Artículo publicado como correspondencia fechada en Londres el 10 de diciembre de 1852, con el titular «Parliament.—Vote of Nov. 26.—Disraeli’s Budget» y la firma de Karl Marx, en el New-York Daily Tribune, n.º 3650, 28 de diciembre de 1852, pp. 5-6; atribuido a Karl Marx por la MEGA² (I/11). Traducido del original inglés del periódico (Biblioteca del Congreso, Chronicling America) por la Escuela de marxismo, 2026. Las notas son nuestras. Texto original en inglés.
Londres, viernes 10 de diciembre de 1852.
Mis predicciones sobre los trascendentales resultados de la reanudación de la lucha de partidos en el Parlamento se han cumplido.1 Al abrirse el periodo de sesiones, la oposición disponía de una mayoría negativa frente a los ministros; pero las distintas fracciones enfrentadas que componían esa mayoría se han paralizado desde entonces unas a otras. La Cámara de los Comunes, el 26 de noviembre, al aprobar, en lugar de la resolución librecambista «radical» del señor Villiers, la equívoca enmienda de lord Palmerston,2 ofreció el espectáculo del engaño universal y mutuo, de la disolución y dislocación general de todos los viejos partidos parlamentarios.
La resolución del señor Villiers, que calificaba la ley de 18463 de «sabia y justa», se había redactado sin que lo supieran Cobden y Bright, los librecambistas par excellence. Los whigs habían decidido actuar en interés de los librecambistas, pero sin concederles ni la iniciativa ni parte alguna en el gobierno después de la supuesta victoria. Russell, autor original de las palabras «sabia y justa», tan ofensivas para el ministerio, dio su consentimiento a la enmienda de Graham;4 los peelistas, a quienes se sumaron los ministeriales, presentaron una propuesta que reconoce la conveniencia del librecambio para el futuro y la niega para el pasado, dejando a los tories en libertad de compensar las pérdidas sufridas por la ley de sir Robert Peel; esos mismos peelistas rechazaron la enmienda de Disraeli y, volviendo a su propia propuesta, se dispusieron a apoyar la resolución librecambista original; los whigs, en vísperas mismas del triunfo, fueron derrotados por la aparición de Palmerston, que hizo suya la enmienda de Graham y, con la ayuda de los peelistas, aseguró así la victoria a los ministeriales; por último, la victoria misma, obtenida por un ministerio proteccionista, consistió en el reconocimiento del librecambio, y solo se opusieron a ella los cincuenta y tres partidarios más decididos de su propio partido. Semejante embrollo de posiciones falsas, intrigas de partido, maniobras parlamentarias, traiciones mutuas, etc., es el résumé del debate del día 26, en el que la política del librecambio quedó reconocida oficialmente, pero interpretada por proteccionistas, representada por proteccionistas y destinada a que la lleven a cabo proteccionistas.
En una carta anterior, escrita antes de que empezara el periodo de sesiones, ya indiqué que Disraeli, después de haber abandonado él mismo en sus discursos electorales el restablecimiento de las leyes de cereales, se proponía compensar a los terratenientes en forma de una reforma fiscal que permitiera a los arrendatarios seguir pagando sus viejas rentas de la época proteccionista.5 Quitando de los hombros de los arrendatarios parte del peso actual de los impuestos y cargándolo sobre las espaldas de la masa del pueblo, Disraeli se jacta de haber descubierto para los terratenientes en apuros una panacea mucho más útil que el viejo y precario sistema de protección, que especulaba directamente con el estómago de la multitud. Especular con su bolsillo: tal es el ingenioso plan del señor Disraeli, revelado ahora en su presupuesto, que presentó a la Cámara de los Comunes el día 3 del corriente y cuya suerte probablemente se decidirá en el debate de esta noche.
Es costumbre de los gobiernos alemanes y de los filántropos alemanes hablar de «medidas para la elevación de las clases trabajadoras» (Massregeln zur Hebung der arbeitenden Classen).6 Pues bien, el presupuesto del señor Disraeli podría llamarse con toda propiedad una serie de «medidas para la elevación de las clases ociosas». Pero así como en el caso de nuestros gobiernos y filántropos alemanes tales medidas han resultado siempre puro simulacro, también el plan que el canciller del Exchequer inglés contempla ahora en beneficio de las clases ociosas es una patraña lisa y llana, destinada a que los arrendatarios paguen de mejor gana sus altas rentas actuales haciéndoles ver una aparente reducción de sus cargas, ilusión que solo puede producir en ellos con un evidente y real despojo de la población de las ciudades.
