La situación en Prusia, 3 de noviembre (1858)

Artículo publicado sin firma como correspondencia fechada en Berlín el 16 de octubre de 1858, con el titular «Affairs in Prussia», en el New-York Daily Tribune, n.º 5471, 3 de noviembre de 1858, p. 6; atribuido a Karl Marx por la MEGA² (I/16). Es el primero de varios artículos con el mismo titular; añadimos tras una coma la fecha de publicación para distinguirlos. Traducido del original inglés del periódico (Biblioteca del Congreso, Chronicling America) por la Escuela de marxismo, 2026. Las notas son nuestras. Texto original en inglés.

Berlín, 16 de octubre de 1858.

Si el mundo en general sabe poco o nada de la Constitución prusiana, podrá en todo caso sacar todo el consuelo deseable del gran hecho de que el propio pueblo prusiano anda a tientas en la misma oscura ignorancia. En este mismo momento, los comités electorales de Berlín, Breslau, Königsberg, Colonia y todos los demás centros, grandes o pequeños, del liberalismo se afanan en hojear las hojas secas de la Carta prusiana para cerciorarse de qué armas legítimas de ataque o de defensa, adecuadas al propósito del momento, pueden arrancarse de aquel misterioso arsenal. Durante estos diez años pasados, mientras aquella Carta pretendía ser una cosa de valor intrínseco, un resultado final, una solución definitiva, el grueso de los prusianos le volvió la espalda y se preocupó por ella más o menos tanto como por las leyes de Manu.¹ En el momento mismo en que surgió el sentimiento general de que las circunstancias habían convertido aquel trasto oficial en una espada de doble filo, todo el mundo parece ansioso por trabar conocimiento con «la gran desconocida». En las regiones oficiales, por otra parte, reina un sentimiento de lo más incómodo: el temor de que el fruto del conocimiento resulte en este caso, como en la época antediluviana, fruto del pecado; y la manía constitucional que de repente se ha apoderado del pueblo prusiano se mira con una sospecha sombría y, no puedo dejar de decirlo, bien fundada. El príncipe de Prusia considera en este mismo momento el golpe de Estado como una eventualidad a la que podría verse empujado antes de mucho. Si los comités electorales lograran su plan de reclutar la mayoría de la Cámara electiva entre las filas liberales de la Asamblea Nacional de 1848, entre los Waldeck, Jacoby, Rodbertus, Unruh, Kirchmann,² etc., el príncipe tendría que volver a recorrer el mismo campo de batalla que la realeza pareció haber conquistado en diciembre de 1848. El mero aliento, el murmullo y el clamor de la vida popular que despierta bastan para aturdirlo. Si formara —como le aconseja una parte de su propia camarilla— un gabinete Bismarck-Schönhausen,³ arrojando así abiertamente el guante a la cara de la revolución y cortando de raíz sin ceremonias las esperanzas que ostensiblemente se cifraban en su llegada, la Cámara electiva, de acuerdo con el artículo 56 de la Constitución y con los propios rescriptos del príncipe, podría discutir la «necesidad» de su regencia. Su régimen se inauguraría así con debates agitados y de mal agüero sobre el carácter legítimo o usurpador de su título. Si, por el contrario, permitiera, aunque solo fuera por un tiempo, que el movimiento se extendiera y adquiriera tranquilamente formas palpables, sus dificultades aumentarían porque el viejo partido realista se volvería contra él y lo atacaría por haber abierto de nuevo las esclusas de la revolución, que, en opinión de sus miembros, ellos habían sabido cerrar con superioridad de estadistas mientras se les permitió navegar bajo los colores del viejo rey demente. La historia de las monarquías enseña que en épocas de revolución social no hay nada más peligroso para un hombre resuelto y franco, pero vulgar y chapado a la antigua, que aceptar la herencia de un carácter vacilante, débil y desleal. Jacobo I, a quien Federico Guillermo se parece más que a nadie, capeó la tempestad que arrojó a Carlos I al cadalso, y Jacobo II expió en un oscuro exilio aquellas ilusiones de derecho divino que habían llegado a aumentar la extraña popularidad de Carlos II.⁴ Quizá fue el presentimiento instintivo de las dificultades que le aguardaban lo que llevó al príncipe Guillermo a resistirse obstinadamente a la proclamación de la Carta por el mismo rey que en 1847, al abrir la Dieta Unida de los estamentos provinciales, había declarado pomposamente:

«Me siento impulsado a hacer la declaración solemne de que ningún poder de la tierra conseguirá jamás decidirme a convertir la relación natural y sólida entre el rey y el pueblo en una relación convencional, constitucional, y de que nunca permitiré, nunca, que entre el Señor en el cielo y este país se interponga un trozo de papel escrito, una segunda providencia, por así decirlo, que pretenda gobernar con sus párrafos y suplantar por medio de ellos la antigua y sagrada fe».⁵

