fomentaba la ociosidad, arruinaba a los propietarios, etc.

López Deza, «Gobierno [político] de la agricultura»: la culpa de la falta de labradores y de la carestía de los víveres la tenía la muchedumbre de censos; se habían autorizado para evitar la usura; eran peores, porque constituían un gravamen sucesivo, las usuras al ménos pasaban de una vez. (p. 360)

⦗El citado antes Juan Medina (que los defiende antes de que Felipe II ordenara su reducción) confiesa que con ocasion de ellos se empobrecian muchos ó se entregaban á ocio, pero opina que, no habiéndolos, aquellos propietarios que los imponian por necesidad tendrian que remediarse vendiendo sus fincas y se arruinarian más pronto. (en el libro citado de Medina, p. 154)⦘

Según Mateo López Bravo, «De rege et regendi ratione», disminuían el comercio y aumentaban el ocio. (p. 360)

Pedro Fernández Navarrete («Conservac. de monarquías», Barcelona, 1621, discurs. 39) los hace responsables de la decadencia y el desprecio de la agricultura, porque, dice, «todos los ricos han puesto en ellos (como en hacienda holgazana) su caudal, dejando la labranza y crianza, que antiguamente se juzgaban por solas y sólidas riquezas». Añade que lo que ganaban los labradores lo consumía «la voraz polilla de los censos», y terminaba pidiendo su extinción. (p. 360)

Luis Valle de la Cerda, «Desempeño del patrimonio de S. M. por medio de los Erarios públicos», Madrid, 1618, propuso la creación de erarios públicos que tomaran caudales á censo del 5 % y los prestaran á censo del 6 %, para que con esta competencia los capitalistas tuvieran que moderar el subido precio de los capitales que daban a los propietarios, a consecuencia del cual (del alto precio del capital) estaban abandonados la tierra y el cultivo. (tanto desamparados) (l. c.)

Sancho de Moncada —bajo Felipe III—, en la «Restauracion política de España», dice: «Los ricos y los pobres fundan ya su vivir en renta, y siendo los censos no más que un poco de papel, no tienen otro ser que el ser de los bienes en que estriban, y como faltan los bienes, faltando la labor, la crianza, comercio y oficios, dan con el censo en el suelo, y así se ve la falta que tienen por ellos las rentas reales, los labradores y generalmente todo el reino, hasta que obligaron á V. M. á subirlos á 20. A algunos ha parecido que importaria subirlos más, para que viendo los réditos tan cortos, empleasen las haciendas en comercio, labranza y crianza». (pp. 360, 61)

Alonso de Olea («Tract. de censione jurium, Lyon, 1699, t. 7, quaest. 2, n. 8») no quiere que se impongan nuevos censos sin licencia previa, dada con conocimiento de causa, porque tales contratos «aminoran el patrimonio de los ciudadanos, hacen á los hombres ociosos é ignorantes y disminuyen el comercio y la agricultura». (361)

⦗Hay que decir que, desde el siglo XV y en la primera mitad del XVII, los españoles iban por delante de los ingleses, etc. (y casi siempre también de los italianos) en la literatura política y económica, y por distintas razones: 1) Cortes continuas, con lo que el tratamiento político era más libre; 2) falsificación continua de la moneda por los príncipes; 3) antiguo desarrollo industrial en Aragón y Cataluña; 4) el sistema reglamentario y la monarquía absoluta (aunque todavía con límites feudales), florecientes en el más alto grado y antes que en otras partes; 5) la repercusión más directa del nuevo mundo sobre sus relaciones económicas, la subida más rápida de los precios a consecuencia de la nueva afluencia de oro y plata, y a la vez la pura penuria financiera, y 6) sobre todo, la decadencia más rápida y marcada de la monarquía, la disminución de la población, la ruina de la agricultura, etc.⦘