Disraeli había anunciado durante mucho tiempo, con mucho misterio, su presupuesto; había prometido al mundo nada menos que un octavo milagro. Su presupuesto había de «poner término a la pugna de intereses; acabar con la guerra a muerte entre las clases»; «dar satisfacción a todos, sin perjudicar a ninguno»; «fundir los distintos intereses en una comunidad floreciente»; «crear por primera vez una armonía entre nuestros sistemas comercial y financiero, estableciendo nuevos principios», que se perfilan en el futuro.
Examinemos ahora sus revelaciones, que ya no se perfilan en el futuro, sino que desde hace una semana se han comunicado al Parlamento inglés y al mundo entero. Como corresponde a tales revelaciones de misterios, Disraeli las presentó con el ceremonial adecuado y un porte de gran importancia. Peel, en su exposición financiera de 1842,7 había hablado dos horas; Disraeli emplea nada menos que cinco horas largas. Una hora se extendió en demostrar que los intereses «que sufren» no sufren; otra, en lo que no pensaba hacer por ellos, ocasión en la que contradijo las declaraciones anteriores de Walpole, de Packington, de Malmesbury8 y las suyas propias; y el resto de las cinco horas, en la exposición del presupuesto y en diversos episodios sobre la situación de Irlanda, la defensa del país, futuras reformas de la administración y otros temas entretenidos.
Los rasgos principales del presupuesto son los siguientes:9
Intereses navieros. Se rebaja una parte de los derechos de faros, por un total de unas 100.000 libras al año. Es un alivio de menos de seis peniques por tonelada al año, y no puede llegar a los intereses navieros antes de mediados del año próximo. Los derechos de paso desaparecerán por completo. Se suprimirán algunas facultades del Almirantazgo que han ofendido a la marina mercante, a saber: los oficiales de la armada, si alistan marineros de puestos extranjeros, no exigirán el pago inmediato de sus salarios; prestarán asistencia gratuita a los barcos en peligro, y en los puertos no expulsarán a las embarcaciones pacíficas de los fondeaderos más convenientes. Por último, se nombrará una comisión de la Cámara de los Comunes sobre el practicaje y el lastre. Esto en cuanto a los intereses navieros. Para que los librecambistas no se jacten de ninguna concesión positiva que se les haga con estas disposiciones, el resto de los derechos sobre la madera sigue como estaba.
Intereses coloniales. Se autoriza a refinar azúcar en depósito, de modo que en adelante el derecho se pague por la cantidad de azúcar refinado vendible que se produzca, y no por el producto bruto mismo. Además, se fomentará la inmigración china a las Indias Occidentales para proporcionar a los plantadores un número suficiente de mano de obra barata. Los derechos diferenciales sobre el azúcar no se abolirán.
Impuesto sobre la malta y derechos sobre el lúpulo. El impuesto sobre la malta se reducirá a la mitad, lo que, según la declaración del señor Disraeli, supondría una merma de ingresos de 2.500.000 libras. Los derechos sobre el lúpulo se reducirán también a la mitad, lo que crearía otra merma de unas 300.000 libras. Estas reducciones regirán a partir del 10 de octubre de 1853. En lugar de la actual prohibición de la malta extranjera y del derecho actual sobre el lúpulo extranjero, el lúpulo y la malta extranjeros se admitirán con un derecho equivalente al de la sisa que se cobra aquí.
Té. El derecho actual se reducirá de 2 chelines 2¼ peniques a 1 chelín por libra para todas las calidades, pero esta reducción se hará gradualmente en seis años, de modo que en 1853 habrá una reducción de 4½ peniques, y cada año siguiente de 2 peniques, hasta finales de 1858. La reducción del año 1853 ascendería así a 400.000 libras.