En una carta anterior⁶ he contado ya cómo el esbozo de constitución redactado por el gabinete Camphausen y elaborado por la Asamblea revolucionaria de 1848 constituye la base de la Constitución actual, pero solo después de que un golpe de Estado barriera el proyecto original, una Carta otorgada lo reprodujera en forma mutilada, dos Cámaras revisoras refundieran la Carta otorgada e innumerables decretos reales enmendaran la Carta revisada; todo este tedioso proceso se recorrió para borrar los últimos rasgos que recordaban el origen revolucionario de aquel remiendo. Aun así, el objetivo no se alcanzó del todo, puesto que todas las cartas hechas en serie tienen que moldearse más o menos sobre el patrón francés y, hágase lo que se haga, renunciar a toda pretensión de originalidad llamativa. Así, si se recorre el título II de la Constitución de enero de 1850, que trata de los «derechos de los prusianos», los droits de l’homme prusianos, por así decirlo, los artículos, a primera vista, se leen bastante bien. «Todos los prusianos son iguales ante la ley. La libertad personal está garantizada. El domicilio privado es inviolable. Nadie puede ser sustraído a su juez legal. No se pueden imponer penas como medio de intimidación, salvo por el magistrado en el ejercicio legítimo de su función. La propiedad es inviolable. La muerte civil y la confiscación quedan desterradas de la ley. El Estado no puede restringir la libertad de emigración salvo en lo que toca al servicio militar. Se garantiza la libertad de confesión religiosa, de asociación en sociedades religiosas y de culto común, privado o público. El goce de los derechos civiles y políticos es independiente de la confesión religiosa. Solo se permitirán los matrimonios según la ley civil. La ciencia y sus doctrinas son libres. Se proveerá suficientemente a la educación de la juventud mediante escuelas públicas. Todo el mundo es libre de enseñar y de fundar establecimientos de enseñanza. La dirección de los asuntos económicos de las escuelas populares corresponde a los municipios. En las escuelas primarias públicas la enseñanza es gratuita. Todo prusiano tiene derecho a expresar libremente sus opiniones de palabra, por escrito y por la imprenta. Los delitos cometidos por esa vía son de la competencia de los tribunales ordinarios. Todos los prusianos tienen derecho a reunirse si van sin armas y si se reúnen en locales cerrados. Pueden formar asociaciones y clubes para fines que no ofendan a las leyes. Todos los prusianos gozan del derecho de petición. El secreto de la correspondencia es inviolable. Todos los prusianos deben cumplir sus obligaciones militares. La fuerza armada solo puede intervenir en casos excepcionales circunscritos por la ley. Los mayorazgos quedan proscritos por la ley, y la propiedad feudal existente se transformará en propiedad libre. Se garantiza la libre división de la propiedad territorial».⁷

Ahora bien, si de los «derechos de los prusianos», tal como aparecían sobre el papel, pasa usted a la triste figura que hacen en la realidad, llegará, si no lo había hecho antes, a apreciar plenamente el extraño antagonismo entre idealismo y realismo, entre teoría y práctica. Cada paso que usted da, aunque sea el simple hecho de desplazarse, se ve entorpecido por la acción omnipotente de la burocracia, esa segunda providencia de cosecha genuinamente prusiana. No se puede vivir ni morir, ni casarse, ni escribir cartas, ni pensar, ni imprimir, ni dedicarse a los negocios, ni enseñar, ni aprender, ni convocar una reunión, ni construir una fábrica, ni emigrar, ni hacer cosa alguna sin «obrigkeitliche Erlaubniss», es decir, sin permiso de la autoridad. En cuanto a la libertad de la ciencia y de la religión, a la abolición de la jurisdicción patrimonial, a la supresión de los privilegios de casta o a la eliminación de los mayorazgos y de la primogenitura, todo eso es pura palabrería. En todos estos aspectos Prusia era más libre en 1847 que hoy. ¿De dónde viene esta contradicción? Todas las libertades que otorga la Carta prusiana van lastradas con un gran inconveniente: se otorgan «dentro de los límites de la ley». Ahora bien, la ley vigente es precisamente la ley absolutista, que data de Federico II y no del nacimiento de la Constitución. Así, existe un antagonismo mortal entre la ley de la Constitución y la constitución de la ley, y esta última reduce de hecho la primera a pura fantasía. Por otra parte, en los puntos más decisivos la Carta remite a leyes orgánicas destinadas a precisar sus vagos contornos. Ahora bien, estas leyes orgánicas se han elaborado bajo la alta presión de la reacción. Han suprimido garantías que existían incluso en los peores tiempos de la monarquía absoluta, como, por ejemplo, la independencia de los jueces frente al gobierno ejecutivo. No contenta con estos disolventes combinados, las leyes viejas y las de nuevo cuño, la Carta reserva al rey el derecho de suspenderla en todos sus aspectos políticos siempre que lo crea conveniente.

Y, sin embargo, a pesar de todo eso y de todo lo demás, hay ahí una doble Prusia: la Prusia de la Carta y la Prusia de la casa de Hohenzollern. Resolver este antagonismo es la tarea en que se afanan ahora los cuerpos electorales, pese a las dificultades que les ponen en el camino las leyes electorales.