Como predominaban entre los hombres más célebres de los siglos XVI y XVII opiniones tan desfavorables a los censos consignativos, fundadas en parte en razones religiosas (por la usura), en parte económicas, es natural que la propiedad de los censos fuera igual de maltratada por los últimos reyes de la casa de Austria que por los primeros. Además predominaba entre los doctos la doctrina de que, si los contratos de larga duración (de tracto sucesivo), justos en su origen, llegaban a ser dañinos, podían ser regulados (moderados) en cualquier momento por los jueces. Ahora bien, según la opinión general, los censos consignativos estaban en este caso, perjudiciales á la república. ⦗Muy característico que los juristas, economistas, etc., españoles, hasta fines del siglo XVIII, designen y traten a menudo a su monarquía como «república», i. e. como Estado en sentido general, commonwealth, en lo que toca a la esencia, siendo indiferente la forma determinada⦘. Predominaba además entre los juristas la opinión común ⦗muy acertada⦘ de que por causa de utilidad pública se podía arrebatar sin indemnización todo derecho legítimamente adquirido si esto no se aplicaba en particular, por excepción, a personas determinadas, sino que se hacía por ley general. En esta doctrina fundan la reducción de los censos: Juan Matienzo, «Commentaria in librum quintum Recollectionis legum Hispaniae», lib. 5, t. 15, gloss. 3, y Luis Mexía, «Laconismus», etc., citado antes. En esta doctrina se apoyan las 2 primeras leyes, de 1534 y 1563. Bajo Felipe III (fundándose en que la decadencia de la agricultura y la ganadería procedía de los muchos censos adquiridos por los capitalistas, y en que los precios dictados por Felipe II de 14 a 1⅐, o sea a 1, eran ya demasiado altos), se promulga en 1608 una nueva tarifa para los censos que se constituyeran en adelante. Según ella, los censos redimibles, 20 de capital por 1 de rédito como máximo (= 5 %); los vitalicios de una vida, á 10 por 1 (10 %), y los de 2 vidas, á 12 por 1.

Felipe IV, pragmática de 1621, extiende retroactivamente esta ley de 1608 a todos los censos fundados¹¹ con interés más alto. Reducción semejante de los censales, al mismo tiempo, en Aragón. Muchos lugares de este reino, y en especial los de señorío, despoblados por la expulsión de los moriscos, estaban gravados con estos tributos; los pocos vecinos que quedaban en ellos no podían pagarlos, ni tampoco sus señores; de ahí pleitos y disturbios, que a menudo terminaban en concordias con los censualistas. Apoyándose en ello, las Córtes de 1626 piden reducir al 5 % los censos constituidos a interés más alto. Así se redujeron a la mitad los del 10 % (legalizados por el fuero). Los pueblos más agobiados, nuevos disturbios, obligan a muchos censualistas a nuevas reducciones «voluntarias». Las Cortes de 1646 reducen del 6 % al 4 % los réditos de los censales de las Generalidades. Lo que los pueblos censatarios ahorraban con ello lo empleaban en tomar capitales á censo reducido para redimir con ellos los antiguos, cuyos réditos no podían reducirse porque pertenecían a extranjeros. Muchos censualistas, para participar de este beneficio, simularon enajenar sus censos á los extranjeros. En 1676, las Cortes acordaron una nueva reducción (de los censos sobre las Generalidades, dando el derecho de exigir la redencion a los censualistas que no consintieran la rebaja).

IV) Última reduccion y estado de los censos en el siglo XVIII.

Felipe V (que, a causa de la guerra, necesitaba nuevos subsidios de los pueblos agobiados, y ante el hecho de que, por la disminución del producto de las haciendas, muchos censualistas tenían que reducir voluntariamente sus réditos para que los censatarios no abandonaran sus fincas) ordenó en 1705 que en adelante no se impusieran nuevos censos a más del 3 % y que se redujeran a este tipo todos los existentes. (así, reducidos del 5 % al 3: pérdida del 40 %)

Fernando VI, en 1750, ordena aplicar la ley y la tasa de 1705 también a los censos reservativos, y también a todos los de Aragón, donde, a pesar de la abolición de sus fueros ordenada en 1707, se había seguido observando en este punto las leyes especiales vigentes allí.