Impuesto sobre la propiedad y la renta. Este impuesto, que solo se ha votado hasta el 5 de agosto de 1853, se renovará por tres años, sin cambiar la cuantía, pero alterando su distribución. Se distinguirá entre las cargas sobre la propiedad realizada y las cargas sobre los ingresos industriales. Los bienes raíces y los fondos públicos seguirán pagando 7 peniques por libra, mientras que para los ingresos industriales (arrendatarios, comercios, profesiones y sueldos) se proyecta rebajar la carga del 3 por ciento al 2 por ciento. Estos pagarán en adelante solo 5¼ peniques por libra. En cambio, el mínimo exento se rebajará de 150 a 100 libras al año, y para la propiedad y los fondos, a 50 libras al año. Para evitar toda pérdida a los arrendatarios con este cambio proyectado, se les cobrará a razón de un tercio de la renta, en lugar de la mitad, como ahora, de modo que la reforma eximirá a todos los arrendatarios que paguen menos de 300 libras al año. Como favor a la Iglesia, todos los párrocos con un ingreso de 100 libras al año quedarán exentos del impuesto. Por último, el impuesto sobre la renta se extenderá por primera vez a Irlanda, y en modo alguno a los terratenientes, sino solo en lo que se refiere a los fondos públicos y a los sueldos.
Impuesto sobre las casas. Se extenderá a todos los ocupantes de casas alquiladas por 10 libras al año, en lugar de, como antes, solo a los ocupantes de casas tasadas en 20 libras al año. Además, el tipo del impuesto sobre las casas se duplicará, es decir, de seis peniques por libra en las tiendas y nueve peniques por libra en las viviendas, a un chelín y a un chelín y seis peniques, respectivamente.
El résumé de este presupuesto sería:
Por un lado: extensión del impuesto sobre la renta, en Inglaterra, a aquellas clases de la población urbana que hasta ahora estaban exentas, e introducción del mismo en Irlanda para los tenedores de fondos y los funcionarios públicos; extensión del impuesto sobre las casas a aquellas clases de la población urbana que hasta ahora estaban exentas, y duplicación del tipo del impuesto. Por el otro: reducción del impuesto agrícola sobre la malta y de los derechos sobre el lúpulo en 2.800.000 libras; alivio de los intereses navieros en 100.000 libras; reducción de los derechos sobre el té en 400.000 libras.
La población urbana ha de recibir un aumento de impuestos en forma de un nuevo impuesto sobre la renta, de una extensión del impuesto sobre las casas y de un tipo doble de este, para aliviar a la población rural de una suma de impuestos de 2.800.000 libras. El pequeño tendero, el obrero mejor pagado y el dependiente de comercio pasarían así a contribuir al impuesto sobre las casas y quedarían sujetos por primera vez al impuesto sobre la renta. Así, la tierra tendría que pagar siete peniques por libra, mientras que las viviendas pagarían dos chelines y un penique. La reducción de los derechos sobre el té no altera esta proporción, porque su cuantía es muy pequeña comparada con el aumento de los impuestos directos y sus ventajas llegan por igual al campo y a las ciudades.
La exención de los terratenientes irlandeses de todo impuesto sobre la renta, y la de los arrendatarios y el clero ingleses del impuesto sobre la renta ampliado, es a todas luces un favor que se hace al campo a costa de las ciudades. Pero ¿quién gana con la reducción del impuesto sobre la malta: el terrateniente, el arrendatario o el consumidor? Una reducción de impuestos es una reducción de los riesgos de la producción.10 Según las leyes de la economía política, una reducción de los costes de producción implicaría una reducción de los precios, y por tanto no beneficiaría ni al terrateniente ni al arrendatario, sino solo al consumidor.
Hay, sin embargo, dos circunstancias que considerar en este caso. En primer lugar, el suelo en que puede cultivarse cebada de primera calidad es en Inglaterra tierra de monopolio, limitada a Nottinghamshire, Norfolk, etc., mientras que el suministro extranjero de malta está limitado por la naturaleza misma de la mercancía, pues ni la cebada ni la malta soportan largas travesías por mar. En segundo lugar, los grandes cerveceros ingleses poseen de hecho un monopolio, sostenido sobre todo por el actual sistema de licencias, de modo que ni siquiera la abolición de las leyes de cereales ha hecho bajar los precios del porter y de la cerveza.
Así pues, la ganancia de la reducción del impuesto sobre la malta no favorecería ni al arrendatario ni al consumidor, sino que solo se repartiría entre los terratenientes y los grandes cerveceros. Y como se ha de mantener la odiosa intromisión de la sisa en la agricultura, la recaudación de la mitad de la suma de los antiguos impuestos seguiría absorbiendo la misma cantidad de gastos administrativos que antes la del total. Hoy, los gastos de recaudación de 14.400.000 libras de impuestos de sisa ascienden a 5 libras y 6 chelines por ciento. Tras la reducción del impuesto en tres millones, el tipo ascendería a entre 6 libras y 6 libras y 4 chelines. En resumen, habría otro tanto menos de beneficio y otro tanto más de gasto pernicioso.