Carlos III: autoriza la redención de los censos perpetuos a 66⅔ por 1, pudiéndose obligar á los censatarios á redimirlos ó cargar su capital sobre la finca, como censo redimible; mandó capitalizar á este mismo tipo, en lugar de a 30 por 1 como era entonces costumbre, las pensiones de los censos enfitéuticos, para rebajar su importe del precio en la venta de la finca censida; prohibió imponer los censos perpetuos á ménos precio que el doble de los consignativos, y otorgó al dueño del dominio útil el derecho de tanteo siempre que fuera enajenado el directo. El Consejo ordenó en 1767 emplear una parte de las rentas de propios en redimir los censos que agobiaban a los pueblos, y en 1773, porque distintos censualistas se habían negado a redimir sus censos por menos de lo pactado, ordenó redimir los censos concejiles por la mitad de su capital si este no llegaba a 100 000 rs., y por ⅔ en el otro caso, pudiendo los pueblos obligar á los censualistas á aceptar estas redenciones, depositando su importe y suspendiendo el pago de los réditos.

⦗En toda la legislación sobre censos consignativos, de Felipe II a Carlos III (incl.), el capital es castigado como enemigo de la propiedad territorial y de las relaciones agrícolas.⦘

La hostilidad a los censos, sostenida cada vez más por la opinión pública. González de Socueva (Estado actual de los Censos, etc., Sevilla, 1759) sostiene, entre otras cosas, que al censo consignativo es aplicable la ley de Partida que declara extinguido el censo enfitéutico cuando se arruina totalmente la finca censida, y que los censos mismos han de reducirse a medida que disminuya el producto de dicha finca; califica de usurario todo pacto que intente hacer personal el censo; los solares no se volvían a edificar por miedo a los censos con que estaban gravados, etc.; debían rebajarse al 2 %, porque las fincas solo producían el 2-2½ %.

D. Vicente Vizcaíno («Discursos políticos sobre los estragos de los censos», Madrid, 1766) los atacó con más violencia todavía. «Los censos», dice, «son hijos de [la] ociosidad, y por lo tanto padres de todos los vicios»; tenían la culpa de la subida de los alquileres, porque los que alquilaban casas los cargaban sobre los inquilinos. Se apoya en el testimonio del catastro hecho en tiempos de Fernando VI para la contribución única para probar que en las 22 provincias de León y Castilla los réditos de los censos sumaban entonces 43 193 338 rs., que representaban un capital de 1 439 777 933 rs., y, para que todas estas sumas se emplearan en la agricultura, la ganadería y el comercio, propuso abolir los censos existentes y prohibir fundar otros nuevos. Propuso para ello distintos medios.

Tomás Anzano escribió en 1768 sus «Reflexiones políticas sobre las causas de la alteracion de precios que ha padecido Aragon en lo general de los abastos»; una de estas causas eran los censos; su motivo visible de la decadencia de este reino.

Ignacio Asso (también en Aragón), en su «Historia de la economía politica en Aragon» (Zaragoza, 1789), calculaba su capital (en Aragón) en 102 670 781 rs.: consumían la sustancia de los pueblos y corporaciones, difundían la ociosidad y el lujo y causaban la ruina del reino.

Carlos IV (con la vista puesta en remediar la pura penuria financiera): para restaurar el crédito de los vales reales (rendían el 4 %), permitió a los censatarios de toda especie pagar en aquellos valores la redención de sus censos; esto se acordó en 1799, y en 1801 se fijó el modo de hacerlo. Los vales, admitidos por su valor nominal; los censualistas tenían que admitir la redención con ellos, cualesquiera que fueran las condiciones del contrato; también las cargas piadosas eran redimibles así; que por los censos enfitéuticos impuestos sobre casas se pagara un capital doble al que correspondiera, regulado el canon á razon de 33⅓ al millar, y otra suma pro laudemio, y que por los censos redimibles se diera una suma igual á su capital, si era conocido, y la que resultara capitalizándolos al 3 % si no lo era; y que por los perpétuos y cargas piadosas se pagara el doble del capital impuesto, y si se ignoraba cuál fuese, lo que importara la capitalizacion de las pensiones ó cargas periódicas, al mismo tipo del 3 %.

Con ello, los capitales se retiraron de los censos, una de las formas en que más solia usarse el crédito; por eso, 3 años después, fue necesario permitir constituir nuevos censos sin obligación de imponerlos en vales reales. En 1805, nuevo reglamento, en el que se ordena que no estén sujetos a redención los dominios solariegos, los foros y las prestaciones de parte alicuota de frutos, etc., etc.

Libro X. De la propiedad territorial de la Iglesia.

Dados al papa en dominio directo, mientras que con ello los Estados se convertían en sus vasallos, y sus gobernantes en meros poseedores feudales y con obligacion de rendir homenaje y pagar tributo al Papa: los Estados de Aragón, Portugal, Polonia, Silesia, Dinamarca, Hungría, Inglaterra, Escocia, etc.

La costumbre de los príncipes de otorgar a la Iglesia, con todos los derechos de la soberanía, ciudades y territorios empezó en Occidente con los carolingios y a comienzos del siglo XI,¹² en tiempos de Otón I, era ya general y de derecho común; ejemplo seguido por los vasallos de los príncipes, que a su vez subinfeudaban a la Iglesia las tierras que ellos mismos tenían en feudo de sus señores.

En España, desde los visigodos, costumbre general de que quien construía una iglesia y la dotaba se hacía dueño de ella y recibía todos sus productos en oblaciones, limosnas y rentas, menos la parte necesaria para mantener al cura y el culto. Así, muchas iglesias fueron construidas por especuladores (fundadores de empresas), á fin de tener en ellas [una] propiedad lucrativa. En vano condenó este tráfico indigno el concilio II de Braga (572); tomó auge de verdad con las necesidades de la reconquista. Constantes reclamaciones de las Cortes contra la acumulación avasalladora de propiedad territorial y riqueza en manos de la Iglesia, y en especial de los regulares (órdenes de monjes, etc.)

Peticiones de las Cortes de Valladolid (1523), Toledo (1525), Segovia (1532), Madrid (1528, 1534, 1579 y 1588)

Antonio Pérez, en el «Norte de Príncipes» (anónimo; se le tiene por su autor), declara a Felipe II que, si no se ponía límite y medida al crecimiento de los bienes eclesiásticos, «habian de venir a ser de la Iglesia todas las casas, heredades y juros del reino, con grave perjuicio de los seglares y del real Erario». (379) Habló también en el mismo escrito contra el número excesivo de eclesiásticos; si seguía así, pronto no habría nadie que «labrase la tierra, ni quien defendiese la república, ni quien amparase el mismo patrimonio de la Iglesia». (l. c.) Contra el exceso de curas y frailes, en el mismo siglo XVI o poco después: Tomás Cerdán (de Valencia), «Veriloquium en reglas de Estado» (dirigido a Felipe III), Valencia, 1604. ⦗Este Cerdán fue abogado fiscal y despues del Consejo ya bajo Felipe II⦘

La célebre «Consulta» del Consejo de Castilla «de 1619», en la que se consideran todos los males del Estado, entre ellos también este: había que dirigirse al papa para que les pusiera freno, representándole los grandes daños que se seguían del aumento de comunidades y religiones (sociedades religiosas, etc.), la disminución de la población útil para la Corona y el crecimiento constante de los bienes de los curas que salen del estado seglar, empobreciéndolo e incapacitándolo para soportar las cargas públicas (380)

A consecuencia de esta consulta, entre otros, D. Pedro Fernández Navarrete (canónigo) aprobó aquel importante documento en la «Conservacion de monarquias»; además:

Jerónimo de Zevallos, célebre jurista y político, en el «Arte real para el buen gobierno de los reyes y principes de sus vasallos», Toledo, 1623, dice entre otras cosas: Dios, al repartir la tierra entre las tribus de Israel, solo asignó a la tribu de Leví 1/10 de los frutos; ahora los curas tomaban 9/10 de la propiedad y además el diezmo. El daño, todavía aumentado por «las nuevas religiones de recoleccion (i. e. frailes mendicantes) que cada dia se iban extendiendo»; si no se ponía límite a tales fundaciones, «todo el reino seria monasterios»; 9000 conventos de varones y más de 10 000 religiosos había entonces en España, según algunos autores; a ellos pertenecían las casas principales de las ciudades; Zevallos citaba 25 solares de Toledo convertidos en monasterios; declara que pocas casas de esta ciudad no pertenecían a las iglesias o corporaciones eclesiásticas o no les eran tributarias. Había que fijar su número, etc. (381, 382)