El presupuesto de Disraeli se resume, pues, en una compensación a los terratenientes; «una compensación con creces».
Pero este presupuesto tiene todavía otro rasgo no menos interesante.
Si se quiere llevar adelante el sistema comercial del librecambio, hay que cambiar ante todo el sistema financiero. «Hay que volver de los impuestos indirectos a los impuestos directos», dice Disraeli, y Disraeli tiene razón.
Los impuestos directos, como forma más sencilla, son también la forma de tributación más antigua y primitiva, contemporánea de un estado de la sociedad basado en la propiedad de la tierra. Las ciudades introdujeron después el sistema de los impuestos indirectos; pero con el tiempo, con la moderna división del trabajo, con el sistema de la gran industria y con la dependencia directa del comercio interior respecto del comercio exterior y del mercado mundial, el sistema de los impuestos indirectos entra en un doble conflicto con las necesidades sociales. En las fronteras se identifica con los derechos protectores, y estorba o impide el libre tráfico con otros países. En el interior se identifica con la intromisión fiscal en la producción: altera el valor relativo de las mercancías y estorba la libre competencia y el intercambio. Por ambas razones su abolición se convierte en una necesidad. Hay que volver al sistema de los impuestos directos. Pero los impuestos directos no admiten ilusiones, y cada clase ve exactamente qué parte le toca en la contribución a los gastos públicos. Por eso nada es menos popular en Inglaterra que los impuestos directos, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la propiedad, el impuesto sobre las casas, etc. Ahora la cuestión es cómo podrán las clases industriales de Inglaterra, obligadas por el librecambio a adoptar el sistema de los impuestos directos, introducirlo sin provocar la indignación popular ni aumentar sus propias cargas.
Solo de tres maneras.
Atacando la deuda pública; pero eso sería una violación del crédito público, una confiscación, una medida revolucionaria.
Gravando principalmente la renta de la tierra; pero también eso sería un ataque a la propiedad, una confiscación, una medida revolucionaria.
Reivindicando los bienes de la Iglesia; pero eso es a su vez un nuevo ataque a la propiedad, una confiscación, una medida revolucionaria.
«De ningún modo —dice Cobden—; reduzcamos los gastos públicos y podremos reducir también nuestros impuestos actuales.»
Eso es utópico. En primer lugar, las relaciones nacionales de Inglaterra con el continente exigen un aumento perpetuo de los gastos nacionales; en segundo lugar, una victoria de la clase industrial, representada por Cobden, tendría las mismas consecuencias, porque la guerra entre el capital y el trabajo no haría más que agudizarse, y los medios de represión tendrían que aumentar; en otras palabras, el presupuesto no admite reducción. Resumo.
El librecambio empuja hacia el sistema de los impuestos directos; el sistema de los impuestos directos implica medidas revolucionarias contra la Iglesia, los terratenientes y los propietarios libres; estas medidas revolucionarias exigen una alianza con las clases obreras; y esta alianza priva a la burguesía inglesa de los principales resultados que esperaba del librecambio, a saber: la dominación ilimitada del capital sobre el trabajo.
Charles Pelham Villiers (1802-1898), diputado librecambista, propuso una resolución que aprobaba sin reservas la derogación de las leyes de cereales. Palmerston (1784-1865), whig, presentó la enmienda más vaga que aprobó la Cámara. El ministerio era el gobierno tory de lord Derby (febrero-diciembre de 1852). El periódico imprime aquí «Villers»; se corrige. ↩
La ley de 1846 que derogó las leyes de cereales. ↩
Sir James Graham (1792-1861), peelista, antiguo ministro del Interior de Peel. ↩
Véase «Las consecuencias políticas del paroxismo comercial». Benjamin Disraeli (1804-1881) era canciller del Exchequer (ministro de Hacienda) del gobierno de Derby. ↩
En alemán en el original. ↩
El presupuesto de 1842, con el que Peel restableció el impuesto sobre la renta. ↩
Spencer Horatio Walpole (1806-1898), ministro del Interior; sir John Pakington (1799-1880), ministro de las Colonias, al que el periódico llama «Packington»; James Howard Harris, conde de Malmesbury (1807-1889), ministro de Asuntos Exteriores; todos ellos del gobierno de Derby. ↩
Una libra esterlina se dividía en 20 chelines, y un chelín en 12 peniques. ↩
Así en el periódico («risks»); la frase siguiente habla de los costes de producción. ↩