En el mismo sentido: López Bravo, «De rege et regendi ratione» (1627): si no se ponía límite, «no se hallaria con el tiempo una heredad profana» (382). Igualmente contra el exceso de curas y de propiedad clerical: Diego Saavedra, en las «Empresas Políticas»; escrito algo más tarde, Diego de Arredondo, contador de rentas, en el «Discurso sobre el restablecimiento de la monarquía», dirigido a Felipe IV (citado por Campomanes en su respuesta fiscal en el expediente del obispo de Cuenca), dijo que, si no se ponía freno, en 40 años no habría, aparte de los mayorazgos, finca de provecho que no estuviera en posesión de la Iglesia. Había que limitar sus adquisiciones y convertir algunas obras pías en establecimientos más útiles, como hospitales, asilos para soldados viejos, etc. Miguel Álvarez Osorio (bajo Carlos II), en el «Zelador general para el bien comun» (véase Campomanes, Apéndice á la educacion popular, t. I, p. 298), propuso reducir, de acuerdo con el papa, el número de ordenandos y promulgar una ley que obligara al clero, so pena de destierro, a deshacerse en el plazo de 4 años de los bienes raices que tenia adquiridos (382, 383)

Las Córtes de 1619 (Felipe III) pusieron como condición para otorgar el servicio de millones que, mientras durara, no se permitiera fundar nuevos conventos, ni siquiera a título de hospederías, misiones, residencias y cosas semejantes. Poco después escribió Gil González Dávila (bajo Felipe IV) la «Historia de la vida y hechos de Felipe III»; en su tiempo, solo las órdenes de Santo Domingo y San Francisco tenían en España 32 000 religiosos, y los obispados de Calahorra y Pamplona 24 000 clérigos; dice: «Sacerdote soy; confieso que somos más de los que sean menester» (383)

D. Felipe Alosa, «Exhortacion al estado eclesiástico para que con voluntarios donativos socorra los ejércitos católicos de España», Madrid, 1655: su hacienda era mayor que la de los laicos; este estaba sin la sustancia que pedian sus cargas, sin las rentas que requerian sus empeños, sin gente para el cultivo de sus heredades y sin medios de servir al rey. Dice entre otras cosas: «Hoy lo vemos en poblaciones cortas, donde con la suavidad que suelen, se han entrado algunas familias religiosas, y poco á poco van adquiriendo las mejores posesiones, haciéndose señores de todo el contorno, empobreciendo á los seglares, quedando aquellos solos que necesitan para labren sus tierras, viniendo á ser criados jornaleros los hijos ó nietos de los que eran ántes verdaderos señores de las heredades que labran». (c. 2, l. c.) (pp. 383, 84)

Del otro lado. Contra Zevallos: don Gutierre, marqués de Careaga, en «Por el estado eclesiástico y monarchia española»: sus doctrinas eran «maquiavélicas, contrarias á la teologia y los cánones, y agregado confuso de licenciosos pensamientos»; contra todos los males del Estado recetaba «oraciones y ofrendas» a Dios. (384)

Lo mismo, en este sentido: Juan de Madariaga, en el «Gobierno de Principes» (1617): solo Dios tiene derecho a censurar a los eclesiásticos; como Dios es propietario y señor del mundo, de él, y por tanto de la Iglesia, tenían los reyes y emperadores todo lo que poseían, etc. (384)

Juan Eusebio Nieremberg, «Obras y dias: manual de señores y principes», 1628: no mostraban [espíritu] cristiano los que pedían la disminución del estado religioso para que no se menoscabara el [estado] laico.

1719, el padre Juan Cabrera (jesuita), «Crisis política determina el más florido imperio y la mejor institucion de príncipes y ministros». En este escrito, a favor de limitar el número del clero secular, pero de ningún modo el de los frailes. (385) Ensalza como ejemplo, más digno de imitarse que la «República» de Platón y la «Utopía» de Tomás Moro, la ciudad de Oxirinco, donde había tantos monasterios como casas y en la que había 30 000 religiosos (386)

Era imposible entonces en España escribir sobre sus intereses políticos y económicos sin tropezar con la importante cuestión de la distribución de la riqueza entre el estado seglar y el clero. Don Jerónimo Ustáriz (economista político del tiempo de Felipe V), en la «Teórica y práctica del comercio» (Madrid, 1726), se contenta con reunir los pasajes de otros desfavorables a los curas.

Más audaces, desde Macanaz, en el siglo XVIII, los fiscales del Consejo (cuando, en el reinado de Carlos III, se trató la cuestión de restablecer las antiguas leyes contra la amortizacion) Moñino, Campomanes y Carrasco, en diferentes informes (que se imprimieron), [se atrevieron] también a exponer los males que los bienes de la Iglesia causaban al Estado y a la Iglesia. Dijo Moñino —al rebatir un cierto papel del obispo de Cuenca, que dió lugar al expediente contra este prelado— que, según el catastro de Zaragoza de 1725, 3699 eclesiásticos tenían 803 163 reales de renta, mientras que 24 042 seglares, que constituían el vecindario, solo poseían 333 646 reales. D. Francisco Carrasco, fiscal del Consejo de Hacienda, 1764, alega que, segun los estados que suministró al conde de Campomanes D. Francisco Cuéllar, secretario de la junta de única contribucion, por orden del superintendente general de Hacienda, en aquella época los vasallos poseían 61 196 166 medidas de tierra en toda España, salvo las provincias exentas, y las manos muertas eclesiásticas, inclusos el clero regular y el secular, 12 204 063, o ⅙ de todas las tierras apropiadas ⦗además, el diezmo de todas las demás⦘. Había entonces en el territorio indicado 6 322 172 habitantes seglares y 141 840 individuos dedicados a la Iglesia, clérigos, religiosos de ambos sexos y sus criados y los de los hospitales y casas de enseñanza; de modo que a cada uno de estos individuos le tocaban 86⅓ medidas de tierra, y a cada laico 9⅓. Según los mismos datos, los 6 322 172 laicos poseían 29 006 238 cabezas de ganado, y los 141 840 santos, en cambio, 2 933 277; de modo que a cada laico le tocaban 4⅓ cabezas, y a cada santo 20⅓. El clero poseía, pues, 1/10 de toda la cabaña de España. Del producto de todos los demás bienes, aparte de tierras y ganados, pertenecían al estado laico 252 086 009 rs., y a los eclesiásticos y lugares píos 164 154 489, o aproximadamente 40 rs. por cada laico y 1157 rs. por cada persona santa. (387, 88) (En cambio, los santos, casi del todo emancipados de todas las cargas públicas)

Igual que las doctrinas políticas y filosóficas del siglo XVIII, empujaban a la expropiación de la Iglesia las doctrinas económicas de Quesnay y Ad. Smith. Según los fisiócratas, no había progreso de la agricultura mientras una gran parte del territorio estuviera en manos del clero y de las manos muertas, porque así los mayores propietarios del reino no tenían interés en meter en la agricultura el capital necesario. Además, contra la amortizacion hacían valer el principio de la libre competencia (había que quitar los obstáculos que impedían la producción y la distribución de la riqueza; si la propiedad se concentra en pocas manos, disminuye el número de los productores que compiten y falta el estímulo para aumentar y perfeccionar los productos) (si se ponían en circulación las tierras amortizadas, su precio bajaría, muchos capitales se emplearían en ellas, etc.); además, la amortizacion separaba la propiedad del cultivo, etc. Además, la amortización no solo sustraía al comercio una gran parte de la riqueza, sino que impedía la subdivision de la propiedad, que para muchos era entonces el mayor bien de los pueblos. «Una nacion de pequeños propietarios labradores con fortunas iguales ó semejantes, empuñando ya el arado, ya la espada, segun las necesidades de la patria, era el bello ideal á que aspiraban muchos filósofos cándidos del siglo XVIII, que soñaban todavia con Esparta y Atenas.» (504)

Cárdenas dice, apoyándose en la ley ricardiana de la renta, que el precio de las tierras no se regula por la ley de la oferta y la demanda de ellas, como el de cualquier otro artefacto, sino que se rige por la renta del suelo. (p. 506) «No es, sin embargo, la abundancia ó escasez de las tierras, una circunstancia del todo indiferente, por su propia indole, para regular el precio de ellas, pero suele no producir efecto sensible, porque la neutraliza y modifica la ley reguladora de la renta. Si cuando crece el consumo agricola de un país, se ponen en cultivo tierras de inferior calidad, aumentándose en su consecuencia, la renta de las de calidad superior, unas y otras deben subir de precio en venta, cualquiera que sea el número de las inalienables.» (506)

Dice, p. 510, que a fines del siglo XVIII el clero poseía ⅕ de todo el territorio.

Por el concordato de 1737 se sometieron á tributos los bienes que pasaran á manos muertas, salvo los de primera fundación. Con ello se eliminó una parte del mal de la amortizacion, pero, con la propaganda de los nuevos principios de la economía política importados de fuera, los males económicos de la amortización cobraron mucha más importancia a los ojos del público. A su exceso (en forma civil y clerical) se atribuyeron el empobrecimiento del Estado, la despoblación, el retroceso de la agricultura y la decadencia del comercio.

«Los hombres más ilustrados de España no eran entonces ni jansenistas (que querían devolver a la Iglesia a su pobreza originaria), ni mucho menos volterianos; pero habian abrazado con entusiasmo el sistema económico de los fisiócratas franceses, y, como regalistas intransigentes, participaban hasta cierto punto de las ideas de los nuevos filósofos, en cuanto á restringir la autoridad del Papa y la de los ministros de la Iglesia. A las tradiciones históricas, las decretales pontificias y las opiniones de los teólogos, por autorizados que fuesen, tenian poco valor ante una escuela que desdeñaba la historia, despreciaba las decretales y no admitia la autoridad de la teologia sino en puntos propiamente de fé.» (514, 515)

En la lucha contra la riqueza eclesiástica, Pedro Rodríguez Campomanes (fiscal del Consejo) publicó el «Tratado de la regalía de amortizacion» (lo mismo Jovellanos, en el «Informe sobre la ley agraria») y otros varios escritos, muy apasionados; en especial también en su alegación fiscal en su expediente contra el obispo de Cuenca; dijo, con los fisiócratas: como la agricultura es el principio de la riqueza, el bienestar y la fuerza del Estado decaen con la decadencia de la agricultura, y esta decae en cuanto las tierras caen en manos muertas, «porque éstas en su opulencia, solo conservaban en cultivo las mejores, destinando á dehesas todas las otras» (p. 519)

Carlos III no se atrevió a hacer nada; lo poco que hizo Carlos IV fue, con el consentimiento del papa, con fines fiscales ⦗Moraleja: que las nuevas doctrinas, conformes a las nuevas necesidades, solo podían imponerse por la revolución; lo muestra, como el ejemplo de Turgot, toda la historia económica de España⦘

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1. Texto original según MEGAdigital (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften), MEGA² IV/24, licencia CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es); el aparato editorial de la MEGA no se reproduce. Esta traducción y la transcripción se distribuyen con la misma licencia. ↩

2. Francisco de Cárdenas, Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial en España, t. II, Madrid, [1875] (según MEGAdigital). El libro IX empieza en el cuaderno «e», a continuación del libro VIII (véase la página IV de esta serie). ↩

3. «Dame el lugar de tu era para edificar en él un altar al Señor, de modo que recibas todo lo que vale en plata, y cese la plaga en el pueblo» (1 Crónicas 21, 22, en la Vulgata). ↩

4. «Por el derecho civil, todo es del rey y, sin embargo, cada cosa tiene su dueño y su poseedor; a los reyes les pertenece el poder sobre todo» (Séneca, De beneficiis, VII, 4). ↩

5. «¿Qué será de Dios, si todo es del César?» (Tertuliano). ↩

6. «No prestarás a usura a tu hermano … sino al extraño» (Deuteronomio 23, 19-20, en la Vulgata). ↩

7. Así en el manuscrito; por el contexto (Felipe III), 1609. ↩

8. Desde aquí, el cuaderno «c» (MEGA² IV/24, TEI M2962342), donde Marx continuó los extractos del libro IX; el final del capítulo IX y el libro X vuelven al cuaderno «e». ↩

9. «Cualquiera puede hacer en el fundo ajeno lo que le aprovecha y no daña al dueño del fundo». ↩

10. Alfonso V de Aragón, I de Nápoles. ↩

11. Así en el manuscrito (feudados); por el sentido, fundados. ↩

12. Así en el manuscrito; Otón I reinó en el siglo X (936-973). ↩